ALIMENTOS RETROACTIVOS DERIVADOS DE UN JUICIO DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. SU CUANTIFICACIÓN DEBE HACERSE EN LA MISMA SENTENCIA DEFINITIVA QUE DIRIME LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 274/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN SE SEPARA DEL PÁRRAFO NOVENTA Y CUATRO Y RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE Y LORETTA ORTIZ AHLF. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO Y SECRETARIA: CARLOS ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ Y ROCÍO MONTSERRAT FERNÁNDEZ NUNGARAY.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 274/2024 respecto de los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo directo civil 558/2024 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) al resolver el amparo directo civil 134/2014.
En caso de ser existente y procedente la contradicción de criterios, la problemática jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en responder si la cuantificación del monto a pagar por concepto de alimentos retroactivos –derivados de un reconocimiento de paternidad– debe hacerse en la sentencia de fondo que dirima la controversia o si dicho monto puede determinarse vía incidental en la etapa de ejecución.
I. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN
1. Mediante oficio ********** presentado electrónicamente el seis de diciembre de dos mil veinticuatro a través del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, remitió el diverso oficio ********** emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por medio del cual denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho tribunal colegiado al resolver el amparo directo 558/2024 –perteneciente a la Región Centro-Norte–, y por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al fallar el amparo directo 134/2014, –perteneciente a la Región Centro-Sur–.
2. Trámite. El doce de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia y determinó que, por razón de la materia, la competencia para conocer del asunto correspondía a la Primera Sala de este alto tribunal. Asimismo, turnó el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que informara si el criterio sustentado en el amparo directo 134/2014 de su índice se encontraba vigente, así como a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal que remitiera copia certificada de la referida ejecutoria.
3. Avocamiento. Mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitirlo a la ministra ponente para su estudio. Asimismo, en autos de seis y doce de febrero de dos mil veinticinco, se tuvo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal remitiendo la copia certificada solicitada, así como al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito informando que su criterio continuaba vigente.(1)
II. COMPETENCIA
4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(2) en relación con la fracción V del punto segundo del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) modificado mediante instrumento normativo el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce siguiente, y de los artículos 7 y 8 del Acuerdo General 67/2022(4) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a que se trata de una posible contradicción de criterios entre tribunales colegiados pertenecientes a una distinta Región cuyo conocimiento corresponde a esta Primera Sala, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de la posible contradicción de criterios proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la presentó el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito.
IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
6. Con la finalidad de establecer y determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, fijar el criterio que debe prevalecer, se relata el origen de los asuntos en que se dictaron los criterios contendientes.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo civil 558/2024.
• Antecedentes
7. Juicio oral ordinario civil **********. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintitrés, **********, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad, demandó de **********, el reconocimiento de paternidad del niño; el pago retroactivo de la cantidad de $**********, por concepto de los alimentos adeudados desde la concepción de este último y hasta la presentación de la demanda, y; el pago de una pensión alimenticia definitiva.
8. La Jueza de Partido Civil y de Oralidad Familiar en Yuriria, Estado de Guanajuato admitió y registró la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, quien posteriormente negó los hechos y las prestaciones reclamadas e hizo valer las excepciones y defensas que estimó pertinentes.
9. Primera instancia. La jueza civil dictó sentencia en la que, entre otras prestaciones, condenó a la parte demandada a pagar en favor de su hijo una pensión alimenticia por la cantidad de $**********, así como el pago de $********** por concepto de alimentos retroactivos generados desde la concepción hasta la fecha de presentación de la demanda.
10. Segunda instancia. En desacuerdo, el demandado interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien dictó sentencia(5) en la que modificó la resolución apelada respecto al monto establecido por concepto de pensión alimenticia y determinó que la cuantificación de los alimentos retroactivos -como consecuencia del reconocimiento de paternidad- se debía acreditar en la fase de ejecución de sentencia, mediante el incidente de liquidación respectivo.
11. Juicio de amparo directo 558/2024. En desacuerdo, ********** promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. En sesión de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, el órgano de amparo dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a partir de las siguientes consideraciones:
a) En cuanto a los alimentos retroactivos, consideró que la autoridad responsable dejó en estado de indefensión al quejoso, al establecer que su cuantificación tenía que hacerse en ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo, precisando que si ya se determinó la procedencia de la condena al pago de dicha prestación desde el nacimiento de la niña involucrada, la cuantificación sobre la cantidad reclamada por alimentos retroactivos era susceptible de estudio y análisis por parte del juzgador.
b) Señaló que la decisión sobre la cantidad a pagar por concepto de alimentos retroactivos debió ser materia de la sentencia definitiva, porque formó parte de la litis y dada su naturaleza contenciosa, era necesario que se dilucide en ella, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 58/2014 (10a.) de rubro “PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).”(6)
c) En el caso, la cuantificación de los alimentos caídos se reservó para la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, tratándose de alimentos caídos o reclamados desde el nacimiento del acreedor alimentario menor de edad, la persona juzgadora tiene la obligación de valorar todas las pruebas que obren en autos para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos alimentarios o de los aspectos que puedan influir en tal prerrogativa controvertida en el juicio, como lo son aquellos elementos que tienen como finalidad advertir las necesidades básicas del acreedor alimentista y la capacidad económica de la parte demandada.
d) La persona juzgadora debe analizar todas las pruebas que obren en autos para esclarecer los hechos controvertidos y poder conocer de manera fehaciente, tanto las posibilidades económicas del deudor alimentista, como las necesidades particulares de quien deba recibir los alimentos, en congruencia con el medio social en que esas personas se desenvuelven, las actividades que normalmente desarrollan, sus costumbres y demás particularidades de la familia a la que pertenezcan.
e) Por tanto, respecto a la condena por concepto de alimentos retroactivos, la autoridad responsable debió apreciar todos y cada uno de los medios de convicción ofrecidos en el juicio a fin de evidenciar las necesidades de la persona menor de edad y la capacidad económica del deudor alimentario, para la solución objetiva del debate.
f) La responsable tiene el deber de cuantificar y fijar en la resolución que dicte el monto de la condena al pago de los alimentos caídos-retroactivos en la forma y cantidad reclamados, desde el nacimiento del hijo de las partes, valorando los medios de prueba aportados y existentes en el juicio de origen, habida cuenta que la actora sustentó su reclamo con la totalidad de las documentales que acompañó a su escrito inicial de demanda; además, con los mismos medios probatorios deben justificarse las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno.
g) Lo anterior, sin que pase inadvertido que constituye un hecho notorio que el cuidado y educación de los hijos e hijas –sobre todo los que se encuentran en la primera infancia–, no solo limitan la oportunidad del desempeño laboral de la madre, sino que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con el cónyuge que no los tiene bajo su cuidado. Situación que obliga a los órganos jurisdiccionales a impartir justicia con perspectiva de género, como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) con independencia de que las partes lo soliciten o no, a efecto de apreciar las circunstancias especiales que convergen en el asunto particular, y la posible existencia de un estado de vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia en forma igualitaria.
h) En este contexto, no se puede omitir la situación en la que se coloca la madre ante el incumplimiento del padre de suministrar alimentos para su hijo, que la obliga a asumir una doble carga; por una parte, la prestación de los servicios de cuidado personal de los hijos, y, por la otra, la búsqueda de recursos económicos para su manutención; lo que además de producir un deterioro en el bienestar de su persona, provoca que los menores de edad solamente obtengan la satisfacción parcial de lo que les hubiera correspondido y aún les corresponde, ya que no debe presumirse que la madre aportó por ambos, y menos cargar sobre ella en forma unilateral el deber de la referida manutención.
i) Por ello, en el presente caso no se debe exigir de la progenitora que, adicionalmente al cuidado y soporte económico de su hijo, demuestre en forma detallada lo gastado a su favor, que contrajo deudas hasta determinado monto o que se endeudó para ello, lo que podría resultar incluso imposible de acreditar. De ahí que una interpretación rigorista del artículo 377(8) del Código Civil para el Estado de Guanajuato podría generar el riesgo de que además de la situación de vulnerabilidad en que se colocó a la madre e hijo ante el incumplimiento total del deudor alimentario, sin existir justificación legal para ello, aquélla no pueda recuperar lo gastado en favor de su hijo, privilegiando de alguna manera el incumplimiento de la obligación legal del progenitor.
j) En esta línea, cuando se reclame el reconocimiento de paternidad y pago en favor de su hijo reconocido, de conformidad con los artículos 84,(9) 89,(10) y 331 fracción IV,(11) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato (que imponen a la parte actora la obligación de narrar de forma clara y sucinta los hechos fundatorios de su demanda), basta que se narren esas circunstancias en el escrito inicial para que la jueza analice el fondo de la pretensión, pues aun cuando no se especifique cómo se causaron y en qué forma quedaron satisfechos los alimentos caídos, implicará ponderar para tales efectos cuáles eran las necesidades concretas de la persona menor de edad, para poder estar en condiciones de establecer un parámetro objetivo respecto de la cantidad que la progenitora erogó, sin tratarse de gastos de lujo, como lo dispone el artículo 377 aludido, y de esa manera determinar el monto de la deuda que adquirió, con perspectiva de género y atendiendo a la verdadera capacidad económica del deudor alimentario, conforme al principio de proporcionalidad.
k) En consecuencia, concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia, y emitiera otra en la que reiterara lo que no se consideró ilegal, y tomando en consideración que determinó procedente la condena al pago de alimentos caídos, siguiendo las directrices de ese fallo, procediera a valorar las pruebas existentes a fin de que ponderara la verdadera capacidad económica del deudor alimentario y las necesidades de la parte acreedora de los alimentos caídos, y con libertad de jurisdicción cuantificara el monto de su condena durante el tiempo que se dejaron de otorgar.
B. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo civil 134/2014.
• Antecedentes
12. Juicio ordinario civil **********. **********, en representación de su hijo menor de edad, demandó de **********, en ejercicio de la acción de reconocimiento de paternidad, en esencia, la declaración de paternidad, la fijación de una pensión alimenticia definitiva en favor del niño, el pago de alimentos vencidos y, el pago de gastos y costas.
13. Primera instancia. Al dictar la sentencia, el juez civil condenó al demandado por el reconocimiento de paternidad, así como al pago de una pensión alimenticia definitiva en favor de su hijo menor de edad, sin emitir pronunciamiento respecto al reclamo de alimentos retroactivos, por considerar que no se acreditaron los gastos erogados por la madre.
14. Segunda instancia. Inconforme con la resolución anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien lo registró en el toca **********, y dictó sentencia,(12) en la que confirmó la de primera instancia, pues consideró que la actora no acreditó la acción de pago de pensiones vencidas, no probó las deudas contraídas por concepto de esos alimentos y concluyó que la acción intentada de alimentos caídos resultaba completamente improcedente.
15. Juicio de amparo directo 134/2014. En desacuerdo con esa determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual dictó sentencia en sesión de doce de junio de dos mil catorce en la que concedió la protección constitucional solicitada y, en lo que interesa, resolvió lo siguiente:
a) La responsable absolvió al demandado de pagar alimentos retroactivos, sobre la base de que la actora carece de acción para demandar su pago, porque no justificó los elementos de esa pretensión, ya que no los precisó en forma, términos y cuantía. Destacó que el artículo 453 del Código Civil del Estado de Jalisco(13) establece que cuando el deudor alimentista no estuviere presente, o estándolo, rehusare dar alimentos a sus acreedores, será responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir esa exigencia, siempre que no se trate de gastos de lujo. Si bien en la tesis de rubro “ALIMENTOS CAÍDOS”, la Tercera Sala de la Corte(14) ya interpretó que en las demandas donde se reclame el pago de alimentos vencidos, la parte actora debe probar que contrajo deudas para cubrir sus necesidades, durante el tiempo que dejó de percibir la pensión alimenticia a que tenía derecho, este criterio debe interpretarse en el contexto del actual sistema jurídico mexicano y a favor de los derechos de las mujeres.
b) Contrariamente a lo que resolvió la Sala, en la controversia de origen el juzgador sí contaba con bases objetivas que le permitieran determinar el monto de los alimentos caídos solicitados, pues del caudal probatorio quedó en evidencia que la madre fue la que absorbió la totalidad de los gastos alimentarios desde el nacimiento del infante; por lo que fue inaceptable negarle su derecho, con base en formalismos jurídicos y rígidas concepciones, sin juzgar con perspectiva de género.
c) Si bien el artículo 267, fracción V,(15) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco prevé como obligación procesal que la parte accionante en su escrito inicial de demanda enuncie con claridad y precisión los hechos en que funde su petición, al ser estos los que constituyen y justifican la acción, estos elementos sí se precisaron con exactitud, sin que se advierta que se hubieran examinado cuidadosamente a fin de estimar los que comprenden las pensiones alimenticias vencidas, y los que no.
d) Así, las pruebas desahogadas en el procedimiento de origen eran suficientes para establecer la existencia de la obligación alimentaria por parte del demandado, pues al haberse acreditado el nexo filial entre este y el niño, implicó que en su calidad de padre le correspondía, en proporción a su capacidad económica, proveer lo necesario para satisfacer las necesidades a las que se refiere el numeral 439(16) del Código Civil del Estado de Jalisco, cuyo contenido también prevalece tratándose de pensiones vencidas.
e) Para resolver de forma equitativa, la responsable debió de apartarse de cualquier inclinación despectiva o discriminatoria y atender la desigual posición que corresponde a la mujer cuando asume la carga que representa la maternidad, atender a la causa de pedir y al contexto estructural y material de la controversia, pues la madre no tenía certeza ni aproximación a la capacidad económica del demandado.
f) Por lo anterior y debido a que quedó acreditada la obligación alimentaria a cargo del padre del niño, el monto de los alimentos caídos puede válidamente acreditarse en la fase de ejecución de sentencia mediante el desahogo del incidente de liquidación respectivo, pero sin que la falta de prueba idónea respecto del monto de estos impacte en la acción intentada al grado de volverla improcedente, como erróneamente concluyó la Sala responsable. g) Consideró que tan es viable que la acción de alimentos caídos pueda declararse procedente al estar acreditado en el juicio la existencia de la obligación, que en la jurisprudencia 1a./J. 58/2002(17) de rubro “JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES, NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.”, la Primera Sala ya determinó que en los juicios mercantiles (que se rigen por principios de estricto derecho, y donde la suplencia de la deficiencia de la queja se encuentra atenuada por la naturaleza de carácter meramente económico-especulativo) se puede declarar procedente la acción de pago de intereses y dejar la precisión del quantum para la fase de ejecución de sentencia.
h) Por lo tanto, si el caso concreto implica el derecho de la madre de reclamar alimentos caídos a favor de su hijo, los formalismos en materia de alimentos de personas menores de edad son superables. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó en la jurisprudencia 1a./J. 16/2011,(18) que el juicio de alimentos es de “litis abierta”, lo que conduce a concluir que la autoridad jurisdiccional puede implementar cualquier tipo de mecanismo previsto por la ley para estar en aptitud de determinar la medida justa del derecho de la mujer a ser retribuida de manera equitativa de los gastos originados por su maternidad.
i) Así, la Sala responsable tuvo que ponderar esa circunstancia y obrar en congruencia con la misma, es decir, debió tener por acreditada la obligación alimentaria y su incumplimiento, y al advertir que la deficiencia en el asunto radicó en la imposibilidad de fijar el monto a la que ascendió, en la fase que comprende desde el nacimiento del menor y hasta antes de la presentación de la demanda con que se originó el juicio natural, estuvo en aptitud de modificar la condena de primera instancia para establecer que la obligación de pagar alimentos caídos estaba acreditada, pero que su monto sería determinable en la fase de liquidación de sentencia.
j) Sin que esté de más precisar que, en el juicio de origen, en el apartado de pruebas la parte actora ofreció una serie de documentos que revelaban los gastos que generó el sostenimiento del infante y su nivel de vida, así como, aun en copia simple, comprobante de los ingresos de la madre; lo que permitía al demandado preparar adecuadamente su defensa, y a la autoridad resolutora realizar una ponderación de los gastos demostrados a fin de establecer el monto de los alimentos caídos.
k) Aunado a que la responsable no debió desconocer la enorme dificultad que implica el cobro de los alimentos, y más aún los vencidos, en cuyo caso sigue siendo un parámetro a considerar el ambiente social del menor, costumbres y particularidades que representa su entorno familiar, pues los alimentos abarcan, además de las necesidades vitales o precarias del acreedor, solventarle una vida decorosa y suficiente para desenvolverse en el estatus al que pertenece, lo que en el caso fue cubierto totalmente por su progenitora.
l) Por lo anterior, juzgando con perspectiva de género y bajo los parámetros del interés superior de la infancia, el caso debió resolverse bajo los axiomas de proporcionalidad y equidad conforme a lo dispuesto por el artículo 443(19) del Código Civil del Estado de Jalisco, pues dicho artículo también es aplicable a los alimentos caídos.
m) Concedió la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada, y dictara otra, en la que considerando lo establecido en la ejecutoria, al estudiar los motivos de agravio, concluyera que en autos quedó demostrada la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor alimentista.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
16. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que a efecto de analizar si se actualiza la existencia de una contradicción de criterios basta identificar alguna divergencia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales sobre un mismo punto de derecho.
17. Lo anterior, con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que precedieron a las consideraciones que habrán de confrontarse, sin embargo, esa variación o diferencia no debe ser determinante para la solución del problema jurídico, es decir, la disparidad fáctica debe versar sobre aspectos meramente accesorios, accidentales o secundarios que no modifiquen la situación examinada y que sólo formen parte de los antecedentes.
18. Por lo tanto, si las cuestiones materiales influyen directamente en las consideraciones jurídicas es evidente que no puede existir contradicción de criterios, ya que lógicamente no podría arribarse a un criterio único.
19. Apoyan lo anterior, por las razones que informan, los criterios P./J. 72/2010 y P. XLVII/2009 emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de rubros:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.(20)
CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.(21)
20. Así, para que exista una auténtica oposición de posturas jurídicas entre Tribunales Colegiados de Circuito se deben verificar los siguientes aspectos:
a) Que dichos órganos jurisdiccionales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que apoyados de arbitrio judicial efectúen un ejercicio interpretativo del cual derive algún canon o método;
b) Que entre los diversos ejercicios interpretativos haya al menos un razonamiento sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una o varias preguntas genuinas acerca de la manera de acometer esa cuestión jurídica, con preferencia de cualquier otra.(22)
21. De las exigencias señaladas se advierte que la existencia de una contradicción de criterios depende de que los órganos jurisdiccionales contendientes: a) realicen ejercicios interpretativos; b) sobre el mismo problema jurídico determinen conclusiones distintas; así como que, c) esa diferencia interpretativa se pueda solucionar a partir de una pregunta específica.
22. Al respecto se debe precisar que la disparidad de criterios está condicionada simplemente a que los citados tribunales sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean exactamente idénticas. Tampoco es indispensable que tales criterios hayan alcanzado el rango de jurisprudencia, esto es, que hubieran adquirido la condición de tesis cuya observancia sea obligatoria, en términos de lo dispuesto por la propia ley de la materia.(23)
23. Atendiendo a estos lineamientos, se verifica el cumplimiento de los requisitos de existencia de la contradicción de criterios.
24. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Esta Primera Sala considera que los Tribunales Colegiados sí se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial al emitir, en cada caso, un pronunciamiento relacionado con el momento procesal en el que debe hacerse la cuantificación del monto correspondiente por concepto de alimentos retroactivos, reclamados en un juicio de desconocimiento de paternidad. Puntualmente, dilucidaron si dicho análisis debía realizarse al momento de emitirse la sentencia que dirima la procedencia de la acción o bien, la cuantificación de dichos alimentos puede determinarse en la etapa de ejecución por la vía incidental. Por ello, se determina que el primer requisito de existencia se colma.
25. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En cuanto al requisito material consistente en la actualización de un punto de toque, el análisis de las ejecutorias remitidas a esta Primera Sala nos permite advertir que los ejercicios interpretativos sí cumplen con esta exigencia, como se explica a continuación.
26. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el amparo directo 558/2024 determinó que la autoridad responsable dejó en estado de indefensión al quejoso, al establecer que la cuantificación de los alimentos retroactivos tenía que hacerse mediante un incidente en ejecución de sentencia, ya que dicho análisis debió dilucidarse y ser materia de la sentencia definitiva, dado que la pretensión formó parte de la litis y dada su naturaleza contenciosa, por lo que era necesario que se dilucidara en ella, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 58/2014 (10a.) de rubro “PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ).”(24)
27. El Colegiado consideró que, tratándose del tema de alimentos caídos o retroactivos, la persona juzgadora tiene la obligación de valorar todas las pruebas que obren en autos para esclarecer los hechos controvertidos y estar en aptitud de establecer las posibilidades económicas reales del deudor alimentista, y las necesidades de su acreedor, y con ello dar una solución completa a la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33371-42020362/alimentos-retroactivos-derivados-de-un-juicio-de-reconocimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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