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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2010. · Registro digital (IUS): 22421
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 596.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, el cual, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió el amparo en revisión **********, en sesión del quince de febrero de dos mil diez, de ahí que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de quince de febrero de dos mil diez, estimó:

"... Ahora bien, en cuanto a los argumentos restantes que componen el agravio anotado en el punto b, que pretenden justificar que fue incorrecta la determinación de sobreseer el amparo dado que no se actualizaba la causa de improcedencia invocada al efecto por el juzgador, se observa que son infundados en su integridad. En ese sentido, los dos problemas jurídicos a resolver con motivo de tales planteamientos argumentos defensivos del recurrente, son: a) ¿Es aplicable la causa de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, al procedimiento de ratificación del presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como la resolución en sentido negativo del órgano legislativo, a pesar de que tal dispositivo no señale expresamente lo concerniente a la ratificación? b) ¿El procedimiento de ratificación del funcionario en cuestión y resolución desfavorable constituye un acto soberano o discrecional en términos de la causa de improcedencia de referencia? Para dar respuesta a ambos planteamientos es necesario tener en cuenta que la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene una causa de improcedencia que surge cuando esta clase de juicio se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución correspondiente les confiera la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional. Asimismo, debe mencionarse que las facultades de los órganos legislativos revisten las características de soberanía o discrecionalidad, que se precisan, cuando quien la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones; en tanto que, la propia facultad será discrecional, cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. En ese sentido, deben servir como parámetros de resolución los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXXIX/2006 y en la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, que disponen respectivamente: ‘COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). ‘CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Asimismo, de la lectura integral de las ejecutorias de las cuales derivan, se obtienen como razones fundamentales de las decisiones adoptadas en cada criterio y que resultan aplicables al caso, las siguientes: a) Las características que permiten clasificar como soberana o discrecional una facultad del órgano legislativo, no exige (sic) que el texto normativo (Constitución) le atribuya tal adjetivo sacramentalmente, sino que debe analizarse, en cada caso, con el propósito de concluir si, en atención a sus características propias, se le puede atribuir la calidad de ‘soberana’ o de ‘discrecional’, pues tales características dependen de que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla de esa manera y no de que la norma constitucional haga mención explícita de alguno de dichos adjetivos. En la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. b) En los casos referidos, entre los que destaca la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de (sic) Derechos Humanos, se determinó que la facultad del Senado para aprobar mediante votación calificada aquellas situaciones, era una facultad soberana y discrecional, conforme la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto de reforma constitucional en que tuvieron origen las bases de la actual comisión. De las cuales se obtenía que era un auténtica defensora de los derechos relativos, concebida como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por tal órgano legislativo, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. De ahí que la facultad de esa clase de nombramiento, incluyendo la ratificación, también merecía la naturaleza de ser autónoma, en tanto que la Ley Fundamental no exige que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. c) El Alto Tribunal añadió que esa voluntad del órgano colegiado -Cámara de Senadores-, al ejercer sus facultades, era expresión de la voluntad popular, lo que era un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. De modo que su ejercicio implicaba para conformar uno de los órganos públicos autónomos constitucionales, le otorgaba una significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denotaba que la actuación del órgano legislativo era de naturaleza soberana. d) En los dos supuestos abordados por la Segunda Sala, se retomó el planteamiento de que el hecho de que en la ley se prevean ciertos requisitos que el órgano legislativo relativo deba cumplir dentro del procedimiento de selección respectivo no hace desaparecer el carácter soberano y discrecional de la decisión. Esto es, que no era obstáculo en el caso del ombudsman federal la realización de una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado, formular una propuesta al Senado para la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, o bien, tratándose del procedimiento de elección de consejeros de la Judicatura en el Estado de Jalisco, que la elección fuera sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y la propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad. Lo anterior era así, porque tales parámetros no condicionaban su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, en tanto no se atribuía fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados, pues, incluso, tales medidas constituían un sistema tendente a optimizar el funcionamiento de la decisión legislativa, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. e) Asimismo se añadió que tales mecanismos de decisión no pueden interpretarse en el sentido de que hayan privado de independencia a la facultad del Congreso, en tanto que no sujetan la decisión que éste debe adoptar, a la opinión o estimación que llegue a formularse -vía propuesta o como respuesta a la convocatoria conducente-, pues sólo se trataba de sistemas atinentes a facilitar la toma de decisiones del órgano legislativo (orientados únicamente a optimizar la función del órgano colegiado relativo), sin que ello pudiera representar menoscabo a la soberanía e independencia del Poder Legislativo. Esto es, mientras la norma atribuyera al órgano legislativo la facultad de decidir por votación de sus miembros, sin sometimiento de éstos a órganos o personas ajenos, ni aquélla establezca tampoco que su decisión de elección o ratificar a esta clase de funcionarios, deba ser aprobada, sancionada o ratificada por órgano o persona distinta, habría elementos suficientes para concluir que la facultad relativa mantenía incólumes sus propiedades de autonomía e independencia o, en su caso, discrecionalidad, pues esta última característica implicaba también que la facultad relativa estaba despojada de vinculación a la decisión de terceros, sujeta a su arbitrio. f) Finalmente, destacó que la improcedencia relativa debe extenderse a cualquier otro acto emitido por el propio órgano legislativo, dentro del procedimiento instaurado para tal designación, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación apuntado, que es el único que en todo caso podría irrogar perjuicio a determinada persona, mucho menos procederá dicha acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio, máxime si la causa de improcedencia que se analizaba no atiende, como otros supuestos de improcedencia, a la etapa del procedimiento en que el acto correspondiente se emita, sino que dicha causa se refería exclusivamente, al origen del acto, esto es, a que provenga de la autoridad legislativa correspondiente, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando la Constitución (Federal o Local según sea el caso) le confiera la facultad soberana o discrecional para ello. En ese orden de ideas, tales lineamientos de interpretación jurídica resultan aplicables al caso particular en función de que el procedimiento para decidir en torno a si la ratificación del presidente del Instituto de Transparencia e Información del Estado de Jalisco y correspondiente resolución terminal del Congreso del Estado, comprenden una facultad en la que el órgano legislativo está dotado constitucionalmente de una potestad soberana o discrecional para decidir al respecto, con independencia de que el acto se emita dentro del procedimiento o se trate de la decisión terminal, así como si vincula su elección por primera ocasión o su ratificación, en tanto que en cualquier caso lo determinante es que vincula la atribución del órgano popular -legislativo-, de ejercer su decisión en cuanto al nombramiento del funcionario que preside un órgano constitucional autónomo de orden estatal como el señalado, ya sea por primera ocasión, o bien, por segunda y última vez, en cuanto a la misma persona, como sucede tratándose de la ratificación. En ese sentido, no es obstáculo como pretende el recurrente que el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, literalmente contemple el supuesto de elección, suspensión o remoción de funcionarios, como aquellos casos en que se actualiza y no así expresamente la ratificación, porque una interpretación de tal naturaleza iría en menoscabo de la razón de ser de la disposición jurídica en cons

lta y su justo alcance. En efecto, la referida improcedencia tiene por objeto que el control de constitucionalidad de actos de autoridad al que tienen acceso los gobernados por regla general, no se extienda a expresiones de poder soberano y popular como es en materia de designación o nombramiento de ciertos funcionarios por el órgano legislativo, que por razones de orden fundamental o estructural del Estado, o bien, de relevante significado constitucional, se le han conferido, desde la propia Constitución (Federal o Local), como órgano terminal. De manera que la improcedencia señalada no solamente se limita a cuando se ejerce tal facultad de selección y nombramiento del funcionario de órgano estatal de que se trate por primera vez como es su elección, sino también comprende las figuras jurídicas que vinculen su permanencia en el cargo, ya sea que se trate de la suspensión (temporal) o su remoción (destitución definitiva), o bien, de su ratificación, en los casos en que se prevé tal supuesto con la finalidad de generar una posibilidad de continuidad en la función pública de orden relevante por el periodo o plazo que autorice la norma. Así, en cualquiera de tales supuestos se puede estar frente a una potestad del órgano popular no solamente autónoma, sino principalmente en donde el marco constitucional y reglamentario evidencia que no es presupuesto que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso, así como que queda a su arbitrio o discrecionalidad el decidir sobre tales temas de relevancia constitucional. Asimismo, debe mencionarse que el sentido que debe atribuirse a la causa de improcedencia referida, si bien, inicialmente debe atender en primer lugar, a la interpretación gramatical. También es verdad que en caso de que ese método no proporcione la significación adecuada, que guarde coherencia con el texto normativo, entonces puede acudirse a algún sistema de interpretación distinto, pues se debe partir de la base de que en la ley se utilizan las palabras en su acepción más común; por tanto, cuando surjan conflictos normativos, dentro del propio texto de la disposición relativa o en relación con lo dispuesto en norma diversa, de igual, mayor o menor jerarquía, en atención al caso concreto, será aceptable que el intérprete de la norma se apoye en algún método distinto al gramatical. Por ende, dada la razón de ser y finalidad de la causa de improcedencia en cuestión conforme a los parámetros que se han anotado anteriormente, es suficiente que la facultad relativa tenga los atributos que permitan conceptuarla como soberana o discrecional, sea elección o ratificación de ese tipo de funcionarios, aunque la norma en cuestión no haga mención explícita de este último supuesto, para que se genere la improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Además, como lo evidencia el primer precedente citado (2a. LXXXIX/2006), tal improcedencia se actualiza igualmente cuando se reclama la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, por igualdad de razón, ello puede acontecer tratándose de la ratificación del presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, porque también se trata de un órgano constitucional autónomo y la votación calificada para resolver al respecto (dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado), no se encuentra sometida a revisión o control de otro órgano, aunado a que constituye el ejercicio de una potestad discrecional. En cuanto este último punto que vincula el segundo problema jurídico a contestar, es decir, si el procedimiento de ratificación del funcionario en cuestión y resolución desfavorable constituye un acto soberano o discrecional en términos de la causa de improcedencia de referencia, es oportuno mencionar que efectivamente se trata de actos de tal naturaleza por los siguientes motivos. Del análisis armónico de los artículos 9o. y 35, fracción XXXIII, de la Constitución de Jalisco en relación con los numerales 36, 38 y 44 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, se desprende como aspecto relevante que el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, tiene la naturaleza de órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y, para su funcionamiento contará con un consejo, conformado por un presidente y dos consejeros titulares, así como por los suplentes respectivos, quienes son nombrados mediante el voto de dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, o por insaculación, conforme a los requisitos y procedimientos que establece la ley, con una duración de cuatro años en el cargo con la posibilidad de ser ratificados únicamente por un periodo igual. De las diversas iniciativas presentadas para la reforma tanto de la Constitución Política como de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, se obtiene que fueron coincidentes en señalar la necesidad de establecer un órgano autónomo encargado de promover la transparencia administrativa, así como la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública. En efecto, en cuanto a la figura del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco como organismo constitucional autónomo de orden local, su origen, finalidad y ámbito de proyección de su autonomía, así como las excepciones conducentes a ésta como son el nombramiento de los consejeros que lo integran por el órgano legislativo, es oportuno retomar el análisis formulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de veintidós de mayo de dos mil seis, la controversia constitucional **********, de cuya ejecutoria se enfatiza la exposición de motivos y dictamen de la legislación conducente, en que tuvo origen la creación de tal instituto, y lo cual se estudió como se cita a continuación: ‘... Por lo que la obligación de transparentar las acciones de gobierno y el derecho recíproco de la ciudadanía de acceder a la información pública, son dos principios fundamentales garantizados en nuestro sistema jurídico, y que están íntimamente relacionados con la participación democrática y la representatividad, pues no puede haber verdadera democracia y representatividad, sin la transparencia en el ejercicio del poder público. De las diversas iniciativas presentadas para la reforma tanto de la Constitución Política como de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, fueron coincidentes en señalar la necesidad de establecer un órgano autónomo encargado de promover la transparencia administrativa, así como la difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública. Las razones que se tuvieron para arribar a tal propuesta, fueron entre otras, las siguientes: «... A dos años de aprobada la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, la práctica ha demostrado que a pesar de ser un buen instrumento jurídico para poder acceder a la información que se encuentra en poder del Estado, tiene algunas deficiencias que vuelven lento y complejo el acceso a la información de interés público; entre otras no se aprecia el contenido y alcance del derecho a la información, se excluye a la sociedad en el proceso de acceso a la información y no prevé un órgano que vigile y garantice este derecho fundamental; en general, nos encontramos con un vacío legal, al no establecerse medidas que aseguren y no obstaculicen el completo acceso a los documentos públicos. Uno de los objetivos de la ley que aquí se presenta, es el acceso a la información con la participación del Estado y sociedad y convertirse en una herramienta para el combate a la corrupción. Los ciudadanos, como ostentadores del poder soberano delegado a sus gobernantes, tienen el derecho y deben conocer toda la información relacionada con la administración pública. La normatividad que aquí se presenta, reconoce la garantía fundamental del libre acceso a la información como el derecho de toda persona para acceder, reproducir, difundir y publicar los documentos e información públicos; establece además como principios de transparencia la documentación de las decisiones gubernamentales, el fácil acceso a la información pública como a la rendición de cuentas y el conocimiento por parte de la ciudadanía de las responsabilidades y funciones de los servidores públicos. La información pública, les concierne a todas las personas, y en esta ley se contempla el derecho a la libertad individual de decidir el destino de la información que se solicite. Asimismo, esta ley especifica la obligación de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos, dependencias, todos los funcionarios que en éstos laboren y partidos políticos, a permitir el acceso a la información a cualquier persona; de igual manera, se establece el deber de publicar sus atribuciones, servicios y percepciones. Se pretende que con esta legislación, se dé respuesta a las solicitudes de información de cualquier persona en el menor tiempo posible, estableciendo límites de tiempo para la entrega de la información solicitada o en su caso de la resolución que funde y motive el impedimento de la autoridad para no proporcionar lo gestionado. En este orden de ideas, para garantizar la protección al derecho a la información y a la transparencia pública, es primordial la instalación de un órgano ciudadano autónomo, con atribuciones ejecutivas para instruir y vigilar ese derecho fundamental, que propicie la participación ciudadana, que denuncie y realice los procedimientos necesarios para sancionar a los servidores públicos que impidan y obstaculicen esa garantía; por lo que se propone la creación del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Jalisco, así como Direcciones de Acceso a la Información. En conclusión, la información pública debe darse a conocer en todos los ámbitos sociales, fundamentalmente a la ciudadanía, siendo indispensable sancionar política, penal, administrativa y civilmente a quienes obstaculicen el derecho a la información, en razón a las consecuencias o daños económicos, políticos morales o personales que se hubiesen generado por violaciones a esta garantía fundamental.». Tales motivos fueron retomados por las Comisiones del Congreso del Estado de Jalisco, cuyo documento fue la base de discusión en el seno del Pleno de ese órgano legislativo, considerándose lo siguiente: «... Uno de los ejes rectores de la presente ley es la creación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, como órgano garante de las disposiciones de la ley. Su naturaleza jurídica es la de un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le da libertad de administrar el patrimonio asignado en el presupuesto de egresos. Para tal efecto, tendrá que recordarse que la teoría constitucional moderna, ha reconocido que es posible la creación de órganos o entidades distintas a los tres poderes tradicionales, que independientes de ellos por realizar funciones que no pueden o no es conveniente encuadrarse dentro de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, conforman un todo armónico en el sistema jurídico mexicano. La creación de este órgano, cuyo sustento se encuentra en la Constitución Política del Estado de Jalisco, se deriva del ejercicio de las fac

ltades implícitas de que goza el Congreso del Estado. La autonomía que se le otorga impide la injerencia de otras entidades en su vida y manejo internos, con las excepciones que señala la propia ley, como en el nombramiento de los consejeros por parte del Congreso del Estado. Esta situación no implica ruptura entre el instituto y los demás órganos del poder público, sino una colaboración respetuosa de las atribuciones propias de cada uno. Pero sobre todo, la autonomía constitucional que se le otorga posibilita (sic) al instituto para que sus resoluciones sean vinculatorias, es decir, obligatorias y definitivas para los sujetos obligados. Al momento de considerar la creación del instituto, que se encuentra respaldado prácticamente por todos los sectores sociales y académicos que se consultaron, se valoró si un órgano más no vendría a engrosar ineficazmente la estructura administrativa actual. Al final del debate, no lo consideramos de esa forma. La cultura de la transparencia y del ejercicio del derecho a la información, sobre todo por su poca aplicación en la realidad de México y de Jalisco, hacen necesario un órgano imparcial que promueva estos dos ámbitos dentro de nuestro sistema democrático. De esta manera, los beneficios que se esperan como resultado de su creación, ya explicados al comentar la importancia de la transparencia y del ejercicio del derecho a la información, superan en todo caso las críticas por los recursos adicionales que se destinarán a este organismo. Ahora bien, la naturaleza ciudadana del instituto le otorga peculiaridades propias, no porque la <ciudadanización> de un órgano sea la panacea para un buen funcionamiento del mismo, pues al fin y al cabo los servidores públicos son también ciudadanos, sino más que nada porque esta cualidad intenta restarle un manejo político y gubernamental a un tema que requiere estar ajeno a intereses de este tipo. En este sentido, sin que sea una garantía total, la conformación del instituto por persona que en principio no tienen los intereses señalados permitirá un manejo más objetivo e imparcial de sus atribuciones específicas.»-Finalmente, dichas cuestiones culminaron con las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco y a la Ley de Transparencia e Información Pública de la entidad. Como puede advertirse de todo lo antes relacionado, la intención del Órgano Reformador de la Constitución Política, en uso de su facultad autónoma y soberana de que goza en su régimen interior, fue la de establecer un ejercicio del derecho a la información y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que incurran en esas prácticas. ... Además, ni la circunstancia de órgano público autónomo especializado encargado de promover la transparencia, difusión, protección y respeto al derecho, dotándolo, derivado de la autonomía constitucional otorgada, para que sus resoluciones sean obligatorias y definitivas, es decir, vinculatorias para todos los sujetos obligados, ello para evitar que éstos obstaculicen la transparencia y el que se prevea que sus resoluciones serán definitivas, inatacables y vinculantes, coloca al citado instituto por encima de los Poderes Estatales, pues tal atribución amén de ser un rango que caracteriza su independencia y garantiza su autonomía para llevar a cabo la función estatal que le fue encomendada; el reclamo social, según deriva de los motivos expuestos, fue el de contar con un órgano imparcial que hiciera viable y real la participación democrática, que sancione a los servidores públicos que impidan u obstaculicen la transparencia y el acceso a la información pública y garantizara que la información que proporcione el Estado, sea veraz, completa, oportuna y actual en beneficio de la sociedad, en quien originariamente reside el poder soberano, lo cual no podía lograrse, a juicio del Órgano Reformador de la Constitución Local, más que dotando al referido órgano especializado, con autonomía constitucional y que sus resoluciones fueron vinculantes, para evitar, precisamente, la discrecionalidad de los entes obligados en el cumplimiento de la garantía del derecho a la información.’ (énfasis añadido). Del anterior criterio derivó la tesis aislada P. VIII/2008 del Tribunal Pleno, que dispone: ‘INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO. SU CREACIÓN COMO ÓRGANO PÚBLICO AUTÓNOMO ENCARGADO DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA ENTIDAD, ES CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Lo expuesto con antelación permite llevar a las consideraciones preliminares siguientes: a) Las bases del actual Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, como auténtico defensor de los derechos relativos y concebido como organismo constitucional autónomo, implica que no sólo cuenta con independencia técnica y financiera así como personalidad propia, sino además comprende un cualificado tipo de órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22421-a8883daf/instituto-de-transparencia-e-informacion-publica-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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