COSA JUZGADA EN EL JUICIO ORDINARIO FAMILIAR. NO OPERA EN CONTROVERSIAS SOBRE PAGO RETROACTIVO DE ALIMENTOS, CUANDO EN UN PRIMER JUICIO SE INOBSERVÓ EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, AL OMITIR EL DESAHOGO, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE PRUEBAS [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 28/2013 (10a.)].
AMPARO DIRECTO 936/2018. 21 DE FEBRERO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: J. JESÚS CONTRERAS CORIA. PONENTE: JUAN GARCÍA OROZCO. SECRETARIA: NORMA NAVARRO OROZCO.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Síntesis y estudio de los conceptos de violación. En el presente apartado se hará conjuntamente la reseña y el análisis de aquéllos, en obsequio a la jurisprudencia «2a./J. 58/2010 (10a.)»(3) relativa a que resulta innecesaria su transcripción, para cumplir los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo; también para evitar repeticiones ociosas.
En ese orden de ideas **********, en sus dos conceptos de violación, expone:
7.1. La decisión de la autoridad responsable no está debidamente motivada ni fundada, porque las razones que expuso son desacertadas ya que, previamente a analizar el fondo de los agravios, debió advertir un presupuesto procesal, a saber: la cosa juzgada, dado que lo referente al pago de alimentos a favor de **********, a cargo del demandado (quejoso), ya fue fijado dentro del expediente **********, como se advierte de la sentencia que aportó como prueba, por escrito de trece de abril de dos mil dieciocho.
El concepto de violación reseñado es infundado, porque basta leer el fallo reclamado para concluir que el Magistrado responsable estudió dicha figura jurídica, al establecer:
• La Juez de origen procedió ajustada a derecho para decretar la improcedencia del pago de la pensión alimenticia provisional y definitiva en favor de ********** y a cargo de **********, en virtud de que existe una determinación judicial en que se condenó a éste a cubrir una retribución por alimentos para su hija.
• Pues, mediante sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por el entonces Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ordinario familiar **********, sobre investigación o reconocimiento de la paternidad, promovido por **********, por sí y como representante legítima de su entonces menor hija **********, contra **********, entre otros aspectos, se decretó la procedencia de dicha acción y se condenó a éste a pagar alimentos definitivos a su reconocida hija **********, por el equivalente a una unidad de medida y actualización diaria, cuyo importe en ese tiempo ascendía a setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, fijándose la pensión retroactivamente a partir del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en que se presentó la demanda, así como que la misma tendría un incremento automático acorde al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, resolución que se declaró ejecutoriada en proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete.
• Esto es, si en dicha ejecutoria ya se estableció legalmente una pensión alimenticia definitiva en favor de **********, por una unidad de medida y actualización (UMA) diaria, con efectos a partir del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, a cargo de su progenitor **********, es inconcuso que la Juez de primera instancia no podía decretar una nueva por el mismo concepto, dado que una imposición de doble pago a favor de una persona, desnaturalizaría y pervertiría a la institución jurídica, para convertirla en una fuente de lucro para el acreedor, y en un castigo para el deudor, lo que es totalmente ajeno a sus finalidades y, por consiguiente, inadmisible jurídicamente.
• Aun cuando las resoluciones emitidas en materia de alimentos no constituyen cosa juzgada, dado que pueden modificarse con base en un cambio de circunstancias como lo prevén los artículos 474 y 1062 del Código Familiar estatal, lo cierto es que, en el caso, ***********, no demandó el aumento o cumplimiento de la pensión alimenticia decretada a su favor mediante sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, emitida por el entonces Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ordinario familiar **********, sino que solicitó se determinara a su favor y a cargo de **********, una pensión alimenticia por no contar con ella y en razón del incumplimiento por parte del obligado de satisfacer sus necesidades, pues –incluso– aquélla omitió hacer del conocimiento la existencia de tal ejecutoria; por lo que la Juez de origen estuvo en lo correcto por decretar la improcedencia de las prestaciones reclamadas por **********, de pago de alimentos provisionales y definitivos, pues existe una condena por tal concepto, con efectos retroactivos a partir del veintiocho de abril de dos mil dieciséis; igualmente, porque tales alimentos están asegurados.
• En cambio, asiste razón a la apelante cuando sostiene que la Juez de primera instancia se equivocó al declarar improcedente el pago de alimentos retroactivos que demandó a partir de su nacimiento, con el argumento de que la promovente inacreditó haber obtenido deudas durante ese lapso.
• Es así, porque cuando la pretensión de un hijo es obtener el pago de la pensión alimenticia retroactiva líquida cuantificable con un salario mínimo, ante el incumplimiento del ascendiente, y no el pago de ésta con gastos determinados generados desde y por razón de su advenimiento, basta con acreditar el vínculo filial con el padre o la madre demandada, para proceder a fijarlo, toda vez que son hechos notorios que los hijos requieren alimentos y el monto de un salario; luego, si los hechos notorios no necesitan prueba, entonces, la procedencia de esa prestación no exigirá mayores medios demostrativos.
• Entonces, como ********** reclama de su progenitor **********, el pago de alimentos retroactivos desde su nacimiento, en virtud de que nunca ha contribuido en la satisfacción de sus necesidades de comida, de salud, escolares y demás que el ser humano requiere para subsistir, es decir, si su petición la fundó en hechos notorios; entonces, no es jurídicamente posible pedir su acreditamiento en juicio, toda vez que, ante lo notorio, no puede exigirse su justificación; por lo que, contrariamente a lo expuesto por la juzgadora, aquélla no estaba compelida a demostrar haber contraído deudas, salvo en el supuesto de que hubiere reclamado el pago por gastos específicos o determinados.
• Asimismo, si el derecho de alimentos, como facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra (deudor alimentario) lo necesario para vivir, surge como consecuencia del parentesco consanguíneo, y si en el juicio natural se acreditó que ********** es hija de **********, ha de concluirse que aquélla tiene derecho a una pensión alimenticia retroactiva a cargo de su progenitor, la cual deberá computarse a partir del nacimiento de la acreedora y hasta el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, puesto que los alimentos definitivos se fijaron a partir del veintiocho del mes y año citados; máxime, que no obra prueba que evidencie que el deudor alimentario, durante dicho lapso, haya proporcionado los insumos que requirió su hija para subsistir.
Lo que revela, contrariamente a lo señalado por el quejoso, que la autoridad responsable analizó la cosa juzgada; tan es así que, respecto del pago de alimentos provisionales y definitivos, confirmó su improcedencia, por la existencia de una condena por tal concepto, con efectos retroactivos a partir del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, con motivo de la sentencia pronunciada dentro del juicio ordinario familiar **********.
Mientras que, atinente a los alimentos retroactivos, si bien no hizo un pronunciamiento expreso, sí implícito, precisamente, al analizar y calificar de ilegales las consideraciones de la Juez de primera instancia, para ahora declararlos procedentes, con lo que tácitamente desestimó la actualización de la cosa juzgada; de no aceptarlo de esa manera, no se explicaría el porqué el Magistrado responsable sólo advirtió la existencia de la figura jurídica enunciada respecto de los alimentos provisionales y definitivos, en cambio, modificó la sentencia de primera instancia para ahora declarar procedentes los generados con antelación al veintiocho de abril de dos mil dieciséis, siendo que ambos fueron materia de pronunciamiento, no sólo en dicha resolución, sino también en la que culminó con el juicio ordinario familiar **********, a la luz de la cual se analizó la cosa juzgada. De ahí que la omisión atribuida al tribunal de alzada resulte, como se adelantó, infundada.
7.2. La autoridad responsable –el impetrante del amparo añade– vulneró los derechos fundamentales que le asisten, porque las prestaciones reclamadas por ********** (tercero interesada), ya fueron resueltas en el juicio ordinario familiar **********, sobre investigación de la paternidad y otras prestaciones, promovido por **********, por sí y como representante de su entonces menor hija **********.
7.3. La autoridad responsable –finaliza– indebidamente suplió la deficiencia de la queja a la apelante **********, pues omitió que los argumentos contenidos en los agravios ya fueron materia de litis del diverso juicio **********, sobre reconocimiento de la paternidad promovido por **********, como representante de aquélla; así como que **********, tercero interesada, a la fecha de presentación de la demanda ya era mayor de edad, por lo que improcedía suplirle la deficiencia de los agravios y al hacerlo, vulneró los artículos 695 y 1088 del Código Familiar del Estado.
Los conceptos de violación sintetizados son infundados. A foja 92 y siguientes, obra copia certificada de la sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por la entonces Juez Cuarto de lo Familiar de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ordinario familiar **********, sobre investigación o reconocimiento de la paternidad, promovido por **********, por sí y como representante de su entonces menor hija **********, contra **********, la cual fue declarada ejecutoriada y elevada a la categoría de cosa juzgada, por proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete.
En la resolución mencionada, después de declarar la paternidad de **********, respecto de la entonces menor de edad, se analizó la procedencia de los alimentos, de los cuales se sostuvo:
"... Luego, como del acta de nacimiento de la acreedora se advierte que en la actualidad cuenta con aproximadamente 17 (diecisiete) años y 06 (seis) meses de edad, por tanto, el extremo relativo a su necesidad alimentaria se evidencia, precisamente, por su minoría de edad, ya que ésta actualiza la presunción legal a su favor y no se encuentra desvirtuada en la contienda.
"Por otro lado, atento a que de las actuaciones del juicio no se infieren medios de prueba que pongan de manifiesto las necesidades de la acreedora y su monto, como tampoco los ingresos del deudor, pues la actora en su demanda sólo refirió de manera genérica el incumplimiento de este último con su obligación alimentaria y en tales términos lo corroboró la ateste **********, al responder la novena pregunta que se le articuló en los siguientes términos: ‘Que diga el testigo si sabe y le consta si el demandado **********, ha cubierto los alimentos de ********** desde que ésta nació’, respondió: ‘No en ningún momento, lo sé porque ********** vivía conmigo cuando nació su hija’; sin que haya medios de convicción diversos que demuestren aquellos extremos.
"No obstante, se presume legalmente la necesidad alimentaria de la menor de edad y la capacidad del deudor para proporcionarlos, se refiere a la aptitud, posibilidad o talento de todo sujeto para trabajar y generar riqueza; de tal suerte que la circunstancia de que la ley imponga como características a dicha obligación ser imprescriptible, irrenunciable, innegociable, incompensable e intransferible, basta para concluir, porque es su finalidad, que tal obligación no puede quedar a voluntad del deudor, sino que su cumplimiento es una exigencia impuesta por la ley, de modo que sólo bajo supuestos específicos y justificados por el legislador puede suspenderse o cesar; razón por la que al no haber pruebas que demuestren la imposibilidad de **********, para cumplir con su obligación alimentaria, la misma debe imponerse en este fallo.
"Consecuentemente, este órgano jurisdiccional en virtud a las particularidades del caso y en atención al interés superior de la menor estima conveniente, para no obstaculizar su derecho alimentario inmediato, fijar como pensión alimenticia una unidad de medida y actualización diaria, cuyo importe es de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.), lo que multiplicado por 30 (treinta) días arroja mensualmente la suma de $2,264.7 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 7/100 M.N.); esto, dado que tal suma representa una cantidad apenas suficiente para subsistir, frente al costo de la vida, lo cual, además, es un hecho notorio.
"...
"Desde luego, lo anterior sin perjuicio del derecho de la acreedora para reclamar, de ser necesario, el aumento de la pensión otorgada para estar en condiciones de cubrir sus necesidades de subsistencia, lo cual habrá de decirse, en su caso, con plenitud de jurisdicción y conforme a derecho corresponda, atento a que la resolución dictada respecto a los alimentos no es inalterable sino que puede ser susceptible de modificación cuando cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 926 del Código Familiar del Estado.
"Al respecto, es preciso señalar que como en autos no quedó demostrado que la actora desde el nacimiento del menor (sic) o antes –durante el embarazo– hubiese contraído deudas para sufragar los gastos requeridos en ese lapso para sufragar (sic) las necesidades alimentarias de su hija y respecto de tales alimentos no se presume legalmente la necesidad, al haber sido materialmente satisfechos; por ende, se impone fijar el pago de los alimentos decretados a favor de **********, a partir de la fecha de presentación de la demanda, esto es, el (28) veintiocho de abril de dos mil dieciséis. ..."
Como se advierte, en la resolución copiada sólo se condenó al pago de alimentos a favor de la entonces menor de edad, a partir del veintiocho de abril de dos mil dieciséis; en cambio, se absolvió de los anteriores a esa data, porque en autos se inacreditó que, desde el nacimiento de aquélla o durante el embarazo, se hubiesen contraído deudas para sufragar los gastos requeridos en ese lapso y las necesidades alimentarias.
Ahora, al resolver la contradicción de tesis «496/2012»,(4) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo:
• La institución procesal de la cosa juzgada se encuentra relacionada con el derecho de acceso a la justicia y se vincula con la seguridad jurídica, pues aquél no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos solicitando impartición de justicia, sino también conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración, también implica la garantía de que la resolución que dirime esa controversia será respetada con todas las consecuencias jurídicas que ésta conlleve; y que, por ende, podrá ejecutarse, pues de lo contrario, el derecho de acceso a la justicia no sería efectivo.
• Esa garantía de ejecución que de acuerdo con el Texto Constitucional debe estar prevista en las leyes federales y locales, es lo que se relaciona con la institución procesal de la cosa juzgada, porque la firmeza y plena ejecución de las resoluciones se logra, sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento ha concluido en todas sus instancias, hasta el punto de que lo decidido en él ya no sea susceptible de discutirse, pues la seguridad y certeza jurídica de lo decidido en él no está a discusión; y, por tanto, goza de inmutabilidad, eficacia y ejecutividad.
• Aseguró que la cosa juzgada resultante de la tramitación de un juicio en el que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento no puede estar sujeta a discusión, pues la seguridad jurídica que brinda a la impartición de justicia la convierte en uno de los pilares del Estado de derecho, en tanto que busca otorgar certeza a los litigantes de que la actividad jurisdiccional puesta en movimiento para la resolución de un determinado conflicto sólo se desarrollará una vez y culminará con una sentencia definitiva firme, la cual no sólo es capaz de poner fin a las controversias, sino que además brinda estabilidad y seguridad a los derechos en litigio, siendo así que por regla general, la impugnación de la cosa juzgada es irracional, en la medida de que el sistema jurídico está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar de manera oportuna las decisiones jurisdiccionales a fin de reparar cualquier vicio del que pudieran adolecer, es por ello que la institución procesal de la cosa juzgada, se identifica con la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que las partes tuvieron la oportunidad de hacer uso de los medios de impugnación en caso de estimar que ello no ocurrió así.
• Luego –continuó– aunque la cosa juzgada sólo se configura cuando una sentencia se encuentra firme, en tanto que se considera la verdad legal que ya no admite en su contra ningún recurso o medio de impugnación; por disposición expresa de las leyes, existen fallos que no obstante su firmeza, no adquieren la calidad de cosa juzgada en virtud de que lo resuelto en ellos puede ser modificado cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se emitieron.
• Respecto del interés superior de la infancia –refirió– que, desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de dos mil, el artículo 4o. constitucional en sus párrafos sexto, séptimo y octavo, el Estado asumió la obligación de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, comprometiéndose a realizar lo que resultase necesario para tal efecto.
• Entonces –añadió– si la palabra "necesario", es un adjetivo que precisa lo que forzosa o inevitablemente debe suceder; y que, por tanto, es opuesto a lo voluntario, ello implica que no podía quedar a voluntad del Estado, propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, sino que era su obligación hacerlo.
• Obligación que –agregó– resulta lógica, porque el propósito de esa reforma constitucional, a través de la cual se reconoció el interés superior del menor, se sustentó en la necesidad de darle una protección especial, a fin de asegurarle el pleno ejercicio de sus derechos, incluidos los reconocidos a nivel internacional cristalizados por el Estado Mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor, a fin de asegurar que éstos no fueran atropellados.
• Imperativo que –refirió– se corroboró e, incluso, se intensificó en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, pues a raíz de ella, en la nueva redacción del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que antes era un deber del Estado en el sentido de proveer lo necesario para "propiciar" el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, ahora constituye un imperativo constitucional que va más allá de la simple obligación de propiciar, pues en la actualidad no sólo se obliga al Estado a velar por ello, sino que se le exige cumplir con el interés superior del menor y garantizar de manera plena sus derechos, incluidos los de rango internacional, entre ellos, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
• Así –refirió– si se tiene presente que el artículo 4o. de la Carta Magna es terminante en señalar que el Estado, a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, es claro que en cualquier juicio en el que se vean involucrados derechos de menores, el juzgador no sólo está obligado a cerciorarse de que cualquier decisión que se tome en torno a la niñez sea la que más convenga a sus intereses, sino que además, aun cuando la legislación ordinaria no lo establezca así, está obligado a suplir la deficiencia de la queja, a efecto de asegurarse que tales derechos no sean atropellados.
• Por ello –sostuvo– cuando en un juicio se discuten derechos de menores, el juzgador a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, está constreñido a atender todas la circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento; por tanto, también está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario en relación con los hechos o circunstancias advertidas, a efecto de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido con relación a la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral.
• Por lo que –refirió– como dentro los derechos del niño se encuentran los relativos a tener una identidad y, en la medida de lo posible, conocer a sus padres; y, en consecuencia, a tener una familia y un nombre desde su nacimiento, el interés superior de la infancia obliga al Estado a través de sus diversas autoridades, entre ellas las de índole jurisdiccional, a realizar todo lo que resulte necesario a efecto de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de tales derechos, por tal motivo, cuando en nombre y representación de un menor se demanda el reconocimiento de paternidad, el juzgador está obligado a tener presente que dicha demanda no sólo se relaciona con el derecho que tiene el menor a indagar y conocer la verdad sobre su origen, sino que además, ese conocimiento necesariamente involucra una serie de derechos que resultan fundamentales para el menor, pues derivado de esa investigación se podrá establecer si existe o no una filiación entre él y quien se considera es el padre, y de ser así, no sólo podrá acceder a llevar el apellido de su progenitor como parte del derecho a la identidad que le permite tener un nombre y una filiación, sino que además, y en conexión con el derecho a la identidad, se verá beneficiado en su derecho a la salud, ello aunado al hecho de que en razón de su filiación, podrá adquirir otros derechos como son los relativos a los alimentarios, la convivencia y, en su caso, el acceder a una herencia.
• Derechos que –aseveró– al estar reconocidos a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño, implícitamente también se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, el juzgador teniendo en cuenta los derechos que pueden verse involucrados en un juicio de reconocimiento de paternidad, está constreñido a atender todas la circunstancias o hechos que se relacionen con la niñez, ya sea que éstas formen parte de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento, por tanto, también está obligado a ordenar la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria que estime conducente para investigar todo lo que sea necesario en relación con los hechos o circunstancias advertidas, entre ellas la prueba pericial en genética molecular, o en su defecto, debe hacer los apercibimientos necesarios a fin de combatir la contumacia de quien la parte actora asegura es el padre, haciéndolos efectivos si éste se niega a someterse a la prueba mencionada, ello con el fin de dictar una sentencia en la que con razonamientos objetivos se tenga plena convicción de que lo decidido en relación con la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral.
• Ello es así –agregó– pues si el juzgador no obstante estar obligado a propiciar el respeto pleno de los derechos de la infancia y contar con los medios necesarios para ello, no ordena lo conducente para el conocimiento de la verdad, como lo es el desahogo, perfección, ampliación o repetición de la prueba pericial de referencia o, en su caso, no hace los apercibimientos que haya decretado para combatir la contumacia de quien la parte actora asegura es el padre, entonces necesariamente y en contravención con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional no sólo habrá incumplido con la obligación imperiosa de otorgar una protección legal reforzada al menor, proveyendo lo necesario para el respeto pleno de sus derechos, sino que, además, deja de atender el interés superior del menor, en tanto que habrá dictado una sentencia sin contar con los elementos objetivos para tener plena convicción de que lo decidido en relación con la infancia no le resultará nocivo, ni contrario a su formación y desarrollo integral.
• En esa tesitura –concluyó– cuando un juicio de paternidad se sigue sin haberse llevado a cabo lo necesario para desahogar la prueba pericial de referencia o, en su caso, no hace efectivos los apercibimientos correspondientes y, pese a ello, se dicta sentencia absolviendo al demandado y presunto progenitor de un menor, es claro que dicha sentencia, en principio no puede constituir cosa juzgada, en tanto que ésta, como se observó al analizar dicha institución, se presupone es el resultado de un juicio que cumpliendo con todas las formalidades esenciales del procedimiento ha sido concluido; sin embargo, en un caso como el analizado, esa sentencia deriva de un procedimiento en el que no sólo se dejó de atender que por la propia condición del menor, éste requería una protección legal reforzada, sino que, además, faltando al interés superior que debe regir en ese tipo juicios, el juzgador dejó de advertir que no se cumplieron de manera efectiva las formalidades esenciales del procedimiento, en especial las relacionadas con la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, lo cual implícitamente también se traduce en una afectación al derecho de acceso efectivo a la justicia que tiene el menor.
• Pues –dijo– aunque la cosa juzgada encuentra su fundamento en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, lo cierto es que dicha institución jurídica presupone que el juicio respecto del cual deriva cumplió con todas las formalidades esenciales del procedimiento, lo que no puede considerarse satisfecho en un juicio en el que infringiendo el derecho de acceso efectivo a la justicia del menor, se omite el desahogo de la prueba idónea para resolver la controversia.
• Por lo que –sostuvo– atendiendo a lo anterior cuando en un segundo juicio de paternidad, el presunto progenitor opone la excepción de cosa juzgada, bajo el argumento de que un primer juicio sobre paternidad ya fue absuelto, pero ello obedece a que en éste se omitió el desahogo de la prueba pericial idónea para el esclarecimiento de la verdad, dicha excepción no puede prosperar.
• Porque, aunque de ordinario pudiera pensarse que pese a ello debe operar la cosa juzgada, en tanto que dicha violación pudo combatirse de manera oportuna a través de los medios ordinarios o extraordinarios de defensa, lo cual es cierto, ello no puede conducir a desconocer o dejar de observar que en el primer juicio del que se pretende derivar la cosa juzgada, existió una violación manifiesta a los intereses del menor.
• Además –agregó– al enfrentarse de manera directa la institución procesal de la cosa juzgada frente al interés superior del menor, este último es el que debe prevalecer, pues con independencia de esa violación, es éste el que resulta ser de mayor entidad, por ser acorde al interés superior del menor, en razón de que esta Suprema Corte ya ha reconocido la vinculación que existe entre el derecho a la identidad y el derecho a la salud del menor.
• Necesidades que por su propia naturaleza no pueden verse anuladas frente al principio de cosa juzgada, pues el derecho a recibir alimentos por parte de los progenitores, es un derecho que se relaciona con la subsistencia y, por ende, con la supervivencia misma de las personas y el derecho a tener una vida digna; por tal motivo, el derecho procesal de seguridad y legalidad que deriva de la institución procesal de la cosa juzgada, no puede prevalecer frente al del menor que sin duda es de mayor entidad y resulta acorde a sus intereses.
• Además –concluyó– dar preferencia al derecho que deriva de la cosa juzgada, implicaría pasar por alto la obligación que el artículo 4o. constitucional impuso al Estado a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y podría anular la obligación que el propio precepto impone a los progenitores, en el sentido de preservar el derecho que los menores tienen a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, sobre todo cuando la institución procesal de la cosa juzgada que se pretende oponer frente al derecho del menor, deriva de un procedimiento en el que resulta evidente que se pasaron por alto los derechos del menor.
Como se ve, aun cuando se advierte que las consideraciones que el Máximo Tribunal de la República vertió fueron para justificar que, en el supuesto de que en un juicio de paternidad, no se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, por omitir el de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29000-8fd56c2b/cosa-juzgada-en-el-juicio-ordinario-familiar-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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