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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE. SI LA CAUSA DE LA ACCIÓN ES SU NULIDAD POR AUSENCIA DEL CONSENTIMIENTO PARA SU EXISTENCIA, LA VÍA PROCEDENTE PARA DEMANDARLA ES LA ORDINARIA CIVIL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 134/2015. · Registro digital (IUS): 25820
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-09-04
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III , Pág. 1966.

AMPARO DIRECTO 134/2015. 25 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIA: DULCE ELVIRA REYES ESTRADA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Son sustancialmente fundados los argumentos expresados a título de conceptos de violación, por las razones que a continuación se precisarán.

En el segundo concepto de violación, manifiesta que la autoridad responsable estimó que al ser la persona moral denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, que se rige por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la cual su objeto es la realización de actos de comercio establecidos en el artículo 75, fracción I, del Código de Comercio y que, por ello, la vía debió ser la ordinaria mercantil; sin embargo, indica que cuando se reclama la nulidad de los contratos celebrados por una institución de crédito, y que las causas de invalidez provienen de un acto jurídico de naturaleza civil, esto es, que la nulidad exigida deriva de la suplantación del quejoso en la confección de los contratos de apertura de crédito, por lo que al no ser partícipe de tales actos jurídicos, no se le puede sujetar y subordinar al cumplimiento de actos bajo las leyes mercantiles, perdiendo de vista, la responsable, que la nulidad que reclama no deriva de los derechos y obligaciones contenidos en los mencionados contratos, sino que al ser de naturaleza puramente civil, la acción debe instarse en la vía ordinaria civil, como aconteció.

En el tercer concepto de violación, aduce que, al encontrarse las figuras de nulidad absoluta e inexistencia de contrato reguladas por la legislación civil, la demanda que se promueva debe estarse al ordenamiento civil referido por regular sus efectos y consecuencias, por lo que la acción de nulidad ejercida de los aludidos contratos en la vía ordinaria civil es la idónea para resolver ese tipo de conflictos.

Argumentaciones que se estiman, como se indicó, sustancialmente fundadas.

Ello es así, habida cuenta que la vía sólo es el medio procesal para el ejercicio de un derecho, es decir, la procedencia de la vía implica la forma en que se sustancia el ejercicio del derecho.

En este punto, se estima oportuno acotar que el derecho a la tutela jurisdiccional establecida por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica.

Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a cabo si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente pues, de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas.

Por ello, el estudio de la procedencia del juicio es una cuestión de orden público que debe analizarse de oficio, porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley.

Por tanto, el juzgador estudiará, de oficio, dicho presupuesto porque, de otra manera, se vulnerarían los derechos de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con los cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

En consecuencia, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso, en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente.

Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 25/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"Novena Época

"Registro digital: 178665

"Instancia: Primera Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, abril de 2005

"Materia: Común

"Tesis: 1a./J. 25/2005

"Página: 576

"PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.-El derecho a la tutela jurisdiccional establecido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino que está restringido por diversas condiciones y plazos utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las leyes procesales determinan cuál es la vía en que debe intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de un juicio en la forma establecida por aquéllas tiene el carácter de presupuesto procesal que debe atenderse previamente a la decisión de fondo, porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio, en la vía escogida por el actor, es procedente, pues de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de orden público, debe analizarse de oficio porque la ley expresamente ordena el procedimiento en que deben tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley. En consecuencia, aunque exista un auto que admita la demanda y la vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte demandada la hubiere impugnado mediante el recurso correspondiente o a través de una excepción, ello no implica que, por el supuesto consentimiento de los gobernados, la vía establecida por el legislador no deba tomarse en cuenta. Por tanto, el juzgador estudiará de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se vulnerarían los derechos de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 14 constitucional, de acuerdo con las cuales nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes en el proceso, debe asegurarse siempre de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente, en cualquier momento de la contienda, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, por lo que debe realizar de manera oficiosa el estudio de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la hubieran impugnado previamente."

Lo expuesto pone de relieve que al ser la procedencia de la vía un presupuesto procesal, sólo en el caso de ser satisfecho, permite al juzgador el análisis de las acciones y excepciones planteadas, por lo que en el supuesto de que el juzgador concluya en su improcedencia, no está en posibilidad de estudiar cuestiones relativas al fondo del asunto, esto es, la acreditación o inacreditación de la acción y excepciones opuestas pues, se insiste, su estudio es de orden público y, por tanto, debe ser previo al del fondo de la cuestión planteada, puesto que el juzgador debe resolver, en primer lugar, si la vía es procedente, y acto continuo entrar al fondo del negocio.

Establecido lo anterior, debe precisarse que de la demanda inicial se advierte que la parte quejosa reclamó:

"A) La nulidad absoluta e inexistencia por falta de consentimiento en la celebración del contrato de apertura de crédito simple de fecha ********** de ********** de **********, celebrado entre **********, S.A. de C.V., representado por el ********** y aparentemente por el suscrito **********, por la cantidad de $160,223.76 (ciento sesenta mil doscientos veintitrés pesos, con 76/100 M.N.). Así como la nulidad absoluta e inexistencia por falta de consentimiento del pagaré de la misma fecha y por la misma cantidad, firmado supuestamente por el suscrito a favor de **********, S.A. de C.V., para garantizar las obligaciones contraídas en el citado contrato, en términos del artículo 2157 del Código Civil del Estado de Veracruz.

"B) La nulidad absoluta e inexistencia por falta de consentimiento en la celebración del contrato de apertura de crédito simple de fecha ********** de ********** de **********, celebrado entre **********, S.A. de C.V., representado por el ********** y aparentemente por el suscrito **********, por la cantidad de $120,168.00 (ciento veinte mil ciento sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Así como la nulidad absoluta e inexistencia por falta de consentimiento del pagaré de la misma fecha y por la misma cantidad signado supuestamente por el suscrito a favor de **********, S.A. de C.V., para garantizar las obligaciones contraídas en el citado contrato, en términos del artículo 2157 del Código Civil del Estado de Veracruz.

"C) Como corolario demando la nulidad absoluta e inexistencia y cancelación del mandato irrevocable de autorización para pagos a terceros, de fechas ********** y ********** ambos de ********** de **********, supuestamente firmados por el suscrito **********.

"D) Como consecuencia demandado (sic) la restitución de la cantidad económica de $29,485.64 (veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos con 64/100 M.N.), con motivo de los descuentos que de manera ilegal y unilateral, y sin mi voluntad se me han realizado desde el treinta de abril hasta el quince de agosto de dos mil trece, así como todas aquellas deducciones que se sigan realizando directo a la nómina, con motivo de los anteriores contratos de crédito, y que serán cuantificados en sección de ejecución, en términos del artículo 2172 del Código Civil del Estado de Veracruz.

"E) El pago de los intereses legales, y el impuesto al valor agregado que se han generado, al disponer indebidamente la demandada de las cantidades que se me han descontado y que se sigan descontando directo a nómina sin el consentimiento del suscrito, que serán computados en sección de ejecución.

"F) El pago del daño moral en términos del artículo 1849 del Código Civil del Estado de Veracruz, derivado de los perjuicios que se me han ocasionado en mi vida privada con motivo de los descuentos económicos que me han venido realizando directo a la nómina sin mi autorización ya que, con ello, se ha dejando (sic) a mi familia y al suscrito expuesto a dejar de satisfacer las apremiantes necesidades económicas que conlleva en mi vida diaria, al dejar de percibir quincenalmente íntegramente mi salario, sin una causa imputable al suscrito. Lo que será cuantificable en sección de ejecución.

"G) El pago de los gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente juicio, en el que se incluirán el pago de los honorarios que he convenido con mis abogados patronos en términos del contrato de prestación de servicios profesionales que exhibo, de acuerdo con lo que establecen los artículos 100 y 104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz." (lo marcado es propio)

Nulidad e inexistencia de los contratos anteriormente transcritos, que sustentó en que fue suplantado, utilizando una tercera persona su nombre, documentos y fabricando documentación falsa, para realizar los contratos de apertura de crédito simple, de fechas uno y ocho de abril de dos mil trece, lo que se traduce en la falta de consentimiento expreso.

Bajo este orden de ideas, es dable sostener que si bien es cierto que los contratos, de apertura de crédito simple, tal como lo refiere la responsable, son de naturaleza mercantil, máxime cuando en ellos participa una persona moral que se rige por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, sociedad financiera de objeto múltiple entidad no regulada, cuyo objeto social principal son el préstamo e intercambio de dinero, divisas y títulos de crédito, que encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 75, fracción I, del Código de Comercio; lo cierto es que de los hechos narrados por la parte actora en su demanda inicial, se desprende que la nulidad absoluta o inexistencia de los contratos de mérito, la hizo derivar en suplantación de su persona por un tercero quien utilizó su nombre y fabricó documentación falsa, esto es, por la falta de consentimiento para la elaboración de los aludidos contratos.

En este sentido, si la acción de nulidad de los contratos de apertura de crédito se intenta en vía de consecuencia, esto es, por virtud de la falta de consentimiento, mas no por derivarse de los derechos y obligaciones contenidos en los pluricitados contratos; a más de que tal figura jurídica de nulidad absoluta o inexistencia de contrato, se encuentra regulada en la legislación civil, previendo sus efectos y consecuencias, por lo que resulta evidente la procedencia de la vía ordinaria civil, atento al contenido del objeto buscado en el ejercicio de tal acción; de ahí que la nulidad de tales actos jurídicos debe analizarse a la luz de las disposiciones civiles, de conformidad con lo previsto por el título sexto denominado "De la inexistencia y de la nulidad" del Código Civil para el Estado, que a continuación se reproducen:

"Título sexto

"De la inexistencia y de la nulidad

"Artículo 2157. El acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

"Artículo 2158. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley.

"Artículo 2159. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

"Artículo 2160. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.

"Artículo 2161. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

"Artículo 2162. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados.

"Artículo 2163. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz.

"Artículo 2164. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, se extingue por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida.

"Artículo 2165. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley.

"Artículo 2166. Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación.

"Artículo 2167. El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad.

"Artículo 2168. La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero.

"Artículo 2169. La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en los plazos establecidos en el artículo 568. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue conocido.

"Artículo 2170. La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia, prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento.

"Artículo 2171. El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera.

"Artículo 2172. La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado.

"Artículo 2173. Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas, consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí.

"Artículo 2174. Mientras que uno de los contratantes no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, no puede ser compelido el otro a que cumpla por su parte.

"Artículo 2175. Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por una persona que ha llegado a ser propietario de él en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe."

Por lo anterior, el hecho de que los contratos de apertura de crédito sean de naturaleza mercantil y quien los emitió sea una persona moral cuyo objeto social principalmente sea el préstamo de dinero, divisas y títulos de crédito, cuya actividad encuadra en la hipótesis normativa del artículo 75, fracción I, del Código de Comercio, en el caso que aquí se analiza, su nulidad o inexistencia no puede ser analizada en la vía ordinaria mercantil como lo consideró la responsable, toda vez que sus causas de invalidez se hacen derivar de la falta de consentimiento del quejoso en la confección de los contratos de apertura de crédito tildados de nulos, por haber sido suplantado, mas no en el ejercicio de acciones derivadas de los derechos y obligaciones en ellos contenidos.

Ello es así, en virtud de que la acción en términos del artículo 2o. del Código de Procedimientos Civiles, procede aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción, por lo que si las prestaciones reclamadas no derivan de un acto de comercio, ya que como se advierte de las prestaciones lo que busca el impetrante de amparo, es la nulidad de los aludidos contratos, siendo la causa de la acción, la ausencia de su consentimiento, apoyando su derecho sustantivo en normas del Código Civil del Estado, del que hace derivar su proceder, pues la litis la hizo consistir, precisamente, en el desconocimiento de los mencionados contratos, sin ejercitar acciones provenientes, como consecuencias de los aludidos contratos.

Lo anterior es así, pues aun cuando los contratos cuya nulidad demandó el quejoso, deban reputarse como actos de comercio, si él no intervino en ellos, y la naturaleza de la acción la hizo consistir en la falta de consentimiento para su "fabricación" reclamando, por ello, la nulidad absoluta, es evidente que en el caso no tienen aplicación las disposiciones del artículo 1050 del Código de Comercio (en relación con los artículos 4o., 75 y 76 del mismo ordenamiento), que dispone que la contienda se seguirá en la vía mercantil, si la parte que celebró el acto de comercio fuere la demandada; pero si el actor -aquí quejoso- no ejecutó actos de comercio y sus acciones derivan del ejercicio de un derecho sustantivo previsto en la legislación civil, ello hace que su acción sea de naturaleza esencialmente civil -falta de consentimiento- llegándose así a la conclusión de que era procedente la vía ordinaria civil intentada, en la cual se siguió el juicio de nulidad de los contratos de referencia.

Tiene apoyo lo anterior en el criterio jurisprudencial emitido por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"Quinta Época

"Registro digital: 385385

"Instancia: Sala Auxiliar

"Tesis: Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: CXVI

"Materia: Civil

"Página 80

"CONTRATOS MERCANTILES, CASOS EN QUE SU NULIDAD DEBE INTENTARSE EN LA VÍA CIVIL.-Aun cuando los contratos cuya nulidad demandó el quejoso, deban reputarse como actos de comercio, si él no intervino en dichos contratos, es evidente que en el caso no tienen aplicación las disposiciones del artículo 1050 del Código de Comercio (en relación con los artículos 4o., 75 y 76 del mismo ordenamiento), que dispone que la contienda se seguirá en la vía mercantil si la parte que celebró el acto de comercio fuere la demandada; por lo que si el actor no ejecutó actos de comercio y sus acciones tuvieron como base su derecho de propiedad, que es de naturaleza esencialmente civil y se encuentra regulada por los códigos de esa materia, se llega a la conclusión de que fue procedente la vía ordinaria civil intentada, en la cual se siguió el juicio de nulidad de los contratos de referencia."

Finalmente, con independencia de lo ya analizado, debe precisársele a la Sala responsable que, como lo acota el quejoso, es ilegal la condena en costas de la alzada decretada por la Sala responsable, habida cuenta de que, si bien la sentencia reclamada fue adversa a sus intereses, era evidente que la parte demandada, aquí tercero interesada, ningún gasto erogó al efecto, en virtud de que se siguió el juicio en rebeldía, ello es así dado que el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad estatuye que cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan y, en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que hubieren sido causadas; y, el diverso numeral 107 del invocado ordenamiento adjetivo señala que las costas surgen en función de los trabajos realizados y de los gastos expensados en un negocio; lo cierto es que tales hipótesis se actualizan cuando se ha dado una contienda entre partes activamente litigantes; pero, cuando el juicio se ha seguido en rebeldía de la parte demandada, absolviendo de las prestaciones reclamadas, sin hacer especial condena en gastos y costas de primera instancia; y, en la alzada se confirmó la sentencia apelada, sin que la demandada hubiere hecho alguna erogación en defensa de sus intereses en esa instancia, tal aspecto incide en la condena decretada en segunda instancia, de pagar gastos y costas a cargo del actor, ya que tampoco liquidó ni generó honorarios a un abogado patrono con motivo de la sustanciación del proceso; de ahí que si bien es cierto que el citado precepto legal se sustenta en la teoría del vencimiento puro, lo cierto es que la hipótesis normativa indicada no constituye un caso de excepción a la norma, sino de aplicación en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar de que aquel numeral prevé que siempre será condenado al pago de gastos y costas el litigante que no obtuviere resolución favorable, el análisis sistemático de los artículos 100, 107 y 108 de la codificación citada lleva a concluir que debe atenderse a la finalidad de la norma, consistente en resarcir y cubrir a la contraparte de los gastos erogados durante la tramitación del procedimiento, en el supuesto de que efectivamente los hubiere sufragado. Esto es, no obstante que el artículo 104 mencionado es impositivo al disponer que "siempre" será condenado al pago de gastos y costas quien no obtenga resolución favorable, se considera que dicha condena no tendrá que llevarse a cabo invariablemente en esos términos, pues el artículo 100 del mismo ordenamiento legal establece que cada parte es inmediatamente responsable de las costas originadas por las diligencias que promueva, en cuyo caso, de existir esa condenación, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las causadas.

Así, la decisión contenida en el acto reclamado es violatoria de lo dispuesto por los numerales 100, 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad.

Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia PC.VII. J/4 C (10a.), emitida por el Pleno de este circuito judicial, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto, son del tenor literal siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2007941

"Instancia: Plenos de Circuito

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 12, Tomo II, noviembre de 2014

"Materia: Civil

"Tesis: PC.VII. J/4 C (10a.)

"Página: 1287

"GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Las costas a que se refiere el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, comprenden las erogaciones legítimas y necesarias para preparar, iniciar, tramitar o concluir un proceso o procedimiento, con exclusión de los honorarios y gastos ocasionados por promociones, pruebas y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley. Por tanto, si el actor no obtuvo sentencia favorable a sus intereses, pese a que el demandado fue declarado rebelde por no contestar la demanda, ni acudir a defenderse en ninguna etapa del procedimiento, deviene inconcuso que no causó gastos ni honorarios al no haber realizado erogaciones legítimas y necesarias, así como tampoco liquidó ni generó honorarios a un abogado patrono con motivo de la sustanciación del proceso; de ahí que, si bien el citado precepto legal se sustenta en la teoría del vencimiento puro, lo cierto es que la hipótesis normativa indicada no constituye un caso de excepción a la norma, sino de aplicación en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a pesar de que aquel numeral prevé que siempre será condenado al pago de gastos y costas el litigante que no obtuviere resolución favorable, el análisis sistemático de los artículos 100, 107 y 108 de la codificación citada lleva a concluir que debe atenderse a la finalidad de la norma, consistente en resarcir y cubrir a la contraparte de los gastos erogados durante la tramitación del procedimiento, en el supuesto de que efectivamente los hubiere sufragado. Esto es, no obstante que el artículo 104 mencionado es impositivo al disponer que ‘siempre’ será condenado al pago de gastos y costas quien no obtenga resolución favorable, se considera que dicha condena no tendrá que llevarse a cabo invariablemente en esos términos, pues el artículo 100 del mismo ordenamiento legal establece que cada parte es inmediatamente responsable de las costas originadas por las diligencias que promueva, en cuyo caso, de existir esa condenación, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las causadas." «publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:30 horas»

Sentado lo anterior, al acreditarse que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable:

a) Deje insubsistente la sentencia reclamada.

b) Emita una nueva en la que establezca que la vía ordinaria civil es procedente y en plenitud de jurisdicción, pronuncie la sentencia que en derecho corresponda, acorde con los principios de congruencia y exhaustividad, respecto a la litis planteada.

QUINTO.-Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2o. de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 170 y 189 de la Ley de Amparo y 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se:

RESUELVE:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de la sentencia dictada el catorce de enero de dos mil quince, por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca número **********.

Notifíquese como corresponde; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos correspondientes al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por mayoría de votos de los ciudadanos Magistrados Ezequiel Neri Osorio e Isidro Pedro Alcántara Valdés en contra del voto particular emitido por el Magistrado José Manuel de Alba de Alba, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 79, fracción I, del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25820-27043b33/contrato-de-apertura-de-credito-simple-si-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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