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Modo: Corpus Pro

REVOCACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE DE INCONFORMIDAD Y REDUCE EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL DECRETADA EN UN JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 163/2012. · Registro digital (IUS): 24202
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Pág. 2201.

AMPARO EN REVISIÓN 163/2012. 28 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. PONENTE: IVAR LANGLE GÓMEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIA: ISABEL ROSAS OCEGUERA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El recurrente, quien es tercero perjudicado en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión, hace valer en el primero de sus agravios, que el Juez de Distrito debió haber decretado el sobreseimiento por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en atención a que la ahí quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, al no haber combatido a través del recurso de revocación que se contempla en el artículo 685, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la resolución que constituye el acto reclamado.

Aduce que en ese sentido, es incorrecto que el Juez Federal haya examinado el fondo de la acción constitucional en relación con la resolución reclamada.

Cita en apoyo a sus argumentos la tesis de rubro: "DIVORCIO INCAUSADO. LAS DECISIONES ADICIONALES DICTADAS EN LA SENTENCIA QUE LO DECRETA SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, Y POR TANTO, DEBE AGOTARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

Este motivo de inconformidad que involucra una causal de improcedencia es sustancialmente fundado, de acuerdo a lo que se expone a continuación.

Para ello, debe decirse que las causas de improcedencia del juicio de garantías son de estudio preferente por ser de orden público y, por ende, las mismas deben ser examinadas aun de oficio en cualquier instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Es aplicable, la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."

Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia número 820, publicada en el Tomo VI, Materia Común, página 557, del citado Apéndice, que es del tenor siguiente:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. LAS PRUEBAS QUE LA ACREDITAN PUEDEN ADMITIRSE EN AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN. Aun cuando en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, y por ello en los juicios de garantías en la vía directa no puedan admitirse ni valorarse pruebas que no se hayan aportado ante la propia responsable, porque éstas implicarían necesariamente variar las situaciones jurídicas planteadas y resueltas por esa autoridad en el acto reclamado; sin embargo ello únicamente tiene aplicación tratándose de pruebas tendientes a demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Por lo tanto, tal prohibición no puede hacerse extensiva a elementos que tengan relación con causales de improcedencia de la acción constitucional, porque su estudio, incluso, puede hacerse de oficio por el juzgador federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, del ordenamiento legal invocado, y porque la existencia de esas causales impide examinar el fondo del asunto, lo que significa que no se vierta ningún pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo anterior conduce a concluir que en los amparos en revisión o en la vía directa es susceptible admitir pruebas que evidencien la improcedencia del juicio de garantías, sin que ello implique cambiar la materia de la litis del acto reclamado, porque no se refieren a su constitucionalidad o inconstitucionalidad."

Precisado lo anterior, debe señalarse que de las constancias de autos, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes datos:

a) Que mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil once, la quejosa **********, por su propio derecho, formuló solicitud de divorcio en contra de **********, en la que reclamó la disolución del vínculo matrimonial por ser su voluntad no continuar con el matrimonio y asimismo, anexó su propuesta de convenio y solicitó como medida provisional que se decretara una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de nombres **********, ********** y **********, de apellidos **********, en los siguientes términos:

"Medida provisional. Con fundamento al artículo 282, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal y tomando en consideración que los alimentos son de orden público y de primera necesidad, aunado a que el C. **********, abandonó el domicilio conyugal que habitábamos las partes con nuestros menores hijos y dejó de cumplir con sus obligaciones alimentarias solicito a su Señoría se decrete a favor de la suscrita y de mis menores hijos de manera urgente una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva equivalente al 60% (sesenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que percibe el C. ********** en su centro de trabajo, así como el bono que percibe el demandado por lo que solicito a su Señoría se fije tal pensión alimenticia de manera inmediata y se ordene girar el oficio respectivo de la empresa en donde labora mi esposo y padre de mis menores hijos, la cual es **********, y se encuentra ubicada en **********, en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar."

b) Que el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, a quien tocó conocer de dicho asunto, en proveído de catorce de junio de dos mil once, decretó como medida provisional a favor de la actora y de sus menores hijos, el cincuenta por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que obtuviera en su centro de trabajo, ante lo cual, ordenó girar el oficio respectivo a **********, a efecto de que diera cumplimiento a lo anterior.

c) Que el demandado, en ocurso presentado el veinte de junio de dos mil once, dio contestación a la solicitud de divorcio y, asimismo, anexó su contrapropuesta de convenio.

d) Que en auto de veintitrés de junio de dos mil once, se tuvo al demandado contestando la solicitud de divorcio y se señaló fecha para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 272-B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

e) Que por ocurso presentado el treinta de junio de dos mil once, el enjuiciado promovió incidente de reducción de pensión alimenticia provisional, el que fue desechado con fecha cuatro de julio del mismo año.

f) En diverso ocurso presentado el siete de julio del mismo año, el demandado promovió en la vía incidental, su inconformidad en contra del auto de catorce de junio de dos mil once, que decretó la medida provisional alimenticia en favor de sus menores hijos; el que fue admitido a trámite el once de julio de dos mil once, por lo que se ordenó dar vista a la demandada incidentista a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental.

g) Con fecha tres de agosto de dos mil once, se celebró la audiencia respectiva en la que se citó a las partes a oír la resolución correspondiente en atención a que las partes no llegaron a un acuerdo para dirimir sus diferencias en relación al convenio y su contrapropuesta.

h) Así, en sentencia pronunciada el diecisiete de agosto del año en cita y su respectivo auto aclaratorio, se emitió la sentencia que declaró la disolución del vínculo matrimonial y dejó a salvo los derechos de las partes para que los diriman en la etapa correspondiente además de haber ordenado dejar subsistentes las medidas provisionales decretadas en el procedimiento.

i) Por otro lado, con fecha veintidós de septiembre de dos mil once, se resolvió el incidente de inconformidad planteado por el demandado, el cual se declaró procedente y, por tanto, se redujo el monto de la pensión alimenticia provisional en los siguientes términos:

"PRIMERO. Ha sido procedente la inconformidad promovida por el señor **********, quien justificó sus manifestaciones de procedencia y la señora **********, se abstuvo de justificar sus defensas; en consecuencia: SEGUNDO. Se decreta la reducción de la pensión alimenticia provisional decretada en autos, por los motivos y razonamientos expuestos en el considerando tercero del presente fallo, por lo que en lo futuro consistirá sólo en el treinta por ciento mensual de todos y cada uno de los ingresos salariales ordinarios y extraordinarios que mensualmente recibe el incidentista **********, en su centro de trabajo; en el entendido de que únicamente será a favor de sus menores hijos **********, ********** y ********** todos de apellidos ********** la cual deberá sufragarse en la forma y términos ordenados en el considerando segundo del presente fallo."

En el entendido de que dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en la demanda de amparo.

Al respecto, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que la ahí quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo indirecto y que, por ello, la acción constitucional es improcedente.

Ciertamente, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. ..."

De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado.

Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107 de la Constitución Federal; 73, fracciones XII, párrafo segundo, XIII, párrafo segundo y XV, último párrafo, 114, fracción V y 161, último párrafo, de la Ley de Amparo, así como los que expresamente sean señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Supuestos que ninguno de ellos se actualiza en la especie, ya que no se reclama la inconstitucionalidad de la ley, por virtud de su primer acto de aplicación; no se está en los supuestos de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional; no es un acto de autoridad administrativa distinto a la judicial, que carezca de fundamentación; por último, si bien es cierto que es un acto de naturaleza familiar que incide en la obligación alimentaria de un acreedor alimentista, también lo es que no se trata de una infracción procesal reclamable en amparo directo, que es en el único supuesto en que resulta aplicable la excepción en comento.

En tal virtud, se considera que el juicio de amparo indirecto será improcedente en aquellos casos en los que se reclamen actos de ejecución irreparable o actos que siendo de carácter intraprocesales afecten en grado predominante o superior los derechos de las partes; cuando previamente no se haya interpuesto en su contra, el recurso ordinario previsto por la ley aplicable al caso, por el que pudo haber sido modificado o revocado.

Se cita como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 982 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal visible en la página 674, del Tomo VI, Materia Común, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza:

"RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."

De igual forma, se cita de manera analógica, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, tesis XXX.2o.6 C (9a.), página 2377, que establece:

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.’, puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable."

También se cita la jurisprudencia 1a./J. 41/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento uno del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación."

En el caso concreto, se estima que el principio de definitividad no fue agotado y, por ende, resulta improcedente el juicio de garantías porque en contra del acto reclamado era procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En efecto, de la relación de constancias que antecede, se aprecia que el procedimiento de origen lo constituye un divorcio sin causa, por lo cual resulta necesario atender a lo dispuesto en los artículos 685 y 685 bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que se encuentran insertos en el capítulo relativo a las revocaciones y apelaciones y que, en su orden, establecen:

"Artículo 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el Juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso."

"Artículo 685 bis. Únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados; la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable."

Asimismo, resulta necesario traer a colación el artículo 79 del citado código adjetivo civil, que dispone:

"Artículo 79. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas."

De lo anterior, se advierte que tratándose del divorcio sin causa, proceden dos clases de recursos, a saber:

a) El recurso de revocación, que es procedente contra toda clase de resoluciones que agravien a las partes, sin importar la fase en que se encuentre el procedimiento, es decir, ya sea que se hayan emitido antes del dictado de la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial, o bien, con posterioridad a su emisión; siempre y cuando no se trate de las resoluciones previstas en el artículo 685 bis del código adjetivo aplicable.

b) El recurso de apelación, que sólo es procedente contra las resoluciones que se emitan en la vía incidental respecto del o los convenios que se presenten en dicho procedimiento.

Esto es, aquellas que se emitan después de disuelto el vínculo matrimonial, relativas al supuesto del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, que dispone:

"Artículo 267. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces; II. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda y custodia, ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos; III. El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento; IV. Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje; V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición; VI. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso."

En el caso concreto, es evidente que el recurso referido en el inciso b), es decir, el de apelación no resulta procedente porque la resolución interlocutoria que se reclama no es de aquellas emitidas por virtud del procedimiento incidental que se tiene que abrir respecto de la inconformidad de los cónyuges con los convenios presentados en el juicio de divorcio; sin embargo, ello no hace definitivo el acto reclamado porque en contra de tal resolución resulta procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

En efecto, atendiendo al sistema de recursos contemplado en la legislación procesal civil de esta entidad y de manera específica, a los recursos que se prevén en el procedimiento de divorcio sin causa, es posible colegir que si en contra de la sentencia que declarara la disolución del vínculo matrimonial no procede recurso alguno, ya que sólo son apelables las resoluciones que se pronuncien en la vía incidental y que estén relacionadas con los convenios que se exhiban en el mismo.

Luego entonces, todas las demás resoluciones que se emitan en la primera o segunda etapa del juicio, son recurribles a través de la revocación.

En el entendido de que si el segundo párrafo del artículo 685 del citado ordenamiento civil, prevé la procedencia de la revocación en contra de "todo tipo de resoluciones", ello debe entenderse en todo el contexto de dicha acepción y en armonía con lo preceptuado en el numeral 79 del mencionado código adjetivo civil.

Es decir, el término "resoluciones" a que alude el numeral 685 en su segundo párrafo, debe comprender:

• Las determinaciones de mero trámite y que se denominan decretos;

• Las determinaciones que se ejecutan de manera provisional y que se denominan autos provisionales;

• Las determinaciones que tienen el carácter de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio y que se nombran como autos definitivos;

• Las que preparan el conocimiento y decisión del negocio ya sea admitiendo o desechando pruebas y que se llaman autos preparatorios y,

• Las que resuelven un incidente promovido antes o bien, después de dictada la sentencia y que se denominan sentencias interlocutorias.

Lo anterior, porque de la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales antes mencionados, se advierte que el legislador no limitó en los asuntos de divorcio sin causa, la procedencia del recurso de revocación sólo respecto de las determinaciones de mero trámite o de autos, sino que conforme lo preceptuado en el segundo párrafo del numeral 685 del código adjetivo civil en cita, la norma especial permite concluir que todas las resoluciones que se emitan en esta clase de juicios, son impugnables a través de la revocación.

Sin que sea óbice a lo anterior, lo que establece el artículo 684 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

"Artículo 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento."

Pues a criterio de este tribunal, dicha norma de carácter general, que limita la procedencia del recurso de revocación a los autos que no fueren apelables y a los decretos que dicta el Juez, es desplazada en su aplicación por la norma especial, que prevé el artículo 685 del mismo ordenamiento legal que regula la procedencia de tal recurso contra todo tipo de resoluciones cuando no es apelable la sentencia definitiva, como acontece en el caso del divorcio sin causa en el que la resolución que declara la disolución del vínculo matrimonial tiene el carácter de sentencia definitiva y, por ende, no resulta apelable.

Tampoco es óbice a lo anterior, la irrecurribilidad de las resoluciones a que se refiere el artículo 685 bis del código adjetivo invocado, pues atendiendo al espíritu del legislador que motivó la reforma de los medios de impugnación previstos en la ley procesal, aquélla debe entenderse sólo por cuanto hace a la improcedencia del recurso de apelación en contra de las determinaciones dictadas en la primera etapa del juicio de divorcio sin causa, la sentencia definitiva que decreta el divorcio, y las emitidas después de que sea disuelto el vínculo matrimonial, que no sean referentes a los incidentes planteados para dirimir las controversias sobre los convenios presentados por las partes en los escritos de demanda y contestación.

En efecto, el citado precepto que fue introducido en la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el tres de octubre de dos mil ocho, plasma la intención del legislador de que sean irrecurribles las sentencias que resuelvan sobre la disolución del vínculo matrimonial en los juicios de divorcio sin causa; sin embargo, tal precepto debe ser interpretado armónicamente con las demás disposiciones en materia de recursos que establece el capítulo respectivo.

Ahora bien, de la exposición de motivos de la iniciativa de ley que dio origen al artículo 685 bis en mención, se advierte que la intención del legislador fue exclusivamente que el recurso de apelación no procediera contra la resolución que decrete el divorcio.

En la inteligencia de que la legislación positiva sólo estableció la procedencia de tal recurso tratándose de divorcio sin causa, sólo en contra de las resoluciones que se dicten en los incidentes que refiere el propio numeral.

Sin embargo, ello no evidencia que su intención fuera que el recurso de revocación también resultara improcedente y que, por ende,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24202-a294db1c/revocacion-procede-este-recurso-en-contra-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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