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Modo: Corpus Pro

RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO EN EL RECURSO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO ABROGADA (ARTÍCULO 92 DEL ORDENAMIENTO VIGENTE HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017). EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2017. · Registro digital (IUS): 28265
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Pág. 1529.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JAIME C. RAMOS CARREÓN, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. DISIDENTES: ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO Y JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. PONENTE: JAIME C. RAMOS CARREÓN. SECRETARIO: MANUEL GUTIÉRREZ DE VELASCO MUÑOZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito correspondiente al veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 27/2017.

RESULTANDO:

1. Mediante oficio 7163/2017, signado por la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, presentado el cinco de septiembre del año próximo pasado, ante la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en dicha materia y Circuito, se informó que los integrantes del primero de los órganos jurisdiccionales aludidos, determinaron denunciar la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ellos, el cual coincide con el que sostienen el Tercero y el Sexto Tribunales en Materia Administrativa del Tercer Circuito y lo discernido por los órganos jurisdiccionales Segundo y Quinto, ambos en la materia y Circuito citados, al resolver los juicios de amparo directo 187/2017, 349/2015, 24/2016, 347/2016 y 28/2014, respectivamente.

2. En proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito recibió el escrito de que se trata, admitió la denuncia de la posible contradicción de tesis, ordenó formar el expediente 27/2017, tuvo por recibida la copia certificada de la resolución que recayó al juicio constitucional 187/2017, dictada por el denunciante, solicitó a los diversos presidentes de los restantes órganos jurisdiccionales contendientes que remitieran las copias certificadas de los amparos directos invocados y que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

3. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, el referido presidente del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito, tuvo por recibidos los oficios, por los cuales los órganos contendientes remiten las copias certificadas pedidas e informan lo concerniente a la vigencia de sus criterios.

4. Por acuerdo de diecinueve de octubre citado, el presidente del Pleno aludido, tuvo por recibido el oficio signado por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual comunica que no se advierte la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en dicho Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guarde relación con la temática planteada en el presente asunto.

5. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó, en términos de lo dispuesto en los artículos 13, fracción VII y 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el turno de la contradicción respectiva al Magistrado René Olvera Gamboa, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

6. Una vez elaborado el proyecto referido, el Magistrado René Olvera Gamboa informó, mediante comunicación oficial de dos de julio del año en curso, su conclusión temporal ante este Pleno de Circuito, con motivo de la reincorporación del Magistrado Jaime C. Ramos Carreón, con efectos a partir de esa misma fecha, quien, en términos del segundo párrafo del artículo 46 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(1) de aplicación análoga, se sustituye en las facultades y obligaciones del Magistrado René Olvera Gamboa. En tal sentido, el mencionado titular Ramos Carreón hace suyo el proyecto de resolución correspondiente a esta contradicción de tesis; y,

CONSIDERANDO:

I. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, con su última modificación efectuada mediante Acuerdo 52/2015, de quince de diciembre del año en cita, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

II. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue realizada por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

III. Los criterios contendientes fueron emitidos, por una parte, en los asuntos siguientes:

1) Amparo directo 187/2017, del índice del referido Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito;

2) Amparo directo 349/2015, fallado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito; y,

3) Amparo directo 24/2016, resuelta por el Sexto de dichos órganos colegiados.

En éstos se consideró de forma esencial que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en los recursos administrativos de revisión, medio de impugnación previsto en el anterior artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (ahora 92), no pueden ser consideradas como sentencias definitivas o laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, por lo que en su contra procede el amparo en la vía indirecta.

Por otra, en oposición a los criterios aludidos, fueron emitidos los fallos siguientes:

1) Amparo directo 347/2016, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado; y,

2) Amparo directo 28/2014, fallado por el Quinto Tribunal Colegiado.

En los últimos asuntos, se consideró, de manera implícita, que sí procede el juicio de amparo en la vía directa contra ese tipo de determinaciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y en lo que decide sobre el recurso de revisión, previsto por el artículo 76 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, actual artículo 92.

Cabe precisar que lo expuesto en el precepto 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, fue trasladado al numeral 92 del propio ordenamiento jurídico (este último prevé esencialmente lo mismo), según reforma publicada el dieciocho de octubre de dos mil doce en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Lo anterior no impide la existencia de la contradicción de criterios; al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estableció la tesis aislada número P. VIII/2001, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, en la página trecientos veintidós, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA.—No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—Contradicción de tesis 43/98-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.—El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

IV. El tema de la contradicción de tesis consiste en establecer si las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el recurso administrativo de revisión, previsto en el anterior artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (ahora 92), pueden o no ser consideradas como sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio; y, por ende, cuál es la vía que procede en el juicio constitucional; es decir, si procede el amparo directo o el indirecto.

V. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo disponen que la figura jurídica de "contradicción de tesis" se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno, entre otras cuestiones, de la interpretación de un punto concreto de derecho y que, por seguridad jurídica, deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página siete, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (El realce fue añadido por este Pleno)

Como se ve, la superioridad estableció que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.

Asimismo, el Más Alto Tribunal de Justicia del País consideró que las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales; que, por tanto, no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada; cuenta habida que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos; es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis.

En el caso concreto, resulta importante advertir que las resoluciones en contradicción se emitieron al resolver diversos juicios de amparo directo, toda vez que:

1. En los identificados con los números 187/2017 (del Séptimo Tribunal), 349/2015 [del Tercer Tribunal] y 24/2016 –del Sexto Tribunal–, se consideró que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en los recursos administrativos de revisión, medio de impugnación previsto en el anterior artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (ahora 92), no pueden ser consideradas como sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, por lo que en su contra procede el amparo en la vía indirecta; y,

2. En oposición a esos criterios, en los enumerados como 347/2016 (del Segundo Tribunal) y 28/2014 [del Quinto Tribunal], se estimó, implícitamente, que sí procede el juicio de amparo en la vía directa contra ese tipo de resoluciones que recayeron al referido recurso administrativo de revisión, previsto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, actual artículo 92.

Bajo tal perspectiva, del examen de las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de Circuito en controversia, relatadas precedentemente, a juicio de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se advierten elementos suficientes para considerar la existencia de la contradicción de tesis denunciada; cuenta habida, resulta evidente, que sobre un mismo punto de derecho, en concreto, respecto a la procedencia de la vía (directa o indirecta en los juicios constitucionales) contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el recurso administrativo de revisión, medio de impugnación previsto en el anterior precepto 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (actual 92), los Tribunales Colegiados invocados adoptaron criterios jurídicos discrepantes.

De acuerdo con lo expuesto, es incuestionable que el punto de contradicción se contrae en determinar si los fallos emitidos por dicho Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en el recurso administrativo aludido, pueden o no ser considerados como sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio; y, por ende, cuál es la vía que procede en el juicio constitucional, es decir, si procede el amparo directo o el indirecto.

No obsta a lo anterior, que el criterio sostenido por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto sea implícito, esto es, que no hubieran desarrollado consideraciones específicas para establecer la procedencia de la vía directa, dado que se limitaron a citar el artículo 170, fracción I, en el apartado de competencia, pues es suficiente para considerar el pronunciamiento implícito sobre la procedencia de la vía directa, el hecho de que resolvieron tales asuntos en la vía en que se plantearon, lo que refleja de manera clara e indubitable tal postura.

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 93/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de dos mil ocho, página 5, la cual indica: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición.’

VI. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito considera que, en relación con el tema en estudio, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio relativo a que es improcedente la vía directa para conocer de la demanda de amparo, en la que se reclama la resolución que recayó a un recurso administrativo de revisión, dictada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con fundamento en el numeral 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (actual 92), toda vez que no es una sentencia definitiva ni es un laudo y tampoco es una determinación que pone fin a un juicio, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción I del arábigo 170 de la Ley de Amparo. Ello, cabe mencionar, con independencia a si el tribunal aludido tramitó el recurso atendiendo a las formalidades previstas para un juicio, dado que no es el tipo de trámite desarrollado por el órgano lo que determina la vía constitucional a seguir, sino la naturaleza del acto reclamado.

En efecto, los fallos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón mencionado, en el recurso previsto en el anterior artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (actual 92) no encuadran en la categoría de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, de acuerdo con lo establecido en el precepto 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues no se trata de una determinación que haya decidido un juicio en lo principal, ni lo hubiera finalizado anticipadamente, sino que el procedimiento en el que se emitió tiene la naturaleza de un recurso administrativo.

La anterior conclusión tiene sustento en lo expuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/2010, ya que en ese fallo la Superioridad definió cuál es la naturaleza del recurso administrativo que se establece en el numeral 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y, de manera destacada, determinó que su tramitación no se rige por las mismas reglas procesales previstas para el juicio laboral burocrático previsto en la Ley para los Servidores Públicos de dicho Estado y sus Municipios.

De forma literal, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estableció lo siguiente: "Ahora bien, una nueva reflexión de la cuestión conduce a la nueva integración de esta Segunda Sala a abandonar el criterio relativo a que el recurso administrativo previsto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y el juicio laboral burocrático que contempla la Ley para los Servidores Públicos de dicho Estado y sus Municipios, se rigen por las mismas reglas procesales.—Para justificar esa determinación de abandono, resulta indispensable, primeramente, comprender el significado de las nociones conceptuales de recurso administrativo y proceso desde un punto de vista genérico.—Así, la doctrina es coincidente en sostener que por recurso en general se entiende el medio de impugnación establecido en la ley para que un particular en uso de un derecho subjetivo controvierta un acto de autoridad lesivo de sus derechos, por las causas que la propia ley señale, y que prevé normas para su inicio, administración, sustanciación, determinación de plazos, ofrecimiento y valoración de pruebas, y elementos para su resolución.—Ese concepto genérico de recurso puede dar diversas especies: a) Recursos administrativos ante autoridad administrativa.—b) Recursos procesales ante autoridad judicial o procesos administrativos.—El recurso administrativo es un medio ordinario de impugnación y directo de defensa legal que los gobernados afectados tienen en contra de un acto administrativo que lesiona su esfera jurídica o intereses, ante la propia autoridad que lo dictó, el superior jerárquico u otro órgano administrativo, para que se revoque, anule, reforme o modifique, una vez comprobada la ilegalidad o inoportunidad del acto, y se restablezca el orden jurídico violado, en forma económica, sin tenerse que agotar un procedimiento jurisdiccional.—Es decir, el recurso administrativo se desenvuelve en el marco propio de la administración pública, la cual tiene el deber de esforzarse por el mantenimiento del orden de legalidad derivado del artículo 16 constitucional, que exige que la administración pública y los órganos que la integran se subordinen a la ley, es decir, que tengan como punto de partida y límite de su actividad, el circunscribirse a la legislación que determina la competencia de cada uno de ellos.—Entonces, a través del recurso administrativo se permite recorrer nuevamente el procedimiento administrativo que lo genera, con el fin de verificar si se ajusta o no al orden legal administrativo; constituye, por consiguiente, una parte del procedimiento administrativo, y como tal, la decisión que se adopte en él pertenece a la función administrativa en sentido material u objetivo, la cual se rige por los principios y reglas inherentes a esa específica función. Esto es, en los recursos administrativos los actos no se desligan de la función administrativa y las resoluciones que se dicten son estrictamente administrativas.—Así, en los recursos administrativos el poder público no actúa como parte ni participa en un procedimiento jurisdiccional, puesto que se concreta a confirmar, revisar o modificar su propio acto, o el de una dependencia inferior, para determinar si se ha ajustado a la ley.—Por otra parte, se entiende por proceso el conjunto de actos coordinados realizados por o ante los funcionarios competentes del Poder Judicial del Estado, conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre sí, y cuya finalidad es buscar mediante la actuación de la ley en un caso concreto la resolución de un conflicto, la restauración de un derecho, o resolver una controversia preestablecida, mediante una sentencia.—Todo proceso se tramita ante un tribunal y tiene por objeto dirimir una controversia de derecho mediante una sentencia, la característica es que esté previsto en una ley y sus fases son las siguientes: 1) Se inicia con una demanda que requiere una contestación de la parte contraria; 2) Un periodo de ofrecimiento y desahogo de pruebas; 3) Otro de alegatos, y 4) El dictado de una sentencia.—Dentro del proceso judicial, se ubican los procesos o recursos contencioso-administrativos, al igual que las acciones de ese carácter, cuyas controversias debe resolver, en este país, el llamado Poder Judicial. Estos recursos y acciones contencioso-administrativas se tramitan según las reglas de la función jurisdiccional, antes enunciadas.—Cabe destacar que el proceso administrativo no es único, sino que es variado, dependiendo de la ley, la materia y el tribunal ante el que se promueve, porque hay proceso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Agrario, y el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, entre otros.—Ahora, se entiende por contencioso-administrativo la existencia de un tribunal que no depende del Poder Judicial, al que le llaman administrativo y tiene plena autonomía para dictar sus fallos; su función consiste en resolver conflictos entre los particulares y la administración pública derivados de actos administrativos, que lesionen o causen agravios al particular, lo que se concreta en una sentencia que es de anulación y en ocasiones restitutoria de los derechos transgredidos.—En ese sentido, los recursos administrativos son distintos de los procesos administrativos, pues en los primeros la administración actúa como tal, en función administrativa; en cambio, en las acciones contenciosas el órgano competente actúa en función jurisdiccional y su resolución constituye una sentencia o laudo.—Esto es, la distinción que hay entre el recurso contencioso o proceso y el recurso administrativo estriba en que en el primero la administración obra como parte frente al recurrente y hay una autoridad por encima de la administración y del particular: el Juez de la jurisdicción contenciosa-administrativa; contienden partes, no es Juez y parte la administración, como sí lo es en el recurso gubernativo. Así, el recurso administrativo es la defensa legal que antecede a cualquier intervención judicial o contenciosa-administrativa.—Sobre tales premisas, si el recurso administrativo tiene como presupuesto la existencia de un acto administrativo que se presume realizado por un funcionario en la esfera de su competencia y constituye sólo parte del procedimiento administrativo, debe regirse por los principios y reglas inherentes a esa función, que no supone la existencia de un conflicto entre partes, sino sólo una mera revisión en el ámbito administrativo.—De ahí que, por regla general, un recurso administrativo no debe tramitarse conforme a las normas destinadas a regular un procedimiento contencioso, que no tiene por objeto revisar actos propiamente administrativos satisfaciendo un mínimo de formalidades procesales, sino el de dirimir una controversia de derecho mediante una sentencia o laudo, una vez desahogadas las fases inherentes al proceso judicial consistentes en demanda y contest

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28265-30b967c5/resolucion-dictada-por-el-tribunal-de-arbitraje-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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