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Modo: Corpus Pro

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SU APLICACIÓN DIRECTA CORRESPONDE INDISTINTAMENTE A TODAS LAS AUTORIDADES ORDINARIAS O DE CONTROL CONSTITUCIONAL, SIEMPRE Y CUANDO NO DESAPLIQUEN, PARA ESE EFECTO, UNA LEY SECUNDARIA. INEXISTENCIA Y NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS. DEBEN DETERMINARSE JURISDICCIONALMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21412
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBU
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, , Pág. 827.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL PROPIO CIRCUITO).

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia laboral, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formuló el apoderado legal del quejoso en el juicio de amparo directo 1210/2007 y autorizado del quejoso en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en el diverso 166/2008, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que contienen uno de los criterios en posible contradicción. Ese carácter se advierte del oficio 5860, de veintitrés de septiembre dos mil ocho, suscrito por el Magistrado presidente del mismo tribunal (foja 17).

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:

A. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 1210/2007, en sesión de seis de junio de dos mil ocho, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

"QUINTO. Cabe destacar, desde luego, que la Junta responsable absolvió a la paraestatal demandada de reconocer como parte integrante de la pensión jubilatoria convenida por las partes, la cantidad de dinero que se le estuvo depositando en la cuenta bancaria del actor, cuando éste se encontraba en activo, así como las restantes prestaciones reclamadas, por las siguientes razones:

"1. La cantidad de ‘$6,555.00’, no era por concepto de compensación mensual, como lo reclama el actor, sino que era por concepto de incentivo al desempeño y, éste no forma parte integrante de la pensión jubilatoria, según la prueba de inspección analizada.

"2. Los conceptos productividad y tiempo extra adicional no forman parte de la pensión jubilatoria en razón de que fue jubilado en condiciones especiales y, en el artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil, no establece que tengan que integrarse dichos conceptos a la pensión jubilatoria, por lo que si no tiene derecho al pago de esos conceptos tampoco tiene derecho al pago de las diferencias de aguinaldos que reclama.

"3. Por lo que hace a los incrementos que en las pensiones jubilatorias se hubieren generado, de la inspección ocular ofrecida por la demandada en el inciso g), se desprende que ésta le incrementó su pensión jubilatoria al actor a partir de la fecha de su jubilación.

"Ahora bien, en autos del juicio laboral obra el convenio celebrado entre el actor y la demandada, del que se advierte que se le otorgó al actor jubilación especial, en el que se le reconoció antigüedad de veintiocho años doscientos cincuenta y dos días y, se le otorgó el beneficio en un 83% (ochenta y tres por ciento) (página 254 y siguiente del juicio laboral).

"Así lo corrobora el escrito que contiene el convenio en la (sic) que las partes pactaron:

"(Se hace innecesaria su transcripción).

"Las partes que intervinieron en la celebración del convenio, actor y empresa demandada, comparecieron ante la misma Junta responsable el nueve de julio de dos mil cuatro, ante la que expresaron:

"(Se hace innecesaria su transcripción).

"Obra también la orden de pago de pensión jubilatoria suscrita por ambas partes y el recibo finiquito del que se advierten las cantidades recibidas por única vez y en condiciones especiales, efectuándose el desglose de los conceptos integrantes de la pensión otorgada en un ochenta y tres por ciento (páginas 202-203 del juicio laboral).

"Documentales que fueron valoradas en el laudo por la Junta, pues al respecto precisó:

"(Se hace innecesaria su transcripción).

"En la especie, asiste razón a la parte quejosa en cuanto que de la lectura del desahogo de la prueba de inspección, se advierte que la actuario adscrita a la Junta incumplió en hacer constar de manera circunstanciada todos los datos observados en los documentos que tuvo a la vista.

"No se desconoce que en el escrito de ofrecimiento de prueba los puntos a desahogar están planteados como en forma de pregunta, lo que en un momento dado pudiera parecer que la actuación del funcionario judicial debía limitarse a contestarlas.

"Sin embargo, tal proceder es incorrecto porque la respuesta no proporciona elementos para observar el alcance probatorio que tiene dicho medio de convicción, por lo que el funcionario tenía la obligación de describir en forma circunstanciada los documentos materia de la prueba que examinó en relación con los puntos, a fin de que la autoridad pudiera dilucidar con certeza si la cantidad de ‘$6,555.00’ que refiere el actor, corresponde al concepto de compensación como dice o bien es por otro, como el de bono de incentivo al desempeño, que intenta justificar la demandada.

"No obstante, ningún caso tiene ordenar que se reponga el procedimiento para que se repare la violación procesal y se efectúe el desahogo de la prueba de inspección judicial de manera adecuada ciñéndose a lo previsto en el artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo.

"En efecto, aunque fundado el reclamo de la parte quejosa ningún sentido práctico tendría conceder el amparo para que la autoridad responsable repusiera el procedimiento, si ningún beneficio le traería, el que se dilucidara cuál es el concepto por el que se le depositaba en su cuenta bancaria la cantidad que indica mientras estuvo activo y, sí, por el contrario, iría en detrimento del artículo 17 constitucional, porque a la postre no obtendría fallo favorable.

"Ciertamente, ningún sentido tiene corroborar si la cantidad de $6,555.00 (seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos) a que se refiere el actor en la demanda corresponde a ese concepto o no, porque con independencia de ello, las partes pactaron la forma en que se integraría la jubilación y, de la orden de pago, así como el recibo finiquito en el que aparece el rubro compensación, la pensión jubilatoria se integró con las cantidades que señaló la paraestatal, cuestión con la que el actor estuvo conforme.

"Y, en el juicio laboral no está solicitando se corrija la cantidad señalada en la orden de pago, sino que pretende se corrija el concepto compensación en términos del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, lo que no es procedente como veremos más adelante.

"Razón por la cual, los conceptos de violación que hace valer el quejoso en relación con el desahogo de la inspección judicial son fundados pero ineficaces para lograr un fallo favorable.

"Resulta aplicable la jurisprudencia II.3o. J/17, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, publicada en la página cuarenta y cinco, tomo cincuenta y seis, agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor establece:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES.’ (se hace innecesario transcribir el texto).

"Máxime que la demandada hace valer como excepción la improcedencia del pago de las prestaciones reclamadas con base en la validez del convenio para efectos de la integración de la pensión jubilatoria y, siendo que no se advierte que se haya declarado nulo (por contener renuncia de derechos del trabajador o porque tuviera vicios de validez en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo), ni el actor lo impugna en este juicio laboral de donde emana la controversia, se considera válido para efectos de resolver lo relativo al pago de la pensión jubilatoria.

"Es cierto que el actor, ahora quejoso, alega en sus conceptos de violación que el laudo resulta violatorio de garantías con base en la validez del convenio porque dice, aunque el convenio que sirvió de base para la jubilación haya sido sancionado, ello no puede resultar en transgresión o renuncia de las prestaciones que deriven de los servicios prestados, pues cualquier estipulación pactada en el convenio que lleve a hacer nugatorio el derecho a la jubilación del trabajador es contraria a lo establecido en los artículos 33 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la garantía social establecida por el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"A juicio del quejoso, el convenio es ilegal porque contiene renuncia de derechos, en razón de que a la fecha en que se jubiló reunía los requisitos de edad y antigüedad en la empresa y, por ende, la pensión debió calcularse conforme al reglamento invocado.

"Al respecto, debe decirse que este Tribunal Colegiado no pierde de vista ese hecho, pues aun cuando fue jubilado en condiciones especiales según convenio que celebró con la paraestatal demandada el nueve de julio de dos mil cuatro; de la orden de pago de pensión jubilatoria se advierte que al momento en que el actor se jubiló tenía cincuenta y cinco años cumplidos y veinticinco años, doscientos cincuenta y dos días laborados para la empresa, es decir, cumplía con los requisitos que exige el artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (página 148 del juicio laboral).

"Sin embargo, el juicio de amparo como el que nos ocupa no es la vía legal para impugnar dicho convenio.

"Así se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 162/2006, publicada en la página ciento noventa y siete, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.’ (se hace innecesario transcribir el texto).

"A cuyo contenido de la ejecutoria nos remitimos para observar que en ella la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece:

"(Es innecesario transcribir el contenido).

"Dicho criterio se considera aplicable en este caso porque aunque el convenio celebrado entre las partes no puso fin a un conflicto dentro de un juicio laboral, las partes lo acordaron para resolver lo relativo a la jubilación del actor; la Junta responsable en esa ocasión intervino para aprobarlo y, actuó como simple sancionadora de la voluntad de las partes.

"De modo que si alguna de ellas, o sea el actor, considera que contiene renuncia de derechos o vicios de validez, deberá promover lo pertinente ante la Junta que conoció de él y lo aprobó, pues el juicio de amparo no es la vía idónea para resolverlo, en la medida en que la otra parte que participó en ese acuerdo debe tener la oportunidad de ser escuchada y vencida al respecto.

"Mientras tanto subsiste.

"Razón por la cual, con todo y que el trabajador actor haya cumplido con los requisitos de ley para obtener la jubilación de acuerdo al reglamento, no es posible observarlo para resolver lo pertinente respecto de las prestaciones que reclama y, por tanto, es objetivamente correcto lo que consideró la Junta, pues aun cuando hemos visto que el actor tiene derecho al pago de compensación, al haber estado conforme con la que le fijó el patrón inicialmente al celebrar el convenio, no es posible verificar si la cantidad que dice ahora en la demanda es la correcta, pues no solicita la modificación del pacto de voluntades sino la aplicación del reglamento.

"Bajo esa tesitura, si no prosperó lo relativo al concepto compensación, por consecuencia, tampoco es posible determinar diferencia alguna en el pago de su pensión jubilatoria, ni el pago de diferencias por aguinaldo con base en el reglamento, porque en este caso no procede aplicarlo.

"En efecto, prevalece lo pactado por las partes en el convenio, mientras no haya sido declarado nulo, habida cuenta que al haber sido jubilado de manera especial no es posible que se incluyan todos y cada uno de los conceptos establecidos en el artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, como lo solicitó al demandar, sino que debe estarse a lo pactado en el convenio respectivo, lo que hace improcedente las acciones ejercitadas y, por ende, la decisión de la Junta es objetivamente correcta.

"Desde esa perspectiva, resultan inatendibles los argumentos del quejoso consistentes en que la Junta valoró indebidamente los estados de cuenta bancarios; el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, el texto del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza ofrecido como prueba por la demandada, pues lo que pretende es demostrar que recibía el monto por compensación y que tiene derecho a ella de acuerdo al reglamento, siendo que lo que prevalece es el convenio celebrado y en él no se advierte que hayan pactado el monto que señala el actor como compensación, por lo que ningún resultado obtendrá con la valoración de esas pruebas.

"En esas condiciones, al no haberse demostrado que el laudo reclamado sea violatorio de garantías individuales, y al no advertirse que proceda suplir la queja deficiente, se niega el amparo y protección constitucional solicitados."

Cabe señalar que dicho tribunal formuló consideraciones idénticas al resolver el amparo directo 166/2008, por lo que resulta innecesario transcribir la ejecutoria respectiva.

B. Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, en el amparo directo 148/92, resuelto el cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"Tramitado que fue el juicio correspondiente, la Junta responsable al dictar el laudo que constituye el acto reclamado, resolvió en el sentido de que la empresa estuvo en lo correcto, al descontar del pago de la antigüedad del trabajador las interrupciones que éste reclama en su demanda, basándose para ello en lo siguiente: que así se convino en el anexo que forma parte del convenio de revisión del contrato colectivo de trabajo; porque el pago que recibió el trabajador por concepto de antigüedad, es superior a los doce días que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; y porque en convenio de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y uno, el trabajador reconoció y estuvo de acuerdo en que se le descontaran las citadas interrupciones; que dicho convenio se elevó a la categoría de laudo consentido y ejecutoriado con la autoridad de cosa juzgada, y que por ello, no existía renuncia de derechos del trabajador.

"Lo anteriormente resuelto por la autoridad responsable no es correcto, pues como lo afirma el quejoso en sus motivos de inconformidad, lo pactado por las partes en el inciso A) del convenio de fecha seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, en el sentido de que se excluya de los años efectivos de servicios las interrupciones que hayan tenido los trabajadores en sus contratos de trabajo, provenientes de faltas injustificadas y de permisos sin goce de sueldo; así como las estipulaciones establecidas en el convenio de fecha once de noviembre del citado año, deben tenerse por no puestas por ser nulas de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de la indemnización y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se les dé; por tanto, dentro del tiempo efectivo de servicios prestados por el trabajador a la empresa, para el efecto del pago de la prima de antigüedad o por retiro voluntario, deben computarse o incluirse los días en que el trabajador faltó a sus labores, ya sea injustificadamente o por haber obtenido permisos sin goce de sueldo, puesto que en cualquiera de estas dos hipótesis el trabajador no deja de estar a disposición de su patrón y, consecuentemente, la relación de trabajo no sufre interrupción alguna, por no darse ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 42 de la ley de la materia, pues en el caso de los permisos concedidos al trabajador por el patrón sin goce de sueldo, el trabajador puede hacer uso o no de ellos y el patrón por su parte, está facultado para concedérselos o no; y en el supuesto de las faltas injustificadas del trabajador, el patrón está en aptitud de imponerle en su caso las sanciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con el reglamento interior de trabajo, si lo hubiera, o bien, de rescindir la relación de trabajo, en términos de la fracción X del artículo 47 de la invocada ley federal.

"El anterior criterio lo ha sostenido este Tribunal Colegiado, en la tesis de jurisprudencia visible en la página 77 de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Número veinticinco, de enero de mil novecientos noventa, que a la letra dice: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD, LAS INASISTENCIAS, AL TRABAJO, POR FALTAS INJUSTIFICADAS Y POR PERMISOS SIN GOCE DE SUELDO, DEBEN COMPUTARSE PARA EL PAGO DE.’ (no se transcribe el texto por ser innecesario).

"Por otra parte, debe precisarse que si bien es cierto que al trabajador aquí quejoso se le está pagando por concepto de primera (sic) de antigüedad, una cantidad que de conformidad con los convenios ya citados, es superior a la que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que en el caso la litis se circunscribe a determinar si dentro del tiempo efectivo de servicios prestados por el trabajador a la empresa deben o no incluirse las ochocientas cincuenta y cuatro inasistencias a su trabajo, derivadas de las faltas injustificadas y permisos sin goce de sueldo y no el monto de tal prestación; además el concepto de tiempo efectivo de servicios no sólo es aplicable a la prima de antigüedad de referencia, sino también debe ser extensiva a la prestación denominada retiro voluntario que se pacta en algunos contratos colectivos de trabajo, dado que tanto en uno como en otro caso se trata de la misma prestación por participar de una misma naturaleza jurídica.

"Asimismo, debe decirse que el hecho de que el convenio de fecha once de noviembre de mil novecientos noventa y uno, mediante el cual se pagó al actor su prima de antigüedad, haya sido aprobado por la Junta responsable, elevándolo a la categoría de laudo con la autoridad de cosa juzgada, ello en nada trasciende en lo aquí considerado, toda vez que como ya se dijo, dicho convenio es nulo de pleno derecho, por contener renuncia de derechos del trabajador y, por tanto, su aprobación por la Junta no produce efecto legal alguno, según lo dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo; sin que sea necesario que el trabajador demande previamente la nulidad del citado convenio porque conforme a la fracción XXVII, inciso h), del artículo 123 constitucional, son condiciones nulas y no obligan a los contrayentes las que implican renuncia de derechos consagrados en la ley a favor de los trabajadores. En apoyo de lo anterior se cita la tesis de la Cuarta Sala visible en la página 599 del segundo tomo de precedentes que no han integrado jurisprudencia, compilación 1969-1986, tesis que es del tenor literal siguiente: ‘RENUNCIAS A DERECHOS LEGALES DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE CONVENIO. NO ES NECESARIO DEMANDAR SU NULIDAD.’ (no se transcribe el texto por ser innecesario).

"Por otra parte, tratándose de convenios aprobados por las Juntas, no puede hablarse de cosa juzgada, porque al aprobarlos no resuelve como órgano jurisdiccional las cuestiones sometidas a su conocimiento, sino que sólo se limitan a aprobar el acuerdo de voluntades de las partes. En apoyo de lo anterior se cita por analogía, la tesis de jurisprudencia de la Cuarta Sala número 523, visible en la página 905 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, tesis que es del tenor literal siguiente: ‘CONVENIOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS.’ (no se transcribe el texto por ser innecesario). ..."

El tribunal de que se trata formuló consideraciones idénticas al resolver los juicios de amparo directo 149/92, 150/92, 152/92 y 154/92, por lo que es ocioso reproducir las ejecutorias respectivas.

De las ejecutorias anteriores derivó la siguiente tesis:

"CONVENIO EN MATERIA LABORAL. CUANDO CONTIENE RENUNCIA DE DERECHOS. ES NULO EL. Si en un convenio celebrado y ratificado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje la parte obrera acepta que del pago que le corresponde por concepto de prima de antigüedad o retiro voluntario en su caso, se le descuenten las faltas que haya tenido a su trabajo, ya sea sin causa justificada o por permisos concedidos sin goce de sueldo, es nulo de pleno derecho según lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, por contener una renuncia de derechos, sin que sea necesario que se promueva su nulidad por parte interesada." (Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 56, agosto de 1992, tesis XVII.1o. J/12, página 72).

CUARTO. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número P./J. 26/2001, visible en la página 76, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", de la cual se advierte que, para la existencia de la contradicción de tesis, deben actualizarse los siguientes requisitos:

a) Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

El análisis comparativo de las sentencias reseñadas en el considerando precedente, revela que sí existe contradicción de criterios, pues, por un lado, éstos provienen del examen de los mismos elementos, ya que:

1. Los trabajadores relacionados con esos asuntos celebraron con sus patrones diversos convenios sobre terminación voluntaria de la relación de trabajo, que fueron ratificados y sancionados ante las respectivas Juntas de Conciliación y Arbitraje; sólo que, en uno de ellos, esa terminación se dio mediante el otorgamiento de una jubilación especial del obrero.

2. Posteriormente, dichos trabajadores demandaron en la vía laboral diversas prestaciones; en un caso, diferencias económicas derivadas de la antigüedad del trabajador. En el otro, la incorrecta integración de la pensión jubilatoria.

3. Las respectivas Juntas declararon infundadas las pretensiones de los trabajadores, con base en que existían los convenios, los cuales merecían pleno valor probatorio, por tener la categoría de cosa juzgada.

4. Los trabajadores promovieron amparo contra los laudos dictados en esos asuntos. En los juicios constitucionales respectivos, cuyas ejecutorias son ahora materia de esta contradicción, se analizó la cuestión relativa a la validez de los convenios.

Ahora bien, la diferencia de criterios se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de dichas ejecutorias, en donde respecto de una cuestión jurídica esencialmente igual se adoptaron criterios discrepantes.

La anterior conclusión tiene sustento en que, por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito estableció que si bien el trabajador alegó en el amparo que el convenio relativo había sido sancionado ante la Junta, a pesar de que éste implicaba renuncia a los derechos de los trabajadores y, por tanto, violación al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la garantía social establecida en el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, agregó el tribunal, el juicio de amparo no era la vía legal para impugnar ese acuerdo de voluntades, pues si el trabajador consideraba que contenía renuncia de derechos o vicios de validez, estaba obligado a promover lo pertinente ante la Junta que lo aprobó, es decir, debía prevalecer lo pactado entre las partes mientras no fuera considerado nulo.

En cambio, el otro tribunal consideró que las estipulaciones establecidas en el convenio debían tenerse por no puestas por ser nulas de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de la indemnización y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se les dé; y que la circunstancia de que el convenio hubiera sido aprobado por la Junta, elevándolo a la categoría de laudo con autoridad de cosa juzgada, en nada trascendía, pues era nulo de pleno derecho, por contener renuncia de derechos del trabajador y, por tanto, dicha aprobación no producía efecto legal alguno, según lo dispuesto en el segundo párrafo del referido artículo 33; sin que fuera necesario que el trabajador demandara previamente su nulidad, porque conforme a la fracción XXVII, inciso h), del artículo 123 constitucional, son condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, las que implican renuncia de derechos consagrados en la ley a favor de los trabajadores.

De lo anterior se advierte que mientras un Tribunal Colegiado considera que un convenio laboral aprobado y sancionado por la Junta, que contiene renuncia de derechos, con infracción al artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 33 de la Ley Federal del Trabajo, debe ser impugnado ante la Junta para que se declare su nulidad, y si no se demanda ésta, el tema no puede ser materia de análisis en el amparo directo; el otro tribunal estima que no es necesario que el trabajador demande previamente su nulidad, porque conforme a esas disposiciones constitucional y legal, son condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, las que implican renuncia de derechos consagrados en la ley a favor de los trabajadores, asumiendo implícitamente entonces que sí es posible analizar en vía de amparo esa nulidad, aunque no haya sido previamente planteada ante la Junta, tan es así, que el propio tribunal consideró afectado de nulidad el convenio respectivo.

Por tanto, la litis en el presente asunto se circunscribe a determinar si los trabajadores están obligados a demandar la nulidad de los convenios laborales sancionados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que importan violación al artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 33 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que sea posible que el Tribunal Colegiado respectivo analice, en su caso, el tema de nulidad en vía de amparo; o bien, si en éste puede abordarse el mismo tema, sin que previamente exista declaratoria por parte de dichas Juntas.

No es obstáculo para la integración de la presente contradicción, la circunstancia de que en los asuntos laborales de donde provienen las ejecutorias de amparo que la conforman se hubiesen planteado acciones distintas, para de ahí colegir que se está en presencia de elementos distintos; pues lo importante es que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto de un mismo tema jurídico: nulidad de los convenios aprobados por las Juntas, a la luz de la interpretación de los mismos preceptos legales (artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 33 de la Ley Federal del Trabajo).

Tampoco obsta que uno de dichos colegiados hubiera considerado implícitamente que sí es posible analizar en vía de amparo esa nulidad, aunque no le haya sido previamente planteada a la Junta, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 93/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."

QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que se sustenta en la presente resolución.

Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 de la Ley Federal del Trabajo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21412-a6cb3264/convenio-laboral-sancionado-por-la-junta-de-conciliacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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