USURA. AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE APLICAR LA JURISPRUDENCIA QUE ORDENA EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA, NO OBSTANTE QUE EL ACTO RECLAMADO SE HAYA EMITIDO BAJO LA VIGENCIA DE UN CRITERIO INTERPRETATIVO DIFERENTE. USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE.
USURA. AL RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE APLICAR LA JURISPRUDENCIA QUE ORDENA EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA, NO OBSTANTE QUE EL ACTO RECLAMADO SE HAYA EMITIDO BAJO LA VIGENCIA DE UN CRITERIO INTERPRETATIVO DIFERENTE.
USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: CECILIA ARMENGOL ALONSO, MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ, MÓNICA CACHO MALDONADO, MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ, LUIS MAURICIO RANGEL ARGÜELLES Y MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
III. COMPETENCIA
6. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
7. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Esto, con base, además, en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis aislada registrada con el número I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL ONCE)."(3)
8. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando uno de los criterios sustentados por los tribunales contendientes no se ve reflejada en alguna tesis o jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para que este Alto Tribunal proceda a su análisis, establezca si existe la contradicción planteada y, en su caso, determine cuál es el criterio que debe prevalecer, pues lo trascendente es que se advierta la discrepancia de sus criterios, siendo aplicable la tesis aislada registrada con el número L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4)
IV. LEGITIMACIÓN
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 235/2014, del índice del tribunal al que se encuentra adscrita. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
10. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(5) a saber:
10.1. Primero: Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
10.2. Segundo: Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
10.3. Tercero: Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
11. A continuación, se explican las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia.
12. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá enseguida:
13. El PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO resolvió el juicio de amparo directo 235/2014, cuyos antecedentes y consideraciones se sintetizan enseguida:
13.1. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, el actor, por conducto de su endosataria en procuración, demandó del suscriptor de un título de crédito, así como de su avalista, las siguientes prestaciones:
a) El pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal.
b) El pago de intereses moratorios, a partir de la fecha de vencimiento del pagaré base de la acción, a razón del 10% mensual pactado en el mismo.
13.2. De la demanda conoció el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, quien la radicó bajo el estadístico **********, y el dieciséis de abril de dos mil catorce dictó sentencia definitiva en la que acogió las pretensiones del actor.
13.3. El veintiocho de abril de dos mil catorce, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que señaló como acto reclamado dicha sentencia.
13.4. El conocimiento de la demanda de garantías correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyos integrantes (por unanimidad; pero con salvedades en la emisión del voto de uno de los integrantes de dicho órgano colegiado), en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil catorce, concedieron el amparo y protección de la justicia por las razones que a continuación se señalan:
13.5. En primer término, el Tribunal Colegiado de Circuito declaró inoperantes diversos agravios esgrimidos por el quejoso, relativos a la falta de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad de la sentencia reclamada, así como atinentes a evidenciar violaciones en las formalidades del procedimiento de origen. Ello, con base en que dichas manifestaciones no se encaminaron a combatir las determinaciones torales de la sentencia combatida, sobre las que el Juez primigenio sustentó la procedencia de la acción cambiaria directa.
13.6. Por otro lado, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró suplir la deficiencia de la queja, al advertir una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al quejoso, a saber, que el juzgador responsable no aplicó de oficio el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, interpretado de conformidad con el artículo 1o. de nuestra Carta Fundamental y 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé el derecho humano a la prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre contraria al derecho de propiedad.
13.7. Dicha interpretación que le obliga a verificar si el pacto de intereses es usurario y, en su caso, a modular los mismos para evitar tal forma de explotación humana, encuentra apoyo en lo resuelto en la contradicción de tesis 350/2013, de la cual conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio lugar a las jurisprudencias de rubros: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.), Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE."
13.8. Al respecto, el tribunal de amparo precisó que, al resolver dicha contradicción, la Primera Sala de este Alto Tribunal, se decantó por una interpretación conforme del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que la llevó a abandonar el razonamiento sustentado en la jurisprudencia de rubro: "INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL. CUÁNDO DEBE CONSIDERARSE QUE EXISTE Y EN QUÉ MOMENTO PROCESAL DEBE ESTUDIARSE.";(6) así como la diversa tesis aislada: "INTERESES USURARIOS EN EL PAGARÉ. SUS CONSECUENCIAS."(7)
13.9. Asimismo, precisó que las razones que llevaron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar tales criterios, fueron:
- Tomar en cuenta la obligación contenida en los artículos 1o. y 133 de nuestra Constitución, que imponen el deber a todos los Jueces de inhibir la aplicación de normas contrarias a la Carta Magna y a los derechos fundamentales contenidos en los diversos tratados suscritos por el Estado Mexicano.
- En los criterios superados se equiparó el interés lesivo al interés usurario, lo que tuvo como consecuencia exigir las mismas cargas procesales consideradas para el interés lesivo, para hacer efectiva la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que la ley debe prohibir la usura.
- Con lo anterior, se dejó de considerar la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, promover y garantizar los derechos humanos, ya que el interés lesivo implica la necesidad de acreditar determinadas cargas procesales; mientras el fenómeno de la usura tiene un alcance más amplio, que comprende cualquier caso en el que una persona obtenga el provecho propio de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo y desproporcionado.
13.10. Por las razones sintetizadas, el órgano de amparo resolvió que el Juez tenía la facultad de efectuar el control de convencionalidad ex officio, sobre el pacto de intereses, aun ante la falta de petición de parte sobre el tópico.
13.11. Expuesto lo anterior, precisó que es obligación del juzgador evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de las tasas de interés, de conformidad con determinados parámetros, precisados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
13.12. Así, esclareció que en la sentencia señalada como acto reclamado, la condena de intereses moratorios equivalía a un ciento veinte por ciento (120%) anual, y que el Juez no analizó si dicho pacto actualizaba o no, el fenómeno de la usura, por lo que los efectos de la concesión fueron únicamente para que el juzgador de origen analizara si dicha forma de explotación se actualizaba y, en su caso, redujera prudencialmente los intereses.
13.13. Por último, el Tribunal Colegiado de Circuito señaló que, si bien su decisión se apoyó en los criterios con los rubros: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.), Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", los cuales fueron emitidos por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con posterioridad al dictado del acto reclamado; su observancia en el dictado de la sentencia de amparo directo no implicaba la transgresión del último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, que dispone que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna.
13.14. Lo anterior, puesto que aclaró que en el caso concreto no se hizo nugatorio algún derecho adquirido por el tercero interesado, sino que sólo se reconoce el derecho derivado del artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la consecuente obligación de los Jueces de examinar de oficio, si en los casos sometidos a su jurisdicción se actualiza el fenómeno de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, contraria al derecho de propiedad.
14. Por su parte, el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL resolvió los juicios de amparo 124/2014, 196/2014, 214/2014, 246/2014 y 265/2014, derivados de los juicios ejecutivos mercantiles, en los que se reclamó lo siguiente:
• Juicio de amparo 124/2014. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, el actor, por conducto de su endosatario en procuración, demandó de la suscriptora de un título de crédito, las siguientes prestaciones:
a) El pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal.
b) El pago de intereses moratorios, a partir de la fecha de vencimiento del pagaré base de la acción, a razón del 10% mensual pactado en el mismo.
c) El pago de gastos y costas.
• Juicio de amparo 196/2014. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, el actor, por conducto de su endosatario en procuración, demandó de los suscriptores de un título de crédito, uno en su carácter de deudor principal y dos más en calidad de avalistas, las siguientes prestaciones:
a) El pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal.
b) El pago de intereses moratorios, a partir de la fecha de vencimiento del pagaré base de la acción, a razón del 10% mensual pactado en el mismo.
c) El pago de gastos y costas.
• Juicio de amparo 214/2014. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, los actores, en su carácter de endosatarios en propiedad, demandaron del suscriptor de un título de crédito, las siguientes prestaciones:
a) El pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal.
b) El pago de intereses moratorios, a partir de la fecha de vencimiento del pagaré base de la acción, a razón del 10% mensual pactado en el mismo.
c) El pago de gastos y costas.
• Juicio de amparo 246/2014. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, los actores, en su carácter de endosatarios en propiedad, demandaron de las suscriptoras de un título de crédito, las siguientes prestaciones:
a) El pago de $********** (**********), por concepto de suerte principal.
b) El pago de $********** (**********) por concepto de intereses moratorios a razón del 10% mensual, a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito, más los que se siguieran generando.
c) El pago de gastos y costas.
• Juicio de amparo 265/2014. En el juicio ejecutivo mercantil de origen, el actor, endosatario en propiedad, demandó de la suscriptora de un título de crédito, las siguientes prestaciones:
a) El pago de $********** (**********) por concepto de suerte principal, derivada de la suscripción de dos títulos de crédito.
b) El pago de intereses moratorios, a partir de la fecha de vencimiento de cada uno de los pagarés base de la acción, a razón del 10% mensual pactado en los mismos.
c) El pago de gastos y costas.
15. Habiéndose dictado sentencia definitiva en cada uno de los juicios que han quedado relacionados, los demandados que vieron desestimadas sus excepciones y defensas promovieron, en su momento procesal oportuno, sendos juicios de amparo directo, de los que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, cuyos integrantes (por unanimidad) negaron el amparo y protección de la Justicia Federal por cuestiones de legalidad.
16. Asimismo, una vez desestimados los conceptos de violación, en cada uno de los juicios de amparo, el Tribunal Colegiado, motu proprio, se pronunció en cuanto a la obligatoriedad de los criterios emitidos por este Alto Tribunal, de rubros:
"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.), Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE."
17. Al respecto, el tribunal de amparo señaló que tales criterios que obligan a las autoridades jurisdiccionales a aplicar el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a partir de su interpretación conforme y, en consecuencia, a verificar oficiosamente si el pacto de intereses es usurario con la eventual reducción de las tasas de interés desproporcionadas, no eran aplicables a los juicios de los que conoció dado el ámbito temporal de validez de tales criterios.
18. Ello, porque dichas jurisprudencias derivaron de la contradicción de tesis 350/2013, resuelta en sesión de diecinueve de febrero de dos mil catorce y publicadas el veintisiete de junio siguiente en el Semanario Judicial de la Federación; mientras que el acto reclamado en cada uno de los asuntos que resolvió fue emitido, o bien, en una fecha anterior, o bien cuando dichas jurisprudencias aún no se habían publicado en los medios oficiales de difusión, por lo que su observancia no era obligatoria.
19. Explicó que, de conformidad con el artículo 94 constitucional, es la ley la que fija los términos de obligatoriedad de la jurisprudencia, y en este sentido el artículo 217 de la Ley de Amparo señala que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
20. Además puntualizó que, únicamente, si una tesis jurisprudencial ha sido aprobada con tal carácter y publicada a través de los medios autorizados, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a acatarla.
21. Asimismo, dijo no desconocer el criterio relativo a que la aplicación de la jurisprudencia emitida con posterioridad a los hechos litigiosos no contraviene el principio de retroactividad de la ley, y que lleva por rubro: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.";(8) sin embargo, también consideró que esa tesis jurisprudencial no era aplicable, pues la misma interpretaba el marco constitucional y legal anterior a la vigencia de la actual Ley de Amparo.
22. En este orden de ideas, consideró que, según el Acuerdo General Número 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, la jurisprudencia es aplicable a partir del momento de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Ello, también de conformidad con la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: ‘ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA’. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN."(9)
23. Por último, sostuvo que los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no hayan sido debidamente publicados en el medio de difusión oficial y que no adquieran el carácter de obligatorios, podrían servir de fuente orientadora para la solución de casos prácticos, pero no le vinculan a resolver en cierto sentido.
24. Sobre la base de todo lo anterior, la resolución de los juicios de amparo de los que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, y que han quedado relacionados, dieron origen a la jurisprudencia II.1o. J/1 (10a.), Libro 15, publicada en la página dos mil doscientos noventa y siete del Tomo III, febrero de dos mil quince, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"JURISPRUDENCIAS 1a./J. 46/2014 (10a.) Y 1a./J. 47/2014 (10a.) EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS SEXTO Y SÉPTIMO, EN RELACIÓN CON EL SEXTO TRANSITORIO DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 19/2013, DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA DIFUSIÓN DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN VÍA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DE ESTE ALTO TRIBUNAL. Si bien es cierto que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 16, de rubro: ‘JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.’, estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta, también lo es que ese criterio fue pronunciado conforme al marco constitucional anterior al 3 de abril de 2013. Ahora bien, la intelección del artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo en vigor, que prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, acorde con el Acuerdo General Número 19/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de Internet del Alto Tribunal, difundido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1285, en el que se indicó, en términos de los puntos sexto y séptimo, en relación con el sexto transitorio del invocado acuerdo, que la primera publicación semanal de tesis y ejecutorias en dicho Semanario sería el viernes seis de diciembre de dos mil trece, de aplicación obligatoria de los criterios jurisprudenciales a partir del nueve de diciembre del citado año (día hábil siguiente), lleva a considerar que las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, páginas 400 y 402, de títulos y subtítulos: ‘PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].’ y ‘PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.’, respectivamente, son de observancia obligatoria a partir del lunes hábil siguiente, al día en que éstas fueron ingresadas al Semanario Judicial de la Federación, lo que implica que dichos criterios jurisprudenciales cobrarán vigencia respecto de resoluciones dictadas a partir del día aludido, no así respecto de las emitidas con anterioridad pues, de lo contrario, se daría una aplicación retroactiva en perjuicio de una de las partes; lo anterior, porque de la Ley de Amparo vigente y el acuerdo general mencionado contienen una modificación sustancial al sistema de elaboración, aprobación, publicación, difusión y temporalidad en la obligatoriedad de la jurisprudencia que regía con antelación. En este sentido, únicamente si una tesis jurisprudencial ha sido aprobada con este carácter y publicada a través de los medios autorizados (electrónica), los órganos jurisdiccionales están obligados a acatarla y, por ende, están impedidos, por una parte, para cuestionar su contenido o su proceso de integración y, por otra, para dejar de observarla so pretexto de alguna irregularidad advertida; de ahí que si al momento de la emisión del acto reclamado no habían sido publicados los referidos criterios jurisprudenciales, se concluye que éstos no eran obligatorios para la responsable ordenadora."
25. De lo anterior, se deduce que los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método. Lo anterior resulta evidente, ya que los órganos jurisdiccionales involucrados debieron decidir, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, el ámbito temporal de aplicación de las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes veintisiete de junio de dos mil catorce a las 9:30 (nueve treinta) horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, páginas 400 y 402, de títulos y subtítulos:
"PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]."y
"PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE."
26. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que este segundo requisito queda cumplido en el presente caso, puesto que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, consistente en determinar el ámbito temporal de aplicación de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal.
27. Al respecto, cabe señalar que los juicios de amparo directo que dieron pie a la presente contradicción guardan la similitud de que sus antecedentes se remiten a un juicio ejecutivo mercantil, de cuantía menor, en el que se ejerció la acción cambiaria directa respecto del pago de títulos de crédito denominados pagarés, en los que se pactó una tasa de interés susceptible de analizarse para verificar la inexistencia de usura. Igualmente, es preciso indicar que entre ellos existen diferencias accidentales; no obstante, tales discrepancias no dan lugar a sostener la inexistencia de la contradicción de tesis, pues la contrariedad en su decisión se advierte respecto de un tema específico, a saber: determinar el ámbito temporal de aplicación de la jurisprudencia, para la resolución del juicio de amparo; cuestión en torno a la cual, los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron criterios discrepantes.
28. En relación con esto, en la jurisprudencia «P./J. 72/2010» de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(10) el Pleno de este Alto Tribunal explicó que la forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
29. De lo anterior, se advierte que una contradicción de tesis existe cuando es indispensable determinar si hay una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo.
30. Así, la cuestión común a dilucidar en los diversos juicios de amparo directo que dieron origen a la presente contradicción, fue determinar, si las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultan obligatorias para los Tribunales Colegiados al resolver un juicio de amparo directo, en casos en los que se presenten las siguientes circunstancias:
i. Que la autoridad responsable haya emitido el acto reclamado durante la vigencia del criterio jurisprudencial: "INTERÉS USURARIO EN MATERIA MERCANTIL.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26981-069fe935/usura-al-resolver-el-juicio-de-amparo-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTE RECURSO ES IMPROCEDENTE CUANDO SÓLO SE IMPUGNEN CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APRECIACIÓN O APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS GUÍAS QUE DEBE SEGUIR EL (1a./J. 13/2017 (10a.))
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