USURA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, ANTE LA EVIDENCIA DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.
AMPARO EN REVISIÓN 56/2016. 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ. SECRETARIA: NORMA LEONOR MORALES GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Estudio.
Introducción.
Para acceder a las pretensiones del quejoso, recurrente en esta revisión, resulta necesario el acogimiento positivo de las siguientes cuestiones: i) si el pacto de intereses usurarios acogido en una sentencia elevada a la categoría de cosa juzgada, se puede examinar y corregir en un proceso o procedimiento posterior, como excepción a la inmutabilidad de la res judicata; ii) si esta revisión y ajuste se puede hacer en el proceso de ejecución de la sentencia, y en qué fase del mismo; iii) si a pesar de no haberse examinado ex officio en un primer incidente de liquidación de intereses, ni haber sido objeto de excepción, procede la defensa en un segundo o posterior incidente de liquidación de los intereses que se sigan causando; y, iv) si la circunstancia de que el Juez de la causa, al dictar la sentencia objeto de la ejecución, se encontrara impedido por la jurisprudencia para analizar lo referente a la usura, impide hacer el estudio durante la ejecución de sentencia, cuando ya mutó la jurisprudencia anterior.
I. Inmutabilidad de la cosa juzgada, sus excepciones y los pactos usurarios.
La inmutabilidad de la cosa juzgada nunca ha sido absoluta, sino invariablemente se han admitido excepciones a la misma, bajo variadas formas o criterios, ya sea de carácter general, para ser concretadas por el operador jurídico, o mediante enunciados específicos, previstos en las leyes o extraídos por la jurisprudencia.
a. Casos de excepción a la inmutabilidad.
Jordi Nieva Fenoll(15) proporciona importante información al respecto, más o menos en los siguientes términos:
En el derecho romano se consideraron como excepciones los casos en que los fallos estuvieran sustentados en documentos falsos, actividades dolosas, soborno de testigos o colusión del procurador, y para su invocación se otorgó a la parte perjudicada la exceptio doli, conforme a la cual, el demandado podía oponerse a la pretensión de ejecución del actor, aduciendo el empleo de dolo por parte de éste, al momento de la concertación del negocio jurídico o al exigir un cumplimiento inequitativo; también contempló el ejercicio de la restitutio in integrum, que permitía anular un acto o negocio jurídico, formalmente válido, debido a la generación de consecuencias o efectos notoriamente injustos o perjudiciales, para combatir la acción de cumplimiento del actor.
En el derecho germánico se preveía la nulidad de los procesos jurisdiccionales que se hubieran emitido indebidamente por orden directa del rey, o por miedo a la posterior decisión de éste; se otorgaba un plazo de treinta años para su ejercicio, que originalmente era de seis meses, para desmentir testimonios falsos; también provocaba la nulidad del juicio el documento falso, o la posibilidad de desmentir un testimonio; así como la nulidad de los procesos en que se hubiere cometido un delito, para la obtención de una sentencia favorable.
Posteriormente, por ejemplo, en la legislación de las partidas se previó el desatamiento del juicio obtenido por yerro, en cuanto a los hechos; o bien, el juicio generado con base en falsos testigos o por falsas cartas o por cualquiera otra falsedad, o corrupción del Juez (cohecho); la nulidad de todo lo actuado podría plantearse en el plazo de veinte años. Sin embargo, no se admitía como motivo de anulación la aparición de nuevas pruebas, con excepción de los procesos en que hubiera tenido interés el rey.
La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 no contenía referencia al recurso de revisión o a algún otro medio parecido, la razón por la cual se expidió en tal sentido, fue que subsistirían las disposiciones de las partidas sobre el particular.
En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se creó el denominado: "recurso de revisión", el cual podría interponerse en el plazo de cinco años; los supuestos de procedencia previstos eran: la incongruencia o defectos de constitución del tribunal (artículo 228); cuando se hubiere dictado la sentencia por confesiones o allanamientos falsos (artículo 230); la contradictoriedad de sentencias firmes, cuya tergiversación constituye el origen de la actual casación para la unificación de la doctrina (artículo 229: Habrá lugar a la revisión cuando el Consejo hubiere dictado resoluciones contrarias entre sí respecto a los mismos litigantes sobre el propio objeto y en fuerza de idénticos fundamentos); y que los acreedores a los que traigan causa de ellos, podrán impugnar por el recurso de revisión las definitivas que se hubieren dictado contra su deudor o contra su causante en fuerza de colisión fraudulenta o atentando contra sus derechos (artículo 233).
En el Código de Procedimientos Civiles francés de 1806, la denominación era "requête civile" (artículos 480-481) se configuraba como un recurso, sin que existiera un auténtico plazo para su promoción, e incluía elementos similares a la revisión señalada anteriormente.
En la ZPO alemana, la institución fue denominada Wiederaufnahme des verfahrens, que significa "reanudación del proceso", aunque en sentido literal de reemprenderlo.
El gran maestro uruguayo Eduardo J. Couture(16) complementa esta información, en el sentido de que en el derecho moderno, la forma autónoma de revocación de una sentencia definitiva aparece en el Código de Procedimientos Civiles brasileño en 1939, donde bajo el título: "De la acción rescisoria de la sentencia" (‘Da açao rescisória de sentença’), se preveía, en el artículo 798, la demanda ulterior tendiente a destruir la cosa juzgada, cuando estuviera fundada en una prueba cuya falsedad se haya probado en un juicio criminal (‘quando fundada em prova cuja falsedade se tenha apurado no juizio criminal’); y se agrega en el artículo 800, que los actos judiciales que no dependieran de una sentencia o en que ésta fuera simplemente homologada, podrían ser rescindidos como los actos jurídicos en general, en los términos de la ley civil (‘os atos judiciais que ñao dependerem de sentença ou em que esta for simplesmente homologatoria, poderão ser rescindidos como os actos juridicos em geral, nos termos da lei civil’).
Mientras que, en el Código Civil argentino, el artículo 302 preveía que "cuando hubiere connivencia fraudulenta entre las partes, los terceros perjudicados podrán ejercer la acción revocatoria", en el proyecto Bibiloni que sirvió para su elaboración, se hace referencia a la doctrina de Hellwing sobre la cosa juzgada fraudulenta. El autor alemán señaló que la orientación de la figura Reichsgericht estaba encaminada a la revocación de la cosa juzgada fraudulenta, aun cuando sea solicitada por el propio litigante que ha sido parte en el juicio y a quien obliga la cosa juzgada, en virtud de que una sentencia no es obra de las partes, ni un bien privado a disposición de éstas.
En todos los casos, se trata de medios de impugnación que anulan todo un juicio jurisdiccional influido por un hecho perverso, normalmente relacionado con la comisión de algún delito, aunque sólo fuera la falsedad de alguna prueba, a fin de que no prevaleciera en el ordenamiento un juicio ciertamente dañino.
b. Doctrina.
La doctrina ha puesto de manifiesto que la revisión procede sólo cuando ha sucedido una injusticia; en ese sentido se ha señalado que el objeto de ese recurso no es una sentencia, sino todo un proceso judicial, y que no se trata de corregir una sentencia injusta o que contenga un error, sino que: "la finalidad es la comprobación de la existencia de un despropósito en un proceso, es obvio que su naturaleza no puede ser la de un recurso...ya que trata de averiguar si ha ocurrido una aberración durante la celebración de un proceso, con independencia de lo acertada que, en cualquier plano, sea una resolución. ..."(17)
Sin embargo, en la doctrina no sólo se ha analizado la validez de la sentencia en ese sentido, sino que existen pronunciamientos y estudios sobre la necesidad de analizar los casos en que la cosa juzgada pueda producir un despropósito a su finalidad intrínseca, consistente en la solución de las controversias.
Carnelutti explica que: "la composición del litigio no es un fin en sí mismo, sino un medio para la provechosa convivencia social...por lo que todo el ordenamiento del proceso está constituido para este fin de (atender a la justicia). ... ¿Qué ha de entenderse por composición justa del litigio? Ya advertí que la justicia es la conformidad con una regla; por consiguiente, la composición será justa cuando sea conforme a la regla que en el proceso se haya de aplicar, y por ello, según los casos, cuando sea conforme al derecho o a la equidad. ..."(18)
El jurista asevera: "...se ha dicho que la eficacia de la decisión en cuanto a intensidad, es igual a la de la ley. Ahora bien, el legislador puede cambiar su mandato cuantas veces le plazca; el cambio de la ley es un fenómeno que no sólo no pugna con los fines del orden jurídico, sino que, al contrario, facilita su logro en relación con la mutabilidad de las condiciones sociales...la situación del Juez es distinta...que el Juez pueda ser llamado a decidir un litigio ya decidido, no pugnaría lógicamente con la imperatividad de la primera decisión, pero prácticamente haría perder el beneficio del acertamiento, y por tanto, de la composición, porque mientras un Juez pueda decidirlo, no se extingue el litigio. Que la sentencia sea inmutable constituye, pues, una condición para lograr el fin del proceso, y la cosa juzgada expresa también esta segunda dirección de su eficacia.-Ello no quita que, cuando la materia de la decisión sea de tal índole que su injusticia aparezca como socialmente intolerable, la justicia pueda prevalecer sobre la certeza, hasta el extremo de excluir en todo caso la inmutabilidad. ..."(19) (énfasis añadido)
Este autor agrega: "la inmutabilidad de la decisión jurisdiccional, si bien satisface la necesidad de certeza, se halla en pugna con la necesidad de justicia, porque por mucho cuidado que se ponga, la decisión puede no ser justa. Entonces, la inmutabilidad, lejos de favorecer, impide el logro del fin procesal, que es la composición justa del litigio."(20) (resaltado agregado)
Con base en esos razonamientos, el autor italiano establece que se imponen algunos límites a la inmutabilidad de la cosa juzgada, basados en que no puede convertirse en inmutable una decisión que derive de un proceso no dotado de ciertas elementales garantías de justicia, lo cual ocurre cuando la decisión perjudique el derecho de una persona que no haya sido llamada al proceso, ni haya intervenido espontáneamente en él; o cuando la decisión obedezca a colusión entre las partes, en daño de los acreedores de una de ellas; cuando la decisión haya sido motivada por el dolo de una de las partes en daño de la otra; o cuando la decisión haya sido determinada por la falta en el proceso, debida a hecho de la parte cui nocet, de una prueba documental, o bien, a la presencia de una prueba documental de cuya falsedad se ignorase el reconocimiento o el acertamiento.(21)
Por su parte, Enrico Tullio Liebman sostiene que la sentencia puede ser contraria a la ley, por razones muy diversas, ante todo, porque el Juez puede haber violado las disposiciones rectoras del desarrollo de su actividad, como cuando se haya pronunciado no obstante la falta de presupuestos procesales, o se haya omitido la observancia de las prescripciones de forma relativas a la misma sentencia; en esos casos, se tiene la nulidad de la sentencia, la nulidad invalida la sentencia como acto final del proceso, que puede ser hecha sólo en el mismo proceso, con los medios de impugnación establecidos en la ley, y únicamente por las partes, sujetos de la relación procesal.
Sin embargo, el jurista agrega que la sentencia puede ser contraria a la ley en cuanto al contenido, y de ahí proviene su injusticia, la cual puede depender tanto de un error de derecho o de hecho, en que la concreta voluntad del Estado es diversa de la declarada y puede perjudicar injustamente a un tercero cuyo derecho sea de algún modo conexo con la relación decidida por la sentencia, en este supuesto el tercero tiene la facultad de hacer valer y demostrar el error que vicia la decisión, al objeto de rechazar el efecto dañoso para él.(22)
Couture sostiene que la revocación de los actos fraudulentos es una solución ligada a sus fines propios, que en lo esencial son reparar el daño causado por el dolo o fraude, en virtud de que no se trata de revocar por revocar, sino sólo de anular para evitar los perjuicios causados.(23)
Este autor también hace la distinción entre la revocación y la anulación de un acto, señalando que la primera supone un acto formalmente válido y sustancialmente injusto; la segunda supone un acto formalmente vicioso y sustancialmente injusto; en el primer caso el molde es bueno, y la sustancia es mala; en el segundo, el molde y la sustancia son malos. La noción de revocación se refiere al contenido, no al continente; mientras la anulación se refiere al continente y al contenido.
Eduardo Couture señala que en el proyecto de Código Civil argentino se habló de anulación, porque dentro de su sistemática la idea de nulidad se halla condicionada por el contenido del acto, de manera que si el acto es formalmente nulo pero sustancialmente justo no procede la anulación, que sólo sirve para corregir actos nulos e injustos.(24)
A continuación expone que la doctrina de la acción revocatoria no es otra cosa que la extensión al campo del derecho procesal civil, de ciertos principios simplísimos y muy antiguos en materia de fraude a los terceros, y que una legislación que no tiene normas expresas que disciplinan la oposición del tercero, debe acudir a los principios generales de represión del fraude civil, para evitar que las formas procesales sean para él un manto de impunidad, por lo que concluye que la acción revocatoria no es otra cosa que la extensión al campo del derecho procesal, de los principios de la acción pauliana.(25)
El autor español José Lois Estévez, trata el tema del fraude a la ley, y señala como elementos que caracterizan el fraude procesal, los siguientes:
a) La producción de un resultado ilícito.
b) El medio utilizado para eso es una combinación de actos jurídicos que, independientemente considerados, no incurren en ilicitud;
c) Esos actos jurídicos se convierten en actos procesales por medio de un proceso que les sirve de aglutinante;
d) Como consecuencia de una maquinación que acomode los actos al resultado ilícito, se origine una utilización anormal del proceso.
El autor define al fraude procesal como: "el desplazamiento de vigencia de un imperativo legal logrado por la utilización anormal del proceso".(26)
Por lo que hace a la injusticia notoria, el error de juzgamiento es advertido después de la cosa juzgada, en el sentido de que la sentencia definitiva hubiese recaído sobre cosas no pedidas por las partes; cuando se omitiere proveer sobre alguno de los capítulos de la demanda o de la reconvención; cuando se hallaran o recobraran documentos ignorados, extraviados o retenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a cuyo favor se hubiera dictado; cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado en virtud de documentos reconocidos o declarados falsos, ignorándolo alguna de las partes.
En el caso de que en una sentencia, aun ejecutoriada, se pueda sostener que se está cometiendo una injusticia evidente, con trascendencia a un derecho humano, debe sostenerse que el juzgador que la perciba tiene el deber de solucionarla y de evitar la continuidad en su persistencia, porque al tratarse de una violación a tales derechos, se pondría de manifiesto la inseguridad jurídica proveniente de la permisión de la subsistencia de esa violación no permitida por el sistema jurídico nacional e internacional.
También existe alguna postura doctrinal en el sentido de que los supuestos de procedencia del recurso de revisión se han previsto para ser aplicados en forma limitativa, y que el recurso no puede ser utilizado cuando existan mecanismos internos y ordinarios para subsanar el vicio en que se haya incurrido, por lo que será necesario haber agotado dichos mecanismos de impugnación o demostrar no haber estado en aptitud de usarlos. De esta forma, se trata de un proceso extraordinario.(27)
Como puede observarse, los autores sostienen como tendencia generalizada, la existencia de la posible fractura de la cosa juzgada, cuando se advierte que en el proceso donde se ha consagrado, se cometieron vicios trascendentes que lesionan la totalidad de esos actos definitivos, del mismo modo, al acudir a la finalidad del proceso jurisdiccional, en general, y al de la sentencia definitiva, en particular, se entiende que los casos que se han justificado como excepciones a la cosa juzgada tienen relación directa con la violación de derechos de las partes o de terceros, reveladores de una injusticia inadmisible, en forma tal que no se justifica la persistencia de una norma jurídica individualizada que transgrede los fundamentos esenciales del orden jurídico.
c. Derecho comparado.
En la Ley de Enjuiciamiento Civil española vigente, se prevén como supuestos para la revisión de una sentencia firme, en el artículo 510:
"1o. Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.
"2o. Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después penalmente.
"3o. Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
"4o. Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta. ..."
El procedimiento de revisión español está pensado para el Tribunal Supremo, con un procedimiento sencillo, relativamente rápido, para el análisis de cuestiones concretas que tratan de compatibilizar la exigencia de seguridad jurídica que comporta la cosa juzgada, con el valor justicia que irradia a todo el ordenamiento jurídico, de modo que no sea necesario emprender una revisión profunda de todo lo actuado.(28)
A fin de permitir una mejor aplicación de los fallos emitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 623 del anteproyecto de Código Procesal Penal español permitiría solicitar la revisión de una sentencia firme, cuando: "...el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese declarado la violación de algunos de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, siempre que dicha vulneración haya sido relevante o determinante de la condena..."
Por su parte, el artículo 5.2 de la propuesta para la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevería que: "...las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los asuntos en los que España haya sido parte demandada y en que se declare la violación de un derecho, serán motivo para la revisión de la sentencia firme dictada por el correspondiente tribunal español en el proceso a quo, a instancia de quien hubiera sido demandante ante dicho tribunal."
En el Nouveau Code de Procédure Civile Francés actual, en el artículo 593, se encuentra ese recurso con la denominación "recours en révision", en que a través de la casación se prevé un recurso cuya finalidad es la protección del ordenamiento jurídico, a través del mantenimiento de una jurisprudencia uniforme.(29)
En el derecho peruano se contempla la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que debe ejercerse dentro de los seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuera ejecutable; la acción se ejerce a través de un proceso de conocimiento, en el cual se solicita la nulidad de una sentencia o del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso en que se originó fue seguido con dolo, fraude, colusión o afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez, o por éste y aquéllas.
En el Código de Procedimiento Civil colombiano, se regula la procedencia del recurso extraordinario de revisión, y prevé como causales: el haberse encontrado, después de pronunciada la sentencia, documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; por haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fuesen decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida; haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas; por haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba; por haberse dictado sentencia penal que declare la existencia de violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia recurrida; haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente; o estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 del mismo ordenamiento, siempre que no se haya saneado la nulidad.
En la legislación uruguaya se prevé, en el artículo 283 del Código Procesal Civil, la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias definitivas o interlocutorias firmes que ponen fin al proceso, cuando:
"...1) ...la resolución se hubiere producido por efecto de la violencia, la intimidación o el dolo.
"2) ...alguna de las pruebas que constituyeren fundamento decisivo de la resolución impugnada, hubiere sido declarada falsa por sentencia firme dictada con posterioridad o bien que la parte vencida ignorase que había sido declarada tal con anterioridad.
"3) ...después de la resolución se recobraren documentos decisivos que no se hubieren podido aportar al proceso por causa de fuerza mayor o por maniobra fraudulenta de la parte contraria.
"4) ...la resolución fuere contraria a otra anterior que tuviere entre las partes autoridad de cosa juzgada, siempre que no hubiere recaído pronunciamiento sobre la respectiva excepción.
"5) ...la resolución se hubiere obtenido por actividad dolosa del tribunal, declarada por sentencia firme (artículos 114 y 115.2).
"6) ...existiere colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes, siempre que hubiere causado perjuicios al recurrente o a la causa pública (artículos 114 y 115.2)."
d. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en algunos casos,(30) que aun cuando el principio ne bis in idem es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y que no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales; o, iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia.
La razón dada para sostener lo anterior, radica en que una sentencia pronunciada en las mencionadas circunstancias produce una cosa juzgada "aparente" o "fraudulenta".
La Corte Interamericana considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a derechos humanos y, más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria con calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplazan la protección del ne bis in idem.
En esas condiciones, se ha reconocido que la Corte Interamericana tiene la facultad para investigar los hechos que contienen las violaciones de derechos humanos, sin importar que exista cosa juzgada dentro de la administración de justicia nacional, pues al respetarla, lo que se estaría consiguiendo es la inseguridad jurídica, toda vez que debe entenderse que la protección a los derechos humanos en general, tiene fuertes vínculos de interdependencia con la seguridad jurídica.
En el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras se establece que la obligación de investigar violaciones a derechos humanos es una derivación propia de la garantía que éstos deben tener, lo previsto en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede ser cumplido de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección.
Agrega que antes de establecer si la tarea fue cumplida cabalmente, es necesario determinar si en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la verdad, y evitar que continuaran ocurriendo las violaciones a los mencionados derechos.
Al resolver el mencionado caso, la Corte estableció:
"176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. ..."
En tal sentido, la Corte Interamericana sostiene que la obligación de garantizar los derechos humanos implica la obligación positiva, por parte del Estado, de realizar un conjunto de conductas, dependiendo del derecho humano específico de que se trate.
Al resolver el Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, la Corte sostuvo: "...son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.", con lo cual aclara que aun cuando haya sentencias en las que se haya decretado con autoridad de cosa juzgada tales figuras jurídicas, el deber del Estado es investigar, respetar y reparar las violaciones a derechos humanos, que pudieron cometer las personas "beneficiadas" con esas determinaciones.
Mientras, al resolver el Caso Gelman vs. Uruguay, señaló: "...el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo" de violaciones a derechos humanos.
En el mismo sentido, en la sentencia de doce de septiembre de dos mil cinco, en el Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, se estableció en forma clara:
"19. Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos. La improcedencia o impertinencia de la resolución judicial interna que pone fin a una contienda puede advertirse a partir de diversos datos: error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia -formalmente- atiende a la seguridad jurídica.
"20. Las reflexiones en torno a esta materia son cada vez más abundantes en la jurisprudencia nacional -particularmente en la formulada por tribunales de constitucionalidad-, como lo han sido en la internacional. En fin de cuentas, queda de manifiesto que la autoridad de cosa juzgada sólo se justifica por la autoridad que le transmite la regularidad del proceso y la legitimidad en la actuación del juzgador. Es verdad que interesa a la sociedad y al Estado la definición de las contiendas y la conclusión de los conflictos, pero también lo es que ese objetivo digno -que ‘santifica’ la cosa juzgada- no debe procurarse y obtenerse a toda costa, inclusive con atropello de los medios que legitiman la actuación jurisdiccional del Estado, en la que se deposita la custodia de intereses jurídicos y valores éticos. En otros términos, el fin no justifica los medios; éstos concurren, en cambio, a la justificación del fin procurado. Esta inversión de la antigua máxima pragmática tiene especial
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27007-199fde03/usura-constituye-una-excepcion-a-la-inmutabilidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESE (AMPARO EN REVISIÓN)
- EJECUCIÓN DE SENTENCIAS QUE CONTIENEN CONDENAS USURARIAS. EL EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO OBTENIDO A TRAVÉS DE LA COSA JUZGADA Y EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN A LA USURA, SÓLO PU (AMPARO EN REVISIÓN)
- NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- USURA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, ANTE LA EVIDENCIA DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. (I.4o.C.55 C (10a.))
- COSA JUZGADA. (s/clave)
- NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, DECLARADA EN OTRO JUICIO POSTERIOR. CASOS EN QUE PROCEDE. ACLARACIONES A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NUMERO 714. (s/clave)
- NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ACTUALIZACIÓN DEL ERROR DE HECHO. (I.3o.C.616 C)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis