RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO O INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE NIEGUE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE LOS AUTOS DE UN EXPEDIENTE, AUN CUANDO EN ELLOS OBREN CONSTANCIAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O CAUSA PENAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2014. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE FEBRERO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
II. Competencia
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"); 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante "Ley de Amparo"); y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo consistirá en determinar la procedencia del recurso de queja contra la resolución del Juez de amparo que niega la expedición de copias de constancias allegadas al contradictorio constitucional, sobre lo cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, al resolverse conforme a precedentes del mismo.(1)
III. Legitimación
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la parte quejosa en el recurso de queja penal 70/2013, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, asunto que forma parte de la contradicción de tesis.
IV. Criterios denunciados
9. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios contendientes de los Tribunales Colegiados que pudieran dar lugar a la contradicción de tesis.
A. Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 13/2009
10. A continuación, se exponen los antecedentes que dieron lugar al recurso de queja y las consideraciones esgrimidas por el citado Tribunal Colegiado en dicho fallo.
Antecedentes procesales
11. El veinticuatro de abril de dos mil siete, ********** promovió una demanda de amparo indirecto en la que reclamó, entre otras cuestiones, el acuerdo de primero de marzo de dos mil siete, dictado por el Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, en el juicio civil ordinario **********. En tal acuerdo, el juzgador apercibió a una persona que desocupara cierto inmueble en favor de otra persona (hermano) que se ostentaba como dueño, con el apercibimiento que de no hacerlo sería lanzado del mismo. A juicio del promovente de la demanda de amparo, dicho inmueble era de su propiedad, por lo que no era viable tal pretensión.(2)
12. De dicho juicio de amparo correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito de lo Civil, quien lo radicó bajo el número 451/2007. Durante su trámite, el treinta de enero de dos mil nueve, el Juez de Distrito tuvo por recibido el oficio número 1700/2009, remitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia 3B de Atención a Delitos Patrimoniales No Violentos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, mediante el cual, envió copias certificadas de la averiguación previa **********, las cuales había solicitado previamente, por lo que se ordenó formar el cuaderno de pruebas respectivo con dichas constancias, de las cuales se dio vista a la parte quejosa.
13. Así, por escrito de seis de febrero de dos mil nueve, el quejoso **********, le solicitó al Juez de Distrito copias certificadas de la totalidad de los cuadernos de pruebas que obraban en el juicio de amparo.
14. Consecuentemente, por auto de seis de febrero del mismo año, el juzgador ordenó expedir copias de la mayoría de los cuadernos, a excepción de las relativas a la citada averiguación previa, justificando tal negativa en el sigilo que debe guardarse respecto de las actuaciones que integran las averiguaciones previas y señaló que, aunque forman parte del cuaderno de pruebas del juicio de amparo, ello era sólo para estudiar el fondo del asunto.
15. En contra de dicho proveído, el quejoso interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien lo admitió bajo el número 13/2009. En sesión de veinticuatro de abril de dos mil nueve, el Tribunal Colegiado calificó los agravios como fundados y revocó el acuerdo controvertido, con base en las consideraciones que se señalan a continuación:
Argumentación de la sentencia
16. En principio, la resolución sostiene que es procedente el recurso de queja, de conformidad con el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues el proveído impugnado -que denegó la expedición de copias certificadas al quejoso respecto de un legajo de copias certificadas que obra como prueba en el juicio de amparo-, no admite expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo.
17. Superada la etapa de procedencia, el Tribunal Colegiado sostuvo que eran fundados los agravios del recurrente, toda vez que no existe disposición alguna de la Ley de Amparo o del Código Federal de Procedimientos Civiles que autorice al Juez de Distrito para negarse a expedir copias certificadas del legajo de actuaciones de la averiguación previa número **********, al obrar dicho legajo como uno de los cuadernos de pruebas en los autos del juicio de amparo en cuestión por haber sido integrado por el propio Juez de Distrito.(3)
18. Al respecto, señala que, de una interpretación sistemática del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las partes en el juicio de amparo tienen derecho a solicitar, en todo momento, la expedición de copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, sin que de las normas citadas se advierta limitación alguna al respecto.
19. Así, considera que no existe antinomia entre lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que implícitamente se apoyó el Juez de Distrito para denegar las copias solicitadas por el recurrente; sino que, considerando que todas las promociones agregadas a los autos del juicio de amparo integran válidamente el expediente respectivo y, al respecto, rigen únicamente las normas de la Ley de Amparo y de la normatividad procesal civil, sin que se pueda tomar en cuenta la legislación penal referida.
20. En este sentido, se argumenta que si alguna de las partes allega al juicio determinado documento, mientras éste tenga el propósito de demostrar algún hecho vinculado con determinado presupuesto procesal o con la litis constitucional en el caso del juicio de amparo, es claro que tal instrumento debe agregarse formal y materialmente a los autos, formando parte desde ese momento en las actuaciones judiciales y, en ese supuesto, el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito se encuentra obligado a expedir las copias certificadas que solicite el recurrente de los documentos que obren en autos.
21. Para sustentar esta conclusión, el Tribunal Colegiado: a) explicó qué debe entenderse como antinomia entre las normas adjetivas civiles y penales (aclarando que en el caso únicamente son aplicables supletoriamente las civiles); b) detalló el mecanismo en que se agregan constancias al expediente, afirmando que todas aquellas promociones con las que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene que sean agregadas a los autos, integran válidamente el expediente respectivo y forman parte de las actuaciones judiciales que pueden ser solicitadas por las partes; y, c) citó como precedente aplicable la contradicción de tesis 20/2007-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se dijo que los instrumentos notariales que obren en autos de un juicio de amparo pueden ser entregados en copias certificadas por el juzgador, ya que no se invaden competencias de los notarios públicos.
22. Con base en los razonamientos anteriores, el Tribunal Colegiado emitió la tesis de rubro y texto siguientes:
"COPIAS CERTIFICADAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE AMPARO ESTÁ OBLIGADO A EXPEDIRLAS, POR NO EXISTIR RESTRICCIÓN LEGAL AL RESPECTO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 52/2005).-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 42, bajo el epígrafe: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).’, al interpretar el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, arribó a la conclusión de que no es factible expedir copias de la averiguación previa a las personas que tienen acceso a ella. Sin embargo, dicho criterio sólo rige para la averiguación previa y el proceso penal, pero no resulta aplicable al trámite y sustanciación del juicio de garantías, el cual únicamente se rige por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, por la Ley de Amparo reglamentaria de los primeros preceptos constitucionales y, supletoriamente, por el Código Federal de Procedimientos Civiles; mas no por el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal. Motivo por el cual, si del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que los juzgadores tienen obligación de expedir las copias certificadas que las partes soliciten, respecto de documentos y constancias que formalmente sean parte de las actuaciones judiciales, esto es, que obren en el expediente de amparo, por haber sido allegadas por alguna de las partes y el juzgador haya ordenado que se agregaran por resultar pertinentes al procedimiento de control constitucional, es claro que si ninguna de las legislaciones referidas en último término, contempla restricción alguna en cuanto a ordenar la expedición de copias certificadas de una averiguación previa que se hubiese allegado al juicio de garantías, es incorrecto que el juzgador niegue la expedición de documentos de tal naturaleza, basado en la jurisprudencia antes aludida, por resultar inaplicable al juicio de amparo.(4)
B. Sentencia emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja penal 70/2013
23. El segundo criterio que forma parte del presente asunto, es el del recurso de queja recién citado, el cual derivó de los antecedentes que se relatan a continuación y dio lugar a los razonamientos jurídicos que siguen:
Antecedentes procesales
24. El catorce de agosto de dos mil catorce, ********** interpuso un juicio de amparo indirecto en contra del auto dictado el veinticinco de julio de dos mil trece, en la causa penal **********, por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. En dicho acuerdo, el juzgador local admitió a favor del encausado en la causa penal, la prueba testimonial a cargo de la mencionada persona que presentó la demanda de amparo y requirió al subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para que proporcionara el domicilio de la persona que rendiría el testimonio.(5)
25. De dicho amparo indirecto conoció la Jueza Novena de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien lo admitió bajo el número 826/2013.(6) Durante el trámite del juicio, el seis de septiembre de dos mil trece, el quejoso solicitó que le fueran expedidas -a su costa- copias simples de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y las glosas que ellas acompañaron.
26. En consecuencia, el nueve de septiembre de dos mil trece, la Jueza de Distrito dictó un auto en el que ordenó que se expidieran copias simples del informe justificado del Juez señalado como responsable, pero negó la expedición de copias de la causa penal **********, que se encontraban dentro de las glosas que acompañaron las partes para el juicio de amparo indirecto en cuestión, justificando tal negativa en que, de expedir tales copias, quebrantaría la reserva de actuaciones; sin embargo, dejó tales constancias a disposición del quejoso para su consulta en el juzgado.
27. Contra tal resolución, mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil trece, el quejoso ********** interpuso recurso de queja, del cual conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien lo admitió bajo el número de recurso de queja 70/2013.
28. En sesión de treinta y uno de octubre de dos mil trece, el Tribunal Colegiado resolvió en definitiva el recurso de queja, en el sentido de declararlo improcedente, de acuerdo con los razonamientos que se explican enseguida:
Argumentación de la sentencia
29. El Tribunal Colegiado argumentó que el recurso de queja incumple con los requisitos de procedencia correspondientes, ya que la negativa de entregar copias de una causa penal que obra en el expediente del juicio de amparo, en la que el quejoso no forma parte como víctima o procesado, no produce una afectación trascendental ni grave al quejoso.
30. Lo anterior, pues el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo aplicable, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, precisa que procede el recurso de queja únicamente contra las resoluciones de trámite que cumplan con los requisitos siguientes:
a) Que se dicten en la tramitación de un juicio de amparo indirecto, su incidente de suspensión o después de fallado el juicio;
b) En el primer caso, que no admitan recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Amparo; y,
c) Que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar daño o perjuicio a algunas de las partes no reparable en la sentencia definitiva, esto es, que tales resoluciones afecten considerablemente los intereses de las partes en el procedimiento principal o incidental de que se trate, no subsanables al fallar el juicio en lo principal.
31. Por tanto, en el caso concreto, el Tribunal Colegiado argumentó que no se satisface el tercero de tales requisitos, porque el acuerdo impugnado, aunque se trata de auto de trámite y no admite recurso de revisión, no tiene las características de trascendencia y gravedad que, de manera real y objetiva, puedan ocasionar un perjuicio al quejoso irreparable en sentencia.
32. A juicio del órgano colegiado, del análisis preliminar del acto reclamado, conforme a las constancias remitidas por el a quo en el informe para resolver este recurso, se advierte que el quejoso no tenía el carácter de procesado ni se encontraba privado de la libertad, sino que se le atribuía el carácter de testigo en el proceso del que pretende obtener las copias.
33. Así, si el acto reclamado en el juicio de amparo sólo consiste en controvertir la constitucionalidad de la solicitud de domicilio del quejoso que realizó el Juez en un proceso penal en preparación para obtener la prueba testimonial admitida a cargo del impetrante; entonces, el órgano colegiado consideró que negarle las copias del proceso penal no es una circunstancia que objetivamente sea trascendental y grave, toda vez que ya se le otorgó copia del informe justificado y nada le impide consultar el expediente por aquellos aspectos relacionados con el acto que reclama y, por ende, está en aptitud de controvertirlo sin que la negativa de las copias solicitadas le impidan el conocimiento que requiere para su asunto en especial.
34. Al respecto, se sostiene que no hay dato que demuestre que se le ha impedido el acceso al quejoso a tales constancias por parte del a quo, lo cual elimina la posibilidad del perjuicio que se le pudiera ocasionar. Adicionalmente, se señala que de cualquier manera, el asunto sería reparable en sentencia, pues si se estimara que el quejoso no tuvo la oportunidad de conocer la totalidad de las constancias anexas al informe justificado, tal efecto se desvanecería o quedaría "reparado" si el a quo concede el amparo solicitado y, para el caso contrario, el quejoso podría alegar tal cuestión en agravio al recurrir en revisión y, de resultar fundado, pudiera dar lugar a ordenar la reposición del procedimiento; con lo cual se evidencia que el perjuicio que se pudiera causar es perfectamente reparable en el fallo definitivo.
35. Finalmente, se menciona que la expedición de copias de un proceso a una persona que no es parte en el origen, sí pone en riesgo la reserva de actuaciones, mas no el sigilo que caracteriza a las actuaciones de la averiguación previa, debido a que el obtener copias de un proceso que tiene características de información reservada se puede dar a conocer aspectos relevantes de las partes en el proceso penal que no tienen relación con el juicio constitucional y, por tanto, se vulneraría esa reserva, máxime cuando el quejoso no es parte en ese proceso penal.
36. Asimismo, el Tribunal Colegiado afirmó que, si bien es cierto que la autoridad responsable incorporó al proceso de amparo la totalidad de constancias que integran el procedimiento penal -y no las que realmente sustentan el acto que se le reclama-, no por esa sola circunstancia otra autoridad debe quebrantar la reserva de éstas, cuando no tienen relevancia en relación con la litis del juicio constitucional.
V. Existencia de la contradicción
37. Esta Primera Sala considera que, con base en el estudio de los precedentes recién detallados, en el caso se actualiza una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes respecto a la procedencia o improcedencia de un recurso de queja promovido en contra de un acuerdo de trámite que negó la entrega de copias certificadas de una averiguación previa o causa penal al solicitante, a pesar de que las mismas se encuentran integradas en el expediente del juicio de amparo.
38. Antes de pasar a explicar las razones para advertir dicha contradicción, como cuestión previa, es importante señalar que tal como sucede con algunos de los criterios contendientes, para determinar si existe la contradicción planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes se sostengan en tesis jurisprudenciales. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 13/2009, emitió una tesis aislada; mientras que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sólo plasmó sus consideraciones en la respectiva sentencia.
39. En ese sentido, se estima que, por contradicción de "tesis", debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis, lo cual se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo, para esta determinación, la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(7) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8)
40. Dicho lo anterior, esta Sala concluye que existe una contradicción de razonamientos jurídicos, pues los aludidos Tribunales Colegiados resolvieron cuestiones litigiosas en las que ejercieron su arbitrio judicial y efectuaron ejercicios interpretativos con resultados discrepantes.
41. A mayor abundamiento, de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, se ha reconocido como un nuevo objetivo y forma de aproximarse a los problemas que se plantean en las contradicciones de tesis, la necesidad de unificar criterios y no únicamente en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente se requiere determinar si existe una necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
42. Así, para resolver si existe o no la contradicción de tesis denunciada, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto sus resultados- con la finalidad de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales. Por tanto, si el objetivo de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los respectivos tribunales debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se debe encontrar algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
43. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto, que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(9)
44. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que se cumplieron con los tres requisitos para la existencia de la contradicción. En primer lugar, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial para decidir si era procedente o no el recurso de queja en contra de un acuerdo que denegó la entrega de copias certificadas de ciertas documentales que obraban en el expediente del juicio de amparo.
45. Por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito manifestó que el recurso de queja resultaba procedente, toda vez que, en contra del acuerdo recurrido dictado en el trámite del juicio de amparo, no se admitía expresamente el recurso de revisión.
46. En cambio, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito desechó por improcedente el recurso de queja promovido por el quejoso en el juicio de amparo, dado que no se acreditaron los elementos procesales exigidos por la Ley de Amparo. Desde su punto de vista, el que se le negara al quejoso la emisión de copias de una causa penal integrada al expediente del juicio no era una razón suficiente para declarar procedente el recurso de queja, ya que, si bien tal acuerdo se debía considerar como una actuación dentro del trámite del juicio que no admitía recurso de revisión, lo cierto es que no se causaba un perjuicio trascendental o grave al promovente y, por ende, podía ser reparado en sentencia definitiva.
47. En ese tenor, se advierte que los órganos colegiados ejercieron su arbitrio judicial para tener o no por acreditados los supuestos de procedencia del recurso de queja correspondiente.
48. En cuanto al segundo requisito, de un análisis de las diferentes ejecutorias remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes abordaron, en principio, una misma temática con tramos discrepantes de razonamientos jurídicos: la procedencia del recurso de queja contra la determinación de un Juez o Jueza de amparo que niega la expedición de copias de constancias allegadas al juicio constitucional.
49. Como se adelantó, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el recurso de queja 13/2009, consideró que el mismo resultaba procedente, de acuerdo con el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, justificando tal determinación únicamente en que el acto impugnado no admite expresamente el recurso de revisión previsto en el artículo 83 del mismo ordenamiento.
50. Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de queja penal 70/2013, consideró que dicho medio de impugnación era improcedente, de conformidad con el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25734-14d3fc9f/recurso-de-queja-es-procedente-contra-el-acuerdo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE DOS O MÁS JUICIOS DE AMPARO. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE NIEGA AL QUEJOSO LA DEV (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE OMITE ORDENAR LA ENTREGA AL QUEJOS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO QUE LO MANIFIESTEN, EXCEPTO CUANDO LA EXCUSA SEA EL INTERÉS PERSONAL EN EL ASUNTO, ESTÁN OBLIGADOS A PRONUNCIARSE SOBRE L (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO EN EL QUE EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PA (VIII.1o.P.A.3 K (11a.))
- RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO O INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE NIEGUE LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE LOS (1a./J. 30/2015 (10a.))
- QUEJA, RECURSO DE. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA PETICIÓN DE REALIZAR EL COTEJO Y COMPULSA DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL PRINCIPAL CON LAS COPIAS SIMPLES EXH (XXI.2o.P.A.27 K)
- RECURSO DE QUEJA PROMOVIDO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA AL QUEJOSO LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO ANEXOS DEL INFORME JUSTIFICADO (I.9o.P.5 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis