PENSIONES. PARA SU INCREMENTO PROCEDE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE A PARTIR DE DOS MIL DOS (ACTUALMENTE ABROGADA), A LOS PENSIONADOS ANTES DE ESA FECHA, POR REPORTARLES UN MAYOR BENEFICIO.
AMPARO DIRECTO 26/2016. LÁZARO DOMÍNGUEZ DÍAZ. 29 DE FEBRERO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. SECRETARIA: ARTEMISA AYDEÉ CONTRERAS BALLESTEROS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Estudio de fondo. El quejoso formula sólo un concepto de violación identificado como primero, en el cual aduce esencialmente:
- El fallo reclamado es ilegal, en tanto que la Sala responsable dejó de observar el principio pro persona, al desatender los argumentos expuestos en la demanda de nulidad, encaminados a lograr un mayor beneficio en el incremento de la pensión.
- Si bien el derecho a la pensión por jubilación se generó a partir del uno de diciembre de dos mil uno y, por tanto, el derecho del incremento a la pensión se encuentra regulado en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, que dispone que los incrementos se harán conforme aumente el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; empero, a partir de dos mil dos, el artículo 57 de la mencionada ley prevé que el factor de incremento será entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, lo que resulte más favorable para el pensionado.
- En el caso, se debe aplicar retroactivamente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente para dos mil dos, en beneficio del accionante, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en atención a que esa norma ofrece la opción de aplicar un mayor incremento a la pensión, ya sea atendiendo al sueldo base de los trabajadores en activo o conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
- La Sala debió resolver con base en lo previsto en el artículo 1o. constitucional y aplicar la norma que otorga un mayor beneficio a los derechos humanos del accionante, específicamente el derecho humano a la seguridad social.
Los argumentos sintetizados, analizados con base en la causa de pedir expresada en la demanda de amparo, se estiman esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.
Además, el análisis de la legalidad del fallo se hará en suplencia de la queja, lo cual procede hacer porque el quejoso es trabajador jubilado pensionado y, por eso, debe tenérsele como adulto mayor merecedor de la protección especial por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, al formar parte de un grupo vulnerable y, por ende, cabe aplicar lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.(4)
Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCXXIV/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ‘Protocolo de San Salvador’, se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja."(5)
De igual forma, es aplicable la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), que enseguida se inserta:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." (6)
Expuesto lo anterior, resulta conveniente indicar que el ahora quejoso obtuvo el derecho a la pensión (cuyo ajuste solicitó) a partir del uno de diciembre de dos mil uno (foja 34 del juicio de nulidad), de tal suerte que, en principio, los incrementos procedentes deben atender al contenido del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en ese momento, el cual, en su tercer párrafo disponía:
"Artículo 57...
"La cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto."
El referido precepto legal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, en cuyo artículo 57 disponía lo siguiente (dicho texto estuvo vigente a partir del primero de enero de dos mil dos(7) y hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete):
"Artículo 57...
"La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año.
"En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos."
Esto es, el referido precepto, en su texto vigente al momento en que el quejoso obtuvo su jubilación, establecía el derecho a incrementar la pensión con base en los aumentos al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Posteriormente, la norma se reformó para prever dos factores diferentes para incrementar las pensiones, a saber:
1. Conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior; o,
2. En la proporción del aumento al salario base de los trabajadores en activo.
Así, el referido precepto garantiza a los pensionados y jubilados el incremento de la pensión conforme al factor que más les beneficie, pues en principio podrá realizarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (regla general), pero previene que, en caso de ser inferior a los aumentos otorgados a los trabajadores en activo, entonces la pensión se incrementará en la proporción en que aumenten éstos.
Sin embargo, en la sentencia reclamada se desestimó el reclamo del actor formulado en ese sentido y se estableció que el incremento debía regirse exclusivamente por el artículo 57 vigente hasta dos mil uno, es decir, que la pensión del quejoso debe incrementarse en la proporción del aumento al salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin poder aplicar una norma anterior o una posterior.
Lo fundado de los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, obedece a lo siguiente:
Si bien, en principio, el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicable al caso, es el que estuvo vigente cuando el quejoso se jubiló (dos mil uno); por tanto, el factor de incremento de la pensión se rige, también en principio, conforme al aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, pues es jurídicamente factible aplicar una norma posterior si resulta más benéfica para el pensionado.
Luego, como ese precepto fue reformado en dos mil uno y el nuevo texto estuvo vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, para establecer un parámetro de incremento más favorable a los pensionados, esa norma posterior se traduce en un mayor beneficio para el impetrante de garantías, al establecer un mejor factor de aumento para su pensión, ante la posibilidad de que los incrementos anuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, el incremento de los sueldos base de los trabajadores en activo, sean superiores al aumento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo cual justificaría acoger la pretensión del demandante y ahora quejoso.
Para comprender lo anterior debe considerarse lo que establece el artículo 14 constitucional, en su párrafo inicial:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."
Respecto de la retroactividad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado como criterios para determinar si una ley es o no retroactiva, por una parte, la teoría de los derechos adquiridos y, por otra, los componentes de la norma jurídica: el supuesto y su consecuencia.
Conforme a la primera teoría, para determinar si una ley es o no retroactiva se requiere precisar, en primer lugar, si el quejoso tenía en su esfera jurídica los derechos y prestaciones regulados en la disposición legal, o si se trataba sólo de una expectativa de derecho. Sólo en el primer caso, podría asumirse que la nueva norma incidiría en una situación generada completamente bajo el imperio de la norma anterior; en el segundo, como era una expectativa, al actualizarse las condiciones requeridas bajo la vigencia de la nueva ley, ésta será la aplicable y no se estaría ante una retroactividad.
Respecto del segundo criterio, el Pleno del Máximo Tribunal ha sostenido que la aplicación de una ley se hace retroactivamente cuando con ella se varía o modifica el supuesto o la consecuencia establecida en una ley anterior.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro y texto siguientes:
"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.-Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."(8)
Ahora bien, la aplicación retroactiva de la ley que constituye una violación constitucional en sí misma (garantía tutelada en el artículo 14 constitucional), es aquella que se haga en perjuicio de persona alguna; lo cual implica que no se prohíbe tal aplicación retroactiva cuando sea en beneficio del gobernado.
Pues bien, en el caso, aunque el texto del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (reformado en dos mil uno y vigente para el dos mil dos) no era el vigente al momento en que el quejoso adquirió el derecho a la pensión (dos mil uno), lo cierto es que esta norma podrá ser aplicable al caso, en tanto que prevé el factor de actualización relativo a los incrementos anuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor o el factor relativo al incremento en tiempo y proporción del salario de los trabajadores en activo de la plaza ocupada por el pensionado, y que deberá estarse, de entre esos dos, al que reporte un mayor incremento a la pensión.
Así las cosas, aunque el texto del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a partir de dos mil dos) no era temporalmente aplicable al quejoso, lo cierto es que al establecer un mayor beneficio para el particular, debe estimarse aplicable.
Lo anterior, en tanto que la aplicación de esa norma se traduce en un mayor beneficio para la impetrante de garantías, por lo siguiente:
Lo previsto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres), fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, precisamente para establecer el incremento de las pensiones con base en el incremento al salario mínimo general para el Distrito Federal.
Luego, esa misma norma de nuevo se reformó por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, para fijar que el incremento de las pensiones debía ser, bien conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor del año calendario anterior, o en la proporción de aumento del salario base de los trabajadores en activo, el que resulte más favorable para el pensionado; esto es, se advirtió la necesidad de establecer un mecanismo alternativo de incremento pensionario que pudiera conducir a un aumento apto para garantizar la finalidad de tal prestación de seguridad social, con base en el mayor beneficio para el pensionado.
Para la reforma al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, el legislador consideró que el sistema de incremento, introducido mediante la diversa reforma de cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres resultaba injusta e inapropiada, al considerar que las aportaciones realizadas por los trabajadores al fondo de pensiones durante su vida laboral, las hicieron con base en el salario percibido como servidores públicos y no conforme al salario mínimo aprobado anualmente por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para los trabajadores que se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, en la respectiva iniciativa del proceso legislativo de reforma correspondiente, se concluyó que resultaba injusto para los trabajadores pensionados desde hacía más de cinco años, recibir pensiones (en ese entonces) no mayores a los tres mil pesos mensuales, pues en conjunto a su minada salud (de los jubilados), los condenaba a subsistir en condiciones sumamente precarias.
Esto, pues la cotización al fondo de pensiones por parte de los trabajadores en activo se efectuó con base en su salario, sin relación alguna con el salario mínimo, razón por la cual, se consideró injusto que quienes se pensionaron cinco años antes de la reforma, recibieran pensiones que no rebasaran los tres mil pesos mensuales.
Por su parte, el Congreso de la Unión estimó que la propuesta del Ejecutivo era de gran importancia, ya que busca perfeccionar nuestro sistema de seguridad social, concretamente en la materia de una pensión dinámica, para mejorar el ingreso de uno de los grupos de población notoriamente rezagados en cuanto a su capacidad adquisitiva y expectativas en su calidad de vida, lo cual implica reformar el método del incremento anual a la cuantía de las pensiones para los trabajadores al servicio del Estado, pues el existente propiciaba el rezago de sus ingresos ante el aumento de los precios, e impide a los pensionados cubrir razonablemente sus necesidades básicas.
Lo anterior, bajo la consideración de que el fin del artículo 57, que estableció la llamada pensión dinámica, fue mantener el valor adquisitivo de las pensiones, pero resultaba obvia la insuficiencia del salario mínimo general para el Distrito Federal, para los incrementos a las pensiones, dada la franca desproporción del aumento a dicho salario respecto de los incrementos en los niveles de precios.
El legislador tomó en cuenta, asimismo, que tan sólo en el sexenio que acaba de concluir (es decir, 1994 a 2000), de relativa estabilidad de precios, la inflación acumulada hasta el mes de octubre alcanzó el 132.2%; en cambio, los salarios mínimos, en el mismo periodo, sólo se incrementaron en un 97.9%. En otras palabras -apuntó el legislador-, hubo una pérdida de su valor, en términos reales, del orden del 26.6%.
Conforme a eso se demuestra que la reforma vigente a partir de dos mil dos representa un beneficio en relación con el texto del artículo 57 vigente hasta dos mil uno.
La intención de lograr un incremento más favorable a los pensionados, se advierte en la exposición de motivos correspondiente, cuya literalidad es:
"Exposición de Motivos.-Cámara de Origen: Diputados.-Exposición de motivos.-México, D.F., a 16 de noviembre de 2000.-Iniciativa del H. Congreso del Estado de Durango.-Del Congreso del Estado de Durango, de reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del ISSSTE.-CC. Diputados secretarios.-Cámara de Diputados.-Palacio Legislativo.-Los suscritos diputados Efraín de los Ríos Luna, Amador Castañeda Botello y Mario Alfonso Delgado Mendoza, presidente y secretarios de la H. LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso del derecho que les confiere la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez que fuera aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día de hoy, nos permitimos someter a la consideración de esa H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de decreto presentada por los CC. Diputados: Jaime Fernández Saracho, Raúl Muñoz de León y Oscar García Barrón para reformar la Ley General (sic) del ISSSTE, en su artículo 57, párrafo tercero, bajo los siguientes: Considerandos.-Primero. Con fecha 4 de enero de 1993, el H. Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley General (sic) del ISSSTE, el cual establecía con precisión que el monto de las pensiones de los jubilados y pensionados se incrementaría al mismo tiempo y en la misma proporción en que se aumentaren los sueldos básicos de los trabajadores en activo.-Segundo. Con la reforma citada en el considerando anterior, el citado párrafo estableció una nueva forma para aumentar el monto de las pensiones al señalar que la cuantía de éstas sería incrementada conforme al aumento que tuviera el salario mínimo general para el Distrito Federal.-Tercero. La redacción actual del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del ISSSTE, resulta injusta e inapropiada, ya que las aportaciones que los trabajadores realizaron al fondo de pensiones durante su vida laboral, las hicieron en base al salario percibido como servidores públicos y sin ninguna relación con el salario mínimo, entendido éste como el que aprueba anualmente la Comisión Nacional de (sic) Salarios Mínimos para los trabajadores que se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Cuarto. Es injusto que, actualmente, aquellos trabajadores que se pensionaron hace más de cinco años, reciban pensiones que no rebasan los tres mil pesos mensuales, lo cual, conjuntamente con su minada salud, los condena a subsistir en condiciones sumamente precarias.-Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esa representación popular, el siguiente proyecto de decreto.-Artículo único.-Con fundamento en el derecho que les confiere a las Legislaturas de los Estados la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar en los siguientes términos: Artículo primero. Se reforma el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar de la siguiente manera: ‘Artículo 57. La cuota mínima...Asimismo, la cuota diaria...La cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.-Los jubilados y pensionados...Artículos Transitorios.-Único. La presente reforma entrará en vigor el día primero de enero de 2001."
En el citado proceso legislativo, mediante el dictamen y discusión llevados a cabo en el seno de la Cámara de Origen (que en este caso fue la de Diputados), se advierte una propuesta de modificación al texto originalmente propuesto en la iniciativa mencionada, del tercer párrafo del aludido artículo 57, en los términos siguientes:
"...El presidente.-Señor secretario, honorable Asamblea: llega el momento en el orden del día, de conocer un dictamen de segunda lectura y discusión; sin embargo, ruego a la secretaría haga del conocimiento de la Asamblea de una comunicación recibida de parte de la comisión respectiva.-El secretario José Manuel Medellín Milán.-Con fecha 17 de abril de 2001, en oficio dirigido al diputado Ricardo García Cervantes, presidente de la Mesa Directiva: ‘Diputado licenciado Ricardo García Cervantes, presidente de la Mesa Directiva. Presente.-Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social se dirigen a esta Mesa Directiva para informarle que, con el propósito de facilitar los consensos entre los grupos parlamentarios y en diversas consultas con diputados miembros del pleno, convenimos proponer las siguientes reformas al dictamen presentado por esta comisión en torno a las reformas al artículo 57 de la Ley del ISSSTE, para quedar como se señala en el anexo.-Por lo anterior, atentamente le solicitamos considere que este texto sustituya al publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 17 de abril y al mismo tiempo su colaboración para que se someta a votación del pleno de la sesión del día de hoy.’.-El anexo dice: ‘Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 para quedar como sigue: «Artículo 57...La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día 1o. del mes de enero de cada año.-En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.-De no ser posible la identificación del puesto para el incremento que corresponda a la pensión respectiva, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento.-Los jubilados, y pensionados tendrán derecho a una gratificación.-Artículos transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor el 1o. de enero del 2002.-Segundo. En el caso de trabajadores que se hayan jubilado o pensionado con más de una plaza, a la pensión que corresponda a la suma de las plazas se le aplicará lo dispuesto en el artículo 57.-Tercero. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea exigible el incremento no es posible hacer la identificación del puesto, se aplicará lo que establece el párrafo quinto.».-México, D.F., a 17 de abril del 2001.-Diputados: Cuauhtémoc Montero, presidente; José María Rivera, Ernesto Saro y Samuel Aguilar, secretarios.’.-Es todo, señor presidente.-El Presidente.-Muchas gracias, señor secretario.-En atención a lo solicitado por la comisión, le quiero rogar, señor secretario, consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza la sustitución propuesta por la comisión a lo publicado en la Gaceta del día de hoy.-El secretario José Manuel Medellín Milán.-Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la sustitución del texto que aparece en la Gaceta del día de hoy por el texto que ha enviado la Comisión de Seguridad Social.-Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Mayoría por la afirmativa, señor presidente.-El presidente: Gracias, señor secretario.-Por tanto, es de primera lectura el dictamen de la Comisión de Seguridad Social con la sustitución del texto aprobada por la Asamblea.-Ruego ahora, señor secretario, consulte a la Asamblea, en consideración de que en este momento se está distribuyendo a todas las señoras y señores diputados, por escrito, el nuevo texto, si autorizan en votación económica la dispensa de la segunda lectura y ponerlo a discusión y votación de inmediato."
Por su parte, en el Dictamen de la Cámara Revisora (la de Senadores), fechado el veinticinco de abril de dos mil uno, de manera literal se razonó, por esa Asamblea, lo siguiente:
"Dictamen.-México, D.F., a 25 de abril de 2001.-Dictámenes de primera lectura.-Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26501-20fd1b3a/pensiones-para-su-incremento-procede-la-aplicacion-retroactiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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