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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2016. · Registro digital (IUS): 27055
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIME
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 907.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 1 DE MARZO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: TERESA SÁNCHEZ MEDELLÍN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por haber figurado como autoridad responsable en un juicio de amparo directo resuelto en una ejecutoria que participa en la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-Criterios contendientes. Se estima conveniente transcribir la parte considerativa que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de la contradicción de tesis.

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Michoacán), al resolver la revisión contenciosa administrativa **********, siendo recurrente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sesión de seis de noviembre de dos mil catorce, en la parte que interesa, sostuvo:

"NOVENO.- ... 9.2 Ahora, como se mencionó, no existe controversia, en el sentido de que el actor en el juicio de origen obtuvo su jubilación el dieciséis de octubre de dos mil uno, con efectos a partir de esa fecha.

"Establecida esa premisa, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si, con motivo de esa jubilación, el actor adquirió el derecho a que su respectiva pensión se incrementara en los términos precisados por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la época de su jubilación, que preveía el incremento de las pensiones conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal.

"O, bien, si tal pensión debe incrementarse conforme a las disposiciones vigentes cuando se debió producir el primer incremento, según lo estimó el tribunal del conocimiento, que fue el artículo 57 de la aludida legislación, en vigor a partir del uno de enero de dos mil dos, precepto que establecía el incremento de las pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado, en proporción al incremento que en el año anterior hubiera tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"...

"9.3 Como punto de partida, debe decirse que la jubilación es el derecho que tienen los trabajadores (en este caso, los servidores públicos) al retiro remunerado; ese derecho, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, proviene de la Constitución General de la República, según se advierte del artículo 123, apartado B, constitucional, que regula las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores; apartado que en su fracción XI, determina que la seguridad social se organizará conforme a las bases mínimas que señala, la que en el inciso a), dice: ‘a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.’

"En los artículos del 48 al 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta antes de las reformas que entraron en vigor el uno de enero de dos mil dos, se precisaban las bases y requisitos de las pensiones a que tenían derecho los trabajadores del Estado.

"Dichos preceptos decían:

"‘Artículo 48.’ (se transcribe)

"‘Artículo 49.’ (se transcribe)

"‘Artículo 50.’ (se transcribe)

"‘Artículo 51.’ (se transcribe)

"‘Artículo 52.’ (se transcribe)

"‘Artículo 53.’ (se transcribe)

"‘Artículo 54.’ (se transcribe)

"‘Artículo 55.’ (se transcribe)

"‘Artículo 56.’ (se transcribe)

"‘Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la junta directiva del instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aun en el caso de la aplicación de otras leyes.

"‘Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la junta directiva del instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley.

"‘La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto.

"‘Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la junta directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.’

"‘Artículo 58.’ (se transcribe)

"‘Artículo 59.’ (se transcribe)

"‘Artículo 60.’ (se transcribe)

"El artículo 57 de la citada ley sufrió, además, las siguientes adiciones y reformas:

"‘Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la junta directiva del instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aun en el caso de la aplicación de otras leyes.

"‘Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la junta directiva del instituto, pero ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta ley.

"‘(Reformado, D.O.F. 1 de junio de 2001) ...’

"Ahora, debe considerarse que, si bien el nombramiento de un servidor público crea una situación jurídica concreta respecto de los sujetos que intervienen en el mismo, los derechos que de ese nombramiento derivan, no todos son inmediatos ni se actualizan al momento mismo de la concertación; por lo mismo, aquellos derechos que han quedado condicionados no obtienen la calidad de adquiridos, pues mientras no se cumpla la condición correspondiente, no ingresan al patrimonio de la parte a cuyo favor se establecen.

"Por tanto, si al concretarse la relación laboral o si en el curso de ésta se estipuló que los trabajadores tendrían derecho a jubilarse con ciertos beneficios por el solo hecho de cumplir quince, veinte o más años de servicio, es claro que en ese momento no adquirieron el derecho a la jubilación, porque quedó condicionado a que el trabajador respectivo prestara sus servicios por el lapso mínimo señalado.

"Es decir, si la jubilación es un derecho que el trabajador adquiere por llegar a determinada edad en que merman sus facultades, por el tiempo que preste sus servicios o por causa de imposibilidad física o mental, resulta claro que -para que el trabajador adquiera ese derecho- es necesario, primero, que se actualicen las condiciones previstas, lo cual, obvio, no ocurre al momento de pactarse la relación laboral, sino después.

"Eso significa que, de no cumplirse tales condiciones, por ejemplo, por despido justificado o injustificado, o por renuncia del trabajador, acontecidos antes de cumplir el mínimo de años de servicios requerido, es incuestionable que no adquirió derecho a la jubilación.

"En ese mismo tenor, un trabajador que no se ha jubilado por no reunir los requisitos legales exigidos, no puede decir que ha adquirido el derecho a que su pensión se vea incrementada atendiendo a un parámetro o proporción determinado, pues no puede afirmarse, al respecto, la existencia de un derecho adquirido.

"Sin embargo, no sucede lo mismo con el trabajador que ha reunido los requisitos para su jubilación, que se ha jubilado, e incluso, que ese derecho se le ha reconocido por la respectiva dependencia; en ese caso, es evidente que el trabajador ha adquirido los derechos derivados de tal jubilación, como es, precisamente, el incremento de su pensión en los términos y proporción que se indique en la ley o en el acuerdo respectivo, vigente en la época en que el derecho a jubilarse y los derechos derivados de su jubilación ingresaron a su patrimonio como derechos legítimamente adquiridos.

"En efecto, como antes se dijo, la jubilación constituye una prestación de seguridad social consagrada constitucionalmente a favor de los trabajadores del Estado.

"De ello se sigue que las condiciones y cuantías en que opere ese derecho de jubilación adquirido, conforme a las leyes aplicables, pueden ser superadas mediante acuerdos, convenios o por la propia ley, en virtud de que las normas tanto constitucionales como laborales sólo consagran los derechos mínimos de que deben disfrutar los trabajadores con motivo de la relación de trabajo; pero, no es factible considerar que sea correcto aplicar en perjuicio del instituto aquí recurrente, una disposición posterior que redunde en detrimento de su esfera jurídica y de su patrimonio.

"Esa aplicación sólo implicaría la violación al derecho fundamental de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional, en términos de lo que se ha considerado como ‘derechos adquiridos’ por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias transcritas en párrafos precedentes, cuyos rubros son: ‘RETROACTIVIDAD. TEORÍAS SOBRE LA.’, ‘DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.’ y ‘RETROACTIVIDAD.’

"Sobre la base de las anteriores consideraciones es patente que si, en el caso, el trabajador adquirió su jubilación el dieciséis de octubre de dos mil uno, con efectos a partir de esa misma fecha, y que tal derecho se encuentra reconocido por la institución respectiva, es inconcuso, entonces, que los derechos derivados de esa jubilación constituyen derechos adquiridos para ambas partes, que no pueden verse afectados por la aplicación de una norma posterior que limite o modifique en forma negativa tales derechos.

"Por tanto, si el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en la época en que el ahora quejoso se jubiló (dos mil uno), establecía el derecho de que las pensiones de los jubilados se incrementarían en proporción al incremento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, es inconcuso que esa misma disposición que fue reformada por un decreto que entró en vigor a partir del uno de enero de dos mil dos, que determinó que las pensiones de los jubilados se incrementarían conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, no pueden aplicarse en perjuicio del instituto aquí recurrente, pues, con ello, se repite, se viola en su perjuicio el derecho fundamental de irretroactividad de la ley.

"En lo conducente, esto es, para sustentar que al momento de acceder a la pensión se adquieren derechos en cuanto a la forma en que se cuantificará e incrementará la pensión, cabe citar al respecto la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘JUBILACIÓN DINÁMICA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ESTABLECIDA EN 1986. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 13 DE OCTUBRE DE 1993, AL DEJAR SIN EFECTOS AQUÉLLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.’ (se transcribe)

"En esas condiciones, al patentizarse la violación de derechos fundamentales en perjuicio de la autoridad aquí recurrente, lo conducente es revocar la sentencia recurrida para que el tribunal contencioso de origen, al resolver lo concerniente a la norma aplicable al caso, conforme a su ámbito temporal de validez, considere que la pensión debe incrementarse conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en dos mil uno, que establecía que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal.(1)

"Similares criterios han sido sostenidos por diversos Tribunales Colegiados, que este tribunal comparte, y son los siguientes:

"‘PENSIONES JUBILATORIAS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN SU TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL CINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, A PENSIONES ADQUIRIDAS CON ANTERIORIDAD A DICHA REFORMA, ES VIOLATORIA DE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.’ (se transcribe)

"‘PENSIONES JUBILATORIAS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL CINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, NO PUEDE SER APLICADO A PENSIONES ADQUIRIDAS CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, PORQUE SE VIOLARÍA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.’ (se transcribe)

"‘PENSIÓN JUBILATORIA. EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL CINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, NO ES APLICABLE A LAS OTORGADAS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA POR CONSTITUIR DICHA PRESTACIÓN UN DERECHO ADQUIRIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL UNO).’ (se transcribe)

"Asimismo, este Tribunal Colegiado de Circuito coincide, en lo conducente, con lo estimado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis PC.I.A. J/5 A (10a.), cuyos título, subtítulo y texto consignan:

"‘PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).’ (se transcribe)

"9.4. No es impedimento para arribar a la anterior conclusión, lo que esgrime la parte trabajadora -actor en el juicio de origen-, en el sentido de que sí es dable aplicar una norma en forma retroactiva, cuando esto sea en beneficio de una persona, en este caso del propio trabajador.

"Se sostiene lo anterior, pues, en la especie, la vulneración al derecho fundamental de no retroactividad, atinente al de seguridad jurídica, también es susceptible de ser ostentado por el instituto aquí recurrente, en virtud de que en el juicio de origen se encontraba sometido a la potestad jurisdiccional de la autoridad responsable, y en esa posición jurídica recayó sobre tal instituto un acto autoritario que le resulta vinculante y, por ende, afecta su esfera de derechos; de modo que no es dable jurídicamente aplicar en su perjuicio alguna norma en forma retroactiva.

"Sobre ello, conviene no sólo reiterar el criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito que ha venido sosteniendo -en el sentido de que las personas morales también son titulares de derechos fundamentales, al no distinguir el artículo 1o. constitucional-, sino también puntualizar que en recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivado del nuevo bloque constitucional-, ésta ha sostenido que el vocablo persona a que alude el artículo 1o. constitucional, debe interpretarse en sentido amplio, esto es, que en principio su protección alcanza también a las personas jurídicas colectivas. Por tanto, la titularidad de los derechos fundamentales, tratándose de las personas morales, dependerá de la propia naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o especialidad de dicha persona jurídica; luego, es evidente que esto sólo podrá determinarse en cada caso concreto, pues, no es posible que, de manera general, se resuelva de manera tajante y sin duda alguna sobre todos los derechos fundamentales cuya titularidad también podría expandirse a las personas morales.

"Por tanto -concluyó el Tribunal Supremo-, existen determinados derechos que por su naturaleza se puede afirmar sin mayor problema que su titularidad sólo corresponde a la persona humana y, de ningún modo, a las jurídicas, al no tener la calidad de ser humano, sino ser producto de una ficción jurídica, esto es, no podría sostenerse que tienen derecho a la libertad personal, a una familia, a la integridad física, a la salud, o a la libertad de tránsito, por citar sólo algunos ejemplos de derechos fundamentales necesariamente vinculados con la condición de persona física.

"Así como otros que, sin exigir tampoco de mayor labor interpretativa, sí podría advertirse su titularidad por parte de las personas jurídicas, en razón de su naturaleza, como son los derechos fundamentales de los de propiedad, seguridad jurídica, de acceso a la justicia o de debido proceso, entre otros.

"Lo anterior, dio origen a la tesis número P. I/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes:

"‘PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE.’ (se transcribe)

"De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia -obligatoria para todas las autoridades del Estado Mexicano-,(2) ha reconocido(3) el derecho de las personas morales de poder acudir ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos, en ciertos supuestos fácticos, para la defensa de sus derechos humanos, esto al considerar que:

"...

"De modo que, en la especie, si el instituto aquí disconforme estuvo sometido a la potestad jurisdiccional de la autoridad responsable, es inconcuso que ésta se encontraba obligada a respetar a favor de ambas partes el derecho fundamental de seguridad jurídica, y con ello el de irretroactividad de la ley. Es decir, que en este caso, tal institución también es titular del referido derecho.

"En tales condiciones, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para efectos de que la autoridad de origen considere que el actor en el juicio de origen tiene derecho a que se incremente su pensión conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, según lo dispone el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en dos mil uno, fecha en la que el trabajador adquirió su derecho a obtener la pensión."

II. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, siendo quejosa **********, en sesión del diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, en la parte que interesa, consideró:

"DÉCIMO.-Estudio. En principio, es importante significar que del juicio contencioso que culminó con el dictado de la sentencia reclamada, se desprende que la actora demandó que su cuota diaria de pensión fuera incrementada de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos; asimismo, solicitó que le pagaran todas las diferencias que resultaran por no haber recibido los aumentos correspondientes desde la fecha en que le fue otorgada la pensión por jubilación.

"Cabe señalar que la actora fundó su acción en el argumento medular, consistente en que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, prevé que en caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se aumentarán en la misma proporción que estos últimos.

"Mientras que en la sentencia reclamada, la Sala responsable estableció que la modalidad del incremento que solicitó la quejosa conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, no le es aplicable conforme a la fecha que se jubiló. No obstante, declaró la nulidad de la resolución impugnada sobre la base de que el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente desde el cinco de enero de mil novecientos noventa y tres hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno -que es aplicable a la actora por haberse pensionado el uno de marzo del año dos mil-, establece que la pensión debe aumentarse conforme al incremento que sufriera el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

"En ese tenor, resolvió que, conforme con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la carga de la prueba de demostrar que se realizaron los incrementos, corresponde a la autoridad demandada y que ésta no cumplió con esa carga procesal, al no acreditar que realizó en esos términos los aumentos a la pensión de la actora.

"En esa virtud, la quejosa en los conceptos de violación que se identifican con los incisos a) al c) del considerando que precede -que se analizan de manera conjunta tal como lo permite el numeral 76 de la Ley de Amparo, por estar estrechamente vinculados-, hace valer la ilegalidad de la sentencia reclamada, al exponer que la determinación de la Sala Regional relativa a que no es aplicable la norma que le concede un mayor beneficio, transgrede el principio de retroactividad contemplado en el artículo 14 constitucional.

"A efecto de dar respuesta a los argumentos en comento, debe tenerse en cuenta que la jubilación es una prestación de seguridad social otorgada por el instituto a favor de los trabajadores que cumplieron con los requisitos establecidos en la ley, entre ellos, determinado tiempo de prestación de servicios.

"Dicha pensión acarrea para los pensionados, derechos accesorios, tales como el incremento de la propia pensión, tal como se desprende del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Esos derechos accesorios entran al patrimonio del trabajador en el momento en que adquiere el carácter de jubilado y se mantienen mientras tenga derecho a gozar de la pensión, toda vez que son derechos indisolubles al haber pensionario, de manera que su ejecución no está sometida a una condición o plazo posterior que sea susceptible de modificarse en el futuro.

"Lo anterior, desde el análisis de la teoría de los componentes de la norma, se traduce en que el supuesto (la jubilación) y su consecuencia (el derecho a los incrementos de ésa) son inmediatos. Esto es, los incrementos a la pensión jubilatoria constituyen derechos adquiridos derivados de su otorgamiento, de modo que los trabajadores que obtuvieron esa pensión durante cierta vigencia de ley, deberán calcular los incrementos conforme a la propia normatividad.

"Ahora, en el caso concreto, la quejosa pretende que la Sala Regional aplique de forma retroactiva el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, legislación que -tal como lo resolvió la responsable- no le resulta aplicable en la medida en que su derecho pensionario surgió desde el uno de marzo del año dos mil, esto es, durante la vigencia de la ley que estuvo en vigor del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno.

"Si bien es cierto que del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que una norma puede aplicarse retroactivamente a un particular cuando tal circunstancia le beneficie, tal principio no puede ser aplicado de manera irrestricta, pues ello equivaldría a desconocer el principio de legalidad que también deriva de la Carta Magna, ya que así, bajo el supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de un particular, se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador, quien, por las razones que haya estimado convenientes, dispuso con toda precisión el nuevo régimen que opere hacia el futuro, vedando así la aplicación retroactiva a sus postulados.

"Los referidos razonamientos tienen apoyo, por analogía, en la jurisprudencia PC.I.A. J/5 A (10a.), emitida por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo III, enero de dos mil catorce, página 2320, cuyos título, subtítulo y texto son:

"‘PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).’ (se transcribe)

"Por tanto, resulta ajustada a derecho la determinación de la Sala del conocimiento, de considerar que la ley aplicable al caso concreto, para el incremento de la cuota pensionaria de la ahora quejosa es la misma conforme a la cual se hizo acreedora a la pensión, esto es, en el momento en que se generó su derecho por haber cumplido con los requisitos legales para ello, lo cual tuvo verificativo a partir del uno de marzo del año dos mil, es decir, durante la vigencia de la ley que entró en vigor desde el cinco de enero de mil novecientos noventa y tres; en consecuencia, son infundados los argumentos de la accionante."

III. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, siendo quejoso **********, en sesión del siete de septiembre de dos mil quince, en la parte que interesa, consideró:

"NOVENO.- ... Los conceptos de violación son fundados.

"Para demostrar el anterior aserto, se considera necesario reproducir la resolución impugnada en el juicio de nulidad, la cual es del tenor literal siguiente:

"‘Dirección de Prestaciones

Económicas Sociales y Culturales

"Subdirección de Pensiones

"Jefatura de Servicios de Operación

de Pagos y Presupuesto

Oficio No. **********

"México, D.F., 24 de marzo de 2014

"‘C. **********

"‘**********

"‘Hago referencia a su escrito dirigido al C. Director de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales, turnado a esta Jefatura de Servicios para su atención procedente con fecha 20 de marzo del presente, mediante el cual solicita se aplique el incremento correcto a su cuota pensionaria a partir del año 2002 a la fecha, y se paguen las diferencias resultantes y para tal efecto anexa documentación soporte.

"‘Sobre el particular, y derivado del análisis realizado a la evolución que ha tenido el monto de su pensión con base a los porcentajes de incremento aplicados y de conformidad con lo estipulado en el Art. 57 de la Ley del ISSSTE vigente al 31 de marzo de 2007, me permito comentarle que del periodo de los años 2002 al 2007, éstos fueron aplicados correctamente en tiempo y forma; sin embargo, los correspondientes a los años 2008 y 2010 fueron corregidos conforme a lo indicado en la constancia de evolución salarial expedida por SCT.

"‘Por lo antes mencionado, se procedió a la actualización de las cuotas diarias a partir del año 2008 con repercusión en los años subsecuentes a la fecha, que será aplicado para la nómina del mes de mayo de 2014, en el que se reflejará el ajuste al monto mensual de $********** a $********** con un pago retroactivo de diferencias bajo el concepto 05 por la cantidad de $**********.

"‘Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"‘Atentamente

(rúbrica)

"‘L.C. **********

"‘Jefe de servicios’

"De esta transcripción se desprende que -como lo refiere el quejoso- la propia autoridad señaló expresamente que respecto de los años dos mil dos a dos mil siete le fueron aplicados los incrementos correctos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete; mientras que los incrementos correspondientes a los años dos mil ocho a dos mil d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27055-5a6a5d57/instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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