DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 180/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE AGOSTO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIOS: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ, ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS, MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ, OSCAR VÁZQUEZ MORENO, MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ Y ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y, actualmente, establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.
Sin embargo, lo anterior no implica que, a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que, a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.
Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que, realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que, a la fecha, no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.
La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.
En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por un Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
I. Tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. El amparo en revisión (improcedencia) ********** derivó de los antecedentes siguientes:
Quien fuera cónyuge del quejoso inició el procedimiento de divorcio sin expresión de causa ante un Juzgado de lo Familiar del Distrito Federal. El quejoso contestó la demanda, el Juez responsable celebró una audiencia el veintiséis de mayo de dos mil nueve y citó a las partes a otra audiencia el once de junio del mismo año para determinar sobre la guarda y custodia provisional del menor hijo de los contendientes. En la audiencia de once de junio se decidió que la guarda y custodia quedara a favor de la madre, y se le requirió al demandado para que compareciera el veintidós de junio para entregar al infante. Dado que el demandado no compareció a la audiencia, el Juez responsable ordenó la búsqueda, localización y presentación del menor, solicitando el apoyo de la Interpol y de la Procuraduría General de la República.
En contra de las determinaciones que fueron reseñadas, dictadas en las audiencias de veintiséis de mayo, once y veintidós de junio de dos mil nueve, la parte demandada interpuso un juicio de amparo. El Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal desechó la demanda de amparo, por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso no agotó el principio de definitividad.
En contra de dicha determinación, el quejoso interpuso un recurso de revisión que fue del conocimiento del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien consideró fundados sus agravios, en cuanto a que los autos que fueron reclamados en el amparo son irrecurribles, con base en las consideraciones siguientes:
"Ahora bien, en relación con el segundo problema planteado (fondo), éste resulta fundado y suficiente para revocar el auto recurrido.
"Ello es así porque, como acertadamente lo señala el recurrente, los actos reclamados derivan de un juicio de divorcio de los denominados ‘sin expresión de causa’ o ‘incausado’, conforme a las reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial el tres de octubre de dos mil ocho, el cual tienen (sic) una regulación especial en cuanto a los recursos procedentes.
"En efecto, el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, introducido a partir de la reforma antes citada, establece que en tratándose de divorcios sin expresión de causa ‘únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados; la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable’.
"El texto de la norma es claro y tajante, al establecer que sólo las resoluciones que en vía incidental resuelvan sobre el o los convenios presentados por las partes serán recurribles y que la sentencia que decreta el divorcio no es apelable, lo que implica que, por exclusión, todas las demás resoluciones y autos que se dicten durante el procedimiento de divorcio ‘incausado’ son irrecurribles, o sea, no pueden impugnarse a través de algún medio ordinario de defensa.
"Así, si la norma especial aplicable a los casos de divorcio sin expresión de causa, como es el juicio del que derivan los actos reclamados, restringe la posibilidad de recurrir los autos dictados durante el procedimiento, es inconcuso que no hay medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir al juicio de amparo y, por tanto, éste procede directamente contra aquéllos.
"Sin que, en la especie, sea aplicable el contenido de la norma general prevista en la última parte del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que son apelables los autos e interlocutorias cuando lo sea la sentencia definitiva, porque, contrariamente a los señalado en el auto recurrido, opera el principio de la especialización de la ley, esto es, que la ley especial o particular excluye la aplicación de la ley general.
"En otras palabras, por encima de la regla general contenida en el artículo 691 de la legislación adjetiva, subsiste la norma confeccionada para el divorcio ‘incausado’, por ende, la disposición que debe regir el tema de los recursos, en tratándose de este tipo de procedimientos, es, sin duda, el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, conforme al cual, ya se dijo, contra los autos dictados dentro del procedimiento de divorcio no procede ningún medio ordinario de defensa, porque son irrecurribles.
"En segundo lugar, tampoco es aplicable el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, porque, en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 685 Bis, la sentencia que decreta el divorcio es inapelable; luego, si conforme a los artículos 266 y 267 del Código Civil para esta ciudad basta que uno de los cónyuges solicite la disolución del vínculo matrimonial y presente el convenio a que se refiere el último de los preceptos, para que aquélla se decrete es inconcuso que prácticamente todas las sentencias que se dicten en dichos procedimientos declararán la disolución del matrimonio y, en consecuencia, serán inapelables.
"En esas condiciones, si la sentencia definitiva es inapelable, los autos y resoluciones tampoco pueden serlo y, por ello, contrario a lo expuesto por el Juez, no se surte la norma general prevista en el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles.
"Las consideraciones anteriores concuerdan con la intención del legislador, pues en la exposición de motivos de la reforma de octubre de dos mil ocho se adujo que la creación del divorcio sin expresión de causa o ‘incausado’ tenía, entre otras finalidades, hacer un procedimiento más dinámico, a fin de no someter a las familias a tortuosos e interminables juicios, por lo que la eliminación de recursos era en buena medida una forma de hacerlos más simples y expeditos, lo que aventajaba en una pronta resolución del vínculo matrimonial, dejando para la vía incidental las cuestiones accesorias al divorcio y así se apunta lo siguiente:
"‘Es de destacarse que la intención es dejar improcedente el recurso de apelación cuando sólo se trate de la declaración del divorcio. En caso de que no se decrete el divorcio o se impugne lo resuelto sobre la distribución de los bienes comunes, pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia y convivencias, respecto de menores e incapaces o respecto de la acción de daño moral, sí procede la apelación, esto es, los incidentes de controversia familiar y los que tengan que resolverse por la vía ordinaria civil respecto de los bienes ...
"‘... Asimismo, se realizan diversos ajustes al Código de Procedimientos Civiles, mediante los que se establece un procedimiento más simple, acorde a las finalidades propuestas en la presente iniciativa y que redundarán en un proceso judicial más laxo, sin que se pierda la certidumbre, esto es, que los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir sus conflictos, al tiempo que se facilita el entendimiento entre las partes.’
"Luego, la improcedencia de recursos ordinarios para combatir los autos dictados dentro del divorcio sin expresión de causa es acorde con esa voluntad legislativa de hacer un procedimiento ágil que no se vea entorpecido con la interposición de un sin número de recursos legales que sólo prolongan la permanencia de las partes en un estado (matrimonio) en el que ya no quieren seguir.
"Dicha interpretación también se ve reforzada con el criterio adoptado por este tribunal, al emitir la tesis del rubro: ‘DIVORCIO. DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO, CONFORME AL, CUANDO HAY OPOSICIÓN AL CONVENIO, EL JUEZ FAMILIAR DEBE DICTAR LA SENTENCIA DISOLVIENDO EL VÍNCULO MATRIMONIAL Y DEJAR A SALVO DERECHOS PARA LA VÍA INCIDENTAL SOBRE LAS CUESTIONES ACCESORIAS.’ (Registro IUS 167726), de la que se desprende que el propósito del legislador fue dar celeridad a la disolución del vínculo matrimonial, pero sin descuidar los aspectos que son consecuencia del mismo, que deben ser resueltos en la vía incidental, lo que propició la creación del artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles.
"Tampoco es óbice a lo expuesto el contenido del diverso artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que, en su segundo párrafo, indica que cuando la sentencia definitiva no sea apelable procederá la revocación contra todo tipo de resoluciones, excepto la definitiva, pues, como ya se dijo, el artículo 685 Bis constituye la norma especial para los procedimientos de divorcio ‘incausado’ y es ésta la que debe aplicarse, excluyendo, en consecuencia, la norma general prevista en el precepto invocado en primer término.
"En esas condiciones, si la norma aplicable al caso concreto es el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y éste prevé que únicamente pueden recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental, respecto de los convenios presentados, se tiene que si los actos reclamados no son resoluciones dictadas en los incidentes respecto de los convenios presentados, sino los acuerdos citados en las audiencias de veintiséis de mayo, once y veintidós de junio, todas de dos mil nueve, por lo que se resolvió, entre otras cosas, que la custodia provisional del menor hijo de las partes quedaría a favor de su progenitora y se requirió al quejoso para que lo entregara a la madre, incluso, por la fuerza, es claro que en contra de tales determinaciones no procede recurso alguno y, por tanto, como bien dice el recurrente, no estaba en posibilidad de agotar el principio de definitividad."
De dicha ejecutoria derivó la tesis que se transcribe a continuación:
"DIVORCIO INCAUSADO. SÓLO LAS RESOLUCIONES QUE EN VÍA INCIDENTAL DECIDAN RESPECTO DEL O LOS CONVENIOS PRESENTADOS POR LAS PARTES SON RECURRIBLES. Los artículos 685 y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal contienen reglas generales sobre la procedencia de los recursos de revocación y apelación contra las diversas decisiones tomadas en un juicio; sin embargo, dichos preceptos dejan de tener aplicación cuando se trata de procedimientos de divorcio ‘sin expresión de causa’ o ‘incausado’, porque las reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal publicadas el tres de octubre de dos mil ocho en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que incorporaron tal figura, adicionaron al código procesal el artículo 685 Bis, que dispone que únicamente las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados por las partes podrán recurrirse, y que la sentencia que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. En esas condiciones, conforme al principio de especialización de la norma, por encima de las reglas contenidas en los artículos 685 y 691, debe subsistir la confeccionada para el divorcio ‘incausado’, a virtud de la cual, únicamente son recurribles las determinaciones que resuelven en vía incidental el o los convenios presentados por las partes, lo que armoniza incluso con la intención del legislador de crear un procedimiento más ágil para lograr la disolución del matrimonio."(1)
II. Tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. El amparo en revisión ********** derivó de los antecedentes siguientes:
Quien fuera cónyuge del quejoso demandó de éste la disolución del vínculo matrimonial y otras prestaciones, con base en el procedimiento de divorcio sin expresión de causa ante un Juzgado de lo Familiar del Distrito Federal, sin acompañar convenio alguno, debido a que, según afirmó, los esposos no adquirieron bienes durante el matrimonio, no procrearon hijos y vivieron en casa de la madre de la actora.
Al contestar la demanda, la parte demandada manifestó que debía liquidarse la sociedad conyugal, la cual se integraba por los bienes que la actora heredó de su padre, para lo cual propuso como convenio que se determinara a su favor el cincuenta por ciento de la porción hereditaria. La parte actora se opuso a la propuesta de convenio y objetó las pruebas exhibidas por su contraparte. En audiencia de veinte de agosto de dos mil nueve, el Juez natural declaró disuelto el vínculo matrimonial, pero como la parte demandada no compareció a la audiencia, dejó a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía incidental.
El demandado promovió incidente para la liquidación de la sociedad conyugal. Sin embargo, el Juez responsable, mediante auto de veintiséis de marzo de dos mil diez, resolvió no admitir a trámite el incidente de liquidación del régimen de sociedad conyugal. La parte demandada interpuso recurso de revocación en contra de dicho auto, el cual fue desechado por el Juez responsable por su notoria improcedencia, ya que consideró que el proveído impugnado no era una simple determinación de trámite.
La parte demandada interpuso una demanda de amparo en contra del auto que resolvió no admitir a trámite el incidente de liquidación del régimen de sociedad conyugal y del auto que desechó su recurso de revocación. De su demanda de amparo conoció la Juez Séptima de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien sobreseyó en contra del primer acto reclamado y negó el amparo respecto del segundo.
En contra de dicha resolución, el quejoso interpuso un recurso de revisión que fue del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quien, en lo que interesa, consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por virtud de que el quejoso no había agotado el principio de definitividad, por lo que confirmó el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, con base en las consideraciones siguientes:
"... Recursos en el juicio de divorcio sin expresión de causa
"Conforme a los antecedentes narrados en la demanda, el acto reclamado deriva de un juicio de divorcio seguido conforme a las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal publicadas el tres de octubre de dos mil ocho en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
"Las particularidades de este juicio excluyen la aplicación del supuesto normativo de la procedencia del recurso de revocación prevista en el segundo párrafo del artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
"En términos de los artículos 266, 267, 282, 283 y 287 del Código Civil, la disolución del vínculo matrimonial puede solicitarse por uno o ambos cónyuges. Cuando se solicita en forma unilateral debe acompañarse la propuesta del convenio para regular las consecuencias inherentes al divorcio (en relación a los hijos, los bienes y las demás que se consideren necesarias). El juicio consta de dos etapas o fases. En la primera de ellas, el Juez emite decisión respecto a la disolución del vínculo matrimonial. En la segunda etapa, el juzgador ha de resolver los aspectos relativos a las consecuencias de ese nuevo estado, lo es lo concerniente a los hijos (su custodia, el régimen de visitas y convivencias y sus alimentos) y a los bienes (su división, quién ha de quedarse en el domicilio conyugal, etcétera). Es importante señalar que la resolución emitida en esa segunda fase no constituye un acto después de concluido el juicio, porque, como ya se dijo, el proceso se integra por dos fases, y son sus resoluciones, la que acoge el divorcio y la que determina los términos en que los derechos y obligaciones en relación a las consecuencias de ese nuevo estado han de verse colmados, las que constituyen la sentencia definitiva.
"Esta peculiaridad impide que en los juicios de divorcio sin expresión de causa tenga aplicación el segundo párrafo del artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone ‘En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva.’. Esto es así, porque no obstante que el artículo 685 Bis del propio ordenamiento prevé que la resolución que acoge la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, como ya se ha visto, la referida resolución no es la única definitiva, también lo es la que decide los términos en que han de quedar los derechos y obligaciones en relación a las consecuencias de ese nuevo estado. En contra de esta última resolución no hay dispositivo expreso que impida su recurribilidad, por el contrario, de conformidad con el propio precepto, las resoluciones emitidas en el procedimiento incidental respecto del o de los convenios presentados son recurribles y, al no constituir meras resoluciones de trámite, es evidente que en su contra procede la apelación.
"Esto se robustece con la exposición de motivos del decreto de reformas en el que, entre otras cosas, se adicionó el artículo 685 Bis del código adjetivo de la localidad, citado por la Juez de Distrito, en la parte que dice:
"‘Es de destacarse que la intención es dejar improcedente el recurso de apelación cuando sólo se trate de la declaración de divorcio. En caso de que no se decrete el divorcio o se impugne lo resuelto sobre la distribución de los bienes comunes, pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia y convivencias respecto de menores e incapaces o respecto de la acción de daño moral, sí procede la apelación ...’
"De manera que si, por excepción, únicamente la resolución de divorcio no es apelable, pero la que resuelve sobre las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial sí lo es, debe concluirse que no se está en el supuesto previsto en el artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles, para considerar que todas las resoluciones en ese proceso son recurribles en revocación, ya que para estimar que la sentencia definitiva no es apelable debe considerarse a ésta en su integridad.
"En efecto, en términos generales, el recurso de apelación procede contra sentencias definitivas e interlocutorias, así como en contra de autos que decidan un aspecto esencial del procedimiento. La circunstancia de que en contra de la resolución estimatoria de la disolución del vínculo matrimonial no proceda la apelación pone de manifiesto dos circunstancias: la primera es que, acorde con aquella regla general, el recurso que era procedente contra esa resolución es precisamente la apelación; la segunda es que debido a que basta con la voluntad de uno solo de los cónyuges para acoger el divorcio, es que la resolución estimatoria de esa pretensión no está sujeta a revisión alguna por parte de la ad quem, por lo que, por disposición expresa del legislador, esa sentencia definitiva que, siguiendo la regla general, debiera ser apelable, no lo es.
"Esto aunado a la circunstancia de que las resoluciones emitidas en los procedimientos seguidos en forma incidental, relativas al o a los convenios presentados, que también constituyen sentencia definitiva, son apelables, lleva a concluir que es la apelación el recurso procedente contra la sentencia definitiva pero, por excepción, una de la resoluciones que constituyen la definitiva en el juicio de divorcio sin expresión de causa, no es recurrible.
"Por consiguiente, no se está ante el supuesto de que la sentencia definitiva, entendida en su integridad, emitida en el juicio en comento, no sea apelable.
"Conforme a lo hasta aquí expuesto puede concluirse, respecto a este tópico, que aun cuando la Juez de Distrito no expuso mayor motivación para la inaplicación del artículo 685 del código adjetivo, que la relativa a la circunstancia de estar ante un juicio que se rige por las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo cierto es que por las razones precisadas en la presente ejecutoria el referido precepto no es aplicable, por ende, no puede servir de fundamento al argumento de que el auto que no admitió la solicitud de abrir incidente de liquidación de sociedad conyugal es revocable.
"... Alcance del artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles
"Por las razones asentadas en la presente ejecutoria, el auto de veintiséis de marzo de dos mil diez no es revocable, en términos del segundo párrafo del artículo 685 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo, es incorrecta la interpretación que la Juez de Distrito hace del artículo 685 Bis del propio ordenamiento, en el sentido de que en la segunda etapa del juicio de divorcio sin expresión de causa no procede recurso alguno contra acto distinto a la o las sentencias interlocutorias que resuelven el o los convenios presentados. El estudio de dicho precepto se emprende de manera oficiosa, por estar vinculado con la procedencia del juicio de garantías, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 685 Bis, 79 y 272-B del Código de Procedimientos Civiles y 287 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, llevan a determinar que en la segunda fase del juicio de divorcio sin expresión de causa tiene aplicación la regla prevista en el primer párrafo del artículo 685 del código adjetivo local.
"El artículo 685 Bis dispone: ‘Únicamente podrán recurrirse las resoluciones que recaigan en vía incidental respecto del o los convenios presentados; la que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable.’
"El término ‘únicamente’ denota una exclusión, a manera de precisar sólo a qué cuestión se refiere el precepto.
"En términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las ‘resoluciones’ son:
"‘I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos;
"‘II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales;
"‘III. Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos;
"‘IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios;
"‘V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias;
"‘VI. Sentencias definitivas.’
"La expresión ‘recaigan’ está definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (sic) como ‘venir a caer o parar en alguien o sobre alguien beneficios o gravámenes’.
"Conforme a lo dispuesto en los artículos 287 del Código Civil y 272-B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la ‘vía incidental’ tiene lugar para dilucidar las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. La referida expresión debe interpretarse en el sentido de que el procedimiento debe continuar, por un cause distinto al de la vía ordinaria, más breve y ágil, cuya materia sigue siendo la planteada en la litis principal, ya que la ley les impone a las partes la carga de fijar una posición sobre ella en sus escritos iniciales, y de ofrecer los medios de prueba conducentes.
"El o ‘los convenios presentados’ son aquellos que las partes proponen para que el Juez decida sobre las consecuencias inherentes al divorcio, como lo es el concerniente a los hijos (su custodia, el régimen de visitas y convivencias y sus alimentos), a los bienes (su división, quién ha de quedarse en el domicilio conyugal) etcétera.
"En conformidad con el artículo 287 del Código Civil, la ‘resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial’ es la que concluye la primera e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24273-91a74735/divorcio-sin-expresion-de-causa-los-autos-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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