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CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE SI EL PUNTO CONTRADICTORIO DEL QUE SE OCUPARÍA EL ESTUDIO DEL ASUNTO YA FUE DEFINIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CUANDO EL PLENO O LAS SALAS ADVIERTAN LA EXISTENCIA DE UNA TESIS EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO INCOMPATIBLE CON AQUÉLLA, ASÍ SE HARÁ CONSTAR CON UNA NOTA EN LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2019. · Registro digital (IUS): 29175
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Pág. 334.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE Y PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

II. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada «P. I/2012 (10a.)», del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).".(5) Así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

III. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.

IV. Existencia

8. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia que este Alto Tribunal ha fijado,(6) consistentes en que:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

9. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello, se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.

Antecedentes del primer criterio contendiente

10. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de los juicios de amparo directo **********, **********, **********, ********** y **********. Sin embargo, se hará mención sólo de la consulta a trámite derivada del primero de dichos asuntos, por ser en ése, en el único en el que se emitieron las consideraciones y justificaciones que dieron origen al criterio que participa en este asunto, mientras que en el resto solamente se invocó la tesis aislada que, en su momento, integró jurisprudencia.

11. Los antecedentes más relevantes del juicio de amparo directo **********, en relación con el tema analizado, fueron:

a) El asunto proviene de un juicio ordinario mercantil seguido en el fuero federal. El Juez de Distrito dictó sentencia definitiva en la que tuvo por acreditada la excepción de prescripción, sin hacer especial condena en costas.

b) En contra de dicha determinación la actora interpuso recurso de apelación. El tribunal de alzada confirmó la sentencia definitiva y condenó a la apelante al pago de costas en ambas instancias.

c) Inconforme con esa determinación, la enjuiciante promovió juicio de amparo directo, en el cual señaló como actos reclamados y autoridades responsables, los siguientes:

• Del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.—La sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, dictada en el toca número **********.

• Del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.—La sentencia definitiva de veintiuno de mayo de dos mil ocho y su ejecución.

• De los actuarios adscritos al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.—La ejecución de la sentencia definitiva de veintiuno de mayo de dos mil ocho, emitida en el juicio ordinario mercantil de origen.

12. Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de amparo, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito formuló una consulta a trámite en relación con la calidad que debía reconocérseles a las autoridades señaladas como responsables.

13. En razón de lo anterior, el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, el Pleno de ese Tribunal Colegiado emitió resolución, con los siguientes argumentos:

• Las "partes" son quienes figuran en la relación procesal del juicio de amparo, ya sea activa o pasivamente. El artículo 5o. de la Ley de Amparo,(7) actualmente abrogada, no define lo que debe entenderse por parte; por ello, estimó necesario acudir a la doctrina a fin de establecer, que parte "es aquella que tiene interés en que se declare la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley o acto que se reclama en el amparo o también se constituye en un medio regulador de dicho juicio al vigilar que éste se lleve acorde con la Ley de Amparo".

• Posteriormente, el órgano colegiado estimó pertinente dilucidar cuándo la autoridad responsable tiene la calidad de ordenadora o ejecutora y, para ello, precisó el concepto de autoridad (auctoritas) el cual –expuso–, se entiende como el órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado como violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados, que está obligado a rendir el informe justificado correspondiente y a defender la constitucionalidad de dicha ley o acto.

• Agregó que, según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cada caso se debe analizar si se satisfacen o no los presupuestos para determinar cuándo una autoridad puede ser considerada como responsable para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de que pueda ejercer la fuerza pública de manera directa o por conducto de otras autoridades, como órgano de Estado perteneciente a la administración pública centralizada o paraestatal, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, de manera unilateral, a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados.

• El tribunal de amparo también explicó que, el artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada,(8) define a la autoridad responsable como aquella que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

• Bajo este contexto, el Tribunal Colegiado expuso que las características distintivas que debe tener una autoridad, a fin de ser considerada como tal, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes:

- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra subordinación con un particular;

- Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad;

- Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y,

- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

• Dichas características, dijo el tribunal, no restringen el concepto de autoridad a aquéllos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos niveles (federal, estatal, o municipal), sino que hacen referencia a cualquier ente público, en donde se incluyen organismos paraestatales, descentralizados y autónomos, cualquiera que sea su denominación.

• Por ende, a fin de determinar la calidad de autoridad responsable, es indispensable analizar las características particulares de aquel ente al que se le imputa el acto reclamado y la naturaleza de éste, es decir, a quién y qué se reclama en el juicio de amparo.

• Además, el Tribunal Colegiado indicó, que la Ley de Amparo tampoco establece algún concepto de autoridad responsable ordenadora, por lo que atendiendo a sus raíces etimológicas, para los efectos del amparo, la autoridad ordenadora puede definirse como el órgano del Estado investido de facultades de decisión que expide la ley o dicta una orden o mandato que estima violatorio de garantías o del sistema de distribución de competencias entre la Federación y los Estados y sobre el cual está obligado a rendir un informe previo o justificado, dentro del plazo legal, en el que expresará si son ciertos o no los actos que se le imputan. Es decir, se trata de aquella autoridad del Estado que, por razón de su jerarquía tiene la facultad para emitir un mandato o una orden que debe de cumplirse por la autoridad subalterna y en contra de un gobernado; orden en contra de la cual se promueve el amparo por el agraviado.

• De igual forma, el tribunal precisó, que tampoco se encuentra definido el concepto de autoridad ejecutora para los efectos del juicio de amparo, por lo que de acuerdo a los orígenes de la palabra, ésta se podía definir como aquella que cuenta con autoridad propia para cumplir algo, ir hasta el final. Así, para efectos del amparo, el órgano colegiado consideró, que la autoridad ejecutora es la que ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, es decir, aquella que lleva a cabo el mandato legal o la orden de la autoridad responsable ordenadora o decisoria, hasta sus últimas consecuencias; es la que tiene el carácter de autoridad subalterna que ejecuta o trata de ejecutar o ya ejecutó el acto reclamado dictado por la autoridad ordenadora, en virtud de que conforme a las facultades y obligaciones que la ley le confiere le corresponde el cumplimiento de la sentencia, esto es, la actuación inmediata tendente a acatar el fallo definitivo conforme a las consideraciones y resolutivos que contenga.

• El órgano jurisdiccional expuso que, los actos que pueden impugnarse en el juicio de amparo directo, están limitados expresamente a sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que, en principio, pareciera que en el juicio de amparo directo no serían susceptibles de reclamarse los actos de ejecución.

• No obstante, dicho tribunal de amparo consideró que el Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 2/1995, estableció los siguientes criterios jurisprudenciales: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS." y "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES A QUIÉNES SE ATRIBUYA LA EJECUCIÓN, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO RECLAMADO.", en los que se advierte que cuando la autoridad señalada en la demanda de amparo directo no es el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, sólo puede considerársele autoridad responsable con el carácter de ejecutora de la sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio que se reclame, de acuerdo con la ley o con los términos del acto ordenador.

• Sin embargo, según tales criterios, si una autoridad es señalada como responsable y no tiene conforme a la ley funciones de ejecución, en tanto que los actos que se le atribuyen no están ordenados en el mandato del órgano jurisdiccional que emitió la sentencia, debe considerarse que no obró en cumplimiento de éste, sino que lo hizo de propia autoridad; de ahí que en tal supuesto, no tenga el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo.

• En ese sentido, el órgano colegiado concluyó que, será el tribunal de amparo el que determine quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora, con independencia de la designación que en ese sentido realice el quejoso en la demanda de amparo.

• Por otro lado, el órgano jurisdiccional federal consideró que, el juicio de amparo directo es eminentemente judicial, pues presupone que siempre debe existir un juicio previo seguido en jurisdicción ordinaria, lo que determina que las autoridades responsables siempre sean del orden judicial, puesto que sólo los Jueces pueden dictar sentencias conforme al artículo 14 constitucional, sea en primera o en segunda instancia; es decir, la sentencia definitiva anterior al amparo directo siempre será resultado de un juicio y emitida por un juzgador en única instancia o en apelación al a quo, a quien por la revisión corresponde el calificativo de autoridad ordenadora, por ser quien con facultades constitucionales y legales puede emitir las sentencias.

• Luego, la facultad revisora del tribunal de segunda instancia solamente entraña el estudio de la legalidad del acto decisorio del Juez, sin que ello signifique que este último asuma la obligación de ejecutar un fallo condenatorio; por lo que es claro que resuelta la segunda instancia los autos vuelvan al juzgado de origen, y será entonces el Juez quien "ordene" la ejecución de cualquier condena que haya quedado establecida.

• De ahí, que el Juez a quo se constituye como autoridad ordenadora al dictar la sentencia, esto es, al decidir la contradicción existente entre la acción y la excepción o declarar la imposibilidad de su estudio por la falta de algún presupuesto procesal. La segunda instancia, por su parte, sólo tiende a dar firmeza a la decisión, ya sea porque fue confirmada, modificada o revocada, de la misma forma que adquiere firmeza al no ser recurrida por las partes en los plazos legales para su impugnación.

• El tribunal concluyó que, una vez emitida la sentencia, el Juez de primera instancia agotó su jurisdicción como autoridad rectora del juicio, y como autoridad ordenadora, por lo que será hasta que ésta adquiera firmeza que dicho operador jurídico podrá entonces ejecutar la sentencia. Sin embargo, para el Tribunal Colegiado de amparo, esta fase del juicio equivale a "ordenar" la ejecución, pues en el ámbito formal puede emitir de oficio o a petición de parte la orden para ello, aunque conforme a la ley, la materialidad de la ejecución recae sobre otros funcionarios judiciales como los actuarios o secretarios habilitados, quienes llevarán a cabo lo ordenado.

• Por esas razones, dicho tribunal de amparo concluyó que, en el juicio de amparo directo debe considerarse al actuario adscrito al juzgado de primera instancia, como autoridad ejecutora, en la medida que es quien observa las órdenes del Juez, pues notifica y ejecuta los actos procesales, sin que sea válido en el juicio de amparo directo analizar la legalidad de las actuaciones realizadas en la ejecución, ya que, aunque formalmente pueden reclamarse, ello, solamente es en vía de consecuencia, y respecto de aquellos actos que tienen la naturaleza de inminentes, porque son la consecuencia lógica jurídica de la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio.

• En ese tenor, el Tribunal Colegiado consideró innecesario solicitar el informe justificado a las autoridades ejecutoras, ante la falta de impugnación de los actos de ejecución por vicios propios pues, en su opinión, sólo debía informárseles de la presentación de la demanda y admisión del juicio de amparo, con las copias respectivas.

• De igual forma estimó que tampoco era necesario solicitar, en su caso, a la autoridad ejecutora el cumplimiento de la sentencia, ya que éste correspondía a la autoridad de segunda instancia y, sería hasta que el Juez recibiera los autos que habría de dictar las medidas necesarias para el cumplimiento material de la ejecutoria, momento en el que se convierte en una autoridad ejecutora formal, dado que el actuario de su adscripción será la autoridad ejecutora material.

• Por todos los argumentos expuestos, en dicha resolución se determinó reconocer la calidad de autoridad responsable ordenadora al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, al que se le reclamó la sentencia definitiva de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, y no se reconoció con dicho carácter a los actuarios adscritos a ese órgano jurisdiccional.

• Asimismo, se reconoció únicamente como autoridad responsable ordenadora de la sentencia de primer grado al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, toda vez que fue quien emitió la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil ocho, dentro del juicio ordinario civil **********, en el entendido de que, con dicha emisión cesó su función jurisdiccional, ya que fue sustituido por el tribunal de alzada quien, al resolver el recurso, corregirá los errores u omisiones advertidas vía agravios, pues no existe el reenvío.

• De ahí que, si bien el Juez de origen es autoridad ordenadora puesto que emitió el fallo de primera instancia; lo cierto es, que para efectos del juicio de amparo directo, no le asiste la calidad de autoridad responsable ejecutora de la sentencia que emitió y que fue confirmada por el tribunal de apelación, toda vez que su jurisdicción cesó con el dictado de la sentencia de primera instancia y, por ende, será hasta que reciba del tribunal de apelación los autos y las constancias y el vencedor lo solicite, cuando dicho Juez a quo habrá de ordenar la ejecución.

• Finalmente, el Tribunal Colegiado reconoció como autoridades ejecutoras a los actuarios adscritos al juzgado natural.

14. De dicha resolución, derivó la siguiente tesis aislada:

"JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. ES AUTORIDAD ORDENADORA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PERO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MATERIAL PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.—Cuando el Juez que conoció del juicio originario pronuncia la sentencia definitiva en la que consuma totalmente la facultad y la obligación que la ley le confiere de fallar el negocio en la primera instancia, si la sentencia es impugnada mediante el recurso de apelación, se inicia la segunda instancia bajo la competencia del tribunal revisor, en el cual no existe reenvío, porque no se le puede devolver para que el inferior llene las omisiones o corrija los errores en que pudiera haber incurrido en la resolución apelada, sino que atenta la materia de los agravios debe corregir las omisiones o errores cometidos, puesto que puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. Entonces, el Juez natural es una autoridad ordenadora ya que emite la sentencia de primera instancia, no obstante, al no tener definitividad sus resoluciones y de haber sido impugnado dicho fallo mediante el recurso de apelación, cesó su jurisdicción en relación con la controversia de que se trata, ya que quedó sustituido en sus funciones y en razón de la técnica que rige en el recurso de apelación, esto es, ante la ausencia de reenvío, la sentencia mediante la cual se resolvió el recurso sustituyó procesalmente a la resolución de primera instancia, por lo que es inconcuso que la única sentencia que puede ser materia de estudio en el juicio de amparo directo es la de segundo grado. Luego, dado que el concepto de autoridad va en estrecha vinculación con la naturaleza del acto reclamado, será el tribunal de amparo el que determine quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis que en cada caso se efectúe de sus características para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional, con independencia de la designación que en ese sentido realice el quejoso en la demanda de amparo. Así, en términos de los artículos 5o., fracción II y 11, ambos de la Ley de Amparo, se debe reconocer la calidad de autoridad ordenadora al Juez de origen que emite la sentencia de primer grado, sin perjuicio de que al haber resuelto esa primera instancia cesó su jurisdicción así como los efectos del acto que emitió. Sin embargo, para los efectos del amparo directo, no puede tenérsele como autoridad responsable ejecutora de la sentencia que emitió y que fue confirmada, modificada o revocada por el tribunal de apelación, la que adquirió la característica de ejecutoria y conserva la calidad de cosa juzgada, debido a que los Jueces de origen son autoridades ordenadoras en cuanto a que tienen la obligación de resolver el juicio contradictorio y su jurisdicción cesa con el dictado de la sentencia de primera instancia; por otro lado, será hasta que reciba del tribunal de apelación los autos y las constancias y el vencedor en el juicio lo solicite, cuando dicho juzgador primigenio ordenará y vigilará la ejecución, esto es, se convertirá en una autoridad ejecutora sólo en un aspecto formal; en tal virtud, con fundamento en los numerales 5o., fracción II y 11, de la Ley de Amparo, no debe tenerse como autoridad responsable ejecutora material al Juez de primera instancia." (énfasis añadido)

15. Cabe precisar, que en acatamiento a la resolución dictada en la consulta a trámite, el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, el Tribunal Colegiado admitió la demanda de amparo registrada con el número de expediente **********, en los siguientes términos:

"Se admite la demanda de garantías contra los actos que reclama del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito y de los actuarios adscritos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Por lo que ve al acto reclamado consistente en la sentencia de veintiuno de mayo de dos mil ocho emitida en el amparo ********** por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, no obstante ello, se reconoce la calidad de autoridad ordenadora al Juez de origen que emite la sentencia de primer grado. Respecto de los actuarios adscritos al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora. Se tiene por rendido el informe justificado. Se tiene por emplazada a la parte tercera perjudicada. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Se tiene como domicilio del promovente el que indica y como autorizadas a las personas que menciona. Se tiene a la parte tercera perjudicada formulando alegatos se tiene como su domicilio el que indica y como autorizadas a las personas que menciona. Respecto de la devolución de la copia certificada que menciona dígasele que una vez que se resuelva el presente asunto se le devolverá. Túrnese este asunto al Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Notifíquese."

16. Posteriormente, la referida tesis aislada fue reiterada en cuatro ejecutorias más emitidas por el mismo Tribunal Colegiado y de forma ininterrumpida por lo que dicho criterio constituyó jurisprudencia por reiteración.

17. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió un asunto (amparo directo **********) con las características siguientes:

a) En la vía ejecutiva mercantil, una persona física demandó de otra, el pago de $**********, por concepto de suerte principal, intereses moratorios y las costas del juicio, mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

b) El enjuiciado dio contestación a la demanda y se allanó parcialmente a las prestaciones reclamadas. Asimismo, opuso como excepciones y defensas, la de caducidad del título, nulidad del interés pactado, falta de personalidad del ejecutante y caducidad de la acción cambiaria directa.

c) Seguido el juicio en sus etapas procesales, el Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México dictó sentencia definitiva en la que declaró fundada la excepción de prescripción y, en consecuencia, dejó a salvo los derechos de la parte actora para que los hiciera valer en la vía y forma que a su derecho conviniera. No emitió especial condena en costas.

d) Inconforme con tal resolución, el enjuiciado interpuso recurso de apelación. La Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México conoció del recurso de mérito y emitió sentencia el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en el sentido de modificar el cuarto punto resolutivo de la sentencia definitiva recurrida y condenar al actor al pago de costas en primera instancia. No obstante, absolvió al demandado de las generadas en segunda instancia.

e) El propio enjuiciado promovió juicio de amparo directo, contra los actos y autoridades responsables siguientes:

Como ordenadora:

- La Primera Sala Civil Regional con sede en Toluca, del Poder Judicial del Estado de México.—La sentencia dictada en el toca **********, de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Como ejecutora:

- El Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, México.—La ejecución de la sentencia dictada en el toca **********.

f) El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito emitió sentencia en la que negó la protección constitucional solicitada.

g) Cabe precisar que, en el considerando segundo de dicha ejecutoria el Colegiado tuvo por ciertos los actos reclamados del Juez Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y desestimó la causal de improcedencia que dicha autoridad hizo valer y que sustentó en la jurisprudencia I.3o.C. J/62, de rubro: "JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. ES AUTORIDAD ORDENADORA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, PERO NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA MATERIAL PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", por las siguientes razones:

• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/1995, analizó estas posturas sostenidas por los tribunales contendientes:

1. En la primera, el quejoso señaló como acto reclamado un laudo, y como autoridad responsable ordenadora a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, y a su presidente, como autoridad ejecutora. Ello, motivó que se determinara, que el presidente no tenía el carácter de autoridad responsable, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada –que disponía que tenía dicho carácter sólo la que dicta el acto reclamado– por lo que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, del ordenamiento en cita, en relación con el precepto antes indicado, lo que obligaba a sobreseer en el juicio de amparo respecto de él.

2. En la segunda, el quejoso señaló como acto reclamado la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, emanada del procedimiento penal seguido en su contra, y le atribuyó los actos de ejecución de dicha sentencia al Juez Mixto de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz; estos últimos siguieron la suerte de los atribuidos a la autoridad ordenadora, porque su inconstitucionalidad no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia de la sentencia definitiva reclamada.

• En cuanto al tema en contradicción, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que debía prevalecer la segunda postura, ya que la procedencia del amparo directo contra una sentencia definitiva o laudo, conlleva la procedencia del amparo en esa vía para combatir los actos mediante los cuales se pretenden ejecutar aquellas resoluciones, cuando la ejecución no se impugna por vicios propios, pues si la inconstitucionalidad de los actos de ejecución se plantea por el quejoso exclusivamente en vía de consecuencia de la inconstitucionalidad que pueda resultar de la sentencia definitiva o laudo reclamado, la vinculación de causalidad jurídica tan estrecha que existe entre ambos actos, la resolución y su ejecución, exige que los resuelva el mismo órgano de control constitucional, atendiendo a que el resultado al que se llegue respecto de dicha resolución igualmente comprenderá el de su ejecución.

• El Alto Tribunal del País resolvió que, la consideración anterior se corroboraba con el hecho de que no puede concebirse que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29175-66f3f716/contradiccion-de-tesis-entre-tribunales-colegiados-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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