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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO RESPECTO DEL CÁLCULO DE SUS INCREMENTOS, CUANDO UN JUBILADO RECLAMA LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE DICHO ORGANISMO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002, RESPECTO DE UNA PENSIÓN OTORGADA CON BASE EN LA LEY VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993. PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. · Registro digital (IUS): 24769
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-01-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, Pág. 2238.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. PONENTE: HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO. SECRETARIA: MARY TRINI JUÁREZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 14/2013, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la Materia Administrativa del Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, ya que fue formulada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

TERCERO. Criterios contendientes. Los antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como opositores son los siguientes:

I. El amparo en revisión 83/2013 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, promovido por José Ascencio Monroy Sánchez.

1. En el juicio de amparo se reclamó el incremento del monto de su pensión, señalando que debía calcularse en la misma proporción en que se realiza respecto de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al momento en que se otorgó la pensión, esto es, a partir de la concesión de pensión por jubilación otorgada el 18 de mayo de 1990.

2. En su oportunidad, el Juez dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio, por inexistencia de actos, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables subdirector de Pensiones, delegado Regional en la Zona Sur y subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Y concedió el amparo contra el incremento del monto de su pensión, por considerar que al haberse acreditado en el juicio que la pensión del quejoso no se incrementó conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente antes de la reforma que sufrió en 1993, el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional.

3. Inconforme con la sentencia anterior, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de su delegado, interpuso recurso de revisión.

4. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 83/2013 desestimó la causa de improcedencia que hizo valer la autoridad recurrente, relativa a que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio, al no acreditar que la aplicación de las reformas sufridas por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 1 de enero de 2002, le cause algún perjuicio a su esfera jurídica que le permita acudir a la instancia constitucional. Las consideraciones que sirvieron de sustento al referido órgano jurisdiccional son las siguientes:

"Sobre el particular, la autoridad recurrente afirmó en el tercer agravio del recurso que nos ocupa, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, atendiendo a los argumentos que enseguida se precisan:

"• La violación a los artículos 80 de la Ley de Amparo y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del primero de enero de dos mil dos porque el acto reclamado no afecta derechos subjetivos de la quejosa, lo que implica que carece de interés jurídico para instar la vía constitucional.

"• De manera ilustrativa cita los criterios identificados con los rubros: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’, ‘INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.’ e ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.’

"• Que quien emitió la sentencia no analizó el perjuicio que ocasionó la aplicación retroactiva del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del primero de enero de dos mil dos de que se duele la quejosa, máxime que ésta no demostró con algún medio probatorio el perjuicio jurídico.

"• La quejosa no acreditó que la reforma al precepto aplicado fuera conculcatoria de sus derechos subjetivos, pues más allá de restringirle un derecho, le otorga un beneficio mayor, dado que la misma supone que, en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resultara inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.

"• En caso de que la sentencia recurrida tuviera que ser cumplimentada en los términos propuestos, más allá de restituir a la quejosa en el goce de la garantía individual que estima violentada, en realidad se le estaría limitando la posibilidad de hacer efectivo el beneficio que la última disposición vigente le concede mediante la determinación de incrementos en la proporción que en mayor medida acrecente su cuota pensionaria, haciéndole nugatorio el derecho que tiene respecto a la forma de aumentar la cuantía de su pensión, con los beneficios que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, le atribuye.

"• Es procedente que se decrete el sobreseimiento en el juicio, con motivo de la actualización de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés jurídico en el juicio de garantías, al no acreditar que con la aplicación de las reformas sufridas por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del uno de enero del dos mil dos, se le causa algún perjuicio a su esfera jurídica que le permita acudir a la instancia constitucional.

"Para determinar la eficacia de los planteamientos formulados por la autoridad recurrente, es necesario precisar que el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, tal como se advierte de su contenido:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.’

"El artículo 107 constitucional, vigente al momento de dictarse la presente ejecutoria, establece en su fracción I, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; asimismo, la citada fracción señala que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

"Una vez precisado lo anterior, debe decirse que se tiene interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación.

"En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico, siendo el primero de ellos la existencia y titularidad de un derecho, y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad.

"Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías.

"Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.’1

"De ahí que el interés jurídico consiste básicamente en la legitimación para obrar y el perjuicio resentido por el acto de autoridad, esto es, debe existir identidad entre la persona que ejercita la acción con la persona en cuyo favor la ley protege un derecho que ha sido afectado.

"Ahora bien, en la sentencia recurrida se desestimó la causal en estudio sosteniendo, por lo que respecta a que la parte quejosa no acreditó que la aplicación retroactiva de las diversas reformas del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le hubiese causado perjuicio, era inoperante, puesto que había quedado evidenciada la existencia del acto reclamado, consistente en la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión del quejoso, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entraron en vigor a partir del 5 de enero de 1993, y 3 y 1 de enero de 2002.

"Asimismo, que resultaba infundado que la aplicación retroactiva de las reformas al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que estuvieron vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y uno de enero de dos mil dos, le causaba un beneficio a la parte quejosa y no un perjuicio, toda vez que la autoridad responsable fue omisa en exhibir medio de convicción alguno que demostrara su proposición.

"Y que, al margen de que el peticionario se doliera de los perjuicios económicos que le haya ocasionado la omisión reclamada, lo cierto era que la base de su demanda de amparo era la eventual transgresión que ésta había ocasionado en su esfera de derechos, porque se había traducido en una violación de lo que establecía el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en el momento en que se jubiló, que le otorgaba el derecho de que su pensión fuera incrementada en la misma proporción que el sueldo de los trabajadores en activo, lo cual denotaba que más que de los perjuicios económicos, la peticionaria se quejaba de las afectaciones jurídicas que le ocasionaba la omisión reclamada, por lo que resultaba ineficaz la causal propuesta.

"Tales consideraciones se consideran acertadas.

"En efecto, en el caso, la impetrante de garantías reclamó de la ahora recurrente el incremento del monto de su pensión al mismo tiempo y en la misma proporción en que se realiza respecto de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al momento en que se otorgó la pensión, esto es, a partir de la concesión de pensión por jubilación otorgada el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa.

"En esos términos, este órgano colegiado estima que el peticionario de amparo, a efecto de demostrar el interés jurídico para acudir a la instancia constitucional, únicamente debió acreditar que le fue otorgada una pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Para demostrar estos hechos, el impetrante de garantías ofreció al juicio de amparo la resolución denominada concesión de pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la Delegación en la Zona Oriente del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 150, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con efectos a partir del uno de junio de mil novecientos noventa.

"Luego, es evidente que el quejoso demostró su calidad de pensionista y que dicha pensión se otorgó al amparo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al tres de abril de mil novecientos noventa y uno.

"Atento a lo anterior, contrario a lo argumentado por la autoridad recurrente, el quejoso cuenta con un derecho legítimamente tutelado para acudir al juicio de garantías a reclamar la determinación y cálculo de su pensión que estima debió ser al mismo tiempo y en la proporción en que aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, conforme a lo previsto en el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres.

"En tales condiciones, cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza la hipótesis de improcedencia que alude la autoridad para sobreseer en el juicio.

"Y es que no puede exigirse que para acreditar el interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional, el quejoso deba probar que se aplicó retroactivamente el artículo 57 de la ley en cita, como lo sostiene la recurrente, pues, en su caso, dicho estudio será materia del fondo del asunto, toda vez que precisamente lo que se reclama es la aplicación retroactiva de dicho numeral.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 87/2004, de rubro:

"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’2

"En ese sentido, todos los argumentos de la autoridad enderezados que (sic) para acreditar el interés jurídico debió probar la aplicación o no en forma retroactiva de las reformas al artículo a que alude la quejosa resultan inoperantes, pues como se dijo se trata de una cuestión que tiene que ver con el fondo del asunto.

"Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 135/2001, intitulada:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’3

"No pasa inadvertido para este tribunal que la recurrente a lo largo de su pliego recursivo asevera que con la concesión del amparo se le restringe un derecho porque la reforma de dos mil dos que supone que si el incremento anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor es menor al incremento de los sueldos de los trabajadores en activo, se aplicara éste, siendo más benéfica que la ley que le otorgó la pensión; sin embargo, además de que en principio debió aplicar la ley vigente en que adquirió el derecho a la pensión, lo cierto es que con la prueba pericial contable que ofreció la parte quejosa, se acreditó que la autoridad inconforme no determinó ni calculó el incremento de su pensión, en la misma proporción en que aumentaron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, conforme lo establecía el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (reformas publicadas en los Diarios Oficiales de la Federación de cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, así como el uno de junio de dos mil uno); de ahí la razón de lo infundado del primer agravio en estudio."

Así, respecto de la causa de improcedencia relativa a que la aplicación de la reforma sufrida por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de enero de 2002, no causa algún perjuicio a la esfera jurídica del quejoso que le permita acudir a la instancia constitucional, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el solicitante del amparo, a efecto de demostrar el interés jurídico para acudir al juicio, únicamente debió acreditar que le fue otorgada una pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Que el quejoso ofreció, en el juicio de amparo, la resolución de concesión de pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que demostró su calidad de pensionado; y que dicha pensión se otorgó conforme a lo dispuesto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al 3 de abril de 1991 (que tuvo vigencia hasta el 4 de enero de 1993).

Y que conforme a lo anterior, el solicitante del amparo cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza la hipótesis de improcedencia a que alude la autoridad para sobreseer en el juicio.

Además, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito consideró desestimar el argumento relativo a que resulta más benéfico para el quejoso que se aplique la ley, vigente a partir del 1 de enero de 2002, en lugar de aquélla, conforme a la que se adquirió el derecho a la pensión, por considerar que con la prueba pericial contable, que ofreció la parte quejosa, se acreditó que la autoridad no determinó ni calculó el incremento de su pensión, en la misma proporción en que aumentaron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, conforme lo establecía el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (reformas publicadas en los Diarios Oficiales de la Federación de 4 de enero de 1993, así como el 1 de junio de 2001).

En la misma sentencia, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que concedió el amparo contra el incremento del monto de la pensión que reclamó el quejoso, por considerar que la forma de incrementar las pensiones no es una expectativa de derecho, sino un derecho adquirido, cuando se han actualizado los requisitos para otorgarla.

Y que si la pensión del quejoso no se incrementó conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente antes de la reforma que sufrió en 1993, se violó el artículo 14 constitucional.

Las consideraciones que dan sustento a tal determinación, en la parte que interesa, son las siguientes:

"Por otro lado, en el primer agravio del recurso que nos ocupa, se alegó lo siguiente:

"Las reformas establecidas del artículo 57 de la ley del instituto se aplicaron al futuro, esto es, a los posibles incrementos de la pensión que con posterioridad a la norma tuvo la pensión del quejoso, no hacía el pasado.

"La parte quejosa admite que el instituto ha realizado incrementos a su pensión, pero que los mismos no se han realizado de forma adecuada, por lo que la litis se plantea en cómo se realizan los incrementos de la pensión, de acuerdo a los supuestos normativos que el legislador ha establecido al respecto.

"El Juez no explora correctamente el tema en cuestión al omitir hacerlo de conformidad con la teoría de los componentes de la norma, pues de haber hecho un estudio detallado sobre los supuestos en los que opera, así como de las características necesarias que se deben cubrir para hacer determinaciones sobre la aplicación retroactiva de las leyes, estaría en posibilidad de emitir un juicio que resolviera el fondo del asunto acorde a las exigencias implícitas en él.

"La forma de incrementar las pensiones jubilatorias no es un derecho adquirido, sino que se trata de una consecuencia a un supuesto de la norma, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la irretroactividad de las leyes con base en la teoría de los componentes de la norma.

"Conforme a la teoría de los componentes de la norma, no se actualiza una violación a la garantía de irretroactividad en relación con el incremento a las pensiones establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la forma de realizar los incrementos de pensión no se realiza de forma inmediata sino que se actualiza con posterioridad.

"El derecho a la pensión al igual que el incremento a la misma son derechos adquiridos; sin embargo, la manera en cómo se va a incrementar la pensión no es un derecho adquirido, toda vez que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone la forma y el procedimiento de incremento de las pensiones.

"El cómo se realiza el incremento es la consecuencia normativa que no se da de manera instantánea sino que se realiza con posterioridad, ya que al señalarse que se incrementará la pensión al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentarán los sueldos básicos de los trabajadores en activo, estamos ante una consecuencia que ocurre de manera fraccionada en el tiempo.

"Los incrementos se realizan anualmente en el mes de enero de cada año, tomando como base el factor que resulte mayor entre el sueldo básico de los trabajadores en activo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en este sentido el incremento se difiere en el tiempo, de manera anual.

"Al señalarse que se incrementará la pensión al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentarán los sueldos básicos de los trabajadores en activo, estamos ante una consecuencia que ocurre de manera anual, la cual no se ejecuta en su totalidad durante la vigencia de la norma que lo previó, sino que es modificada por una norma posterior, lo cual no viola el principio de irretroactividad de la ley.

"Los incrementos a las pensiones no es un derecho adquirido, sino parte de los componentes de la norma, es decir, es una consecuencia que se ejecuta de manera fraccionada en el tiempo.

"Se respeta el derecho al incremento de la pensión, pero la consecuencia que se actualiza en el tiempo, como lo es la forma que se realizaran dichos incrementos, no es un derecho adquirido, sino que de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma, es la consecuencia que por el transcurso del tiempo permite adecuar las pensiones a las necesidades económicas del país para cubrir su obligación de proporcionarlas.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia, la norma posterior, en este caso, no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó (como sería el otorgamiento de la pensión) sin violar la garantía de irretroactividad; sin embargo, respecto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, esta no puede considerarse retroactiva, como sucede en la forma en cómo se otorgan los incrementos.

"Las consecuencias traducidas en la proporción o la forma para incrementar la pensión son simples expectativas de derecho, no como derechos ingresados en el haber jurídico de las personas, pues de éstas no se puede tener la certidumbre de cómo se generarán, siendo lo único garantizado el goce de la pensión que haya sido otorgada y beneficiada por los incrementos que la ley determine; sin embargo, el cálculo y la proporción del aumento que pueda sufrir es susceptible de ser modificado de acuerdo a la norma vigente en el momento en que se genere.

"Es aplicable la jurisprudencia: ‘ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’

"Para analizar estos argumentos conviene tener presente que el artículo 14 de la Constitución General de la República, establece en su párrafo primero que: ‘A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en términos generales, que un ordenamiento o su aplicación tiene el carácter o efectos retroactivos cuando afectan situaciones o derechos que han surgido con apoyo en disposiciones legales anteriores, o cuando lesionan efectos posteriores de tales situaciones o derechos que están estrechamente vinculados con su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente.

"Desde esa óptica, debe decirse que el problema de la retroactividad se presenta, generalmente, como un conflicto de leyes emitidas sucesivamente y que tienden a regular un mismo hecho, un mismo acto o una misma situación en un tiempo determinado.

"En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado en consideración como parámetros para determinar si una ley o su aplicación resulta retroactiva, por una parte, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y, por otra, los componentes de toda norma jurídica, como son el supuesto y su consecuencia.

"De acuerdo con la primera teoría (la de los derechos adquiridos) para determinar si una ley o su aplicación son o no violatorios de la garantía mencionada, es necesario precisar, en primer lugar, si el quejoso tenía ya dentro de su haber jurídico los derechos y prestaciones a los que alude el ordenamiento que considera retroactivo o que aduce se pretende aplicar retroactivamente en su perjuicio, o bien, si se trataba sólo de una expectativa de derecho, que no implica la existencia de éste.

"Sobre lo anterior se debe tener presente la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente:

"‘RETROACTIVIDAD. TEORÍAS SOBRE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: «Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial». «La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos». «Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye».’4

"El propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los derechos adquiridos y las expectativas de derecho en la siguiente jurisprudencia:

"‘DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.’5

"En relación con la teoría de los componentes de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación partió de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas.

"Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24769-0130c871/pension-jubilatoria-otorgada-por-el-issste-debe-desestimarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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