RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA PORQUE SU CÁLCULO NO SE AJUSTÓ A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 287/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Recepción de la denuncia de contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y declaración de incompetencia legal. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibió el oficio firmado electrónicamente por los Magistrados de Circuito y la secretaría en funciones de Magistrada integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual denuncian una posible contradicción de criterios.
2. En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó y admitió la denuncia de contradicción de criterios con el número 196/2023, la cual fue turnada para su estudio a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, por lo que en sesión de cuatro de octubre de dos mil veintitrés determinó carecer de competencia legal para conocer de la contradicción suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver las revisiones fiscales 10/2015 y 15/2023 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al resolver las diversas 78/2021, 164/2021, 140/2021, 141/2021 y 168/2021, cuyas ejecutorias originaron la jurisprudencia XVI.1o.A. J/6 A (11a.), de rubro: “RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, POR NO HABER ACREDITADO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE DE MANERA CORRECTA Y CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AL CONSTITUIR VICIOS FORMALES (APLICACIÓN DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011)”,(1) y ordenó su remisión al entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México; cuyo aparente tema de contradicción estimó que consiste en: “Recurso de revisión fiscal. Determinar si es procedente contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declara la nulidad de la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativa a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria, por no haber acreditado que realizó el cálculo correspondiente de manera correcta y conforme a la legislación aplicable, al constituir un vicio de fondo, o bien, si es improcedente en virtud de que se está ante un vicio formal de conformidad con las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”.
3. SEGUNDO. Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, se ordenó admitir y registrar como contradicción de criterios 287/2023; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes, y en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
4. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a dilucidar.
5. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes, los cuales se tuvieron por recibidos mediante proveídos de veintisiete y treinta de noviembre de dos mil veintitrés, respectivamente.
7. De igual forma, el siete de diciembre de dos mil veintitrés, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el tema que nos ocupa en este asunto, manifestación que se tuvo por acordada en la misma fecha.
8. CUARTO. Cambio de denominación e integración de este Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; por lo que, conforme a su artículo 1o., a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, cambió de denominación para convertirse en Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la misma ciudad, integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo.
9. QUINTO. Returno. Como consecuencia de los cambios en la denominación, competencia e integración de este Pleno Regional, por acuerdo de dieciocho de enero del presente año, se returnó el presente asunto al Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución.
10. SEXTO. Confirmación de turno. En proveído de quince de febrero de dos mil veinticuatro, al considerar que el expediente se encontraba debidamente integrado, con fundamento en el artículo 41(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
11. SÉPTIMO. Lista y aplazamiento. Esta contradicción se incluyó en la lista de asuntos de quince de abril de dos mil veinticuatro, para discutirse en la sesión de veinticinco siguiente, en la cual se acordó por el Pleno de este órgano colegiado su aplazamiento para discutirse en una sesión posterior.
12. OCTAVO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO. Competencia. Como lo resolvió el Alto Tribunal, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo,(3) y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(6) 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(8) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(9) y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(10) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, así como el veintisiete de diciembre, todos de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados uno con competencia en materia administrativa del Vigésimo Tercer Circuito y el otro especializado en esa materia del Decimosexto Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre la que este Pleno ejerce jurisdicción para unificar criterios, habida cuenta que así lo determinó el Alto Tribunal en el expediente antecedente de este asunto.
14. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por los magistrados y la secretaria en funciones de magistrada integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(11)
15. TERCERO. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.
16. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, cuyo rubro es “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.(12)
17. CUARTO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
• Criterios del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal 10/2023 y 15/2023 en la sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés.
Revisión fiscal 10/2023.
18. Demanda de nulidad. Una persona demandó la nulidad de la resolución contenida en un oficio de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, emitida por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, de la Delegación en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual dio respuesta a la solicitud de actualización de pensión y pago de diferencias.
19. Tramite del juicio de nulidad. La demanda correspondió a la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en Zacatecas, Zacatecas, cuya primera secretaria de acuerdos de la segunda ponencia, en suplencia por ausencia del magistrado instructor admitió a trámite y ordenó emplazar a la demandada Delegación Estatal en Zacatecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos legales correspondientes.
20. Sentencia de nulidad. Seguida la secuela procesal, la Sala Regional del Norte-Centro IV y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada.
21. Recurso de revisión fiscal. Inconforme con esa decisión, la Jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, en representación de la Delegación Estatal en Zacatecas, interpuso recurso de revisión fiscal cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y por acuerdo de presidencia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés se admitió a trámite y se registró bajo el número de expediente 10/2023.
22. Sentencia. Posteriormente, en sesión de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia respectiva en la que se declaró procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal y se confirmó la sentencia pronunciada por la Sala Regional, bajo las siguientes consideraciones.
22.1 El tribunal colegiado señaló que el recurso de revisión fiscal es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contra las sentencias definitivas que emitan el pleno, las secciones de la sala superior o las salas regionales; cuya materia debe versar, entre otros temas, sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
22.2 Asimismo, el tribunal colegiado indicó que en el caso a estudio, la controversia planteada en el juicio contencioso administrativo de origen versó en torno a los incrementos anuales de la cuota pensionaria de la parte actora jubilada que se le concedió mediante resolución jubilatoria a partir del uno de septiembre de dos mil catorce y el pago de sus diferencias; lo que hacía evidente que el recurso de revisión fiscal era procedente, atendiendo también, a que la sentencia recurrida constituía una decisión de fondo porque al declarar la nulidad de la resolución impugnada se apoyó en violaciones sustantivas para reconocer el derecho subjetivo de la parte actora, para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Zacatecas, le pagara los incrementos de su pensión jubilatoria, únicamente respecto de los cinco años anteriores a la fecha en que solicitó el pago de sus incrementos; esto es, su correcta cuantificación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve.
22.3 El tribunal colegiado insistió en que la sentencia recurrida resolvió el fondo del asunto, porque obligó a la autoridad demandada para que modificara la cuota pensionaria de la parte actora, otorgada mediante resolución jubilatoria emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al considerar toralmente que tales incrementos anuales fueron pagados incorrectamente en perjuicio de la persona pensionada actora, únicamente respecto de los cinco años anteriores a la fecha en que solicitó tal modificación: al no haberse ajustado al sistema de incremento que por ley le correspondía a la persona jubilada, cuando obtuvo ese derecho mediante resolución pensionaria a partir del uno de septiembre de dos mil catorce, precisamente por ser los que se incorporaron a su esfera jurídica de derechos, al momento en que adquirió el carácter de persona jubilada.
22.4 Aplicó por analogía la tesis de jurisprudencia PC.III.A. J/48 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: “REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR CUANTO AL REQUISITO DE QUE EN LA SENTENCIA RECURRIDA EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, DEBE CONSIDERARSE QUE SE PRODUCE CUANDO SE DETERMINA EN TAL FALLO EL DERECHO AL ACREDITAMIENTO DE UN TRIBUTO”;(13) así como la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 138/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.”.(14)
22.5 Sobre el tópico jurídico relacionado con que la sentencia recurrida resuelva la controversia planteada, por vicios de fondo y no de forma, destacó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2015, sostuvo que, de acuerdo a la evolución histórica contenida en las tesis jurisprudenciales 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.), para que proceda el recurso de revisión fiscal es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contengan una decisión de fondo, que implique la declaración de un derecho y por ende la exigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada de nulidad; y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución administrativa impugnada de nulidad.
22.6 Que en esa doctrina jurisprudencial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la revisión fiscal es improcedente contra sentencias que, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto por un vicio formal cometido, ya sea en el procedimiento administrativo que originó la resolución impugnada o en la propia resolución administrativa; porque dicho pronunciamiento no se basa en un estudio de fondo, ni constituye la declaración de un derecho o de la inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto.
22.7 Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subrayó que existía estudio de fondo del asunto, cuando en la sentencia recurrida se haya declarado la nulidad por el análisis de un vicio material que se vincula con los hechos y el derecho que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado; y como consecuencia inmediata, se declare la existencia de un derecho subjetivo del particular, condenando a la administración pública a restablecer y hacer efectivo tal derecho; pues, lo determinante para que se actualice la procedencia del recurso de revisión fiscal es que se actualicen dos condiciones o requisitos indispensables, siendo necesario cada uno de ellos, pero solo la suma de ambos, resulta necesaria para acreditar la procedencia del recurso, a saber: 22.8 a) Que la resolución impugnada de nulidad, se ubique en alguna de las hipótesis de procedencia que señala el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y,
22.9 b) Que la sentencia recurrida contenga una decisión de fondo, esto es, que conduzca a la declaración de un derecho; y por ende, que conlleve la exigibilidad de una obligación, inmersa en la declaración de nulidad, sin importar los efectos o alcances que se imprimieron a esa declaración, en tanto que tales efectos constituyen una cuestión secundaria que no inciden en la procedencia del recurso de revisión fiscal.
22.10 Consideraciones que dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.), de título siguiente: “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO”.
22.11 El tribunal colegiado indicó que el Alto Tribunal ha hecho referencia a los conceptos de “decisión de fondo” o “sentencia de fondo” en las jurisprudencias: 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J.171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.), de rubros siguientes:
22.12 “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS”.
22.13 “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SOLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”.
22.14 “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SOLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)”
22.15 “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SOLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN”.
22.16 “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SOLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS”.
22.17 “REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA”.
22.18 Destacó concretamente de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010, lo siguiente:
“...la intención del legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación...”
22.19 Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia referida 150/2011, que la “sentencia de fondo” (respecto de la cual sí es procedente la revisión fiscal), es aquélla que conduce a la declaración de un derecho; y como contrapartida a la exigibilidad de una obligación inmersa en los efectos de la declaratoria de nulidad del acto administrativo controvertido en el juicio de nulidad; esto es, que “resuelva respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso”.
22.20 Que desde la perspectiva doctrinal, tanto jurisprudencial, como académica, cuando se habla “del contenido material de la pretensión”, debe entenderse que la sentencia es de fondo, porque se ocupó de la materia contenida en la causa de pedir o fundamento de la acción o pretensión; lo que significa que desde la perspectiva inferida de la interpretación jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende que el correcto alcance interpretativo para la aplicación de la frase “contenido material de la pretensión planteada en el juicio”, consiste en que la sentencia impugnada analice en forma definitiva la relación jurídica sustantiva o material del acto administrativo controvertido en el juicio de nulidad, pues, la “sentencia de fondo” o sea, la sentencia recurrida, aborde de manera definitiva, la material del acto administrativo controvertido, prevista en alguno de los supuestos normativos a que se refiere el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
22.21 El tribunal de amparo estableció que la expresión decisión de fondo en las sentencias dictadas en el juicio contencioso administrativo, debe entenderse como aquella resolución emitida por los Tribunales Federales de Justicia Administrativa que decida sobre la procedencia o no del contenido material de las pretensiones del actor en el juicio contencioso, lo que significa se trata de una sentencia que reconoce el derecho subjetivo de la parte actora y condena a la autoridad administrativa demandada a cumplir con una obligación, precisamente para satisfacer el derecho sustantivo reconocido en favor de la parte actora.
22.22 Razonamientos jurídicos que también se desprenden de la tesis (V Región) 2o.5 A (10a) del extinto Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región de título y texto siguiente: “REVISIÓN FISCAL. ALCANCE DEL CONCEPTO DECISIÓN DE FONDO Y DE LA EXPRESIÓN CONTENIDO MATERIAL DE LA PRETENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO, PREVISTOS EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J.150/2010, PARA LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO”.(15)
22.23 Destacó que en los juicios contenciosos administrativos, es común que se declare la nulidad del acto administrativo porque este adolece de vicios formales (carencia o indebida fundamentación y motivación), y los argumentos vertidos por el demandante para exigir la nulidad del acto (pretensión), únicamente versen sobre cuestiones o aspectos formales de su emisión, lo cual, per se, puede ser suficiente para obtener la anulación del acto señalado, sin la necesidad de que el tribunal hubiera entrado a revisar el contenido material del acto administrativo materia del litigio.
22.24 Por lo que se advierte que una sentencia de fondo, en términos de las tesis jurisprudenciales 2a./J. 220/2007, 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011, 2a./J. 118/2012 (10a.), 2a./J. 171/2013 (10a.), 2a./J. 67/2015 (10a.) y 2a./J. 58/2016 (10a.), es aquella en la que se declare un derecho; o bien, la inexigibilidad de una obligación establecida en el acto administrativo, lo anterior implica que en dicha resolución exista una determinación sobre la legalidad o no de la sustancia del acto administrativo, y no de los vicios formales que pudiera contener el acto en sí mismo (pues en este último supuesto no se colman los requisitos de importancia y trascendencia señalados por el alto tribunal para la procedencia de la revisión).
22.25 El tribunal de amparo señaló que sólo procede que el tribunal colegiado conozca de ese medio de impugnación, cuando la sentencia recurrida se ocupe, de manera definitiva o final, de la relación jurídica sustancial contenida en el acto administrativo materia del litigio, prevista en alguna de las hipótesis normativas del multicitado artículo 63 y, por ende, se esté ante la figura de la cosa juzgada, entendida como una forma de autoridad y, como tal, es la calidad y el atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter definitivo.
22.26 Que el concepto de cosa juzgada se complementa con una medida de eficacia. Esa medida se resume en tres cualidades: la inimpugnabilidad (en cuanto a que la ley impide todo ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia); la inmutabilidad (consistente en que en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada); y la coercibilidad (consiste en la eventualidad de ejecución forzosa).
22.27 Asimismo estableció que cuando a la sentencia se le otorga el valor de cosa juzgada, no será posible revisar su decisión, ni pronunciarse sobre su contenido, así sea en el mismo sentido, en proceso posterior. En presencia de tal sentencia, el juez del nuevo proceso civil, laboral o contencioso-administrativo, debe abstenerse de fallar en el fondo, si encuentra que hay identidad entre lo pretendido en la nueva demanda o en las imputaciones penales formuladas al proceso y lo resuelto en esa sentencia. Tiene, pues, la cosa juzgada una naturaleza estrictamente procesal, porque es una consecuencia del proceso y la emanación de la voluntad del Estado manifestada en la ley procesal, pero sus efectos jurídicos se extienden también indirectamente fuera del proceso y sobre las relaciones jurídicas sustanciales, como una consecuencia de la inmutabilidad de la decisión, que es su efecto directo, produciendo así la definitividad de la certeza jurídica de a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32947-2ad6b5e9/recurso-de-revision-fiscal-procede-contra-las-sentencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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