USURA. PROCEDIMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE ESTUDIAR SU POSIBLE ACTUALIZACIÓN, ATENTO AL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SUSTENTADO EN LA TESIS VII.2o.C.131 C (10a.)].
AMPARO DIRECTO 523/2017. 18 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIO: FLAVIO BERNARDO GALVÁN ZILLI.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resultan infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación, aunque se advierta de oficio por este tribunal, en relación a la usura, acorde con lo que se expondrá en párrafos subsecuentes.
Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
• Al no haber sido posible la comparecencia de la perito primeramente ofrecida, se solicitó su sustitución, lo que se negó en proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, ello sin que el Juez lo fundara y motivara, sólo se señaló que la solicitud no estaba conforme a derecho, no así los requisitos que se incumplían.
El concepto de violación antes resumido resulta inoperante, en primer lugar, porque durante el trámite del juicio natural no preparó la violación procesal mediante la interposición del recurso ordinario correspondiente y, por otro lado, en razón de que no señala la manera en que la violación procesal aducida trascendió al resultado del fallo que combate en esta instancia constitucional, como se verá a continuación.
Los artículos 171, primer párrafo y 174, primer párrafo, de la Ley de Amparo establecen:
"Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo."
"Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo."
De los preceptos transcritos, se desprende que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento siempre y cuando:
1. El quejoso las haya impugnado durante la tramitación en juicio mediante el recurso o medio ordinario de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.
2. Señale la forma en que la violación procesal trascendió al resultado del fallo.
En el caso, se tiene que la violación procesal descansa, medularmente, en el hecho de que en proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento sin fundamentar ni motivar no autorizó la sustitución de la perito originalmente propuesta, la cual encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo.
Ahora bien, el primer requisito para el estudio de la violación procesal no se satisface, toda vez que contra el proveído que negó la sustitución de perito procede el recurso de revocación, previsto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, pues se trata de un juicio ejecutivo mercantil que por su cuantía principal -treinta mil pesos- la sentencia que en él se emita no es apelable.
Al efecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto, son del tenor siguiente:
"Décima Época
"Registro digital: 2005047
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas»
"Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013
"Materia: Civil
"Tesis: 1a./J. 70/2013 (10a.)
"Página: 401
"REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión ‘son irrecurribles’, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto ‘De los Juicios Mercantiles’, título primero ‘Disposiciones Generales’, capítulo XXV, denominado ‘De la Apelación’, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)."
Sin embargo, aun cuando el aquí quejoso tenía la carga de agotar el recurso de revocación en contra del proveído que no autorizó la sustitución de peritos, de las constancias de autos no se advierte que dentro del plazo previsto por la codificación mercantil haya interpuesto el mencionado recurso así, en atención al principio de preclusión procesal que rige a la controversia, la determinación que aduce como violación procesal quedó firme y consentida, por lo que no puede ser materia de análisis en la vía directa de la acción constitucional.
Igualmente, no se cumple con el segundo requisito de procedibilidad, dado que el quejoso se limita a señalar que sin fundar y motivar el Juez del conocimiento no permitió la sustitución del perito, pues sólo señaló que la solicitud no fue promovida conforme a derecho, no así con los requisitos que se incumplían; empero, en modo alguno precisa la forma en que ello trascendió al resultado de la sentencia reclamada que le fue adversa.
En tales condiciones, si la quejosa no precisó la forma en que la violación procesal aducida trascendió al resultado del fallo reclamado, este tribunal se encuentra impedido para abordar el análisis del argumento planteado.
Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 126/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:
"Décima Época
"Registro digital: 2010151
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas»
"Libro 23, Tomo II, octubre de 2015
"Materia: Común
"Tesis: 2a./J. 126/2015 (10a.)
"Página: 2060
"VIOLACIONES PROCESALES. EL QUEJOSO DEBE PRECISAR EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO, A FIN DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE EXAMINARLAS, SALVO LAS QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deberán decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hacen valer, sea que se cometan en dichas resoluciones o durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como en relación con aquellas que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja. Ahora bien, el que la disposición constitucional no señale los requisitos que debe reunir la demanda de amparo directo para el estudio de las violaciones procesales, no significa que la ley secundaria no pueda hacerlo, en tanto que a ésta corresponde desarrollar y detallar los que deben cumplir las demandas para su estudio, ajustándose a los principios y parámetros constitucionales, esto es, deben ser razonables y proporcionales al fin constitucionalmente perseguido. Por tanto, el incumplimiento de la carga procesal a cargo del quejoso, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo, consistente en precisar en la demanda principal y, en su caso, en la adhesiva, la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, traerá como consecuencia que el Tribunal Colegiado de Circuito no esté obligado a su análisis, excepto en los casos en que proceda la suplencia de la queja y siempre que no pase por alto su obligación de atender a la causa de pedir expresada por los promoventes. Este requisito procesal además de resultar razonable, pues se pretende proporcionar al tribunal de amparo todos los elementos necesarios para el estudio del asunto, no puede catalogarse como excesivo y, por tanto, denegatorio de justicia y contrario al nuevo marco constitucional de los derechos humanos, previsto en el artículo 1o. constitucional, porque las garantías judiciales se encuentran sujetas a formalidades, presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos y medios de defensa que deben observarse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, y efectiva protección de los derechos humanos."
En otro orden de ideas, de la lectura de la sentencia combatida vía el presente juicio de amparo se advierte que la autoridad responsable no realizó el estudio sobre si existe o no usura, por lo que corresponde a este órgano de control constitucional proveer lo conducente, sobre dicho tópico.
Previo al estudio correspondiente, resulta necesario precisar que este Tribunal Colegiado sostenía el criterio, el cual se vio reflejado en diversos asuntos, consistente en que no podía avocarse al estudio oficioso de la usura, pues para que procediera el análisis de los intereses, atendiendo a la posible actualización de la usura, era necesario que la autoridad responsable:
a) Haya omitido el estudio en torno a la usura y dicha inconformidad se haga valer mediante concepto de violación o causa de pedir; o,
b) En el caso que lo hubiere realizado, debe mediar concepto de violación que impugne los razonamientos emitidos por la autoridad responsable al respecto.
En ese sentido, los argumentos encaminados a sostener que los órganos de amparo no poseen la facultad para ejercer oficiosamente el control difuso de convencionalidad, sobre los intereses usurarios, ya que tal cuestión es competencia de los Jueces de instancia y, en su defecto, del tribunal de alzada al reasumir jurisdicción en los casos que admitan apelación, resultan contradictorios a las consideraciones sostenidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 386/2014 y de la cual surgió la jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), de título y subtítulo: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESTE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."
En dicha jurisprudencia se sostiene que el Juez de origen tiene la obligación de efectuar el análisis indiciario sobre la posible configuración de la usura y, de existir sospecha de que tal forma de explotación pueda actualizarse, debe realizar el estudio de los elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés.
En dado caso de que tal estudio no se haya llevado a cabo, si el Tribunal Colegiado de Circuito advierte de manera indiciaria un pacto usurario en la fijación de la tasa mencionada, debe concederse el amparo, con el propósito de que la autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a través de dicho análisis, respetando los parámetros establecidos en diversas jurisprudencias de la Primera Sala y, de esa manera, estará en condiciones para determinar la posible actualización de la usura.
Por tanto, de los anteriores elementos, así como de una nueva reflexión llevada a cabo por el presente Tribunal Colegiado, este órgano se aparta parcialmente o de una parte de la tesis aislada VII.2o.C.131 C (10a.), de título y subtítulo: "USURA. PROCEDIMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITA ESTUDIAR SU POSIBLE ACTUALIZACIÓN.", que dio sustento al presente tema, en virtud de la lectura íntegra de la ejecutoria que le dio origen (sic), parte de la base de que se requiere concepto de violación para analizar el fondo de la usura y que no se requiere concepto si la responsable no hizo pronunciamiento; en consecuencia, para dar seguridad en virtud de que no quedó plasmado en la tesis lo sostenido en la ejecutoria.
En efecto, de conformidad con el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, todas las autoridades mexicanas en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Derechos humanos que pueden estar consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha signado y ratificado.
Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y, principalmente 27, reconoce, entre otros, el derecho fundamental de la propiedad privada, mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como "Pacto de San José", lo contempla en su numeral 21.
Ilustra lo expuesto en líneas precedentes, la jurisprudencia P./J. 37/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"Novena Época
"Registro digital: 175498
"Instancia: Pleno
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXIII, marzo de 2006
"Materia: Constitucional
"Tesis: P./J. 37/2006
"Página: 1481
"PROPIEDAD PRIVADA. EL DERECHO RELATIVO ESTÁ LIMITADO POR SU FUNCIÓN SOCIAL.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la Norma Fundamental."
Ahora bien, existen diversas maneras para proteger el derecho humano a la propiedad privada, entre las que se destaca, la prohibición de la usura como una forma de "explotación del hombre por el hombre".
La explotación del hombre por el hombre es aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Concepto que no solamente tiene una connotación en el plano económico, sino también refiere a la esclavitud, al trabajo forzado, a la trata de personas, entre otras.
Apoya lo aquí expuesto la tesis 1a. CXCIII/2015 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Décima Época
"Registro digital: 2009281
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de junio de 2015 a las 9:30 horas»
"Libro 19, Tomo I, junio de 2015
"Materia: Constitucional
"Tesis: 1a. CXCIII/2015 (10a.)
"Página: 586
"EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. CONCEPTO. La ‘explotación del hombre por el hombre’, contenida en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es aquella situación en la que una persona o grupo de personas utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas. Aun cuando el concepto de ‘explotación’ al que hace referencia la prohibición está afectado de vaguedad, existen casos claros de aplicación del concepto, pues dicha prohibición abarca cualquier tipo de explotación del hombre por el hombre, tal y como ocurre con otras manifestaciones específicas dentro del mismo ordenamiento, tales como la esclavitud (artículo 6.1), la servidumbre (artículo 6.1), los trabajos forzados (artículo 6.2) o la propia usura (artículo 21.3). Todas estas situaciones son instancias indiscutibles de explotación del hombre por el hombre."
Por su parte, la usura es entendida como el interés desproporcionado o excesivo producto del préstamo de una cantidad numeraria o determinado bien.
Los intereses pueden ser ordinarios o moratorios. Son ordinarios aquellos que constituyen el capital, ganancia, o rendimiento obtenido por la actividad de financiar a otra persona, mientras que los moratorios derivan del incumplimiento del pago de lo prestado, que más bien constituye una sanción en contra del deudor. Cabe señalar que en ambos puede existir un provecho desproporcionado del acreedor repercutiendo en el patrimonio del deudor, por lo que -en dado caso- son susceptibles de considerarse usurarios, sin importar su origen (ganancia del acreedor/sanción del deudor).
Al efecto, merece ser citada la jurisprudencia 1a./J. 54/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos de localización, título, subtítulo y texto siguientes:
"Décima Época
"Registro digital: 2013076
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas»
"Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016
"Materias: Constitucional y Civil
"Tesis: 1a./J. 54/2016 (10a.)
"Página: 883
"USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. El artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre; en este sentido, ninguna ley debe permitir que al amparo de la libertad contractual, una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, cuando en uso de la libertad contractual se celebra un préstamo documentado en un título de crédito denominado pagaré, las partes tienen derecho a pactar el pago de intereses, los cuales pueden ser ordinarios y/o moratorios, los que si bien gozan de naturaleza jurídica distinta, se vinculan al préstamo y, cuando se generan, representan un provecho en favor del acreedor que repercute directa y proporcionalmente en la propiedad del deudor; por tanto, si el referido artículo 21, numeral 3, prohíbe la usura y ésta se presenta cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo, esta prohibición aplica para ambos tipos de interés, pues aunque los intereses moratorios, en estricto sentido, no son una consecuencia inmediata del préstamo, sino más bien una sanción impuesta ante el incumplimiento del pago, no debe perderse de vista que el incumplimiento está directamente vinculado a la obligación de pagar o satisfacer el préstamo en la fecha pactada; por lo anterior, la prohibición de la usura aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios."
También es necesario precisarse que la prohibición de la usura no es únicamente para determinados actos jurídicos, sino que la protección del derecho humano a la propiedad privada, en su modalidad de proscripción de la usura, trasciende y abarca a todos aquellos actos jurídicos en donde exista una desproporción excesiva entre la ganancia (ya sea en estricto sentido o fruto de sanción) del acreedor y lo obtenido por el deudor.
En lo que nos ocupa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece en su artículo 174, párrafo segundo, la posibilidad de que las partes pacten libremente los intereses en los pagarés (principio de libertad contractual), lo que a primera vista resultaría contrario a la Constitución Federal en atención al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133, pues el dotar la oportunidad de que los contratantes fijen el interés que deseen, puede desencadenar un aprovechamiento o lucro prohibido por el numeral 21 del Pacto de San José, derecho humano tutelado por mandato del artículo 1o. constitucional.
El mencionado normativo es del contenido siguiente:
"Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169.
"Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.
"El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador."
Afortunadamente, el propio artículo 1o. constitucional prevé un mecanismo interesante e indispensable para conciliar, adecuar o armonizar disposiciones normativas con la Constitución Federal: la interpretación conforme.
La interpretación conforme es la herramienta al alcance del juzgador con la que desentraña el significado de una disposición jurídica tomando en consideración el Texto Constitucional, cuando el contenido de la norma sea oscuro y admita dos o más interpretaciones, seleccionando aquella que permita preservar la constitucionalidad de la disposición dudosa. Además, mediante dicho control de constitucionalidad se puede salvar la constitucionalidad de la norma, lo cual sirve de mecanismo de contención para evitar la inaplicación de una norma, cuando no sea derrotable su presunción de constitucionalidad.
Apoyan lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2010 y la tesis aislada 1a. CCCLIX/2013 (10a.), sostenidas por la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de rubro, título, subtítulo y texto siguientes:
"Novena Época
"Registro digital: 163300
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXII, diciembre de 2010
"Materia: Constitucional
"Tesis: 2a./J. 176/2010
"Página: 646
"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.-La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico."
"Décima Época
"Registro digital: 2005115
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Aislada
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas»
"Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013
"Materia: Común
"Tesis: 1a. CCCLIX/2013 (10a.)
"Página: 511
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. SU EJERCICIO NO NECESARIAMENTE LLEVA A LA INAPLICACIÓN DE UNA NORMA. Si bien es cierto que todos los juzgadores deben preferir la observancia de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aun en los casos donde existan disposiciones en contrario en cualquier norma inferior, también lo es que no todo ejercicio de control de constitucionalidad ex officio de los derechos contenidos en la Constitución y en los referidos tratados lleva necesariamente a inaplicar la norma de que se trate, porque como lo señaló el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010 (cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco), las normas no pierden su presunción de constitucionalidad, sino hasta que el resultado del control así lo refleje. Esta situación implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante su interpretación, ya sea: 1) conforme en sentido amplio; o, 2) en sentido estricto. Así, la inaplicación vendrá solamente en los casos en los que la norma no salve esas dos posibilidades interpretativas. Por ello, los conceptos ‘control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio’ e ‘inaplicación’ no son intercambiables; en otras palabras, un control de ese tipo no lleva necesariamente a la inaplicación de la norma. Por lo demás, lo relevante para el orden constitucional no es que ese control se omita hacer a profundidad en los casos en los que claramente no es derrotable la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas, sino, en el caso contrario, cuando sea necesario justificar esa inderrotabilidad."
En el caso del artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que éste debe interpretarse de manera conforme a la Constitución Federal, toda vez que la adecuación de dicha disposición normativa a nuestra Carta Magna permite a los gobernados conservar la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés y, además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar -en su caso- la condena, aplique de oficio el artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de dicho precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, con la noble finalidad de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo un interés excesivo derivado de un préstamo, trastocando el derecho de propiedad de la contraparte.
Adminicula lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto que se citan a continuación:
"Décima Época
"Registro digital: 2006794
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: Jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas»
"Libro 7, Tomo I, junio de 2014
"Materias: Constitucional y Civil
"Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.)
"Página: 400
"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27685-97bf64ae/usura-procedimiento-que-debe-realizar-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- VIOLACIONES SUSTANCIALES COMETIDAS DURANTE LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO, CASO EN QUE LA SUPREMA CORTE ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO POR. (s/clave)
- JURISPRUDENCIA 1a./J. 97/2013 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES E (III.4o.C.1 K (10a.))
- AMPARO ADHESIVO. DEBE SOBRESEERSE EN ÉSTE SI LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPRESADOS POR EL QUEJOSO ADHERENTE, DEPENDEN DE ALGUNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE HAYA SIDO OBJ (V.3o.C.T.2 K (10a.))
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