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Modo: Corpus Pro

RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2017. · Registro digital (IUS): 27548
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-01-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, Pág. 1150.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, ROBERTO CHARCAS LEÓN, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. SECRETARIO: GUILLERMO GARCÍA TAPIA.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 12/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecisiete, en la Oficialía Común de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado y el Séptimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, al resolver, el primero: el recurso de revisión 783/2016; y el segundo: el recurso de revisión 41/2017, que derivan, respectivamente de los juicios de amparo indirecto 1886/2016 y 2536/2016, del índice del referido Juzgado de Distrito.

SEGUNDO.-Admisión y trámite. Mediante resolución de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia relativa y ordenó registrarla con el número de contradicción 12/2017; en el mismo acuerdo, solicitó a los Tribunales Colegiados involucrados la remisión de la copia certificada de las respectivas sentencias ejecutorias, asimismo, que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encontraba vigente.

En proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a los referidos órganos colegiados, remitiendo copia certificada de las ejecutorias en contradicción; asimismo, manifestando que los criterios contenidos en las referidas ejecutorias, continúan vigentes.

Finalmente, en proveído de tres de agosto siguiente, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Tomás Gómez Verónica, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una posible contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez, con base en el criterio 2a. LXXXV/2012 (10a.), de la superioridad, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ESTÁ FACULTADO PARA DENUNCIARLA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 1037, mismo Juez que resolvió los juicios de amparo indirecto de donde derivan las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión contendientes en la presente contradicción.

TERCERO.-Criterio del Quinto Tribunal Colegiado. En lo conducente, las consideraciones sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito -al resolver el amparo en revisión 783/2016-, son del tenor siguiente:

"SÉPTIMO.-Análisis del sobreseimiento. ... El recurrente sostiene que la sentencia combatida es ilegal, en virtud de que no se debió sobreseer en el juicio, pues, contrario a lo expuesto por el a quo, el recurso de inconformidad previsto en los artículos 215, 216, 217 y 220 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, es un medio de defensa optativo; además, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión.-Tal agravio, como se adelantó, es fundado, porque no se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: (se transcribe).-Como se ve, tal numeral consagra uno de los principios fundamentales que estructuran el juicio de amparo, esto es, el llamado principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; principio que encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el amparo un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en dicha norma reglamentaria.-Ahora, los artículos 215, 216, 217 y 220 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establecen: (se transcriben).-De tales numerales, se observa que las resoluciones y acuerdos administrativos, así como las sanciones por infracciones a dicha ley y su reglamento, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, podrán ser impugnados mediante el recurso de inconformidad; así como lo relativo a su procedencia y a la suspensión.-Por otra parte, debe destacarse que el numeral 9 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco dispone: (se transcribe).-Como se ve, cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, como lo es, el citado recurso de inconformidad previsto en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, éste será optativo para el particular agotarlo o intentar desde luego el juicio administrativo.-Ahora bien, por cuanto hace a este juicio administrativo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 84/2007-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 104/2007, determinó que el artículo 67, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al instituir que la parte que solicite la suspensión de los actos reclamados deberá justificar su interés jurídico, contiene un requisito adicional de los que exige la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de los actos reclamados; por lo que, al ser mayores los requisitos exigidos en la ley antes citada, que en la Ley de Amparo, se estaba en el caso de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, por lo que éste resultaba procedente, sin que fuera necesario acudir previamente al juicio de lo contencioso administrativo que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.-Tal jurisprudencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 283, de rubro y texto siguientes: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).-Cabe hacer la aclaración de que si bien la tesis transcrita interpreta diversos artículos de la Ley de Amparo abrogada, los mismos son de similar redacción a los de la ley vigente; y dicho criterio es aplicable y obligatorio al caso, al no oponerse a lo previsto en la citada Ley de Amparo vigente, en términos del artículo sexto transitorio de esta última.-En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad previsto en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues, independientemente del resultado que ello arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara tal recurso antes de la interposición del juicio de garantías, ya que, como quedó evidenciado con antelación, constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio administrativo; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso.-Cobra aplicación en el caso, en lo conducente, lo sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, en la Novena Época, que señala: ‘INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO.’ (se transcribe).-Por ello, si el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, por considerar que, en relación a la cédula de notificación, el quejoso debió agotar el recurso de inconformidad previsto en los artículos 215, 216, 217 y 220 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, tal determinación es incorrecta, pues, como se precisó, dicho recurso tiene carácter optativo, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio administrativo, pero como no es necesaria la promoción de este último, al surtirse una excepción al principio de definitividad, entonces, tampoco es necesario agotar el mencionado recurso.-En las condiciones planteadas, con fundamento en lo previsto en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado por el Juez Federal; y como no existe reenvío, este tribunal decidirá sobre los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo. ... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, para los efectos indicados en la parte final del último de los considerandos de este fallo." (fojas 49 a 54 del toca de contradicción)

CUARTO.-Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado. En lo conducente, las consideraciones emitidas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito -al resolver el recurso de revisión 41/2017-, son del tenor siguiente:

"La quejosa reclamó en el juicio de garantías las cédulas de fotoinfracción, con número de folio **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.-En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa debió agotar el recurso de inconformidad previsto en los artículos 215, 216, 217 y 220 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.-Lo anterior, bajo la óptica de que el hecho de que el artículo 215 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que regula la procedencia del recurso de inconformidad, contuviera la locución ‘podrá’, no implicaba que fuera potestativo para la quejosa agotarlo, sino que otorgaba la posibilidad de elegir entre recurrir o no el acto respectivo; además de que dicho recurso suspendía la ejecución de las sanciones ‘a petición del interesado y sin mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo en materia de suspensión’. ... En otro aspecto, el juzgador federal sostuvo que no se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaba imponerse del contenido de las cédulas de notificación de fotoinfracción reclamadas, para advertir que en ellas se invocaron como sustento para su emisión los artículos 21, párrafos (sic) IV y IX, constitucional; 175, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 18, fracción I, incisos c) y f), 19, fracción XXI, 21, fracción VI, 26, fracción VI, 196, fracción I, 198, tercer párrafo, 179, 173, fracción III, y 203 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco; 7, 8 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco; y 5 del Reglamento de Uso de Firma Electrónica Avanzada para Servidores Públicos, razón por la cual, si los actos reclamados no carecían de fundamentación, porque en ellos se expresaron los preceptos legales que se estimaron aplicables, entonces, tales actos eran susceptibles de ser impugnados mediante un recurso ordinario a través del cual pueden ser modificados, revocados o anulados; por ello -consideró el Juez a quo-, el juicio de amparo resultaba improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues los vicios atribuidos (por la quejosa) a las boletas de infracción, consistentes en falta de firma autógrafa, de requisitos de validez previstos en la normatividad aplicable, así como de una suficiente y debida fundamentación y motivación, pueden ser combatidos mediante el recurso o medio de defensa de inconformidad. ... De tal manera que el Máximo Tribunal en cuanto a la excepción al principio de definitividad en cita, como se observa, hace énfasis precisamente en la falta absoluta de fundamentación y motivación del acto, mismo que debe ser examinado como un todo, pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de seccionar el acto, y verificar si con relación a cada supuesto se expuso fundamento y motivo legal alguno; de ahí que la excepción al principio de definitividad antes analizada, se refiera a los supuestos en los que exista una ausencia total de fundamentación y motivación en el acto, sin que para ello se anteponga el que no se cite la competencia del funcionario emisor del mismo, por ejemplo, pues lo que prevalece al respecto es lo que el legislador estableció de que la excepción al precitado principio surge ante la ausencia de esas exigencias constitucionales.-En ese sentido, si la autoridad administrativa que emite la boleta de infracción que impone una multa por infringirse alguna disposición reglamentaria, cita en la boleta preceptos que justifican uno de los dos elementos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (competencia y/o causa legal), o la referencia de los mismos resultara inadecuada, aun cuando tal supuesto se traduce en un cumplimiento deficiente de la exigencia constitucional de fundar los actos de autoridad, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, porque el acto no carece de forma absoluta de fundamentación y motivación; y en ese tenor, el justiciable no tiene un desconocimiento absoluto de los fundamentos y motivos que apoyaron la decisión de la autoridad responsable, ya que con tales elementos a su alcance, está en aptitud de formular la defensa que considere pertinente, e incluso, alegar la insuficiente o indebida fundamentación del acto de autoridad o la competencia del funcionario emisor del mismo.-Acorde a lo expuesto, para que se actualice el supuesto de excepción analizado y hacer procedente el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinarios, por virtud de los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos de autoridad, resulta indispensable que se dé una ausencia total de fundamentación; pues de no darse esos parámetros el juicio constitucional será improcedente. ... Ahora bien, del análisis de las cédulas de notificación de fotoinfracción **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, remitidas como anexo al informe justificado de la autoridad responsable (fojas 49 a 55 del juicio de amparo), a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., se advierte que en ellas se invocaron, como sustento para la actuación de la autoridad responsable, los artículos 196, fracción I, 198, tercer párrafo, 179, 173, fracción III y 203 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 374 y 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco; 7, 8 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco; y 5 del Reglamento de Uso de Firma Electrónica Avanzada para Servidores Públicos.-Bajo ese contexto, contrario a lo que aduce la quejosa, ahora recurrente, en la demanda de garantías hacen valer cuestiones de legalidad -como se evidenció-, previstas en el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, relativas a los requisitos de validez del acto administrativo, consistentes en contener la mención de la autoridad que lo suscribe, y estar debidamente fundado y motivado.-Por tanto, es objetivamente correcta la determinación del Juez a quo, pues no se actualiza la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, prevista en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, a que se refiere la quejosa, ahora recurrente, consistente en que no se tienen que agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la quejosa conoce de manera exacta cuál ley es la aplicable al caso concreto, tan es así, que en su demanda de amparo refiere la legislación que estima aplicable para la actuación de la autoridad responsable y que se omitió precisar en las cédulas de notificación de fotoinfracción **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.-De lo que se colige, que esa circunstancia no lo dejó en un estado de incertidumbre e indefensión en su perjuicio, al tener la certeza de cuál es la legislación que rige los actos que le ocasionan perjuicio y que, por tanto, conoce el medio idóneo para impugnar los actos de molestia, esto es, la quejosa debió agotar el recurso de inconformidad previsto en los artículos 215, 216, 217 y 220 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción VI, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo 2536/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por **********, contra los actos que reclamó del secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo de la sentencia recurrida." (fojas 107 a 127 del sumario)

QUINTO.-Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo disponen que la figura jurídica de "contradicción de tesis" se presenta cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno, entre otras cuestiones, de la interpretación de un punto concreto de derecho, y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que establezca la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

Al respecto, el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." -lo resaltado corresponde a este Pleno-

Como se ve, la superioridad estableció que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia.

Asimismo, el Más Alto Tribunal de Justicia del País consideró que las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales; que, por tanto, no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada; cuenta habida que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis.

En el caso concreto, resulta importante destacar que ambas resoluciones en contradicción emitidas por el Quinto y el Séptimo Tribunales Colegiados homólogos, en sus respectivos recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por el Juez primario, recayeron en juicios tramitados ante el mismo juzgado, esto es, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo.

Cierto, de los expedientes de amparo indirecto 1886/2016 y 2536/2016, ambos del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la parte quejosa ********** y ********** interpusieron demanda de amparo contra diversas cédulas de notificación de infracción (actos reclamados), emitidas por personal de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco (autoridades responsables), respectivamente.

Al respecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el recurso de revisión 783/2016, sobre la impugnación de la sentencia en la que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, determinó revocarla y en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en donde en el concreto punto de contradicción sostuvo lo siguiente:

"... debe destacarse que el numeral 9 de la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco dispone:

"‘Artículo 9. Cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, SERÁ OPTATIVO para el particular agotarlo o intentar desde luego el juicio administrativo.’

"...

"Ahora bien, por lo que hace al juicio administrativo ... la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia de rubro: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. ...’

"... por ello, si el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por considerar que, en relación a la cédula de notificación, el quejoso debió agotar el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Movilidad, TAL DETERMINACIÓN ES INCORRECTA, PUES COMO SE PRECISÓ, DICHO RECURSO TIENE CARÁCTER OPTATIVO, EL CUAL PUEDE O NO AGOTARSE antes de acudir al juicio administrativo, pero como no es necesaria la promoción de este último, al surtirse una excepción al principio de definitividad, entonces, TAMPOCO ES NECESARIO AGOTAR EL MENCIONADO RECURSO."

En tanto que el Séptimo Tribunal Colegiado homólogo, al resolver el recurso de revisión 41/2017, confirmó la sentencia recurrida, y sobreseyó en el juicio de amparo 2536/2016, en la que, en la parte concreta de contradicción, sostuvo lo siguiente:

"En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA DEBIÓ AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD previsto en los artículos 215, 216, 217 y 220 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco ...

"... Lo anterior bajo el hecho de que el artículo 215 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado ... que regula la procedencia del recurso de inconformidad, contuviera la locución ‘podrá’, no implicaba que fuera potestativo para la quejosa agotarlo, sino que otorgaba la posibilidad de elegir entre recurrir o no el acto respectivo; ...

"Por tanto, es objetivamente correcta la determinación del Juez a quo, pues no se actualiza la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo ... consistente en que no se tiene que agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la quejosa conoce de manera exacta cuál ley es la aplicable al concreto, tan es así, que en su demanda de amparo refiere la legislación que estima aplicable para la actuación de la autoridad responsable ... DE LO QUE SE COLIGE QUE LA QUEJOSA DEBIÓ AGOTAR EL REC

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27548-20ecaa75/recursos-o-medios-de-defensa-en-materia-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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