Corpus
Modo: Corpus Pro

NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE EN MATERIA LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2011. · Registro digital (IUS): 23162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Pág. 1247.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO) Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El primer párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone que los Magistrados que integran los Tribunales Colegiados que sostuvieron los criterios que se consideran contradictorios están legitimados para poner en conocimiento de este Alto Tribunal la existencia de aquéllos.

En el caso, la denuncia fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el cual sustentó uno de los criterios que se denuncian como contradictorios. Consecuentemente dicho funcionario goza de legitimación.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo **********, fallado en sesión de ocho de junio de dos mil once, resolvió conceder el amparo, bajo las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO. ... Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia. ... Precisado lo anterior, debe decirse que de los hechos que generaron la demanda de origen y de las pruebas ofrecidas por la parte tercero perjudicada, consistentes en copia certificada de las constancias del expediente laboral **********, del diverso radicado con el número **********, de las ejecutorias de los juicios de amparo números **********, ********** y ********** del índice de este tribunal (que obran en sobre de pruebas por separado del expediente principal), se deriva lo siguiente: El nueve de junio de dos mil seis ********** presentó demanda laboral en contra del Sindicato de Trabajadores de la **********, Sección 26, de quien reclamó el pago de la indemnización constitucional y otros diversos conceptos laborales (foja 10). La demanda se registró con el número ********** ante la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. (foja 13). Por auto de cinco de septiembre de dos mil seis, se ordenó agregar al expediente laboral antes citado una segunda demanda promovida por ********** en contra del mismo sindicato, así de las personas físicas ********** y **********, demanda a la que se había asignado el número ********** (foja 112). Por proveído de siete de noviembre de dos mil seis se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, en lo que correspondía al Sindicato de Trabajadores de la **********, Sección 26, ordenándose continuar el procedimiento en contra del resto de los demandados ********** y **********. (foja 139). En fecha siete de mayo de dos mil siete, se dictó un primer laudo en el expediente ********** en el cual se absolvió al demandado ********** y al Sindicato de Trabajadores de la **********, Sección 26. (foja 237 a 242). En contra de ese laudo, el actor ********** promovió juicio de amparo directo, mismo que se radicó en este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito con el número **********, y por ejecutoria del seis de diciembre de dos mil siete, se concedió el amparo para que la Junta: ‘1. Deje insubsistente el laudo reclamado; y, 2. En su lugar emita uno diverso en el que prescinda de tomar en cuenta la confesión ficta del actor -salvo las posiciones números siete, ocho y nueve que están legalmente formuladas, pero desvinculadas de las pruebas que la responsable soslayó tornar en cuenta y que son idóneas para justificar la relación laboral-, y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria determine que existe relación de trabajo entre el quejoso y los demandados, y así resuelva lo que en derecho proceda respecto a las acciones intentadas.’. La ejecutoria se declaró cumplida por acuerdo plenario de tres de abril de dos mil ocho (fojas 439 a 442). Derivado de lo anterior, la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió un segundo laudo en fecha veintidós de febrero de dos mil ocho, en el que se condenó al Sindicato de Trabajadores de la **********, Sección 26, y a **********. (fojas 421 a 431). En contra del citado laudo el actor **********, promovió el juicio de amparo número **********, y el sindicato promovió el juicio de amparo **********, los cuales fueron radicados en este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y por ejecutoria del veintidós de enero de dos mil nueve, se concedió el amparo en el primero de los juicios, para que la Junta: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado; 2. En su lugar emita uno diverso en el que reitere los puntos de absolución y condena en lo que no fue materia de concesión en esta ejecutoria; y, 2.1. Determine que el salario diario que debe servir de base para cuantificar las condenas de indemnización constitucional, salarios caídos, aguinaldo, pago de vacaciones, prima vacacional y pago de prima de antigüedad, es por la cantidad de **********. El diverso amparo directo ********** se resolvió en el siguiente sentido: ‘Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Sindicato de Trabajadores de la ********** Sección 26, en Monterrey, Nuevo León, contra el acto y por la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.’. La ejecutoria del amparo directo **********, se declaró cumplida el seis de abril de dos mil nueve. (fojas 908 y 909). En cumplimiento a la ejecutoria del amparo **********, se dictó un tercer laudo el seis de marzo de dos mil nueve (fojas 883 a 895). Ahora, los argumentos para ejercitar la acción de nulidad de juicio concluido, descansan toralmente en que se causó perjuicio al sindicato demandado, puesto que al dejar de ser parte en el contencioso de origen, se violentó su garantía de audiencia y defensa, y en consecuencia el laudo dictado transgrede sus derechos de propiedad y posesión, por lo que el juicio laboral ********** resulta nulo de pleno derecho, pues las pruebas consideradas en el laudo de seis de marzo de dos mil nueve se encontraban fuera de la litis, dado que la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas se celebró única y exclusivamente respecto del actor ********** y el demandado ********** y las citadas pruebas fueron ofrecidas por el actor para justificar nexo laboral con el sindicato, sin embargo, éste no fue convocado a esa audiencia por haber sido excluido del proceso por la Junta conforme al acuerdo del siete de noviembre de dos mil seis, por tanto, respecto de esas pruebas no se le llamó al juicio para que agotara su derecho de audiencia y defensa, así tampoco la autoridad del trabajo ordenó corregir dicha irregularidad notoria en la sustanciación del proceso para la regularización del mismo, atento lo que dispone el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, tales circunstancias se traducen en actuaciones irregulares que hacen fraudulento el juicio y a la postre trascendieron al resultado del laudo con perjuicios irreparables contra el sindicato. Ahora, la improcedencia de la acción es evidente, pues aun y cuando la nulidad del juicio concluido se refiere al proceso fraudulento o simulado, o sea, en el que existió simulación o contubernio de los litigantes para dañar a un tercero que con motivo de lo anterior quedó inaudito, lo cierto es que la acción por si es improcedente al no preverse su existencia en la materia laboral. El procesalista Eduardo J. Couture hablando del fraude entre partes y a terceros, comenta: (se transcribe). En referencia al tema Hernando Devis Echandia hablando de lo que denomina un ‘recurso extraordinario de revisión’, señala: (se transcribe). En el anterior contexto doctrinario, se tiene que la demanda revocatoria, se refiere a la nulidad del juicio concluido, y procede contra la cosa juzgada que ha sido obtenida mediante fraude o colusión, y que deben ser causales de nulidad del juicio, al haber existido colusión, proceso fraudulento o simulado, cohecho, violencia sobre el Juez, o falsedad en las pruebas que fueron fundamento de la sentencia. Ahora, todo juicio o proceso debe reunir determinados requisitos para ser legalmente viable, o sea, que para la formación válida de la relación jurídica procesal se requiere, además de la demanda, que se cumplan ciertos requisitos indispensables para que aquélla sea atendida por el Juez y le impongan a éste la obligación de iniciar el proceso. Estos requisitos son conocidos como los presupuestos procesales. Esos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso, su desenvolvimiento y su normal culminación con la sentencia, sin que ésta deba decidir necesariamente en el fondo sobre la procedencia o fortuna de la pretensión y mucho menos que deba ser favorable a esa pretensión, pues estas dos circunstancias dependen de otra clase de presupuestos. Por lo tanto, se trata de supuestos previos al proceso o requisitos sin los cuales éste no puede ser iniciado válidamente, y deben por ello concurrir en el momento de formularse la demanda o de requisitos de procedimiento para que el proceso pueda ser adelantado válida y normalmente, una vez que sea iniciado. Ahora, la acción es un derecho público subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso. De acuerdo con Chiovenda, ‘la ley concede, en muchos casos, a una persona el poder de influir con la manifestación de su voluntad en la condición jurídica de otro, sin el concurso de la voluntad de éste’. Esas facultades no son puramente ideales, sino creadas y concebidas por la ley, producen un verdadero bien, y por lo tanto no hay motivo para no incluirlas entre los derechos. Por lo que la acción como derecho público subjetivo, abstracto y autónomo, debe estar creada y concebida en la ley. Se trata de derechos que se traducen en un poder jurídico y por esto se oponen tanto a los derechos reales como a los personales. En imposición de las anteriores concepciones procesales, se tiene que, en el caso, la improcedencia de la acción de nulidad de juicio concluido provienen de que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley Federal del Trabajo ni en sus Reglamentos se prevé expresamente la procedencia de esa acción, por lo que si el legislador no incluyó la nulidad del juicio concluido en las citadas legislaciones, o que derive de los tratados internacionales, no puede darse cabida, ni por excepción, a la acción que nos ocupa, ni siquiera estando en presencia en determinado caso de ‘manipulaciones fraudulentas’, pues para calificarlas como tales tendría que analizarse una acción que no está prevista en la legislación primaria -Constitución-, o la que rige el acto reclamado -Ley Federal del Trabajo-. En efecto, los artículos 14 y 16 constitucionales en lo conducente disponen: ’Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Del primero de los preceptos constitucionales deriva que nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En tanto que el segundo de los artículos establece que el acto de molestia debe verificarse a través del mandamiento de autoridad competente por escrito, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo que se colige, en lo que interesa, que la privación de los derechos -en este caso del demandado en el juicio de origen-, debe provenir de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por lo que si en el caso no existe una ley expedida con anterioridad al hecho que prevea en la materia laboral la procedencia de la nulidad del juicio concluido, lo que provocó que la autoridad responsable no fundara el laudo en alguna ley en cuanto a la competencia para conocer del juicio de nulidad, entonces, el procedimiento de origen no se llevó dentro de los márgenes legales previstos en los artículos constitucionales de mérito, y por ende, resulta inviable jurídicamente, al estar en presencia de un procedimiento que no se encuentra ni expresa ni indiciariamente previsto en la ley. Aunado a lo anterior, si el Legislador Constitucional u ordinario, no previó la procedencia de un juicio de nulidad de juicio concluido en materia de trabajo alegándose fraude, colisión de los litigantes, cohecho, o falsedad de pruebas, entonces, no es factible que se resuelva sobre un juicio especial con la finalidad de determinar la existencia o no de tales cuestiones, pues considerar su procedencia implicaría atribuir al juzgador facultades legislativas para crear una acción no prevista por el legislador, lo que transgredería la premisa contenida en el artículo 16 constitucional en el sentido de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. De ahí que la Junta responsable no estaba en aptitud legal de analizar la procedencia o no de la acción de nulidad de juicio concluido, dado que tal autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, por lo que, si no existe precepto legal que la autorice a resolver sobre la nulidad del juicio concluido, es indudable que se encuentra impedida para ello. En el tema, son de citarse los siguientes criterios ilustrativos: ‘Registro núm. 299514. Localización: Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CV, página 270. Tesis aislada. Materia(s): Común. AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.’ (se transcribe). ‘Registro núm. 336190. Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLI, página 944. Tesis aislada. Materia(s): Común. AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.’ (se transcribe). ‘Registro núm. 810781. Localización: Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, página 250. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. AUTORIDADES.’ (se transcribe). Ahora, si bien de la Ley Federal del Trabajo se observa con claridad que tiende a favorecer un régimen de protección para la clase trabajadora, pues se advierte que la autoridad laboral tiene encomendada una elevada función social tutelar de los trabajadores y, ante tal encomienda, deben actuar con sensibilidad social, y entre dicha función está la de subsanar de oficio las deficiencias que contengan los escritos de demanda, lo que en términos jurídicos procesales se denomina suplir la queja en relación a las pretensiones que se reclamen y a las que derivan de la acción intentada (artículo 685, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo); y, por otra, a señalar al actor los defectos u omisiones del escrito inicial de demanda (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo); sin embargo, aun y cuando en el caso se estuviera en la hipótesis de que el actor del juicio de nulidad de origen fuera la parte trabajadora, que no lo es, sino que es la parte patronal, la referida suplencia no puede llegar al extremo de analizar acciones no previstas en la legislación, pues sería tanto como crear acciones en favor de una de las partes, lo que daría lugar a vulnerar el principio de imparcialidad que toda autoridad que administra justicia debe tener, de manera que en la especie, la Junta no podía analizar la acción intentada, en virtud de no preverse en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos o en los tratados internacionales. ... En ese orden de ideas, resulta clara la improcedencia de la acción de nulidad intentada, pues no existe fundamento jurídico que le dé sustento, puesto que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos o los tratados internacionales, ni de los principios generales del derecho y los derivados del artículo 123 constitucional, la jurisprudencia, la costumbre o la equidad, deriva (sic) la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido; entonces, el trámite y resolución del juicio en modo alguno puede generar derechos al tercero perjudicado, al estar en presencia de un procedimiento inexistente jurídicamente, pues si bien es cierto que para que sea procedente la acción de nulidad los conceptos de nulidad deben tener como base la existencia de colusión, proceso fraudulento o simulado, cohecho, violencia sobre el Juez, o falsedad en las pruebas que fueron fundamento de la sentencia, en el caso, es primordial que la acción encuentre sustento en la ley o jurisprudencia, para que así fuera factible ponderar sobre la existencia o no de los anteriores elementos, de modo que al no estar prevista la acción de que se trata en la ley o en la jurisprudencia, y menos la forma de tramitarse, resulta improcedente al encontrarse en la nada jurídica. Resta señalar que al ser improcedente la acción principal intentada por el actor del juicio de origen -declaratoria de nulidad de juicio concluido-, igualmente deviene la improcedencia de los reclamos accesorios contenidos en los incisos b) y c) del capítulo respectivo de la demanda de origen, consistentes en que se declarara que el sindicato actor con posterioridad a la resolución del siete de noviembre de dos mil seis, no formó parte del juicio de origen, y que por ello no tenía obligación de cumplir con el laudo, así como que se decretara la insubsistencia de cualquier embargo ordenado y realizado por el presidente y actuario de la Junta responsable. Lo que se entiende de esa manera, pues en el caso las reclamaciones accesorias se hicieron depender implícitamente de la acción principal, al demandarse por los mismos motivos: Que en el expediente ********** por auto o resolución de siete de noviembre de dos mil seis, se había ordenado que ese expediente se tuviera como asunto total y definitivamente concluido única y exclusivamente en lo que corresponde al sindicato ahora tercero perjudicado. Por tanto, si la principal acción de nulidad no prosperó, menos aún aquellas que se hicieron depender de ella; de manera que la improcedencia del juicio de origen, también se actualiza por lo que ve a las prestaciones que se hicieron depender de esa acción principal de nulidad de juicio concluido. Es de citarse, en lo conducente, el siguiente criterio: ‘Núm. registro: 245059. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 217-228. Séptima Parte. Tesis página 213. Genealogía: Informe 1987. Segunda Parte, Sala Auxiliar, tesis 25, página 29. PRESTACIONES ACCESORIAS, CARECE DE INTERÉS EL ESTUDIO DE LAS, CUANDO NO ESTÁ ACREDITADA LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR SER LA BASE PARA SU PROCEDENCIA.’-En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación analizados en este considerando, suplidos en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo solicitado para que la Junta: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que considere improcedente la acción de nulidad de juicio concluido ejercida por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la **********, Sección 26, respecto de lo actuado en el juicio laboral **********. Dados los efectos del amparo, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación que consisten en que fue ilegal que se declarara improcedente la excepción de prescripción; que es inexacto que el sindicato sea tercero extraño al juicio sobre el que se pide la nulidad; que no se puede estudiar de manera aislada el expediente ********** porque se integra con el diverso expediente **********; que son temerarias las apreciaciones de la autoridad responsable al establecer que la actitud del quejoso es de mala fe; que la resolución reclamada violenta los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo al ser un laudo incongruente, que no estudia en su totalidad los hechos de la contestación de la demanda, pues no responde a la totalidad de los cuestionamientos vertidos; y se estima que deviene innecesario su estudio, pues en cumplimiento a la ejecutoria, la responsable dictará un nuevo laudo en el que declarará improcedente la acción de nulidad del juicio ejercida, reparándose las violaciones que hubieran podido ocurrir en el dictado del primer laudo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 107 sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘Núm. registro: 917641. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común. Jurisprudencia SCJN. Tesis 107. Página 85. Genealogía: Informe 1982, Parte II, página 8, Tercera Sala, tesis 3. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

El entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo ********** el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, determinó lo siguiente:

"... VII. En cuanto al fondo del negocio, en la especie aparece que la ********** ejercitó la acción de anulabilidad de actos jurídicos emergidos de los expedientes **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, derivados de una jubilación y la pensión respectiva, en contra de ********** fundándose en una sentencia penal y su confirmación por el Tribunal Unitario; en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo y en el numeral 93 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, empero, el demandado adujo la falta de apoyo normativo, (foja 65) y ello permitió el estudio de esta cuestión, en forma extensa, dentro del considerando V del laudo y los conceptos abundantes, con la consecuente posibilidad de análisis en esta litis constitucional. Además, es dable también hacer en la resolución el examen de la procedencia de la acción y en cualquier estado del juicio, por ser de orden público. En efecto, las leyes adjetivas Civiles (sic) del Distrito Federal, Sonora, Zacatecas y Morelos, permiten el ejercicio de la acción de mérito, pero carecen de aplicabilidad en un juicio laboral, porque con independencia de regular una materia distinta, la ley del acto es reglamentaria del artículo 123 de la Constitución General de la República, y su génesis lo fue el sustraer las relaciones de trabajo del ámbito del Derecho Civil y darle la jerarquía de garantía social. El fallo impugnado se fundó en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, en los principios de equidad y justicia, de conformidad con determinadas máximas jurídicas, en la armónica relación entre capital y trabajo; así como en los apuntes de Cipriano Gómez Lara, sobre teoría general del proceso. En esencia, las acciones son los medios legales capaces de poner en movimiento a la autoridad respectiva en defensa de una o más pretensiones. En el código laboral se contempla una amplia gama de acciones, como son: 1. Las derivadas de un despido injustificado, para obtener una indemnización constitucional o la reinstalación. 2. Las provenientes de riesgos de trabajo, es decir, el pago de un porcentaje, de acuerdo con la tabla de valuación del mismo; asistencia médica; rehabilitación; prótesis; reposición y asignación de empleo y aquellas propias de los beneficiarios. 3. Rescisión del contrato por causas imputables al patrón o trabajador. 4. De las empresas contra sus empleados y viceversa, en virtud del incumplimiento de las obligaciones pactadas. 5. Las derivadas de las relaciones colectivas. 6. Las exclusivas de los sindicatos, como la titularidad de un contrato. Todas ellas, tienen como finalidad poner en movimiento a la Junta, en defensa de un derecho, sin señalar expresamente la de anulabilidad de un juicio concluido, cuando se compruebe la tramitación fraudulenta de un proceso, pero ello no impide su ejercicio, dada la naturaleza del acto jurídico susceptible de combatirse en controversias de este género. Por otra parte, cualquier persona puede hacer valer una acción, aun cuando no tenga la titularidad del derecho sustancial, pues aquélla es la capacidad legal de pedir de la autoridad jurisdiccional el dictado de una sentencia, justificando la causa, la imposibilidad de hacer exigible un derecho adquirido en forma ilegal, es decir, debe existir la protección en abstracto en contra de hechos ilícitos y permitir proponerla al órgano judicial y, consecuentemente, surgir la capacidad de accionar ante el órgano respectivo esta clase de pretensiones. Siendo aplicable el criterio de la Tercera Sala de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación constituido en jurisprudencia número 196, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Compilación 1917-1985, cuarta parte, a cuyo tenor: (sic) ‘la nulidad de juicio concluido sólo procede respecto del proceso fraudulento, pues en principio no procede la nulidad de un juicio mediante la tramitación de un segundo juicio, por respeto a la autoridad de cosa juzgada, pero cuando el primer proceso fue fraudulento, entonces su procedencia es manifiesta y el tercero puede excepcionarse contra la sentencia firme, pero no en la que recayó en juicio del estado civil, a menos que alegue colusión de los litigantes para perjudicarlo.’. De cuyo contenido resulta, que si no existe una expresa acción prevista en la ley, es factible intentarla, tratándose de acciones autónomas e independientes, como la pretendida en la litis de donde emana el acto reclamado y no necesariamente deben estar preceptuadas, porque su procedibilidad y trascendencia está sujeta, en materia laboral, a la libre estimación de quien juzga, conforme a lo estatuido en el artículo 17 del cuerpo de leyes multicitado, en interpretación de los principios generales del derecho. Así, también la relación entre capital y trabajo, por su naturaleza armónica, permite aceptar la procedencia de acciones de este género, porque no perjudicará, ni en mayor o menor grado, a alguna de las partes, al no romper con la armoniosidad (sic) del vínculo, ni provocar incertidumbre, porque el arbitrio de la autoridad no se refugia en supuestos ideales de justicia y equidad, sino en su realidad pragmática y en la tranquilidad social derivada de sólo hacer exigibles los actos legítimos, medio en el cual transita la seguridad jurídica, al descansar en la legalidad. Igualmente, el arbitrio consagrado en favor de las Juntas en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, se refiere a la solución de los conflictos, al obligar a que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada; por lo cual es correcto aplicarlo tanto en lo concerniente a aspectos de jurisdicción vinculados con el derecho sustantivo, como en el procesal. El caso, se basa en una sentencia en la cual se consideró responsables del delito de fraude al impetrante, así como a ********** y a **********, a quienes se impuso una pena corporal y pecuniaria y, además, a los dos primeros les impuso el pago de la reparación del daño en forma mancomunada. La configuración procedimental se apoya en fundadas razones, una de ellas obedece a la capacidad de hacer cumplir las determinaciones que en cada asunto se dicten, inclusive, en algunos casos, como un procedimiento autónomo, sin importar la materia o el grado y así lograr su independencia desde su inicio hasta su culminación. Más aún, la esencia de la actividad de este órgano colegiado es la de constatar la aplicación de la ley y restaurar el Estado de derecho, cuando la autoridad realice un acto sin el consentimiento expreso de la norma. Además, tal cuestión implica el desconocimiento de un acto irregular, es decir, la subsistencia de un orden jurídico a través de su concreta y susceptible aplicación. Cipriano Gómez Lara considera la posibilidad de revisar un proceso válido en apariencia, elevado a la categoría de cosa juzgada, mediante un segundo proceso, en cuyo caso puede nulificarse el anterior, los cuales limitan esa opción a los terceros ajenos a la controversia originaria; a los acreedores o causahabientes, cuando exista dolo, fraude o colusión en su perjuicio y a las partes, cuando se demuestre la falsedad de las pruebas aportadas o ante la aparición de un documento perdido o dolo comprobado en otra sentencia. La ley laboral es categórica en señalar la nulidad de ciertos actos, pero sólo dentro de juicio, cuando no se desarrollan conforme a ésta: 1. Los realizados por Jun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23162-41ea4ff6/nulidad-de-juicio-concluido-es-improcedente-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.