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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE DICHA ENTIDAD TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE NULIDAD PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA SU DESTITUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, SI EL SERVIDOR OPTA POR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 495/2011. · Registro digital (IUS): 23550
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Pág. 1192.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 495/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ARMIDA BUENROSTRO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de circuito de distintos circuitos, los Plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los mismos Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, la procuradora general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese ocurrido la contradicción."

De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que emitió uno de los criterios en posible contradicción.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 13/2011, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil once, en lo que aquí interesa, sostuvo las siguientes consideraciones:

"CUARTO. En el presente asunto, como enseguida se verá, la competencia se surte en favor de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. En efecto, según quedó precisado en los antecedentes del caso, **********, por su propio derecho, presentó ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, demanda de nulidad en contra de la Secretaría de Educación Jalisco, impugnando la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidades administrativas número 197/2010-F, donde se le destituye del cargo que tenía como asistente de servicios educativos. Pues bien, la destitución de un servidor público en un procedimiento de responsabilidades, constituye un acto de autoridad de carácter administrativo, por tratarse de una sanción que impone el Estado, a través del titular u órgano facultado de la dependencia en la que se prestan los servicios, quien actúa con el imperio que le concede la ley, como encargado de vigilar la correcta marcha de la administración pública y de que sus servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (no como patrón, en las relaciones laborales con sus trabajadores). Por ello, el sancionado administrativamente con la destitución de su cargo, puede impugnar esa sanción en el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, o bien, en el recurso administrativo que expresamente contempla el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Así, ya lo dilucidó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/2010, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuya ejecutoria, en lo conducente dice: (se transcribe). Luego, si en la especie el afectado optó por interponer demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (no el recurso administrativo previsto por el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco), es claro que la competencia para conocer del asunto, se surte en favor de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco ..."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el conflicto competencial 18/2011, resuelto el catorce de octubre de dos mil once, consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO. Como enseguida se verá, la legal competencia para conocer y resolver de la demanda promovida por **********, se surte en favor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, establece: ‘Artículo 72.’ (se transcribe). Por su parte, la Ley para los Servidores Públicos y la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambos del Estado de Jalisco, que regulan la competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, respectivamente disponen: ‘Artículo 112.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). ‘Artículo 64.’ (se transcribe).‘Artículo 76.’ (se transcribe). De los transcritos preceptos legales se advierte que la Constitución del Estado de Jalisco, (Ordenamiento Supremo de esta entidad federativa), dispone que corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo. Criterio contenido además en los artículos 112 y 114 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. También en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que establece que las resoluciones que impongan sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI, del artículo 64 podrán ser impugnadas por el servidor público ante el citado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Ahora bien, en el caso concreto, en la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa de que se trata, la Secretaría de Educación Jalisco demandada decretó la destitución del servidor público actor, conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 64 antes transcrito. De ahí que este Tribunal Colegiado considera que, por disposición constitucional, el órgano más afín para conocer de la demanda promovida por el servidor público actor es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; lo anterior en virtud de que para entender el pensamiento del legislador es necesario armonizar o concordar todas las normas legales relativas a la cuestión que se trate de resolver, a fin de conocer su naturaleza, ya sea para decidir entre los diferentes sentidos que la letra de la ley pueda ofrecer, ya sea para limitar la disposición, o bien, para extenderla a los casos que el legislador no incluyó pero que se encuentran evidenciados, pues no debe olvidarse que el órgano legislativo regula, de una manera general, mediante las leyes que expide, el conjunto de situaciones jurídicas y delega en el juzgador la facultad de encajar los casos imprevistos dentro de esas normas generales, valiéndose para ello de los procedimientos de la analogía o de la inducción, o del criterio existente dentro de las normas que de una manera general integran y orientan al orden jurídico vigente. Pues de lo contrario, esto es, de atender únicamente a la simple interpretación literal de la ley, se restringiría en perjuicio de los gobernados el ejercicio eficaz de su derecho de defensa. Máxime que los artículos 123, apartado B, fracción XII y 116, fracción VI de la Constitución General de la República, disponen: ‘Artículo 123.’ (se transcribe). ‘Artículo 116.’ (se transcribe). En ese sentido, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón mantiene una competencia dual para conocer de asuntos administrativos y laborales referentes a los servidores públicos del Estado de Jalisco, situación que tiene su origen en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que regula la relación laboral de dichos servidores y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta entidad, relativa al conocimiento de las sanciones administrativas impuestas a éstos. Así es, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco tiene una competencia dual que nace de dos tipos de leyes, a saber: a) Una de carácter netamente administrativo, como es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en la cual conoce de un recurso; y, b) Otra, de la legislación que regula el estatus laboral de dichos servidores, como es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual contempla un juicio de índole laboral. Esto es, tiene naturaleza formal de un tribunal laboral que aplica el derecho laboral burocrático a nivel estatal y municipal; pero también con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese Estado, actúa como tribunal revisor de actos administrativos, ya que este precepto legal le otorga facultades para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos. Es decir, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, además de tener competencia para conocer de los conflictos laborales individuales o colectivos que se presenten entre el Estado y los Municipios con sus servidores públicos o trabajadores, regidos por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, conoce también de las resoluciones por las que se imponen determinadas sanciones administrativas a servidores públicos con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por consiguiente, conforme lo estatuye el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo. Además de que, en el caso concreto, el Tribunal de lo Administrativo no es el órgano afín para conocer de dichos actos. En efecto, los artículos 65 de la Constitución, 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1o. de la Ley de Justicia Administrativa, todos del Estado de Jalisco, establecen la competencia del Tribunal de lo Administrativo, numerales que son del tenor siguiente: ‘Artículo. 65.’ (se transcribe). ‘Artículo 67.’ (se transcribe). ‘Artículo 1.’ (se transcribe). Como se advierte de los transcritos preceptos legales, al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco le corresponde, entre otras cuestiones, dirimir los conflictos de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre el Estado con los particulares. En esa tesitura, el acto impugnado por el servidor público, al tratarse de un conflicto derivado de su relación laboral que mantiene con la dependencia estatal no se encuentra previsto como competencia del Tribunal de lo Administrativo y, en cambio, sí resulta dable su conocimiento, por ser el más afín, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Sin que sea óbice a lo anterior, la ejecutoria que invoca el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 93/2010, de rubro: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO, AL RECURSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY RELATIVA, NO LE ES APLICABLE LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS.’; dado que tal criterio trata, en esencia, respecto de la pretensión de prescripción de la sanción, lo que en el caso justiciable no acontece. Máxime que en el caso, por las razones expuestas, resulta indudable que la controversia de origen tiene una naturaleza laboral, porque se trata de un reclamo en el que el servidor público estatal alega que se afecta el derecho al trabajo que desempeñaba como profesor. Al respecto, resulta dable citar las tesis 2a. II/97 y 2a. XXXV/98, emitidas por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete y Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, página trescientos diecinueve y cuatrocientos once, respectivamente, que dicen: ‘COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESTATAL, SEA PARTE.’ (se transcribe). ‘COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO CONOCER DE CONFLICTOS ENTRE UN TRABAJADOR Y EL DIRECTOR DE UNA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL, AUNQUE SE DEMANDE A LA PERSONA FÍSICA QUE TIENE ESTE CARGO.’ (se transcribe). Así como, la tesis III.2o.A.223 A, emitida por este órgano colegiado, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de dos mil diez, página dos mil setecientos ochenta y seis, de rubro y texto: ‘AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN SERVIDOR PÚBLICO (PROFESOR DE ESCUELA SECUNDARIA) CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE SI NO SE IMPUGNA PREVIAMENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 DE LA LEY RELATIVA AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, este órgano colegiado considera que lo procedente es declarar que la competencia para conocer y resolver la controversia planteada por el servidor público actor **********, se surte en favor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado. Finalmente, resulta importante establecer que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, procede revocar la resolución de seis de mayo de dos mil once, dictada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para efectos de que dicte otra en la que, prescindiendo de las consideraciones que en la presente determinación se estimaron incorrectas, prosiga con el conocimiento del asunto."

CUARTO. En principio, es importante recordar que acorde con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros, textos y datos de publicación, enseguida se transcriben:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del Tomo XXXII, agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS 164120)

Según lo anterior, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, del contenido de las ejecutorias transcritas en apartados precedentes se observa que en el caso existe contradicción de tesis, por lo siguiente:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial sometido a su potestad, consideró que la destitución de un servidor público (asistente de servicios educativos) decretada por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, en un procedimiento de responsabilidades, constituye un acto de autoridad de carácter administrativo impuesto por el Estado como encargado de vigilar la correcta marcha de la administración pública y de que sus servidores públicos cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y no como patrón en las relaciones laborales con sus trabajadores; por tanto, el sancionado administrativamente con la destitución de su cargo, puede impugnar dicha determinación a través del juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa, en el Tribunal de lo Administrativo del Estado, o bien, en el recurso administrativo que expresamente prevé el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial sometido a su conocimiento, determinó que la destitución de un servidor público (profesor), decretada por la Secretaría de Educación, conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, es una sanción administrativa que puede ser impugnada por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicha entidad pues es a éste a quien le corresponde conocer de las controversias que se susciten entre el Estado y los servidores públicos, con motivo de sus relaciones de trabajo, pues dicho tribunal tiene competencia dual para conocer tanto de asuntos administrativos como laborales referentes a los servidores públicos del Estado de Jalisco, lo que tiene su origen en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (que regula la relación laboral de dichos servidores) y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicho Estado (relativa al conocimiento de las sanciones administrativas impuestas a éstos).

Así, manifestó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón tiene naturaleza formal de un tribunal laboral que aplica el derecho laboral burocrático a nivel estatal y municipal; pero también, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, actúa como tribunal revisor de actos administrativos, ya que este precepto legal le otorga facultades para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos

Por tanto, consideró que al versar el acto impugnado por el servidor público sobre un conflicto derivado de su relación laboral con la dependencia estatal, no se encuentra previsto que de él conozca el Tribunal de lo Administrativo sino que resulta dable que su conocimiento recaiga en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Deriva de lo anterior que sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes, en virtud de que llegaron a conclusiones diversas respecto de la misma cuestión jurídica, pues mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco es competente para resolver el juicio contencioso en el que se impugne la destitución de un servidor público decretada por la Secretaría de Educación de dicha entidad en un procedimiento de responsabilidades, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que cuando se impugne la destitución de referencia, la competencia recae en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco por tener competencia dual para conocer tanto de asuntos administrativos como laborales referentes a los servidores públicos de dicha entidad, por lo que consideró que al versar el acto impugnado por el servidor público en un conflicto derivado de su relación laboral con la dependencia estatal, el Tribunal de lo Administrativo carece de competencia para resolverlo.

Los criterios que se consideran divergentes provienen del examen de los mismos elementos, en razón de que ambos tribunales, al emitir sus fallos, analizaron casos semejantes pues en ambos supuestos los conflictos competenciales que dirimieron versaban sobre asuntos en los que se demandó la nulidad de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco en sendos procedimientos de responsabilidades administrativas y ambos órganos jurisdiccionales determinaron cuál era el órgano jurisdiccional competente para resolver la controversia suscitada con motivo de la destitución de un servidor público impugnada en el juicio primigenio, llegando a conclusiones diversas puesto que el primero de los tribunales citados consideró que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco tiene competencia legal para resolver en tanto que el diverso órgano colegiado determinó que el Tribunal de lo Administrativo carece de competencia legal para hacerlo.

No es óbice a lo anterior que en el caso los tribunales contendientes no hubieran publicado tesis, pues de las resoluciones respectivas puede advertirse su postura.

Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno, publicada en la página 77 del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

Por tanto, es dable concluir que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que a pesar de que los tribunales contendientes analizaron el mismo problema jurídico, esto es, si el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco tiene competencia legal para conocer de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23550-3e2c297c/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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