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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS DE NATURALEZA FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 489/2009. · Registro digital (IUS): 22314
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 1260.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 489/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES.

SECRETARIA: JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios en posible contradicción provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, de donde se generó uno de los criterios contradictorios.

TERCERO. Los criterios discrepantes derivan de ejecutorias dictadas en juicios de amparo indirectos en revisión, cuyo acto reclamado se hizo consistir en el acuerdo dictado por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través del cual se desechó, por improcedente, la solicitud de suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo, al no haberse acreditado que la autoridad ejecutora respectiva haya negado la suspensión, rechazado la garantía o reiniciado la ejecución, requisitos considerados por la responsable como indispensables en términos de lo dispuesto por el artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo en revisión **********, en la parte en la que analizó el tema materia de este asunto, son del tenor siguiente:

A partir de una interpretación sistemática del artículo 28, primer párrafo, y fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y atendiendo a un principio de apertura derivado de la intención del legislador plasmada en la exposición de motivos de la mencionada ley, cuando se solicite la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, como lo establece la propia fracción VI, de referencia, sin que sea necesario atender a lo dispuesto por el primer párrafo del precepto en cita, en el sentido de que previamente se haya solicitado dicha suspensión, se rechace la garantía o se reinicie la ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de que se cumpla con lo dispuesto en la fracción VI, en el sentido de que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. De realizar una interpretación contraria, entonces no tendría razón de existir la fracción VI, pues ésta dispone que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, lo que sugiere un contrasentido con lo dispuesto en el primer párrafo de ese numeral, en cuanto contempla como supuesto de procedencia que se haya rechazado la garantía por parte de la autoridad ejecutora.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión **********, en lo conducente, determinó:

La fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla un supuesto específico tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones. En ese supuesto, la suspensión del acto reclamado está sujeta a la constitución de garantía ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales aplicables. Sin embargo, ello no significa que tratándose de los actos que ahí se mencionan, no se requiera cumplir con los requisitos que establecen tanto el primer párrafo del citado artículo 28, ni los previstos en las demás fracciones, ya que no debe desvincularse del resto de lo requerido a quien eleva solicitud de suspensión de actos de tal naturaleza. Esto es, la redacción de dicho segmento normativo, al utilizarse por el legislador el vocablo "podrá", revela que se quiso conceder al particular la facultad de solicitar la suspensión de los actos impugnados para el evento de que, habiendo elevado tal petición a la autoridad ejecutora, ésta hubiese optado por alguna de las conductas señaladas en el precepto. En consecuencia, para acceder a ese derecho, obliga a que previamente se eleve la petición a la ejecutora y ésta haya negado, rechazado la garantía o reiniciado con la ejecución.

Del último asunto reseñado derivó la tesis IV.3o.A.78 A, de rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. AUN CUANDO SE TRATE DE UN SUPUESTO ESPECIAL DE PROCEDENCIA, DEBEN CUMPLIRSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I A V Y VII DE DICHO NUMERAL. El artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé el derecho para el particular demandante de solicitar ante el órgano jurisdiccional que conoce del juicio contencioso la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, pero le obliga a que previo a ello haya elevado la misma petición a la autoridad ejecutora y ésta se la haya negado, le haya rechazado la garantía que ofreció o haya reiniciado su ejecución además, le fija la carga de cumplir con los requisitos establecidos en sus fracciones I a V y VII (temporalidad de la solicitud, pruebas documentales, ejemplares de traslado, billete de depósito o póliza de fianza y razonar sobre la procedencia de la petición). Ahora bien, la fracción VI del precepto aludido contempla un supuesto específico tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, en el que la suspensión del acto reclamado está sujeta a la constitución de garantía ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales aplicables. En esa medida, si bien esa hipótesis se aprecia como una norma de carácter especial en cuanto fija la procedencia de la suspensión respecto a los actos que en específico refiere y condiciona su efecto al evento antes indicado, no lo es al grado de considerar que tratándose de los actos que ahí se mencionan, no se requiera cumplir con los requisitos que establecen tanto el primer párrafo del citado artículo 28, como las fracciones anteriormente mencionadas. Lo anterior es así, pues el carácter especial que puede atribuirse a la norma que regula la procedencia de la suspensión de actos específicos, según lo precedentemente explicado, no significa que deba desvincularse del resto de lo requerido a quien eleva solicitud de suspensión de esos actos por el solo hecho de ser de la naturaleza que señala la referida fracción VI." (No. Registro: 173,159. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, febrero de 2007, tesis IV.3o.A.78 A, página 1901).

CUARTO. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la divergencia de criterios que puede presentarse entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido que para la existencia de la contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada, al margen de la coincidencia de elementos de hecho, aserto que corroboran las tesis P. XLVI/2009 y P. XLVII/2009, cuyos rubros y textos dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (No. Registro: 166993. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXX, julio de 2009, tesis P. XLVI/2009, página 68).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (No. Registro: 166996. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, julio de 2009, tesis P. XLVII/2009, página 67).

El análisis de las ejecutorias sintetizadas en el considerando que antecede evidencian que se examinaron cuestiones esencialmente iguales, pues ambos tribunales conocieron de sendos amparos en revisión cuyo acto reclamado consistió en el acuerdo dictado por una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por virtud del cual se desechó, por improcedente, la solicitud de suspensión de la ejecución de las resoluciones impugnadas en el juicio contencioso administrativo en materia impositiva, al no haberse acreditado que la autoridad ejecutora respectiva haya negado la suspensión, rechazado la garantía o reiniciado la ejecución, requisitos considerados por la responsable como indispensables, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

No obstante, se adoptaron criterios opuestos, pues el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, concluyó que cuando se solicite la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, como lo establece la propia fracción VI de referencia, sin que sea necesario atender a lo dispuesto por el primer párrafo del precepto en cita, en el sentido de que previamente se haya solicitado dicha suspensión, se rechace la garantía o se reinicie la ejecución; en sentido contrario, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvo que sí se requiere cumplir con los requisitos que establecen tanto el primer párrafo del citado artículo 28 como los previstos en las demás fracciones.

Luego, con base en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, se determina que sí existe contradicción de tesis, toda vez que de la lectura de las ejecutorias referidas se acredita que se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios opuestos.

La contradicción se centra en determinar cuáles son los requisitos atinentes para decidir sobre la suspensión en el juicio contencioso administrativo cuando se solicite la ejecución de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, esto es, si sólo debe atenderse a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o bien, si deben cumplirse los demás requisitos previstos en dicho numeral.

En los términos descritos queda establecida la contradicción de tesis denunciada, que vincula a esta Segunda Sala a dilucidarla, con el fin de sentar el criterio jurídico que en lo sucesivo deberá regir la situación controvertida.

QUINTO. En el presente considerando se dilucidará cuáles son los requisitos que deben atenderse para decidir la procedencia de la suspensión en el juicio contencioso administrativo cuando se solicite la ejecución de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal.

Para dilucidar la cuestión, en primer orden, se contextualizará el contenido del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; enseguida, se procederá a establecer si los requisitos derivados de dicho numeral resultan aplicables a todos los casos, o bien, si existe alguna distinción cuando se solicite la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal.

La suspensión en el juicio contencioso administrativo se encuentra regulada por el artículo 28, comprendido dentro del capítulo III, denominado "De las medidas cautelares" de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo texto dispone:

"Artículo 28. El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.

"I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.

"II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.

"III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.

"IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.

"V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas.

"VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

"a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y

"b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuales considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.

"VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este capítulo.

"IX. El Magistrado instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y

"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

"X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.

"XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.

"XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el tribunal.

"XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

Esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 39/2007-SS, estableció, en términos generales, los requisitos exigidos por el artículo reproducido para otorgar la suspensión de los actos combatidos en el juicio contencioso administrativo, enunciándolos en los términos siguientes:

1. Circunscribe la posibilidad de solicitar la suspensión del acto administrativo a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución (párrafo primero).

2. Obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión (fracción III).

3. Para solicitar la suspensión, se obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar daños o indemnizar perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio, debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes mencionadas (fracciones IV y V).

4. Se obliga a exponer en el escrito de solicitud de la suspensión las razones por las cuales se considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite (fracción VII).

5. Condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado (fracción IX, inciso c).

6. Establece que se otorga la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida (fracción XIV).

Los aspectos apuntados se informan en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de rubro y texto siguientes:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se considera que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." (No. Registro: 172342. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, mayo de 2007, tesis 2a./J. 56/2007, página 1103).

Establecido lo anterior, ahora cabe señalar si los requisitos enunciados resultan aplicables a todos los casos, o bien, si existe cierta distinción cuando se solicite la suspensión en contra de la ejecución de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal.

Una primera aproximación al tema, para desentrañar el sentido del precepto en estudio, atendiendo a su interpretación gramatical, permite concluir que el primer párrafo contiene el presupuesto general a que se sujeta la procedencia de la suspensión, toda vez que establece la posibilidad de solicitarla "cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos ...". De ahí que de la estructura del precepto se deduce la aplicación del supuesto contenido en el primer párrafo en todos los casos en los cuales se solicite la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado en el juicio contencioso administrativo.

Empero, se considera insuficiente acudir únicamente a la interpretación gramatical para desentrañar el sentido de la norma, toda vez que se estima debe ser corroborada por otros medios, en vista de cierta deficiencia en el diseño legislativo, pues, a pesar de que el primer párrafo anuncie que las XIV fracciones constituyen requisitos que deben cumplirse para solicitar la suspensión del acto administrativo impugnado, lo cierto es que las fracciones I, X, XI, XII y XIII no establecen requisitos para su concesión; por el contrario, se trata de cuestiones procedimentales, dado que regulan la oportunidad de la solicitud de suspensión (fracción I); impugnación de la medida (fracción X); temporalidad de la suspensión (fracción XI); posibilidad de modificación o revocación (fracción XII); y, por último, el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22314-36e95088/suspension-en-el-juicio-contencioso-administrativo-requisitos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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