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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA SURGIDA DE CRITERIOS SUSTENTADOS EN AMPARO DIRECTO Y EN REVISIÓN FISCAL. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE EMBARGOS, SÓLO PROCEDE CUANDO EL DEUDOR ALEGUE QUE RECAYERON SOBRE BIENES INEMBARGABLES, CONFORME AL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2010. · Registro digital (IUS): 22226
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1083.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Por otro lado, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

Así es, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, toda vez que resolvió uno de los asuntos de los que deriva la presente contienda.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

Los denunciantes de la contradicción de tesis en que se actúa, en su escrito correspondiente adujeron que existe discrepancia de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al emitir resolución en el amparo directo ********** (anteriormente registrado como amparo directo ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito) y lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo directo **********; y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********.

El Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en sesión de nueve de febrero de dos mil diez, resolvió por unanimidad de votos el amparo directo ********** (anteriormente registrado como amparo directo **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito) promovido por ********** con base en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Los conceptos de violación identificados como ‘primero’ y ‘segundo’ resultan infundados, en tanto que el ‘tercero’ en realidad sólo contiene una petición que, desde luego se atiende, en el sentido de que se considere la causa de pedir, esto es, sin exigir la formulación rigorista de argumentos en forma de silogismo jurídico.

"Lo anterior, porque la solicitud de que se considere la causa de pedir es conforme con la jurisprudencia P./J. 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’

"Antes, precisa decir que en sus argumentos, la quejosa no controvierte la declaratoria de validez que recayó en los créditos fiscales controvertidos en la demanda de nulidad, ni el sobreseimiento decretado por la Sala responsable en relación con el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago y el acta levantada al respecto.

"Por ello, en lo que a esos actos atañe, se dejan intocadas las consideraciones en que se sustenta la sentencia que se reclama.

"En cambio, sí combate el sobreseimiento que la juzgadora responsable decretó con respecto al acto de ejecución de aquellos créditos, consistente exclusivamente en el embargo practicado por la autoridad demandada. Y esto lo hace justamente en sus dos conceptos de violación ya precisados.

"No tiene razón la quejosa.

"En su primer argumento alega que la Sala Fiscal no debió decretar ese sobreseimiento en relación con el acto impugnado que consiste en un embargo. Afirma que el mismo resulta legalmente impugnable en revocación y, por ende, en juicio de nulidad, de manera independiente y previa a la publicación del remate, aun cuando forme parte del procedimiento administrativo de ejecución, porque es un acto materialmente irreparable.

"La Sala consideró improcedente el juicio porque el mandamiento de ejecución, el requerimiento de pago, el embargo y el acta levantada, derivados de créditos fiscales que corresponden al ejercicio dos mil uno, no constituyen resoluciones definitivas impugnables a través del juicio de nulidad, por lo cual no se les puede ubicar en alguna de las hipótesis del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en tal virtud -según estableció el tribunal de origen- no correspondían a su competencia material.

"Derivado de lo anterior y con fundamento en los artículos 8o., fracción II y 9o., fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, decretó el sobreseimiento en cuanto ve a esos actos propios del procedimiento de ejecución. Esto, bajo la razón fundamental de que, precisamente por formar parte del procedimiento administrativo de ejecución, dichos actos resultan inimpugnables por sí mismos mediante el recurso de revocación y de que, en consecuencia, es improcedente en su contra el juicio de nulidad, pues entre ambos medios de defensa existe optatividad para el afectado. Aunque adicionalmente el tribunal ordinario también estableció que tanto el recurso como el juicio de nulidad, en todo caso podrían ser promovidos después de publicado el remate y hasta entonces combatirse las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución.

"El fundamento legal que la Sala invocó para apoyar su determinación, es el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, según su texto reformado mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de junio de dos mil seis. Este precepto establece:

"‘Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.

"‘Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.’

"Partiendo de esas consideraciones de la Sala Fiscal y del primero de los conceptos de violación formulados en su contra, mismo que no es necesario reiterar, sintetizar o parafrasear, pues como se dijo antes (considerando ‘quinto’), obran en el escrito de demanda glosado al presente expediente, de modo que su lectura o consulta puede hacerse sobre su texto exacto, la litis a resolver en cuanto a esta primera parte de los argumentos de la quejosa se refiere, consiste en lo siguiente:

"Elucidar si de conformidad con el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, el embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución resulta en sí mismo impugnable mediante revocación y, en consecuencia, en juicio de nulidad, por considerarse un acto de imposible reparación, o si, por el contrario, el afectado debe esperar hasta que se publique el remate para interponer el recurso o promover el juicio.

"Como se anticipó, no asiste razón a la peticionaria de garantías.

"Según el texto del numeral 127 del Código Fiscal de la Federación que ya quedó trasunto, cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, dentro de los diez días siguientes a su fecha. Esta es la regla general.

"Asimismo, el primer párrafo del precepto legal en cita prevé dos casos de excepción a esa regla, a saber:

"a) si se trata de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, y

"b) si se trata de actos de imposible reparación material.

"En ambos casos, el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Es decir, en cualquiera de estos casos, el inconforme no está obligado a esperar la publicación del remate para hacer valer las violaciones que ocurran durante el procedimiento administrativo de ejecución, pues puede hacerlo desde luego, ya sea mediante el recurso de revocación o mediante el juicio de nulidad.

"Aquí cabe una acotación; aunque el artículo 127 del código tributario federal sólo se refiere al recurso de revocación y no al juicio de nulidad, la procedencia del primero posibilita la del segundo, dada la optatividad prevista en el numeral 120 del citado código, que en su primer párrafo establece: ‘La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa’.

"La reclamante se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 18/2009 que invoca a su favor, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 451, Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, y que dice:

"‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.’ (la transcribe).

"Asimismo, invoca a su favor la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, perteneciente a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’, de cuyo texto la hoy quejosa trae a colación un extracto parcial y no fiel, pues lo hace en los términos siguientes:

"‘Actos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros ...’, cuando el enunciado de esa transcripción que aquí se subraya y se destaca con letra negrita, en realidad se encuentra asentado de forma diferente en tanto en el texto como la ejecutoria de la jurisprudencia en comento, concretamente como sigue: ‘Actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...’, es decir, la peticionaria de garantías eliminó en su transcripción, con respecto al texto original, una importante precisión textual, a saber, que el carácter de irreparable que el Alto Tribunal identificó a partir de la incidencia o afectación directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, quedó circunscrito o limitado por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente a los casos en que se hable de actos ‘en el juicio’, es decir, sin incluir los que provengan de procedimientos después o fuera de juicio, pues éstos se rigen por reglas distintas y su tratamiento debe ser también diferente.

"En efecto, es verdad que el embargo ha sido definido por nuestro Máximo Tribunal como un acto de ejecución irreparable, dado que tiene efectos inmediatos y tangibles al privar al propietario de los bienes sobre los que recae, de su uso y disfrute, sin que sus consecuencias sean susceptibles de reparación material, esto es, afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, y esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En esa medida, el embargo que emana de un juicio, aunque en principio se ubica entre los que por regla general son inatacables mediante el amparo, dada la previsión excluyente contenida en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, según la cual, el amparo sólo procede ‘Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación’, y que por exclusión, lo hace improcedente contra cualquier otro que no tenga ese carácter de irreparabilidad, finalmente sí puede ser combatido porque su irrupción tangible, sin posibilidad de reparación, lo justifica plenamente.

"Pero esta acepción de la figura del embargo intraprocesal que, por la irreparabilidad de sus consecuencias, actualiza una regla que permite su impugnación inmediata aunque provenga de un juicio, no resulta útil para diverso embargo que emana de aquellos trámites que legalmente se encuentran previstos y regulados como eminentemente ejecutivos, es decir, que no tienen por objeto dirimir controversias entre partes ni lograr una resolución final de carácter declarativo, condenatorio o de sanción, sino exclusivamente materializar y hacer efectivo en contra del deudor el cumplimiento por la vía coactiva, de una obligación ya determinada, firme y exigible, porque en estos casos cobra preponderancia, aun por encima del concepto de irreparabilidad, la necesidad de que esa obligación quede satisfecha de forma sumaria.

"Precisamente aquí hace una acotación el Más Alto Tribunal, pues en el texto mismo de la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 que la propia quejosa invoca, después de referirse a la primera regla de procedencia del amparo, es decir, la que opera tratándose de actos dentro de juicio con ejecución irreparable, textualmente dice: ‘la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben ...’

"Como se ve, el concepto de irreparabilidad, como factor que posibilita al agraviado a acudir al amparo para impedir la afectación de sus derechos sustantivos, cobra una connotación propia y distinta cuando se trata de cumplir una sentencia ejecutoria, frente a la que tiene cuando se atribuye a un acto que surge del trámite de un juicio.

"En el caso de los actos que tienden al cumplimiento o ejecución de una sentencia, sólo es posible la procedencia del medio de defensa de que se habla, en la medida que esos actos, en sí mismos considerados, gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata, precisamente ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como sería el arresto dictado a manera de medida de apremio.

"Si su objeto o finalidad es acatar, cumplir o ejecutar el fallo de que se trate, entonces no nace la posibilidad del afectado para combatir en amparo en forma inmediata el acto de que se trate, así incida directamente en sus derechos sustantivos y sus consecuencias no sean susceptibles de reparación, de modo que tendrá que soportar la afectación y sólo podrá hacer valer las violaciones cometidas por la autoridad ejecutante, hasta que se dicte la última resolución que tenga por cumplida la sentencia o por imposible su cumplimiento. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que se comenta, precisó: ‘... en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia ...’.

"Todo lo hasta aquí expuesto se apoya en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de que se viene hablando, publicada en la página 11, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’ (la transcribe).

"Queda claro entonces que para los actos dentro de juicio, incluyendo el embargo, rige una regla que no cobra aplicación para otro tipo de actos, como los que surgen de la ejecución de las sentencias, donde aun siendo de consecuencias evidentemente irreparables, no admiten impugnación ni aun en juicio de garantías, pues el deudor a quien se ejecuta debe asumir y soportar las consecuencias directas del fallo que se han de cumplir, hasta en tanto se dicta la resolución última o final, de modo que el procedimiento ejecutivo no se interrumpa, lo que no sucede si lo que controvierte es un acto que, siendo de consecuencias no reparables, goza además de autonomía porque no tiende directamente al cumplimiento de la sentencia; la Suprema Corte ejemplifica esta hipótesis con el arresto que se impone como medida de apremio.

"Pero el embargo no cabe en la calificación de acto autónomo justamente porque su justificación indiscutible es asegurar la ejecución o cumplimento de una sentencia ejecutoriada.

"Y precisamente es éste, y no el embargo dentro de juicio, el que en todo caso pudiera servir de parangón para analizar la figura del embargo en el procedimiento administrativo de ejecución fiscal, pues en ambos la finalidad es el cumplimiento coactivo de una obligación determinada, firme y exigible, en un caso, por virtud de sentencia ejecutoriada, y en el otro, por razón de un crédito líquido y ejecutable.

"Ahora, el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, el que ya quedó transcrito párrafos arriba, dispone una regla general, según la cual, cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria. También prevé dos excepciones:

"a) cuando lo impugnado sean actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; y

"b) cuando se controviertan actos de imposible reparación material.

"En estos casos, el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.

"Pero es evidente que dentro de la segunda de esas hipótesis de excepción, el legislador no consideró al embargo, pues éste tiende al cumplimiento natural de la obligación fiscalmente exigible, de modo que el deudor debe soportar y asumir sus consecuencias hasta en tanto se publica la convocatoria para hacer valer las violaciones que estime pertinentes, que es la regla general, a la manera del procedimiento de ejecución de sentencia del que ya se habló. Sólo así cobra congruencia con la primera hipótesis, también de excepción, pues en ella el mismo legislador se refirió al embargo como una excepción a la indicada regla, distinta y autónoma frente a la que se basa en el concepto de irreparabilidad material, toda vez que limitó o circunscribió la posibilidad para el ejecutado, de acudir al recurso de revocación contra un embargo, sólo para los casos en que el mismo recaiga sobre bienes legalmente inembargables.

"Es decir, conforme al artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, el deudor fiscal no tiene posibilidad de interponer el recurso de revocación ni acudir al juicio de nulidad (lo segundo por la comentada optatividad que contempla el artículo 120 del mismo código), hasta en tanto se publique la convocatoria de remate en el procedimiento de ejecución, a no ser que el acto a impugnar tenga una ejecución material irreparable y siempre que no se trate a un embargo, pues este último actualiza una excepción diferente que sólo se cobra vida si el embargo recae en bienes legalmente inembargables.

"Luego, debe calificarse infundado el concepto de violación relativo, en el que la parte quejosa argumenta que, por el solo hecho de que el acto que impugnó en el juicio de nulidad, consistió en un embargo, la Sala Fiscal debió ubicarlo en el primer supuesto de excepción del artículo 127 ya invocado. Como también es infundado el segundo concepto de violación, pues en él argumenta que lo actuado en el procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo desde luego el embargo practicado en su contra, debe considerarse como una resolución definitiva impugnable en el juicio de nulidad, toda vez que en su demanda manifestó desconocer los créditos fiscales de los que dicho procedimiento derivó.

"Lo infundado de este argumento obedece a que el mismo no encuentra fundamento legal, pues la única consecuencia prevista en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 16, fracciones II y III, para el caso en que el actor manifieste en su demanda desconocer el crédito fiscal que pretende impugnar, es que una vez que la autoridad demandada acompañe constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda, con base en lo cual, y en su momento, el tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa; si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución; en cambio, si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.

"Justamente, en el caso particular el tribunal determinó que la notificación al actor de la resolución determinante de los créditos fiscales no fue legal, por lo que consideró que aquél tuvo conocimiento de los mismos en la fecha que él mismo manifestó. Por eso estudió los conceptos de impugnación de fondo contra dichos créditos, concluyendo que eran infundados y reconociendo la validez que, como se vio al principio de este punto considerativo, la ahora parte quejosa no controvierte en sus conceptos de violación.

"Pero lo que no tiene sustento, es la pretensión de que la misma circunstancia, esto es, el hecho de que en su demanda de nulidad manifestó ese desconocimiento de la resolución determinante de los créditos, sirva para considerar que los actos propios del procedimiento de ejecución tengan el carácter de resoluciones definitivas impugnables, por sí mismas, en el juicio de nulidad, pues al contrario, ya se realizó el análisis jurídico pertinente, el que arrojó que, conforme al artículo 127, concatenado con el 120, ambos del Código Fiscal de la Federación, la instancia contenciosa administrativa no resultaba procedente, como bien lo concluyó la Sala Fiscal responsable, sino hasta que se publique el remate, pues lo impugnado fue un embargo que no recayó sobre bienes legalmente inembargables.

"Consecuentemente, procede negar el amparo a la quejosa, por lo que asiste razón a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al tribunal auxiliado, ya que en su pedimento solicitó, justamente, que se negara la protección constitucional solicitada."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al dictar sentencia en el amparo directo **********, promovido por **********, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, por unanimidad de votos, emitió la siguiente consideración:

"SEXTO. Los conceptos de violación anteriormente transcritos, son parcialmente fundados, además, en lo conducente, debe suplirse su deficiencia, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"En efecto, este colegiado no encuentra objetivamente incorrecta la sentencia reclamada, cuando sobresee en el juicio de nulidad respecto del mandamiento de ejecución y requerimiento de pago tendente a hacer efectivos los créditos fiscales **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** pues, efectivamente, conforme a lo dispuesto por los vigentes artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 116, 117, fracción II, inciso b), 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación, los actos del procedimiento administrativo de ejecución, sólo pueden impugnarse a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad, dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de remate.

"Así e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22226-824f400b/contradiccion-de-tesis-es-procedente-la-surgida-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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