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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO DIRIGIDOS A IMPUGNAR EL AUTO QUE LOS DECRETA O FIJA SON INOPERANTES, AUN CUANDO LA RESPONSABLE SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE EL TEMA EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, AL HABER PRECLUIDO LA OPORTUNIDAD PARA HACERLO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 319/2020. · Registro digital (IUS): 30120
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-10-01
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo IV, Pág. 3505.

AMPARO DIRECTO 319/2020. 29 DE MARZO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. DISIDENTE: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS. SECRETARIO: ALBERTO CARRILLO RUVALCABA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política Federal, 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.—Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado se acredita con las actuaciones de primera y segunda instancias que la Sala responsable adjuntó a su informe justificado.

TERCERO.—Legitimación. El quejoso **********, está legitimado para promover el presente juicio de amparo por su propio derecho, de conformidad con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, dado que le reviste el carácter de demandado en el juicio natural; además de que la sentencia reclamada es contraria a sus intereses.

CUARTO.—Oportunidad de la demanda. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado fue notificada personalmente al ahora quejoso, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte,(6) por lo que surtió efectos el mismo día, acorde con el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; en consecuencia, el plazo de quince días para promover la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticinco de agosto al diecisiete de septiembre de dos mil veinte, siendo inhábiles los días veintinueve y treinta de agosto, así como el cinco, seis, doce y trece de septiembre por haber sido sábados y domingos, acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo,(7) así como del catorce al dieciséis de septiembre, en atención al aviso de la cuadragésima tercera sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en tanto que la demanda de amparo se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil veinte.(8)

QUINTO.—Sentencia reclamada. Las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada obran en el expediente de origen que se tiene a la vista, cuya transcripción se omite por considerarse innecesaria, además de que no existe obligación legal al respecto para este órgano constitucional.

Cobra aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la página 406, Tomo IX, abril de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 219558, de rubro: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO."

SEXTO.—Conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa obran en la demanda de amparo que también se tiene a la vista, por lo cual resulta innecesaria su transcripción; lo anterior, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."

SÉPTIMO.—Determinación adoptada por este Tribunal Colegiado de Circuito. Los conceptos de violación son unos inoperantes, otros infundados y uno fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado.

De las constancias del juicio natural, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129,(9) 197(10) y 202(11) del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, destacan como antecedentes:

1) El seis de marzo de dos mil dieciocho, ********** (ahora quejoso) por su propio derecho, demandó en la vía civil ordinaria a **********, por el divorcio necesario e incausado exigiendo como prestaciones: a) la disolución del vínculo matrimonial; b) la liquidación de la sociedad legal; c) la declaración de convivencia con sus tres hijos menores de edad **********, ********** e **********, de apellidos **********;(12) y, d) el pago de gastos y costas.

2) En auto de once de abril de dos mil dieciocho, la Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Sayula, Jalisco, previa aclaración, radicó la demanda bajo el expediente ********** y ordenó emplazar a la parte demandada.(13)

3) Previo emplazamiento, en auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho ********** (ahora tercero interesada), compareció a juicio, produjo su contestación de demanda, oponiendo excepciones y defensas, además de ofrecer pruebas y reconvino a ********** (ahora quejoso), por el pago de alimentos exigiendo como prestaciones a) la fijación y aseguramiento de una pensión alimenticia provisional para dicha promovente y sus hijos; b) la fijación y aseguramiento de una pensión alimenticia definitiva para dicha promovente y sus hijos; c) la custodia de sus tres hijos menores de edad **********, ********** e **********, de apellidos **********, conservando ambos padres la patria potestad; d) la liquidación de la sociedad legal; e) la rendición de cuentas; y, f) el pago de gastos y costas.(14)

4) En auto de quince de junio de dos mil dieciocho, la Juez natural fijó la pensión alimenticia provisional solicitada a cargo del demandado por la suma de ********** (********** moneda nacional).(15)

5) En auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, la Juez natural tuvo a ********** (ahora quejoso), contestando en tiempo y forma la demanda reconvencional en su contra.(16)

6) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, la Juez natural dictó sentencia definitiva de primer grado en la cual se declaró procedente la acción principal de divorcio necesario, ejercida por ********** (ahora quejoso), así como la acción reconvencional promovida por **********, conforme a los resolutivos siguientes:

"Primera: Los presupuestos procesales de competencia, personalidad, capacidad y vía quedaron plenamente justificados en autos.—Segunda. Tanto ********** como **********, manifestaron su interés en divorciarse por tanto.—Tercera. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los contendientes, contenido en el acta de matrimonio número **********, libro 1 (uno), año 2002 (dos mil dos), celebrado el 30 (treinta) de noviembre de dicho año, ante el oficial del Registro Civil de esta ciudad.—Cuarta. En virtud del divorcio decretado, los comparecientes recobran su aptitud de contraer nuevas nupcias sin que exista cónyuge culpable.—Quinta. Se condena al actor **********, al pago mensual de una pensión alimenticia definitiva, a favor de su cónyuge **********, como de sus menores hijos **********, ********** e **********, de apellidos **********, por la cantidad de ********** (**********), mismos que deberá de exhibir por adelantado en los primeros 5 (cinco) días de cada mes.—Sexta. Ambos cónyuges conservarán la patria potestad de sus menos (sic) hijos; encomendándose su custodia definitiva a su progenitora **********. Por lo que ve a la medida provisional que obra a fojas 310 de autos, exhortándose a los cónyuges a que respeten en todo momento el derecho de sus descendientes a convivir en la forma y términos que los propios menores decidan.—Séptima. En su oportunidad, una vez que cause estado el presente fallo, publíquese un extracto de las proposiciones en ella contenidas, por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en el entendido de que en tanto no se publique el edicto, queda en suspenso su ejecución.—Octava. En términos del artículo 422 del Código Civil de este Estado, hecho lo resuelto en la proposición anterior, remítanse sendos oficios con los insertos necesarios, previo pago de los impuestos correspondientes, identificación y razón de recibido que se deje en autos, al C. Oficial del Registro Civil del lugar donde pasó el acto y donde se halla registrado el nacimiento de los cónyuges, a efecto de que se expida el acta de divorcio, se publique la parte resolutiva de la sentencia en los tableros designados para ese fin y se realicen las anotaciones correspondientes en las actas de nacimiento de los cónyuges divorciados.—Novena. Dese vista al agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la adscripción para su conocimiento y efectos legales correspondientes.—Décima. No se hace especial condena en costas en virtud de no existir cónyuge culpable.—Undécima. En virtud de que la presente sentencia se ha pronunciado dentro del término previsto en el artículo 279 del enjuiciamiento civil del Estado, en atención a lo que norma la., fracción VI, del numeral 109 de la misma ley (sic), la publicación que de la presente se haga por listas de acuerdo del juzgado, surte efectos de notificación personal a las partes."(17)

7) Al respecto, **********, (ahora quejoso), interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, bajo el toca **********, resuelto mediante sentencia definitiva del veintidós de junio de dos mil veinte, la cual modificó la recurrida, sólo para el efecto de establecer que ambos padres tendrán la custodia compartida de sus hijos.(18)

Sentencia definitiva que constituye la materia del presente juicio de amparo, la cual acusa el quejoso de ser violatoria de sus derechos fundamentales y al efecto formula diversos conceptos de violación, los cuales por técnica jurídica serán analizados en orden diverso al planteado.

I. Incorrecciones atribuidas a la Juez natural.

II. Análisis de los presupuestos procesales de la acción.

III. Alimentos provisionales.

IV. Improcedencia de alimentos en favor de la excónyuge.

V. Condena de alimentos en favor del ahora quejoso.

VI. Confirmación del monto de la pensión alimentaria definitiva aun cuando en la sentencia reclamada se modificó la custodia.

Tema I. Incorrecciones atribuidas a la Juez natural.

El promovente acusa a la Juez natural de incurrir en diversos vicios de forma y fondo al emitir la sentencia de primer grado, pues se inconforma respecto del criterio sostenido al tener por demostrada la necesidad de recibir alimentos por parte de sus acreedores alimentarios, el alto nivel de vida que, según dice, les atribuyó a sus hijos y el no comprobar su capacidad económica como deudor alimentario, lo cual, dice, llevó a una incorrecta y excesiva cuantificación de pensión alimentaria a su cargo tanto provisional como definitiva.

Motivos de queja que resultan inoperantes.

Es así, porque la materia del presente juicio de amparo lo constituye la sentencia definitiva emitida por el tribunal de alzada señalado como responsable, al resolver el respectivo recurso de apelación planteado por el ahora quejoso, mediante el cual se modificó la sentencia de primer grado.

De modo que este órgano colegiado está legalmente impedido para analizar los planteamientos relativos a las incorrecciones imputadas a la Juez natural, pues implicaría revisar su actuación, lo cual es ajeno a la materia del acto reclamado, soslayando el objeto del juicio constitucional, como lo es el determinar si la resolución emitida en el referido recurso viola o no derechos fundamentales.

Máxime que la sentencia impugnada en apelación fue sustituida procesalmente por el acto ahora reclamado, el cual da firmeza a lo resuelto por la Juez de origen, de modo que en todo caso, la determinación judicial susceptible de irrogarle al peticionario de amparo un agravio personal y directo para los efectos del juicio constitucional sería la emitida por el tribunal de alzada.

Tiene aplicación al caso particular, la tesis de jurisprudencia 497, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página 349, Tomo IV, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Civil, con número de registro digital: 392624, que indica:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO EN ELLOS SE ATACA LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. No es viable combatir en el amparo directo la sentencia de primer grado cuando de ésta se apela, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la finalidad de ese medio de defensa, hecho valer ante el tribunal de alzada es que éste confirme, revoque o modifique la determinación del inferior; entonces, si los conceptos de violación se enderezan con la pretensión de impugnar el fallo inicial, aquéllos deben declararse inoperantes por no atacar las razones del que se haya emitido en la segunda instancia; por tanto, efectuar su análisis implicaría revisar la decisión del Juez del conocimiento que no es materia del acto reclamado, dado que el objeto del juicio constitucional es el estudio de la resolución dictada al resolver el recurso enunciado, para determinar si los fundamentos existentes en ella violan o no las garantías individuales del gobernado."

Tema II. Análisis de los presupuestos procesales de la acción.

El quejoso acusa a la Sala responsable de interpretar erróneamente el artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al proceder al estudio de los presupuestos procesales, teniendo por acreditada la posibilidad del deudor para proporcionar alimentos.

Lo anterior es infundado.

En efecto, el penúltimo párrafo del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco(19) establece la obligación, no solamente de los Jueces de primera instancia, sino también de los tribunales de apelación, de analizar oficiosamente los presupuestos procesales y los elementos de la acción; por lo cual, el tribunal de segunda instancia no está constreñido a realizar el estudio de la acción ejercida, exclusivamente a la luz de los agravios que al efecto pudieran expresar los apelantes, sino que como órgano revisor y ante la falta de reenvío, está obligado a examinar, con plenitud de jurisdicción, si en el sumario se acreditaron los presupuestos procesales y los elementos de la acción; debiendo resolver lo conducente, aun con base en consideraciones propias que se aparten de las excepciones y defensas opuestas.

Se cita como sustento la tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XIV, página 5, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 188454, con los siguientes rubro y texto:

"ACCIÓN. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y ELEMENTOS DE ÉSTA, DEBEN SER ANALIZADOS DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 87, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO (EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO). Si bien es cierto que conforme al criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, el tribunal de alzada debe concretarse a examinar, exclusivamente, a través de los agravios, las acciones, excepciones o defensas que se hicieron valer oportunamente en primera instancia y en lo que atañe al estudio de la improcedencia de la acción sólo puede emprender ese examen, siempre y cuando en el pliego de agravios sometidos a su consideración se haga valer la correspondiente inconformidad, también lo es que dicha regla no se actualiza en el Estado de Jalisco tratándose de juicios iniciados con posterioridad al uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que entró en vigor el actual texto del artículo 87, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, y a partir de la cual el tribunal de alzada actúa apegado a derecho cuando estudia, en forma oficiosa, los presupuestos procesales y los elementos de la acción intentada, aun en ausencia de agravios o excepciones. Lo anterior es así, porque una recta interpretación de lo dispuesto en el citado artículo, en relación con los diversos numerales 430 y 443 del referido ordenamiento, debe ser en el sentido de que el ad quem no está constreñido a realizar exclusivamente su estudio a la luz de los agravios que al efecto pudiera expresar el apelante, sino que, como órgano revisor y ante la falta de reenvío, está facultado para examinar en su integridad y con plenitud de jurisdicción esos aspectos, resolviendo lo conducente, aun con base en consideraciones propias que se aparten de las excepciones y defensas opuestas."

Cabe señalar que los aludidos presupuestos procesales, son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse ni tramitarse válidamente o con eficacia jurídica algún proceso, como son la competencia, personalidad y la vía; tales aspectos constituyen cuestiones de orden público y, por ende, deben estudiarse de oficio pues la ley expresamente así lo dispone, incluso, en perjuicio del apelante en la segunda instancia, como lo establece la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 337, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 2003697, la cual dispone:

"PRESUPUESTOS PROCESALES. SU ESTUDIO OFICIOSO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, CONFORME AL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, NO LO LIMITA EL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEIUS. El citado precepto prevé que el tribunal de alzada debe analizar de oficio los presupuestos procesales. Ahora, si bien es cierto que la segunda instancia se abre sólo a petición de parte agraviada, también lo es que el ad quem puede modificar la resolución recurrida con base en los agravios expuestos y/o el examen oficioso que deba hacer de aquéllos, al estar constreñido a ello; de ahí que el requisito para actualizar la hipótesis referida conforme al citado artículo 87, penúltimo párrafo, es que exista recurso de apelación, es decir, que se inicie tal instancia para que el tribunal ad quem esté constreñido a estudiar los presupuestos procesales, al margen de que dicho estudio favorezca o afecte la situación del apelante y, por tanto, su libertad de jurisdicción para analizar tales presupuestos no se encuentra limitada por el principio non reformatio in peius, locución latina que puede traducirse al español como ‘no reformar en peor’ o ‘no reformar en perjuicio’, utilizada en el ámbito del derecho procesal; ya que este principio opera cuando dichos presupuestos han quedado satisfechos."

Ahora bien, en el particular la Sala responsable al emitir la sentencia materia del acto reclamado, identificó y analizó los presupuestos procesales, teniéndolos por acreditados en los términos siguientes:

"II. Estudio de los presupuestos procesales. Cabe mencionar que el apelante hace valer como agravio que el Juez de la causa no examinó los presupuestos procesales.—Argumento que resulta falso dado que (sic) dar lectura a la sentencia recurrida para advertir que a fojas 3 y 4 el a quo realiza dicho estudio.—Sin embargo, previo al análisis del resto de los agravios expresados por el apelante, este tribunal ante la obligación que le impone el artículo 87, penúltimo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, procede al estudio oficioso de los presupuestos procesales(20).—En principio, debe establecerse que de conformidad con el Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ed. Porrúa, México 1898, página 2524 ‘Los presupuestos procesales’ son: ‘Los requisitos o condiciones que debe cumplirse para la iniciación o el desarrollo válido de una (sic) proceso o, en su caso, para que pueda pronunciarse la resolución de fondo’. Dentro de los aludidos presupuestos resaltan como sus especies, entre otros, lo relativo a la competencia del Juez, la personalidad de las partes y la vía intentada, aspectos que se examinarán en los párrafos siguientes: Competencia: La competencia del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Octavo Partido Judicial en el Estado con sede en Sayula, Jalisco, se surte al tenor de lo dispuesto por el artículo 161, fracción XII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por ser Juez competente en los juicios de divorcio el tribunal del domicilio conyugal.—Además existe sometimiento tácito del actor por el solo hecho de haber comparecido a ejercitar su acción, en tanto que la demandada dio contestación a la misma sin oponer excepción expresa al respecto; aunado a que la demandada presentó demanda reconvencional. Cobrando aplicación lo dispuesto por el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.—Personalidad: La personalidad de las partes se encuentra acreditada en autos. El actor **********, compareció a juicio por su propio derecho, manifestando ser mayor de edad.—Mientras que la demandada **********, compareció a juicio por su propio derecho, manifestando ser mayor de edad y en representación de sus menores hijos **********, ********** e **********, en la vía reconvencional por el pago de alimentos; de donde surge la presunción legal que están en pleno ejercicio de sus derechos civiles.—Con lo anterior se acredita que las partes gozan de la capacidad legal y jurídica para obligarse y comparecer a juicio, aunado a que no existe prueba o indicio que limite su capacidad de ejercicio, cubriéndose con los requerimientos necesarios que, al respecto, prevén los artículos 1o., fracción III, 40, 41, 42, 90, 91 y correlativos del enjuiciamiento civil del Estado.—Vía: La vía queda satisfecha conforme a lo dispuesto por el artículo 266 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco, todas las controversias que no tengan trámite especial determinado por la ley procesal deberán ventilarse en la vía civil ordinaria.—Legitimación: Se justifica en términos del artículo 1o., (primero) fracción IV y 39 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al acreditarse la existencia del vínculo matrimonial entre ********** y **********, mediante acta de matrimonio número **********, libro 1 (uno), de la Oficialía del Registro Civil número 1 (uno), del Municipio de Sayula, Jalisco, acto celebrado el **********, en el que optaron por el régimen de sociedad legal.—Documental que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 329, fracción V y 399 de la ley (sic) civil adjetiva del Estado, y de acuerdo al 81 de la ley (sic) sustantiva civil, prueba plenamente el estado civil cuya disolución se solicitó."

De lo transcrito se evidencia que, contrario a lo alegado por el quejoso, la Sala responsable realizó una correcta interpretación del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco pues, conforme al penúltimo párrafo de dicho precepto, realizó el estudio oficioso de los presupuestos procesales, teniendo por justificadas la competencia, personalidad, vía y legitimación; en tanto que los pronunciamientos de la responsable sobre la posibilidad del deudor para proporcionar alimentos, atañen al estudio de los elementos de la acción de pago de alimentos.

Tema III. Alimentos provisionales.

El quejoso acusa a la Sala responsable de omitir analizar oficiosamente si eran procedentes o no los alimentos provisionales, pues considera que no se acreditó la urgencia ni la necesidad de la medida, además señala que la pensión alimentaria provisional es excesivamente elevada, pues asegura carecer de un trabajo fijo y que sus ingresos provienen de un local, el cual dice rentar para fiestas.

Lo anterior es inoperante.

Es así, habida cuenta que lo expresado en este tema se constriñe a impugnar la fijación de los alimentos provisionales, lo cual ocurrió en auto de quince de junio de dos mil dieciocho, en el que la Juez natural impuso al ahora quejoso, una pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge y de sus tres hijos por la suma de ********** (********** moneda nacional), además de ordenar requerir al deudor alimentario por su pago en el momento de la diligencia, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se le embargarían bienes suficientes para garantizarlo.(21)

Luego, si bien el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco(22) prevé que contra las resoluciones que otorguen alimentos provisionales no cabe recurso alguno para modificar, revocar o nulificar lo fijado en ellas, ello no impide reclamarla en amparo indirecto.

Se afirma esto, pues dicha determinación judicial, además de ser emitida dentro de juicio, al fijar una pensión alimentaria provisional ordenando el aseguramiento de bienes del deudor alimentario para garantizar el pago de la pensión, revela características similares a las de un mandamiento "auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento" o "auto de exequendo", de modo que constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, pues con su sola emisión afecta derechos sustantivos del deudor alimentario, lo cual permite impugnarlo a través del juicio de amparo indirecto de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo,(23) en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(24)

Así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2009, publicada en la foja 85, Tomo XXX, noviembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 166028, la cual dispone:

"ALIMENTOS PROVISIONALES. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA Y FIJA SU MONTO CONSTITUYE UN ACTO CUYA EJECUCIÓN ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son actos de ejecución irreparable aquellos cuyas consecuencias afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que el afectado obtenga en el juicio una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. Asimismo, se ha determinado que no sólo por la afectación de derechos sustantivos puede considerarse un acto como de imposible reparación, ya que también pueden darse este tipo de actos tratándose de derechos procesales o adjetivos. En efecto, el Tribunal en Pleno (sic) ha sostenido que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, pues aunque éstas son impugnables ordinariamente en amparo directo cuando se reclama la sentencia definitiva, también pueden combatirse excepcionalmente en amparo indirecto cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual habrá de determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Así, el grado extraordinario de afectación que pueda tener una violación de este tipo obliga a considerar que debe sujetarse de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En congruencia con lo anterior, se concluye que la resolución que decreta una pensión alimenticia provisional y fija su monto constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, en tanto que la afectación que sufre el obligado a pagarla incide directa e inmediatamente en su derecho fundamental de disponer de los frutos de su trabajo o de sus bienes, y tal afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de obtener una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues las cantidades que haya pagado por ese concepto se destinarán a cubrir las necesidades alimentarias de los acreedores, lo que significa que serán consumidas y no se le podrán reintegrar aun cuando obtuviera una sentencia absolutoria o se fijara como pensión alimenticia definitiva una cantidad menor; de ahí que se trata de un acto que debe ser materia de un inmediato análisis constitucional."

No es óbice que en la sentencia definitiva reclamada, la Sala responsable haya analizado y desvirtuado los agravios relativos a los alimentos provisionales, bajo las consideraciones siguientes:

"Por otro lado, los conceptos de violación formulados por el apelante, en razón de la condena impuesta por el pago de alimentos provisionales; así como que el Juez de origen nunca razonó el porqué del porcentaje fijado era el necesario para sufragar los gastos de sus menores hijos, pues a su parecer no existieron probanzas para conocer las necesidades, costo de éstas y nivel socioeconómico de vida, cuestiones que además argumentó no fueron acreditadas, por lo que no hubo un análisis del caso en concreto en el que se tomaran en cuenta su capacidad económica, violando así lo dispuesto en el artículo 442 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual establece que los alimentos deben fijarse proporcionalmente respecto a las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, situación que no realizó de forma fundada y motivada.—Son infundados e inoperantes, lo anterior en razón de que contrario a lo que manifiesta el quejoso, el a quo sí atendió lo dispuesto en los artículos 442 del Código Civil y 696 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Jalisco, pues tomó en cu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30120-65bbc724/alimentos-provisionales-los-conceptos-de-violacion-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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