RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. AL RECURSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY RELATIVA, NO LE ES APLICABLE LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD Y SUS MUNICIPIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto, del Acuerdo Plenario 5/2001, en tanto que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados contendientes.
TERCERO. Ante todo, es significativo tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan de esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios presuntamente divergentes.
En ese sentido, debe señalarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el once de diciembre de dos mil ocho, el juicio de amparo directo **********, sustentó, en la parte que a este expediente se refiere, lo siguiente:
"SEXTO. La materia de este juicio de amparo se constriñe exclusivamente a la parte del laudo reclamado en que el tribunal responsable determinó que era procedente la excepción de prescripción de la acción principal de reinstalación, así como a las acciones accesorias de la misma, esto es, los salarios caídos e incrementos salariales, bonos semestrales por concepto de dotación complementaria, aguinaldos, vacaciones y prima vacacional, todos estos derivados de aquélla; esto es así, habida cuenta que es a esta parte del fallo reclamado que los conceptos de violación se dirigen. En efecto, en sus conceptos de violación el quejoso esencialmente alega que la autoridad responsable determinó absolver a la demandada de la acción principal de reinstalación, bajo el argumento de que la demanda natural fue presentada extemporáneamente, en los términos de los artículos 23, párrafo tercero, y 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin tomar en consideración que el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del actor del juicio, fue llevado a cabo conforme a la diversa Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en la que no se establece la prescripción, por lo que debió atender a lo dispuesto en el diverso numeral 76 de esta última legislación, al analizar la prescripción hecha valer por su contraparte. El reseñado concepto de violación es fundado. Así es, según puede advertirse del laudo reclamado, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por la autoridad demandada, al considerar que el propio actor reconoció que fue notificado de la resolución sancionadora el veinticuatro de noviembre de dos mil seis, por lo que, afirmó, si el artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que prescribirán en sesenta días las acciones para demandar la reinstalación a su puesto de ‘oficial tercero’, tenía hasta el veintitrés de enero de dos mil siete para acudir ante dicho tribunal a presentar su demanda, por lo que, si, en lugar de ello, presentó su demanda hasta el seis de febrero del año próximo pasado, transcurrió en demasía el término de referencia. Ahora bien, los artículos 23, tercer párrafo, y 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en que se sustentó la autoridad responsable para declarar fundada la excepción de prescripción de referencia, establecen lo siguiente: Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios: ‘Artículo 23.’ (se transcribió). ‘Artículo 107.’ (se transcribió). Como se ve, el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que, cuando el servidor público incurra en alguna de las causales de terminación a que se refiere la fracción V del artículo anterior (se refiere al 22 de la propia ley), el titular de la entidad pública o dependencia o, en su defecto, el funcionario que éste designe, procederá a levantar el acta administrativa en la que se otorgará derecho de audiencia y defensa al servidor público y la forma en que se sustanciará tal procedimiento. Asimismo, en su párrafo tercero, señala que el servidor público que no estuviere conforme con la resolución emitida por la entidad pública, al fin de la investigación administrativa que decreta la terminación de su nombramiento y de la relación de trabajo, tendrá derecho a acudir en demanda de justicia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en un término de sesenta días contados a partir del siguiente a aquél en que se le haya dado a conocer por escrito la determinación que le afecte, lo cual se hará dentro de los diez días que sigan a aquél en que se hubiera decidido la terminación de la relación de trabajo. Aquí cabe precisar que el artículo 22 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, previene en esa fracción V, a que remite el precepto legal 23 en comento, las causas por las que dejará de surtir efectos el nombramiento de los servidores públicos de base, sin responsabilidad para la entidad pública en que aquél preste sus servicios, y que son las siguientes: ‘Artículo 22.’ (se transcribió). Por su parte, del texto del transcrito numeral 107 de la referida Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se desprende que prescribirán en sesenta días las acciones para pedir la reinstalación en el trabajo o la indemnización que la ley concede, contando a partir del día siguiente en que le sea notificado el cese. Ahora bien, en la resolución sancionatoria dictada en el expediente administrativo número **********, que constituye la resolución impugnada en el juicio de origen, se determinó que el servidor público **********, con nombramiento de ‘**********’, incumplió con las obligaciones previstas en las fracciones XVII y XXIX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en relación con lo dispuesto por el diverso numeral 28 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y 26, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros, debido a que (foja 87 del expediente administrativo ********** que obra agregado en sobre de pruebas): ... (se transcribió). Asimismo, en el considerando VI de la resolución de mérito, se estableció que el servidor público debía ser sancionado en términos del artículo 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, consistente en la destitución del cargo que venía desempeñando. En este contexto, resulta claro que los dispositivos legales en que se apoyó el tribunal responsable no pueden servir de base para realizar el cómputo de la prescripción hecha valer por la autoridad demandada, ya que la mencionada destitución del servidor público no se fundó en la fracción V del artículo 22 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a que se refiere el 23, tercer párrafo, de la propia ley, por lo que dicho numeral no encuentra aplicación en la especie, así como tampoco es aplicable el diverso precepto legal 107 de la misma ley en comento, puesto que este último regula la prescripción para el caso en que se demanda la reinstalación, pero cuando ésta deriva de un conflicto laboral y no cuando, como en el caso sucede, se trata de un servidor público que impugna una resolución dictada en un procedimiento de responsabilidad administrativa, en que dicho procedimiento se sustanció de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y se le impuso como sanción la destitución al cargo que venía desempeñando, de conformidad con lo previsto en el artículo 64, fracción IV, de ley en comento. En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que los preceptos legales relativos a la prescripción, en que se fundó el laudo reclamado, no encuentran aplicación en el caso que nos ocupa, toda vez que, como refiere el agraviado, es verdad que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco no se establece la figura de la prescripción, sino que su numeral 76 dispone que las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de dicha ley, como acontece en este asunto, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, sin que, se insiste, se prevea plazo alguno de prescripción, tal como se corrobora con su texto que dice: ‘Artículo 76.’ (se transcribió). Expuesto lo anterior, debe convenirse en que asiste razón al quejoso en cuanto alega que, si el procedimiento que le fue instaurado es de carácter administrativo, tal como se desprende de las constancias que obran agregadas al mismo (sobre de pruebas) y, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del conocimiento aplicó preceptos legales contenidos en una legislación de naturaleza laboral, siendo éstos los mencionados numerales 23, tercer párrafo, y 107 de la ley burocrática estatal, sin que exista precepto legal alguno que autorice tal remisión, de ello se sigue lo fundado del reclamo, en que se aduce que el laudo reclamado viola en su perjuicio la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la autoridad responsable determinó absolver a la demandada, bajo el argumento de que la demanda natural fue presentada extemporáneamente, en los términos de los artículos 23, tercer párrafo, y 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sin tomar en consideración que el procedimiento de responsabilidad administrativa fue llevado a cabo conforme a la diversa Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que es la que resulta aplicable. En este sentido, tiene aplicación, por los motivos que la informan, la jurisprudencia número 2a./J. 92/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 169423, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXVII, junio de dos mil ocho, página 405, que dice: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA LEY RELATIVA ES APLICABLE PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE LOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.’ (se transcribió). Igualmente aplicable resulta, por identidad de razón, el criterio de este mismo Tribunal Colegiado, contenido en la tesis número III.2o.A.133 A, de la Novena Época, con número de registro 177161, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página 1560, que dice: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NI EL CÓDIGO PENAL NI EL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SON SUPLETORIOS A LA LEY RELATIVA PARA IMPONER SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribió). En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo combatido en la parte impugnada y dicte uno nuevo, en el que vuelva a estudiar la prescripción de que se trata, desde luego sin incurrir en los vicios destacados. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, decida lo que en derecho proceda. Finalmente, no se da respuesta directa al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ni a las manifestaciones vertidas por las autoridades terceras perjudicadas, toda vez que esta ejecutoria sustenta razones suficientemente fundadas y motivadas que justifican el que no se coincida con lo que ahí se establece ..."
De dicha ejecutoria derivó la tesis que a continuación se indica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIX, febrero de 2009
"Tesis: III.2o.A.207 A
"Página: 2039
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, ES INAPLICABLE TRATÁNDOSE DE LA DESTITUCIÓN IMPUESTA EN TÉRMINOS DEL PRECEPTO 64, FRACCIÓN IV, DE LA LEY LOCAL RELATIVA. Cuando un servidor público es sancionado en términos del artículo 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, esto es, con la destitución del cargo que venía desempeñando, es inaplicable el plazo de prescripción previsto en el diverso numeral 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios respecto de la acción de reinstalación, puesto que no se trata de un conflicto laboral, sino que la destitución deriva de un procedimiento de responsabilidad administrativa sustanciado de conformidad con la ley citada en principio, en la que no se establece la figura de la prescripción; aún más, su precepto 76 dispone que las resoluciones por las que se impongan sanciones como la indicada, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, sin que se prevea plazo perentorio alguno. Lo anterior, aunado a que no existe precepto legal que autorice tal remisión a la legislación burocrática estatal.
"Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
"Amparo directo **********. **********. 11 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretaria: Claudia Patricia Guerrero Vizcaíno."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el quince de febrero de dos mil diez, el amparo directo **********, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"SEXTO. Resultan infundados en una parte, e inoperantes en el resto, los conceptos de violación. De las constancias del juicio de origen, se advierte que ********** y **********, el primero en su carácter de ********** y el último como **********, ambos adscritos al organismo público descentralizado **********, presentaron recurso ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta entidad pública, en contra de la Contraloría del Estado de Jalisco, a quien reclamaron la nulidad de la resolución de catorce de febrero de dos mil siete, dictada por el titular de dicha dependencia, en el procedimiento de responsabilidad administrativa **********, en la que se les impuso con base en lo previsto en el artículo 64, fracción IV, de la ley citada, una sanción económica por el monto de $********** (**********), en partes iguales, de tal manera que a cada uno se les determinó por la cantidad de $********** (**********); asimismo, reclamaron la nulidad de los acuerdos de tres y cuatro de octubre de dos mil seis, en los que las autoridades demandadas iniciaron en su contra el procedimiento de responsabilidad en cuestión, y las órdenes de auditoría números ********** y **********. Al dictar la sentencia definitiva ahora reclamada, el tribunal responsable, con fundamento en lo previsto en el artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el diverso numeral 25 de la propia ley en cita, declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por las autoridades demandadas, pues consideró que los actores no habían ejercido su acción para impugnar las sanciones impuestas dentro del plazo de treinta días a que se refiere el primero de los preceptos citados y, por ende, declaró la validez de las resoluciones impugnadas. En los conceptos de violación, los quejosos aducen, que la anterior determinación del tribunal responsable, viola sus garantías individuales, en razón de que indebidamente aplicó en su perjuicio, lo previsto en el artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Que lo anterior es así, porque dicho numeral regula las cuestiones relativas a la prescripción en controversias originadas con motivo de conflictos laborales; y en el caso, se trata de una controversia derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa, sustanciado conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Agregan que es erróneo lo sostenido por la autoridad de instancia, en el sentido de que si bien no se equipara a un vínculo laboral el existente entre los actos y la Contraloría del Estado, sino que se trata de una sanción de naturaleza administrativa, el procedimiento a seguir ante la impugnación presentada, es el establecido por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; que lo anterior es así, porque el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que dispone que las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de dicha ley, como acontece en este asunto, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, no condiciona el ejercicio de la acción al plazo de la prescripción previsto en la fracción VI del artículo 106 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los conceptos de violación que se acaban de sintetizar son infundados. En primer término, conviene traer a colación el artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en que se sustentó la autoridad responsable para declarar fundada la excepción de prescripción opuesta por la autoridad demandada, establece lo siguiente: ‘Artículo 106. ... VI.’ (se transcribió). Como se ve, dicho dispositivo legal, dispone que prescribirán en treinta días, las acciones para impugnar las sanciones impuestas por los titulares de las Entidades Públicas que no ameriten cese, en los términos del diverso numeral 25 del propio ordenamiento legal en cita; este último precepto aplicable al caso que se analiza, dispone: ‘Artículo 25.’ (se transcribió). Luego, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, actúa como órgano revisor de actos administrativos, ya que ese precepto legal le otorga facultades para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones sancionatorias que se impongan a los servidores públicos; dicho dispositivo legal señala: ‘Artículo 76.’ (se transcribió). También conviene traer a colación la ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil siete que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, derivada del conflicto competencial ********** entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia de Trabajo y Cuarto en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en la que determinó, entre otras cosas, lo siguiente: (se transcribió). Lo sustancial de esas consideraciones, para los fines del presente estudio, es que el Tribunal Supremo del País determinó, en síntesis, que si bien de conformidad con las disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la regulación ahí prevista contempla un solo tipo de procedimiento para los asuntos que se ventilan ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, a saber, el de índole laboral o burocrático, no por ello debe confundirse una acción propiamente laboral con la específica que se origina o nace del ejercicio del derecho que tienen los servidores públicos de la entidad para impugnar resoluciones sancionatorias, en términos del artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese Estado, pues en este caso, el carácter de la acción es puramente administrativo, como lo es el procedimiento sancionador del que deriva la resolución materia de impugnación en el juicio natural, de lo que se sigue que aquel tribunal tiene una competencia dual, pues por un lado, imparte justicia laboral y, por otro, tramita y resuelve un recurso o medio de defensa cuya sustancia es netamente administrativa por derivar de un procedimiento y de una resolución ambas de índole sancionadora. Luego, si se dejó en claro que el procedimiento que debe desarrollar el tribunal responsable tanto como para un juicio de índole laboral y como para el recurso administrativo en comento, no es distinto, es decir, debe aplicar para ambos, el previsto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y, por ende, se debe entender que las reglas procesales son las mismas; de lo anterior se sigue que, contrario a lo sostenido en los conceptos de violación, al caso sí resulta aplicable, tal como lo consideró la responsable, lo dispuesto en el artículo 106, fracción VI, de la ley burocrática en cita, porque es evidente que dicho precepto contiene una regla procesal, la cual se refiere al término con el que cuenta el actor para impugnar ante dicho tribunal las sanciones impuestas por los titulares de las Entidades Públicas que no ameriten cese, lo que se actualiza en el presente caso, ya que se trata de una sanción pecuniaria. Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no señale un término para interponer el recurso administrativo en mención, pues tal circunstancia no significa que el servidor público afectado pueda presentar ese medio de impugnación en cualquier tiempo; aceptar la idea en contrario, es tanto como contravenir los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que por una parte, se privaría a los titulares de las dependencias públicas que hayan impuesto las sanciones correspondientes de conocer cuando quedan firmes, a fin de darles ejecución con certidumbre; y por la otra, se reitera, se debe tomar en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que es válido sustanciar dicho recurso administrativo conforme a las mismas reglas procesales de un juicio de índole laboral, entre las cuales se encuentra, sin duda alguna, la relativa al plazo para la presentación de la demanda para que inicie el juicio respectivo. Bajo esas consideraciones, es infundado el concepto de violación en el que esgrimen los quejosos que el precepto señalado en el párrafo anterior, no condiciona el ejercicio de la acción al término prescriptivo a que se refiere el artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y que por esa razón, la responsable no debió aplicarlo en su perjuicio en la sentencia reclamada; de ahí mismo, el disenso de este Tribunal Colegiado con el criterio que informa la tesis III.2o.A.207 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que invocan los peticionarios en la demanda de amparo, virtud a lo cual, con fundamento en el artículo 197-A, párrafo primero, de la ley de la materia, debe denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis suscitada. El criterio que no se comparte se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 2039, y dice lo siguiente: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN, ES INAPLICABLE TRATÁNDOSE DE LA DESTITUCIÓN IMPUESTA EN TÉRMINOS DEL PRECEPTO 64, FRACCIÓN IV, DE LA LEY LOCAL RELATIVA.’ (se transcribió). En ese sentido, no asiste razón a los peticionarios en cuanto aducen, que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio el artículo 136 de la ley burocrática en cita, así como el diverso 841 de la Ley Federal del Trabajo, al aplicar en su perjuicio el artículo 106, fracción VI, del propio ordenamiento, para determinar el término prescriptivo de las acciones que los servidores públicos tienen para impugnar las sanciones impuestas por los titulares de las entidades públicas, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, cuando actúa como órgano revisor de actos administrativos, pues como se vio, dicho tribunal debe aplicar las reglas procesales del referido ordenamiento burocrático, ante la inexistencia de alguna norma que contemple una distinción tanto para la materia administrativa, como la laboral. Tampoco es obstáculo a la anterior determinación, lo alegado en los conceptos de violación, en el sentido de que no existe precepto legal alguno en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que autorice al tribunal responsable remitirse a la ley burocrática en cita para resolver la controversia de origen; se afirma lo anterior, porque como se ha visto, conforme a las consideraciones de la ejecutoria transcrita en párrafos anteriores, no se da la remisión a que se refieren los quejosos, si se toma en cuenta que el citado recurso administrativo debe sustanciarse y resolverse con base en las mismas reglas procesales que la ley burocrática en cita prevé para los juicios de índole laboral. Por otra parte, es inoperante lo manifestado por los peticionarios en los conceptos de violación, en cuanto a que: (se transcribió); ya que no se aprecia en la sentencia reclamada, que el tribunal responsable haya aplicado lo previsto en el artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en forma supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, pues al efecto sostuvo: (se transcribió). Al caso, cobra aplicación la jurisprudencia XVII.1o. J/3, que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1194, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.’ (se transcribió). En otro aspecto, también es ineficaz lo esgrimido en los conceptos de violación, en el sentido de que: (se transcribió); argumentos que apoya la parte quejosa en la jurisprudencia de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PUEDE SURGIR UN PROBLEMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, YA QUE EN ESTE SUPUESTO ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL CONFORME A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.’. Lo anterior, porque si bien el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, cuando conoce del recurso administrativo en términos del artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, asume una postura de tribunal de naturaleza administrativa -como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria precitada-, al sustanciar y resolver ese medio de impugnación, se insiste, debe aplicar las reglas procesales que prevé y desarrolla su Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aun y cuando en ese supuesto no se trate de un juicio de índole laboral; lo que obedece únicamente al hecho de que esa legislación no prevé sino un solo procedimiento, el de carácter laboral, y no porque la sanción impuesta al servidor público demandante o el procedimiento que le precedió correspondan al campo del derecho del trabajo, pues no pierde su esencia administrativa. De todo lo anterior, se viene en conocimiento, que contrario a lo que se aduce en los conceptos de violación, no resulta incorrecta por parte del tribunal responsable, la aplicación del artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para determinar la prescripción para impugnar las resoluciones sancionatorias que imponen los titulares de las entidades públicas que no ameriten cese, pues ello no afecta la naturaleza administrativa del asunto. Por último, en diversa parte de los motivos de inconformidad, se sostiene: (se transcribió). Lo anterior resulta infundado, pues no es verdad que el artículo 106, fracción VI, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en que se sustentó la autoridad responsable para declarar fundada la excepción de prescripción opuesta por la autoridad demandada, de conformidad con el diverso numeral 25 del propio ordenamiento legal en cita, sólo sea aplicable a casos en que se impugnen sanciones consistentes en amonestación, suspensión hasta por un mes en el empleo, cargo o comisión, destitución, destitución con inhabilitación en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que este último precepto al disponer, en lo que aquí interesa: (
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22417-08d042e9/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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