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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD HASTA QUE SE APRUEBE EL REMATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 184/2019. · Registro digital (IUS): 29350
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2020-03-13
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, Pág. 750.

AMPARO DIRECTO 184/2019. 15 DE ENERO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO. SECRETARIO: JUAN JOSÉ MAGAÑA ORNELAS.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO.—Análisis del asunto.

Los conceptos de violación son infundados.

En principio, cabe precisar que este asunto se rige por el principio de estricto derecho, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos contenidos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.(18)

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 120/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(19)

Asimismo, la tesis aislada 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por título, subtítulo y texto, los siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase ‘lo haya dejado sin defensa’ no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una ‘violación manifiesta de la ley’ es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa."20

En el único concepto de violación, el quejoso aduce que la sentencia reclamada transgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; debido a que, contrario a lo resuelto, las Salas Unitarias sí son competentes para conocer de las controversias de carácter fiscal y administrativo que se susciten entre autoridades del Estado, municipales y de los organismos descentralizados, con los particulares y las existentes entre dos o más entidades públicas.

Agrega que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, fracciones I, incisos F), G), I), K) y II, del indicado artículo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, las Salas del tribunal tienen competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan contra las autoridades fiscales en los términos precisados en cada una de sus fracciones, y que procede el juicio de nulidad cuando el afectado opte por no interponer el recurso ordinario y alegue que el procedimiento coactivo no se ajustó a la ley.

Se añade que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra integrado por una serie concatenada de actos, los cuales tienen inicio con el requerimiento de pago, con fundamento en el artículo 129 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y tiene por finalidad la obtención por la vía coactiva del crédito imputado al deudor una vez que se encuentre firme, de modo que es posible combatir cada una de las resoluciones que se lleven a cabo dentro del procedimiento de ejecución, no obstante que no tengan el carácter de definitivas, como lo exige el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Esgrime que el artículo 196, fracción II, inciso d), del Código Fiscal del Estado de Jalisco, refiere que procede el recurso de revocación contra los actos de las autoridades fiscales estatales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que, estima, sí es posible combatir cada una de las resoluciones que se lleven a cabo dentro del procedimiento de ejecución de manera independiente, no obstante que no tengan el carácter de definitivas.

Se aduce que debido a que el recurso de revocación es optativo antes de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, y que los actos del procedimiento administrativo de ejecución pueden controvertirse a través de dicho medio de defensa o por medio del juicio de nulidad, deviene apartada de derecho la resolución reclamada.

Se citan las tesis «2a./J. 109/2005 y PC.III.A. J/34 A (10a.)», de rubro: "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD." y de título y subtítulo: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD."

Los conceptos de violación, como se adelantó, son infundados.

Para evidenciar lo anterior, se estima oportuna la cita de los artículos 66, primer párrafo, 67, 129 y 131 del Código Fiscal de Jalisco, que establecen lo siguiente:

"Artículo 66. El crédito fiscal, es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida y debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las leyes fiscales respectivas. ..."

"Artículo 67. La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las leyes fiscales respectivas, determinan que el crédito sea exigible."

"Artículo 129. No satisfecho un crédito fiscal dentro del plazo que para el efecto señalen las leyes fiscales, se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución."

"Artículo 131. En el caso del artículo 129, la autoridad ejecutora ordenará requerir al deudor para que efectúe el pago y, en caso de no hacerlo en el acto, se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales. Dichos bienes se describirán con precisión.

"El ejecutor entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien se entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada, de la que también entregará copia. El deudor podrá efectuar el pago, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento."

Como se aprecia de los numerales transcritos, en ellos se establece el concepto de un crédito fiscal y las consecuencias de su incumplimiento dentro de los plazos respectivos, además, se regula el inicio del procedimiento de ejecución con el requerimiento de pago y, en caso de incumplimiento, la procedencia del embargo y remate de los bienes a efecto de que el contribuyente cumpla con la obligación fiscal.

Bajo ese contexto, es importante diferenciar sobre la imposición de una multa, que se traduce en un crédito fiscal, y el procedimiento de ejecución, que corresponde a aquellos actos tendentes a lograr que el gobernado cubra el importe de la sanción pecuniaria que le fue impuesta, cuyas etapas se componen por el requerimiento de pago (artículos 129 a 133 del Código Fiscal de Jalisco), el embargo (artículos 134 a 156 del mismo ordenamiento) y remate (artículos 157 a 183 del cuerpo legal en cita); lo anterior, porque para la presentación de la demanda de nulidad resulta menester precisar si ésta se hizo a razón de la imposición de la multa por cualquier autoridad sancionadora, o bien, cuando inició el procedimiento administrativo de ejecución por la exactora.

Ahora bien, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco establece lo siguiente:

"Artículo 4. Tribunal - Competencia

"1. En materia de justicia administrativa, el tribunal tiene competencia para conocer y resolver de las controversias jurisdiccionales:

"I. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a las administraciones públicas, estatal o municipales:

"a) Que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivos en los términos de la legislación aplicable;

"b) Sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrados por autoridades estatales o municipales;

"c) Que impliquen una afirmativa ficta, en los términos de la legislación aplicable;

"d) Que sean favorables a un particular, cuando la autoridad estatal o municipal promueva su nulidad;

"e) Derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales y cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales;

"f) Que determinen la existencia de una obligación fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable, y en caso de obligaciones fiscales determinadas conforme a las facultades delegadas a las autoridades estatales por autoridades fiscales federales se estará a lo dispuesto en la normativa federal correspondiente;

"g) Que fijen en cantidad líquida una obligación fiscal o den las bases para su liquidación, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

"h) Que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación estatal aplicable;

"i) Que cause un agravio en materia fiscal, emitidos por autoridad fiscal competente y sean considerados como definitivos en los términos de la legislación aplicable;

"j) Que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante, y las que impongan la obligación de resarcir daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la legislación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado;

"k) Que constituyan créditos fiscales, por responsabilidades de los servidores públicos estatales o municipales, cuando sean considerados como definitivos; o

"l) Que determinen una responsabilidad ambiental, de competencia estatal, en los términos de la legislación aplicable;

"II. En contra de actos o resoluciones de autoridades pertenecientes a la administración pública estatal, cuando por virtud de los convenios de coordinación, los ayuntamientos sufran algún agravio en materia fiscal;

"III. En contra del procedimiento administrativo de ejecución, cuando el afectado en el mismo opte por no interponer el recurso ordinario ante la autoridad competente y cuando afirme que:

"a) El crédito exigido se ha extinguido;

"b) El monto del crédito es inferior al exigible;

"c) Es poseedor, a título de propietario de los bienes embargados en el procedimiento económico coactivo seguido a otras personas, o acreedor preferente al fisco; o

"d) El procedimiento económico coactivo no se ajustó a la ley, caso en el que la oposición sólo se hará valer contra la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de resolución cuya ejecución material sea de imposible reparación;

"IV. Entre dos o más dependencias o entidades de las administraciones públicas estatal o municipales; y

"V. En los demás asuntos que la ley le conceda competencia.

"2. En materia de responsabilidades administrativas, el Tribunal tiene competencia para:

"I. Resolver sobre las faltas administrativas graves en que incurran los servidores públicos estatales y municipales e imponer las sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los mismos hechos;

"II. Resolver sobre los actos vinculados con faltas administrativas graves en que incurran los particulares e imponer las sanciones correspondientes, sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los mismos hechos;

"III. Resolver sobre las responsabilidades resarcitorias, indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas y patrimonios, estatal o municipales;

"IV. Dictar las medidas preventivas y cautelares necesarias para evitar que el procedimiento sancionador quede sin materia; y

"V. Conocer de los demás asuntos en materia de responsabilidades administrativas que le conceda la ley.

"3. En materia de justicia laboral, el tribunal tiene competencia para conocer y resolver las controversias jurisdiccionales derivadas de las relaciones laborales del tribunal con sus trabajadores."

En ese orden de ideas, es diáfano que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer del asunto como el que fue planteado por el ahora quejoso; empero, la resolución reclamada no descansa en la incompetencia, como aparenta controvertir el quejoso, sino en que no es el momento procesal oportuno para la impugnación de los actos del procedimiento administrativo de ejecución.

Es decir, en el primer supuesto (imposición de multa), cuando una autoridad no fiscal aplica una sanción a una autoridad, ésta válidamente puede acudir a impugnar esa determinación mediante el juicio de nulidad, por la existencia de una obligación en cantidad líquida, señalando los vicios de legalidad que afecten al actor.

En cambio, en el segundo de los supuestos (procedimiento administrativo de ejecución), en la fracción III, inciso d), del citado numeral se prevé una hipótesis distinta para la procedencia del juicio de nulidad, pues ésta se limita a que sólo podrá hacerse valer hasta la resolución que apruebe la etapa de remate, salvo que la ejecución se trate de un acto de imposible reparación.

Ahora bien, en la resolución reclamada se determinó que para estar en aptitud de impugnar los actos del procedimiento administrativo coactivo, era necesario esperar a que se dictara la resolución que aprueba el remate de los bienes embargados.

Asimismo, precisó la Sala responsable que al tratarse los actos impugnados de los requerimientos de pago de multas no fiscales, eran actos que conforman el requerimiento de pago dentro del procedimiento administrativo de ejecución, por lo que es necesario que la oposición al procedimiento de ejecución se haga valer contra la resolución que apruebe el remate.

Por tanto, concluyó la responsable que debía confirmarse el sentido del acuerdo de desechamiento recurrido.

Determinación que, contrario a lo que se alega, es apegada a derecho, en la medida en que la impugnación realizada por la parte quejosa deriva del inicio del procedimiento administrativo de ejecución, ya que se trata del requerimiento realizado por la autoridad exactora, en virtud de no cubrir las multas impuestas por autoridad no fiscal; por ende, la actuación impugnada forma propiamente parte del procedimiento de ejecución, el cual, como se expuso, sólo puede ser impugnado hasta la resolución que apruebe el remate.

Es decir, aun cuando pudiera considerarse que cualquier decisión o acto proveniente de autoridades administrativas es susceptible de impugnación, sin que constituya una resolución formalmente dictada, ello no implica que deba soslayarse el momento en que se encuentra, porque el legislador previó un supuesto de excepción para la procedencia de la demanda de nulidad, tratándose de aquellos en que se sostenga que el procedimiento coactivo no se llevó a cabo con las formalidades de ley.

Se estima de esa manera, porque en dicho caso, como bien lo determinó la responsable, el accionante deberá esperarse hasta la etapa de remate, para de esta manera hacer valer las alegaciones pertinentes.

Por tales razones, deviene infundado, se reitera, el único concepto de violación. Sin que, en el caso, atento a lo antes considerado, le reporten beneficio alguno a la parte quejosa los criterios que cita, de epígrafes: "EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD." y "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD."

Por otra parte, no le asiste la razón jurídica al quejoso cuando refiere que conforme al artículo 196, fracción II, inciso d), del Código Fiscal del Estado de Jalisco es dable impugnar cada una de las resoluciones que se lleven a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución.

Se afirma lo anterior, porque dicho numeral no puede interpretarse en el sentido de que se considere que los actos del procedimiento de ejecución pueden recurrirse en cualquier momento, sino que la norma debe interpretarse en el sentido de que cuando el procedimiento coactivo no se ajustó a la ley, su impugnación sólo podrá hacerse valer contra la resolución que apruebe el remate pues, en ese sentido, se evidencia la voluntad del legislador de limitar la impugnación a un momento específico (aprobación del remate), para con ello evitar entorpecer su ejecución a través de defensas en cada etapa de ejecución.

Ello es así, porque aunque el siguiente criterio jurisprudencial atiende al Código Fiscal de la Federación, por las razones que lo informan, es orientador en este asunto, identificado con la clave 2a./J. 18/2009, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.—De acuerdo con el indicado precepto, en relación con los artículos 116, 117, fracción II, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate podrán impugnarse sólo hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los 10 días siguientes a tal evento, lo cual significa que esta clase de actos no serán recurribles de manera autónoma, como sucedía antes de la reforma del artículo 127 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, siendo improcedente el recurso de revocación contra dichas violaciones procesales, tampoco podrían adquirir el carácter de ‘actos o resoluciones definitivas’, de modo que en su contra no procede el juicio contencioso administrativo. Ésta es la regla general impuesta por el legislador en la norma reformada, sin que se pase por alto que en ella se establecieron como excepciones los actos de ejecución sobre bienes inembargables o los de imposible reparación material, casos en los que el recurso administrativo podrá interponerse a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o la diligencia de embargo, de donde resulta que al ser impugnables estos actos del procedimiento administrativo de ejecución a través del recurso de revocación y siendo éste opcional, conforme al artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, en su contra procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al tener la naturaleza de actos o resoluciones definitivas."(21)

Cobra aplicación al caso, la tesis aislada emitida por este Tribunal Colegiado, clave III.6o.A.19 A (10a.), que dice:

" Del artículo 4, numeral 1, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco se advierte que cuando una autoridad no fiscal aplica una multa, el afectado puede impugnarla mediante el juicio de nulidad, por la existencia de una obligación en cantidad líquida, señalando los vicios de legalidad que le afecten. Por otra parte, la fracción III, inciso d), del numeral citado prevé la procedencia de la acción mencionada contra el procedimiento administrativo de ejecución cuando no se lleve a cabo con las formalidades de ley, la cual podrá promoverse hasta la resolución que apruebe la etapa de remate, salvo que la ejecución material sea de imposible reparación. En estas condiciones, el actor debe esperar hasta la aprobación del remate para hacer valer las alegaciones pertinentes, sin que sea dable interpretar la norma en sentido distinto y estimar que conforme al artículo 196, fracción II, inciso d), del Código Fiscal del Estado de Jalisco, pueda impugnarse en cualquier tiempo cada una de las resoluciones que se lleven a cabo dentro del procedimiento indicado, porque cuando éste no se ajuste a la ley, sólo podrá demandarse su nulidad contra la resolución que apruebe el remate, con la finalidad de no entorpecer su ejecución mediante la impugnación de cada uno de los actos que la conforman (requerimiento de pago, embargo y remate). Orienta lo anterior, por analogía del Código Fiscal de la Federación con los preceptos citados, la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.’."(22)

DUODÉCIMO.—Alegatos.

La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano colegiado, al formular alegatos,(23) manifiesta que los conceptos de violación se califiquen como inoperantes.

Conforme a la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que no existe obligación expresa acerca del pronunciamiento en la sentencia de los alegatos que se formulen, sino que le corresponde al órgano jurisdiccional determinar, en atención al caso concreto, si plasma el análisis correspondiente respecto de tales manifestaciones, sólo si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir de su contenido, como por ejemplo, cuando se propone la actualización de una causal de improcedencia hecha valer.

Luego, como en el caso el Ministerio Público no expone causales de improcedencia del juicio, ni algún otro aspecto relacionado con presupuestos procesales, sino que únicamente solicita que se declaren inoperantes; por tanto, conforme con el referido criterio del Máximo Tribunal del País, no existe obligación de plasmar expresamente algún otro estudio respecto a los alegatos del representante social; por el tema resulta aplicable la jurisprudencia «P./J. 26/2018 (10a.)», que establece:

"ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial."(24)

En ese orden de ideas, ante lo infundado del único concepto de violación, lo que procede es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado en el presente fallo, se

RESUELVE:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa en contra de la resolución reclamada, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese, engrósese el presente fallo; anótese en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos relativos al lugar de su origen; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, integrado por los Magistrados Silvia Rocío Pérez Alvarado (presidenta y ponente), Óscar Naranjo Ahumada y Mario Alberto Domínguez Trejo, quienes firman en unión del secretario de Acuerdos Carlos Enrique Ramírez Íñiguez, que autoriza y da fe; lo anterior con fundamento en el artículo 188 de la Ley de Amparo.

En términos de lo previsto en los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 109/2005 y PC.III.A. J/34 A (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, noviembre de 2005, página 48; en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 5 de enero de 2018 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo II, enero de 2018, página 1168, con números de registro digital: 176714 y 2015907, respectivamente.

________________

18. "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes;

"II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia;

"III. En materia penal:

"a) En favor del inculpado o sentenciado; y

"b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente;

"IV. En materia agraria:

"a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y

"b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

"En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios;

"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

"VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29350-85615237/procedimiento-administrativo-de-ejecucion-es-impugnable-mediante-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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