REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN QUE EXISTIÓ VIOLACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y, CON MOTIVO DE ELLO, ORDENE LA DEVOLUCIÓN DE UN TRIBUTO LOCAL PAGADO, CON CARGO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, PRIMERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan los criterios contradictorios, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por la presidenta de uno de los Tribunales Colegiados que sustentaron los criterios denunciados como contradictorios, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en términos del criterio que se reproduce a continuación, con los datos de localización correspondientes:
"No. Registro: 803032
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 63, marzo de 1993
"Tesis: 4a./J. 4/91
"Página: 17
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver la revisión fiscal 465/2009, en sesión de tres de junio de dos mil diez, por unanimidad de votos, sostuvo en la parte conducente lo siguiente:
"SEGUNDO. El recurso de revisión es procedente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción III, incisos a), e) y f), de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dado que se interpone en contra de una sentencia dictada en un procedimiento en el que se analizó una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de una autoridad del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la citada Secretaría de Estado; en la que se abordó el tema de interpretación de diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aduciendo la autoridad recurrente, que la sentencia es violatoria del artículo 50 de la indicada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que afecta el interés fiscal de la Federación, ya que se condenó a la Tesorería de la Federación a la devolución de los enteros realizados por la actora, por concepto del impuesto sobre nóminas, correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil dos y dos mil tres; por ello, resulta aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 11/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 240, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.’ (se transcribe). Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, número 2a./J. 140/2008, derivada de la contradicción de tesis número 81/2008-SS, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LAS SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)- ... SEXTO. Los agravios son sustancialmente fundados para revocar la sentencia que se revisa. En efecto, previo a su análisis es oportuno destacar, a manera de antecedentes, lo siguiente: 1) **********, en representación legal de **********, el día diecinueve de febrero de dos mil ocho compareció a demandar la nulidad de la resolución recaída a un recurso de inconformidad número SAT 13/2007, contenida en oficio número 325-SAT- 09-09-RA2-(60)-68317, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete, dictada por el administrador de recursos administrativos de la Administración Central de lo Contencioso, a su vez, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se determinó, en la parte esencial, lo siguiente: ‘Primero. No existe incumplimiento a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal por parte del Estado de Jalisco, al gravar los pagos que en efectivo o en especie realicen las personas físicas o jurídicas por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón, a saber impuesto sobre nóminas en el Estado de Jalisco, en el periodo comprendido del mes de enero de 2002 al de noviembre de 2006. ...’ (foja 77 del juicio de nulidad). Del texto de la resolución impugnada, cuyo punto primero resolutivo se transcribió en el párrafo que antecede, se aprecia que el aludido recurso de inconformidad, se interpuso por la persona moral actora, contra el Gobierno del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el día dieciséis de febrero de dos mil siete (lo que se corrobora con el acuse de recibo relativo que obra a folio 78 del juicio natural), ‘... al considerar que incumplió con las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y con lo estipulado por el artículo 41, párrafos primero y segundo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por el cobro del impuesto sobre nóminas, durante el periodo comprendido del mes de enero de 2002 al de noviembre de 2006, violando flagrantemente el convenio de adhesión a dicho Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.’ (Foja 45 del juicio de origen). 2) El día veinte de febrero de dos mil ocho, el Magistrado instructor de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, admitió la demanda de nulidad de que se trata, y ordenó correr traslado con la demanda y anexos a las autoridades demandadas para que la contestaran en el plazo de ley, así como a la autoridad tercero interesada, Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para que, de estimarlo pertinente, compareciera a juicio en defensa de sus intereses y, así mismo, requirió a la demandada, Administración de Recursos Administrativos de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, para que remitiera ‘... un ejemplar de los autos que integran el expediente que dio origen a la resolución impugnada ...’ (foja 106 del juicio contencioso administrativo). 3) Al contestar la demanda, el encargado de la defensa jurídica de las autoridades demandadas, acompañó copia certificada por el administrador de lo contencioso ‘6’, en suplencia por ausencia del administrador central de lo contencioso y de otras autoridades, ‘... de la totalidad de las constancias que sirvieron de base para la emisión de la resolución del recurso de inconformidad número SAT 13/2007, contenidas en los autos del expediente abierto a nombre de ********** y se expide en doscientas sesenta y tres fojas útiles, a los veintitrés días de abril de dos mil ocho.’ (foja 412 vuelta del cuaderno de nulidad). En este tenor, entre dichas constancias, tal como lo apreció la Sala Regional, se encuentran diversos pagos realizados por la actora en el juicio de origen, por concepto de impuesto sobre nóminas, en los ejercicios fiscales dos mil dos a dos mil seis. 4) La Sala Fiscal y Administrativa, el día veinticuatro de junio de dos mil nueve dictó sentencia definitiva, en la que, luego de desestimar la causal de improcedencia hecha valer por las autoridades demandadas en su oficio de contestación, consideró que la accionante del juicio había probado su acción, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada, en términos de lo establecido por el artículo 51, fracción IV, en relación con el 52, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ‘... para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva en la que siguiendo los lineamientos contenidos en el presente fallo, resuelva que el Estado de Jalisco únicamente incurrió en violación a las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal al gravar mediante el impuesto sobre nóminas los pagos que en efectivo o en especie realicen las personas físicas o jurídicas por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón, en el periodo comprendido de enero de 2002 a diciembre de 2003, mas no así por el diverso de enero de 2004 a noviembre de 2006 (ya que el impuesto sustitutivo del crédito al salario estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2003) y, como consecuencia, reconozca el derecho de la parte actora para obtener en devolución las cantidades que dicha entidad federativa le cobró por concepto de impuesto sobre nóminas en el periodo citado en primer término, aplicando, para tal efecto, las disposiciones legales conducentes del Código Fiscal de la Federación, en específico, lo dispuesto en los artículos 17-A, 22, 22-A y 22-B, acorde con lo previsto en el diverso 11-A, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal.’. Las consideraciones medulares que llevaron a la Sala Regional a determinar lo antes señalado, consistieron, en principio, que no se concretaba la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico hecha valer por las autoridades demandadas en su oficio de contestación a la demanda, ya que por una parte, estableció que ese aspecto debería atenderse una vez que se analizara el fondo del asunto; luego, hecho lo cual, precisó en primer lugar, que el que se hubiere o no ejercido la opción que establece el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta (que crea el impuesto sustitutivo de crédito al salario), tal situación no cambia la naturaleza de ese tributo, estableciendo posteriormente que la actora no estaba controvirtiendo un doble pago, sino la obligación de un doble pago; por ello, que la circunstancia de que no se haya acreditado que la actora haya realizado el pago del impuesto sustitutivo de crédito al salario, sólo daba lugar a la omisión en ese sentido, lo que pudiese dar lugar a su entero posterior, pero que ello de ninguna manera implicaba que no existiese afectación a su esfera jurídica. Luego, la Sala Fiscal para declarar la nulidad de la resolución impugnada, consideró, básicamente, que los numerales donde se prevén los impuestos relativos al sustitutivo del crédito al salario y sobre nóminas, gravan el mismo hecho generador y sujeto pasivo. Sin embargo, la Sala Regional precisó que aun cuando la actora acreditó que realizó diversos pagos en los ejercicios fiscales dos mil dos al dos mil seis, por concepto del impuesto sobre nóminas, sólo analizaría la doble obligación de pago, durante los ejercicios dos mil dos y dos mil tres, en tanto que el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, reformado el treinta de diciembre del mismo año, sólo permaneció vigente esa anualidad de dos mil dos, y la siguiente, dos mil tres, ‘... mas no así por los diversos ejercicios de 2004, 2005 y 2006, toda vez que en éstos no estuvo vigente el impuesto sustitutivo del crédito al salario.’ (foja 475 del juicio de nulidad). Y, de esa forma, la juzgadora de origen concluyó que el Estado de Jalisco, contravino el Sistema de Coordinación Fiscal, ‘... a la luz de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, el Convenio de Adhesión que al efecto suscribió con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, habiéndose concluido que sí se dio dicha violación en el ámbito legal ...’ (foja 476 vuelta del juicio contencioso administrativo). Y que, en consecuencia, el gobierno de la entidad, cobró indebidamente a la parte actora, al recibir diversos pagos, el impuesto sobre nóminas por los ejercicios fiscales dos mil dos y dos mil tres, y que, contrario a lo establecido en la resolución impugnada ‘... la accionante tiene derecho a que las cantidades respectivas le sean devueltas por la Tesorería de la Federación, acorde con lo dispuesto por el artículo 11-A, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, en específico, en los diversos 17-A, 22, 22-A y 22-B.’ (foja 477 del cuaderno fiscal). 5) En contra del sintetizado fallo que estableció el derecho de la enjuiciante a recibir por parte de la Tesorería de la Federación el reintegro de los enteros realizados por concepto de impuesto sobre nóminas, en los ejercicios dos mil dos y dos mil tres, el encargado de la defensa jurídica de las autoridades demandadas interpuso el recurso de revisión fiscal a que esta ejecutoria se concreta, cuyos agravios, en los que aduce que dicha determinación es incorrecta, como se anticipó, son sustancialmente fundados para revocar el fallo que se revisa, mismos que se analizarán en un orden diverso al planteado, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así es, el recurrente en su argumento ident
ficado con la letra ‘F’, alega esencialmente que la Sala Regional valoró indebidamente el caudal probatorio existente en los autos del expediente natural, toda vez que estableció que la autoridad estatal ‘... debió suspender la recaudación del referido impuesto local ...’ (sobre nóminas), por los ejercicios fiscales dos mil dos y dos mil tres y que, al no hacerlo, violó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, apreciación que, sostiene la autoridad inconforme, es incorrecta, dado que ‘... contrario a lo manifestado del análisis de las constancias que obran en autos, consistentes en los recibos bancarios y recibos de la declaración del impuesto sobre nóminas por los ejercicios fiscales de 2002 y 2003, no prueban que la autoridad estatal actuó en forma positiva en la recaudación del impuesto sobre nóminas y que efectivamente «cobró» dicho impuesto, pues de las pruebas aportadas en el juicio contencioso no se desprende que la autoridad haya requerido el pago del impuesto de mérito, sino que lo único que se desprende es que, supuestamente, el contribuyente realizó la acción positiva de autodeterminarse los adeudos fiscales basados en la normatividad estatal y pagarlos.’ (foja 22 vuelta del toca). Al respecto, agrega el recurrente, que al no advertir la Sala de origen que la autoridad hacendaria estatal no realizó gestiones de cobro para la recaudación del impuesto sobre nóminas, sino que la contribuyente, en todo caso, lo pagó de motu proprio al autodeterminárselo, apreció de manera indebida las constancias que obran en los autos del juicio contencioso administrativo, pues ‘... el hecho de que el contribuyente siguiera pagando la contribución estatal que hoy estima violada, no prueba otra cosa que su acto resultó contradictorio con lo que expuso en su demanda de nulidad ...’ (foja 22 vuelta). Asimismo, en su agravio identificado con la letra ‘I’, el disconforme añade que la sentencia recurrida es incongruente, en tanto que parte del supuesto de que aun cuando no se acreditó el pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario, ello no resultaba trascendental, en tanto que lo que importaba era que se daba una doble obligación de pago con relación al impuesto sobre nóminas, y que podía el primero pagarse en un futuro, o bien la autoridad hacendaria ejercer su facultades de comprobación y requerir el entero correspondiente. Bajo este contexto, el recurrente alega que ‘... la a quo omite tener en consideración las circunstancias reales o actuales del caso, en primer lugar, de acuerdo a los ejercicios fiscales de que se trata en relación con el año calendario actual y la posibilidad legal de enterar o cobrar el impuesto de referencia en función del transcurso del tiempo.’ (foja 27 vuelta del toca). En este mismo orden de ideas, la autoridad inconforme refiere que no es posible que la autoridad hacendaria requiriera el pago del impuesto sustitutivo del crédito al salario a fin de que pudiera actualizarse un caso de doble tributación, atendiendo, además de a la figura de la caducidad de las facultades de comprobación, a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Nación que declaró inconstitucional dicho extinto tributo. Ahora bien, se dice que los anteriores agravios son sustancialmente fundados para revocar el fallo que se revisa, toda vez que asiste la razón a su oferente, cuando alega que la sentencia sujeta a revisión es incongruente, en tanto que no resulta factible devolver las cantidades pagadas por el impuesto sobre nóminas, como enseguida se verá. Como lo señala el recurrente, y lo estableció también la Sala Regional en el fallo impugnado, no existió un requerimiento por parte de la autoridad hacendaria estatal respecto del entero del citado impuesto sobre nóminas, toda vez que, de las constancias que obran en autos del juicio natural, aportadas por las autoridades demandadas en virtud del requerimiento formulado al respecto por la Sala de origen, se aprecia que la contribuyente actora realizó diversos pagos por concepto del tributo estatal de que se trata durante los ejercicios fiscales de dos mil dos y dos mil tres, aspecto éste, que conviene señalar, constituye la materia de la revisión, en tanto que la improcedencia sostenida por la Sala Fiscal, en cuanto al reintegro del tributo estatal en comento enterado por la contribuyente actora por los diversos ejercicios fiscales dos mil cuatro a dos mil seis, fue descartado por la propia juzgadora de origen, como se ha destacado en párrafos precedentes, sin que exista controversia al respecto por la parte a quien perjudica. Luego, si la propia persona moral actora pagó el impuesto sobre nóminas durante las anualidades dos mil dos y dos mil tres -en las que estuvo vigente el impuesto sustitutivo del crédito al salario-, sin advertirse que se hubiese inconformado al respecto en esa época, o controvertido las disposiciones legales que lo establecían, y no fue sino hasta el día dieciséis de febrero de dos mil siete, como se destacó en párrafos precedentes, cuando presentó su inconformidad ante el Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo establecido en el artículo 11-A de la Ley de Coordinación Fiscal, esto es, en fecha posterior a la derogación del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecía el impuesto sustitutivo del crédito al salario (en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de dos mil tres), entonces este Tribunal Colegiado considera que no procede el reintegro ordenado por la Sala Regional, puesto que en el momento en que se enteró el impuesto sobre nóminas de que se trata, ello se realizó en acatamiento a las disposiciones legales que se encontraban vigentes, y que eran de observancia obligatoria y gozaban de plena eficacia jurídica al momento de realizarse los pagos. El anterior criterio, fue adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión número 1029/2009 el día doce de agosto de dos mil nueve, en donde estableció que en el análisis de casos semejantes, como cuando se pretende la devolución de cantidades pagadas con antelación, derivada de la tramitación de una consulta, el Alto Tribunal ha estimado que la concesión del amparo únicamente puede proyectarse hacia el futuro, y a partir de la actuación en que se hizo patente la inconformidad del gobernado -en tanto que la constitucionalidad del impuesto no fue controvertida en sí misma, a partir de su entrada en vigor, o de su primer acto de aplicación-, es decir, que sólo resulta procedente la devolución a partir de la fecha en que se realizó la consulta. Criterio que la mencionada Primera Sala aplicó analógicamente para resolver un caso similar al aquí analizado, invocando al respecto la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que igualmente este órgano colegiado aplica por analogía, contenida en la jurisprudencia 2a./J. 6/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 314, que dice: ‘DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. PROCEDE CUANDO LA SOLICITUD RESPECTIVA SE REALIZA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA CONSULTA FISCAL EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DETERMINÓ QUE UNA NORMA NO ES APLICABLE POR EXISTIR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA SU INCONSTITUCIONALIDAD, PERO SÓLO RESPECTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE TAL CONSULTA.’ (se transcribe). La parte conducente de la indicada ejecutoria pronunciada en el amparo directo en revisión número 1029/2009, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día doce de agosto de dos mil nueve, dice lo siguiente: (se transcribe). Por tanto, con base en todas las consideraciones anteriores que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este Tribunal Colegiado hace suyas, se pone de manifiesto que no es factible la devolución del impuesto sobre nóminas enterado por la persona moral actora durante los ejercicios fiscales dos mil dos y dos mil tres, en virtud de que el impuesto sustitutivo del crédito al salario, previsto en el otrora artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado el uno de enero de dos mil dos en el Diario Oficial de la Federación, estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres y, por ende, a la fecha de la presentación de la inconformidad por dicha contribuyente, el dieciséis de febrero de dos mil siete, ya no se encontraba en vigor el tributo federal, con el cual, según lo alegado en ese medio de defensa administrativo, existía una doble imposición por parte de la autoridad hacendaria estatal al cobrar el impuesto sobre nóminas. Respecto a haber adoptado en este fallo las consideraciones de la superioridad en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión antes mencionado, se invoca la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 126/99, publicada en la página 35, del Tomo X, noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que versa como sigue: ‘SENTENCIA. CUANDO EL JUEZ CITA UNA TESIS PARA FUNDARLA, HACE SUYOS LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN ELLA.’ (se transcribe). En similar sentido, se comparte lo sostenido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.1o. J/3, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 470, que versa como sigue: ‘TESIS DE LA SUPREMA CORTE QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA. ES CORRECTO APOYARSE EN LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN ELLAS.’ (se transcribe). En consecuencia, lo que procede es revocar la sentencia recurrida a fin de que la Sala Fiscal y Administrativa, una vez que la deje insubsistente, pronuncie otra en la que, una vez que prescinda del criterio que en esta ejecutoria se estimó ilegal, pronuncie otra como corresponde conforme a derecho. Dado que resultó fundado el argumento examinado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, resulta innecesario analizar los restantes motivos de inconformidad planteados en el pliego de agravios. Sobre el particular se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, contenido de la jurisprudencia número VI.2o.A. J/9, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de dos mil seis, página dos mil ciento cuarenta y siete, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Acerca de que deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de los conceptos de anulación no estudiados en la sentencia que pronunció, resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y uno, página 48, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Es pertinente agregar que este tribunal no desatiende que lo aquí expuesto difiere de lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, en sesión de veintitrés de marzo de dos mil diez quien, por mayoría de votos, concluyó que el recurso de revisión fiscal número 435/2009 era improcedente; así como lo estimado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en este Tercer Circuito, el tres de mayo de dos mil diez, en el recurso de revisión fiscal número 434/2009, quien por su parte, confirmó la sentencia recurrida; así como de lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la revisión fiscal 382/2010 (derivada del recurso de r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22542-9ac33e93/revision-fiscal-procede-contra-las-sentencias-dictadas-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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