RECURSO DE APELACIÓN. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER AMPARO CONTRA LA SENTENCIA QUE ADEMÁS DE DECRETAR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, RESUELVE EL TEMA DE ALIMENTOS, SI LA CONTROVERSIA VERSA SOBRE ESTE ÚLTIMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
AMPARO DIRECTO 217/2023. 20 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO. PONENTE: VERÓNICA MORENO MORENO, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA. SECRETARIO: RICARDO NAVA MARTÍNEZ.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veinte de junio de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver los autos del expediente 217/2023, relativo al juicio de amparo directo promovido por ****** **** *****, contra la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés por el Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil ********** y su acumulado ********; y
RESULTANDO:
Primero. Demanda de amparo e incompetencia legal. Por escrito recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, ****** **** ****, promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue remitido por cuestión de turno al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, en donde por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se declaró la incompetencia legal para conocer de la demanda y se determinó que el competente para ello era el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno, razón por la cual se ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los tribunales especializados en dichas materias.
Así, de la demanda de amparo correspondió conocer a este tribunal, en la cual se señaló como autoridad responsable y como acto reclamado los que a continuación se especifican:
3.- Es Autoridad Responsable el C. Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., con domicilio oficial en Poder Judicial del Estado, ubicado en la Av. Luis Donaldo Colosio número 305, ISSSTE, C.P. 78280, de esta Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.
4.- El acto reclamado lo hago consistir en la Resolución Definitiva de fecha 9 del mes de Febrero del año 2023, dos mil veintitrés, dictada por el C. Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., dentro del Juicio Ordinario Civil número: *********, y ACUMULADO DEL EXPEDIENTE: ********, que sobre Divorcio Sin Expresión de Causa, PAGO DE ALIMENTOS RETROACTIVOS, PAGO DEL DAÑO MORAL y otras acciones, donde se vulneran los intereses superiores de la suscrita cuando era menor de edad y también ahora que soy mayor de edad, se siguen violando mis derechos.
Segundo. Se acepta competencia. Mediante acuerdo dictado por la presidencia de este tribunal colegiado el treinta de marzo de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia planteada, motivo por el cual, a efecto de acordar lo procedente en relación con la admisión de la demanda de amparo, se requirió al Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, para que diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo.
Tercero. Admisión. Por acuerdo dictado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés se admitió la demanda de amparo en este tribunal colegiado, se tuvo por emplazado al tercero interesado ***** **** *******; se ordenó comunicar a las partes que contaban con el plazo de quince días para presentar sus alegatos o promover amparo adhesivo, directamente en este órgano jurisdiccional y se mandó dar intervención a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento.
Cuarto. Turno e integración anterior. El once de agosto de dos mil veintitrés, visto el estado que guardaban los autos, sin que la Ministerio Público Federal de la adscripción hubiese formulado pedimento alguno, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo; se turnó el presente asunto a la magistrada María Lucila Mejía Acevedo, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
Por otro lado, se hizo del conocimiento de las partes que este tribunal colegiado se encontraba integrado por los magistrados Jaime Arturo Garzón Orozco, Óscar Fernando Hernández Bautista y María Lucila Mejía Acevedo; lo anterior, para todos los efectos legales consiguientes.
Quinto. Diversa integración. El nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la presidencia de este tribunal colegiado dictó proveído en el cual hizo saber a las partes que:
Mediante oficios SEADS/1936/2023 y SEADS/1988/2023 de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que el Pleno de dicho Consejo, en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, acordó la reubicación temporal del Magistrado Óscar Fernando Hernández Bautista, integrante de este tribunal colegiado, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintitrés.
También, mediante oficio SEADS/1988/2023, la misma secretaría informó la designación de Alejandro Lemus Pérez, como secretario en funciones de Magistrado, en este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en sustitución del referido Magistrado, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintitrés y durante el tiempo que el Magistrado se encontrara de reubicación temporal, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determinara.
Sexto. Actual integración y returno. Por acuerdo dictado el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro se hizo saber a las partes que:
Mediante oficios SEADS/33/2024 y SEADS/121/2024 de diez y quince de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que el Pleno de dicho Consejo, en sesión ordinaria celebrada el diez de enero de este año, acordó la conclusión de la reubicación temporal del Magistrado Óscar Fernando Hernández Bautista, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y, por tanto, se determinó su reincorporación a este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veinticuatro; así como que la designación de Alejandro Lemus Pérez, como secretario en funciones de Magistrado, en este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, concluye el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, con motivo de la reincorporación del referido Magistrado, en este órgano jurisdiccional.
Por oficios SEADS/42/2024 y SEADS/207/2024 de diez y veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que el Pleno de dicho Consejo, en sesión ordinaria celebrada el diez de enero de este año, acordó la readscripción de la Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, de este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (en donde se encontraba de manera interina) al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veinticuatro; así como la designación de Verónica Moreno Moreno, como secretaria en funciones de Magistrada, en este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en sustitución de la Magistrada María Lucila Mejía Acevedo, en la plaza de la que es titular la Magistrada Dalila Quero Juárez, con efectos a partir del uno de febrero de dos mil veinticuatro y mientras subsistan las condiciones, o hasta en tanto el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine.
Por tanto, se ordenó returnar este asunto a la secretaria en funciones de Magistrada Verónica Moreno Moreno.
Séptimo. Lista y sesión. Mediante listas publicadas el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal y en el micrositio de servicios jurisdiccionales, se citó este asunto para verse en sesión ordinaria virtual del día seis junio del mismo año; en dicha sesión, por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa, en razón de que podría actualizarse una causal de improcedencia.
Atento a lo anterior, por auto de presidencia dictado en este tribunal colegiado el seis de junio de dos mil veinticuatro, se acordó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera con la circunstancia de que, en la especie pudiera actualizarse una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; pues la parte quejosa no agotó el recurso de apelación en contra de la sentencia reclamada previo a acudir al juicio de amparo; vista que no fue desahogada por la quejosa.
Octavo. Lista y sesión. Mediante listas publicadas el catorce de junio de dos mil veinticuatro, en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal y en el micrositio de servicios jurisdiccionales, se citó nuevamente este asunto para verse en sesión ordinaria virtual del veinte de los mismos mes y año; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34 de la Ley de Amparo; 38 fracción I, inciso c) y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ello en relación con los artículos 1o., fracción IX, 2o., fracción IX y 3o., fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el transitorio sexto del diverso Acuerdo General 54/2015 del citado pleno, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, así como del cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en el Noveno Circuito.
Lo anterior, porque el acto reclamado es una sentencia definitiva que decidió el juicio de origen en lo principal, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad, cuya jurisdicción queda comprendida dentro de la de este tribunal colegiado.
Maxime que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas.
Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, que dice:
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.
SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Sí existe la sentencia reclamada porque se encuentra agregada al juicio ordinario civil ********* y su acumulado ********, que la autoridad responsable acompañó a su informe con justificación, el cual merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o., párrafo segundo.
TERCERO: Improcedencia del juicio de amparo directo. Previo a evidenciar la improcedencia del juicio, resulta necesario, en principio, relatar los antecedentes del caso.
Por escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil siete, ****** **** ********, por su propio derecho y en representación de su hija, entonces menor de edad y ahora quejosa, ****** **** ****, promovió demanda en la vía ordinaria civil, en contra de ***** **** *******, por los siguientes conceptos:
a).- POR EL DIVORCIO NECESARIO.- Consistente en la Disolución del Vínculo Matrimonial que une a la suscrita con el C. ***** **** ********.
b).- POR LA CUSTODIA DEFINITIVA.- De mi menor hija ****** **** ****.
c).- POR LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que ejerce mi esposo ahora demandado el C. ***** **** ******** sobre mi menor hija ****** **** ****.
d).- POR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a razón del 40 % de los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios que percibe mí ahora demandado el SR. ***** **** ******* a favor de nuestra menor hija ****** **** ****.
e).- POR EL OTORGAMIENTO DE UNA FIANZA o Aseguramiento de Bienes, para que se dé Cabal Cumplimiento a las Obligaciones Alimenticias a favor de mi menor hija ****** **** ****.
f).- POR EL PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA, equivalente al 40% de los Ingresos Ordinarios y Extraordinarios que percibe mi ahora demandado con motivo de su Trabajo a favor de mi menor hija ****** **** ****.
g).- POR LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL que une a la suscrita con el C. ***** **** *******.
h).- POR LA REPARTICIÓN DEL 50% de todos y cada uno de los Bienes obtenidos durante el Matrimonio a favor de la suscrita, así como el reparto del 50% respecto de todos y cada una de las cuentas de Ahorro de mí esposo el SR. ***** **** *******.
i).- POR EL PAGO DE COSTAS Y GASTOS que se Originen con la Tramitación del Presente Juicio.
De dicha demanda correspondió conocer al Juez Segundo del Ramo Familiar de esta ciudad; quien, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil siete la admitió a trámite, la registró bajo el número de expediente ********* ****** **** **** de su índice y, decretó una pensión provisional a favor de la entonces menor de edad, ********* ****** **** ****, del veinticinco por ciento mensual de los ingresos netos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibiera el demandado.
Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil siete, el demandado dio contestación a la demanda entablada en su contra, oponiéndose a las acciones intentadas.
Posteriormente, por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, el juez del conocimiento determinó que, de autos se apreciaba que, a esa fecha, ****** **** **** ya contaba con dieciocho años, por lo que, de conformidad con los artículos 592 y 593 del Código Civil del Estado, ya disponía libremente de su persona y bienes.
Al margen de las anteriores actuaciones, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno, del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, ****** **** ********, por su propio derecho y en representación de su hija, entonces menor de edad (a la fecha de presentación de esa demanda, foja 165 del juicio ordinario civil *********) ****** **** ****, promovió diversa demanda en contra de ***** **** *******, por los siguientes conceptos:
1.- Divorcio sin expresión de causa, previsto en el artículo 959 fracción I del Código Familiar del Estado.
2.- El pago y aseguramiento de una Pensión Provisional, a favor de mi menor hija ****** **** ****. Prestación que se reclama en cuanto representante legítima de mi menor hija, demostrando mi interés jurídico con las certificaciones de la acta (sic) de su nacimiento. Con fundamento en el artículo 462 del Código Familiar del Estado.
3.- El pago y aseguramiento de una Pensión Alimenticia Definitiva a favor (sic) de menor hija ****** **** ****, ya que la suscrita ejerce la Patria Potestad de mi hija, de acuerdo al artículo 470 del Código Familiar del Estado.
4.- El pago de la pensión retroactiva, desde el día 16 de Septiembre del 2006, dos mil seis, fecha en que nos separamos con mi aún esposo y que a partir de ese día, ya no nos ayudó económicamente hasta la fecha, siendo 210 meses de pensiones alimenticias vencidas y que no fueron pagadas por el ahora demandado, multiplicadas por un promedio mensual de $0,654.55 (sic) pesos, sumando la cantidad de $2,237,456.13 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N). por concepto de pensiones alimenticias retroactivas para mi menor hija ****** **** **** y las que se sigan generando hasta que mi hija deje de estudiar o se case.
Mencionando que esta cantidad única y exclusivamente habla del gasto por concepto de la canasta básica.
5.- El pago de las deudas que la suscrita ha tenido con el fin de mantener a mi hija, además de gastos extraordinarios como son: gastos médicos, gastos de honorarios médicos y medicinas, gastos de escuela, ropa, accesorios y gastos múltiples, los cuales se demostraran en su momento procesal oportuno. 6.- El pago de la indemnización hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes, muebles, inmuebles y dineros que mi esposo haya adquirido durante el matrimonio, ya que la suscrita y preponderantemente me dediqué al desempeño del trabajo del hogar, al cuidado de una hija, trabajando también para beneficio de nuestro hogar y de mi aún esposo, esto con fundamento en el artículo 258 del Código Familiar del Estado.
7.- El pago de la indemnización del daño moral que la suscrita y mi menor hija hemos sufrido por el daño moral y familiar que mi esposo ha tenido durante todo nuestro matrimonio. Daño moral que a la fecha existe.
8.- El pago de los gastos, costas y honorarios que se causen con la tramitación del presente juicio.
De dicha demanda correspondió conocer a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán; quien, mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno la registró bajo el número de expediente ********.
Dentro de este juicio, por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó notificar de manera personal a la aquí quejosa, ****** **** ****, para efecto de que manifestara lo que su derecho conviniera respecto a las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda, ello al haber adquirido la mayoría de edad.
Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, ****** **** **** manifestó su conformidad con las prestaciones reclamadas a su nombre y se apersonó al juicio.
Así las cosas, por auto de trece de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de mérito, en la vía ordinaria oral familiar, promovida tanto por ****** **** ******** y ****** **** ****, por divorcio sin expresión de causa y demás prestaciones, en contra de ***** **** ********.
Ahora, dentro de este juicio, por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora de Hidalgo, Michoacán, al ver las constancias remitidas por su homólogo de esta ciudad, ordenó la acumulación del controvertido ******** al diverso expediente *********, seguido ante el Juez Segundo Familiar de esta ciudad.
Por auto dictado el nueve de enero de dos mil veintitrés, en el último de los juicios citados (*********) el Juez Segundo Familiar de esta ciudad tuvo por recibidos los autos del diverso expediente ********, ordenó glosarlos al principal y citó para resolver las pretensiones de la parte actora.
El nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Segundo Familiar de esta ciudad emitió sentencia dentro del expediente ********* y su acumulado ********, en la que resolvió lo siguiente:
Por lo expuesto, fundado, SE RESUELVE:
PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de lo Familiar resultó competente para conocer del presente Juicio.
SEGUNDO.- Procedió la vía ordinaria civil.
TERCERO.- Las partes ocurrieron a Juicio con personalidad.
CUARTO.- Atendiendo al derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, resulta procedente decretar el divorcio necesario de ***** **** ******* y ****** **** ********, disolviéndose el vínculo matrimonial que los une, y como consecuencia de lo anterior recobran ambas partes su aptitud para contraer nuevo matrimonio.
QUINTO.- En la inteligencia de que la presente resolución causa ejecutoria por Ministerio de ley, al ser irrecurrible según lo previsto por el artículo 561 DECIES en relación con el artículo 410 fracción del Código de Procedimientos Civiles, por tanto, remítase copia certificada de la misma al Director del Registro Civil del Estado Tapachula Chiapas, y Oficial Cuarto del Registro Civil de Tapachula, para que procedan conforme a lo establecido por los artículos 111 y 112 de la Ley del Registro Civil del estado de San Luis Potosí, respecto del acta de matrimonio número 04, de fecha 18 dieciocho de enero de 2003 dos mil tres, que se refiere al enlace matrimonial entre ***** **** ******* y ****** **** ********, y tomando en consideración que el domicilio del Oficial antes referido, se encuentra fuera del lugar del Juicio con los insertos necesarios y por los conductos legales debidos, se ordena girar atento exhorto al Juez Civil y/o Familiar de Chiapas, para que en auxilio de las labores de este juzgado, giren a su vez oficio al Oficial Cuarto del Registro Civil de Tapachula Chiapas, a fin de que se sirvan realizar las anotaciones correspondientes.
SEXTO.- Queda sin materia las prestaciones reclamadas por la actora ****** **** ********, respecto a la pérdida de patria potestad y guarda y custodia, en virtud de que la referida hija ****** **** ****, a la fecha cuentan con la mayoría de edad, de acuerdo a lo establecido por los artículos 592 y 593 del Código Civil vigente.
SÉPTIMO.- De igual manera, por lo que hace a la prestación de alimentos, a favor de ****** **** ****, mismo que fue acumulado el expediente ******** del índice del Juzgado Primero de la Ciudad de Zamora Michoacán, y al haberse decretado en este Juzgado el 25% veinticinco por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del salario del demandado ***** **** *******, se deja subsistente dicho porcentaje en definitiva, hasta en tanto se acredite un cambio de circunstancia en la forma correspondiente, ya que no por el solo hecho de que la menor alcance la mayoría de edad en forma automática cesa la necesidad de percibir alimentos por parte de su padre.
OCTAVO.- No se hace especial condenación en pago de costas del juicio, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución.
Esta sentencia, es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.
Ahora, este tribunal colegiado advierte, de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo,(1) que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal, que textualmente establece:
Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
Se exceptúa de lo anterior:
a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;
b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;
Del precepto legal trascrito, se desprende que, el juicio de amparo será improcedente, cuando la ley ordinaria respectiva prevea algún recurso o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada la resolución que se pretenda combatir.
Lo anterior, encuentra su justificación en el principio de definitividad rector del juicio de amparo, consignado en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, precisamente, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto reclamado, salvo las excepciones que el propio ordenamiento legal establece.
En relación con lo anterior, es dable invocar la jurisprudencia P./J. 17/2003, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 15, del tenor literal siguiente:
DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32877-b3f39893/recurso-de-apelacion-debe-agotarse-antes-de-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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