Corpus
Modo: Corpus Pro

INCIDENTES EN EL JUICIO MERCANTIL. LA EXTEMPORANEIDAD EN SU PRESENTACIÓN IMPIDE LA EMISIÓN DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE EXAMINE EL FONDO DE LA LITIS INCIDENTAL. INCIDENTES EN EL JUICIO MERCANTIL. LA FACULTAD DE LAS PERSONAS JUZGADORAS PARA ACTUAR DE OFICIO COMO RECTORAS DEL PROCESO, NO SE DEFINE POR LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES EN EL JUICIO, SINO POR LA POTESTAD QUE LES CONFIERE LA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 2/2023. · Registro digital (IUS): 31472
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-06-02
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VI, Pág.5251.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 23 DE MARZO DE 2023. PONENTE: HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE. SECRETARIA: XOCHILPILLI NUÑO NAVARRO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—Competencia.

11. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 6, fracción I, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con los arábigos 1, fracción I, punto 3, 2, 4 y tercero transitorio del diverso Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ya que el presente expediente se formó con motivo de un asunto pendiente de resolver que remitió el extinto Pleno del Decimoséptimo Circuito, que versa sobre la denuncia de una posible contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito y Región, además que el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno Regional.

SEGUNDO.—Legitimación.

12. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, órgano jurisdiccional que sostuvo uno de los criterios que participan en la presente contradicción.

TERCERO.—Criterios contendientes.

13. A fin de dilucidar si existe o no contradicción entre los criterios denunciados y, en su caso, determinar cuál es que debe prevalecer, es necesario precisar el contexto de los asuntos que dieron lugar a tales criterios.

• PRIMER CRITERIO

14. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito con sede en la ciudad de San Luis Potosí, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo que en los juicios de naturaleza mercantil, cuando se plantea un incidente de levantamiento de embargo se debe privilegiar la resolución de fondo sin necesidad de observar los formulismos procesales referentes al plazo legal para la promoción de la incidencia. De los antecedentes descritos en la propia ejecutoria se advierte lo siguiente:

• Juicio de origen. En el juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Segundo Mercantil de la ciudad de San Luis Potosí, el diez de diciembre de dos mil veinte tuvo verificativo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que se entendió de manera personal con la parte demandada, en la cual se trabó formal embargo sobre el 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo que la demandada percibe en su fuente de trabajo.

La parte demandada presentó un escrito mediante el cual promovió un incidente innominado sobre levantamiento de embargo. Por auto de seis de enero de dos mil veintiuno, el juzgado proveyó de conformidad y admitió a trámite ese incidente.

En contra de esa determinación, el actor interpuso el recurso de revocación que se resolvió mediante interlocutoria de veintitrés de junio de dos mil veintiuno en el sentido de declarar improcedente el recurso y firme el auto que admitió el incidente.

De manera posterior, el dieciséis de julio del año en cita, el Juez del conocimiento emitió la diversa interlocutoria mediante la cual declaró fundado el incidente y ordenó el levantamiento del embargo trabado sobre la porción del salario de la parte demandada en el juicio mercantil de origen.

• Juicio de amparo indirecto. Inconforme, el actor presentó una demanda de amparo indirecto en la que reclamó, como violación procesal, la interlocutoria que puso fin al recurso de revocación y confirmó la admisión del incidente innominado de levantamiento de embargo y, como acto destacado, la resolución incidental mediante la cual se ordenó el levantamiento de embargo.

El asunto se turnó al Juzgado Primero de Distrito, donde se tramitó bajo el número **********.

El veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el referido juzgado emitió la sentencia correspondiente mediante la cual resolvió conceder la protección constitucional al quejoso, para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la resolución relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto por el que se admitió a trámite el incidente de levantamiento de embargo y emitiera una nueva en la que habría de atender a los lineamientos expresados en la propia sentencia de amparo.

El razonamiento esencial en el que el Juzgado de Distrito sustentó su determinación consistió en que ante la ausencia de alguna norma específica que regulara la temporalidad para la promoción de los incidentes en materia mercantil, se debe acudir a la norma general prevista en el artículo 1079, fracción VI, del Código de Comercio, que refiere el término de tres días para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho.

• Recurso de revisión. En contra de esa determinación, la tercera interesada (parte demandada en el juicio de origen) interpuso el recurso de revisión que se tramitó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, bajo el número de amparo en revisión **********.

El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el Pleno de ese tribunal resolvió revocar el sentido de la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado por el quejoso (actor en el juicio de origen).

15. El argumento central en el que el Tribunal Colegiado sustentó su determinación en las consideraciones siguientes:

"Como ya se adelantó, el anterior motivo de disenso se estima esencialmente fundado, aunque suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que este tribunal advierte una violación manifiesta cometida en perjuicio de la parte recurrente, además de que los derechos materia de debate trascienden a prerrogativas de índole laboral, como se pasa a evidenciar.

"En efecto, la concesión de amparo recurrida tiene como consecuencia que se declare extemporáneo el incidente que planteó la parte demandada en el juicio de origen, respecto del embargo que le fue trabado sobre el 30 % del excedente de su salario mínimo, que percibe como trabajadora del ********** y, como consecuencia de ello, la subsistencia de dicha afectación.

"De ahí que el presente asunto indudablemente trasciende a dicho tópico; esto es, el embargo de salario de trabajadores burócratas.

"En relación con lo anterior, debe destacarse que recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó el deber de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo de los asuntos; esto es, el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial; ello en términos del artículo 17 constitucional.

"Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, noviembre de 2021, Tomo II, página 1754, del tenor literal siguiente:

"‘DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUÉLLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017).’ (Se transcribe texto)

"Así las cosas, a efecto de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia, los órganos jurisdiccionales, en la medida de lo posible, deben resolver el tema central sobre el que versa la controversia de fondo.

"Concomitante con lo anterior, debe destacarse que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación ha precisado que en las materias civil y administrativa procede la suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente, en su caso, una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea Parte.

"Al respecto, la indicada superioridad indicó que la frase, ‘lo haya dejado sin defensa’ no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa; asimismo, que por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, debía entenderse aquella actuación que hiciera notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del justiciable, ya fuese en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas.

"Así se advierte de la tesis aislada 1a. LXXIII/2015 (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1417, que enseguida se transcribe:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO).’ (Se transcribe texto)

"En el caso particular, se estima que se está en presencia de una violación de tal magnitud, pues se transgredió el derecho al salario de la aquí recurrente, protegido constitucional y convencionalmente.

"Para evidenciar lo anterior es menester considerar, en principio, lo dispuesto por el artículo 123, aparado (sic) B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo y 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, los que, en lo que interesa, disponen: (Se transcriben)

"Así, respecto al régimen al que se encuentran sujetos los trabajadores públicos, la fracción VI, apartado B del artículo 123 constitucional, señala que ‘sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes’.

"En ese sentido, el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo, señala que el salario no podrá embargarse o cederse, sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional.

"En las anteriores previsiones constitucionales y convencionales consta, en primer término, la regla general de que el salario no podrá ser embargado y, en segundo término, la posibilidad excepcional de que tal embargo ocurra, esto es, solamente en ciertos casos previstos en las leyes.

"Por su parte, el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, indica que solamente podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario en los siguientes casos:

"‘I. Por deudas contraídas con las instituciones públicas de gobierno, por concepto de anticipos o por pagos hechos por error;

"‘II. Por aportaciones al fondo para la constitución de cooperativas o cajas de ahorro, siempre que el trabajador manifieste expresamente su conformidad;

"‘III. Por retención para cuotas ordinarias del sindicato respectivo;

"‘IV. Por el pago de adeudos ante la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado o instituciones que hagan sus veces, para el caso de los trabajadores de los Ayuntamientos;

"‘V. Para cubrir alimentos, mediante orden de autoridad judicial competente;

"‘VI. Previo procedimiento y resolución administrativa o judicial que cause estado, para cubrir el importe proveniente de la sustracción, pérdida o averías dolosas de los bienes públicos de que sea responsable;

"‘VII. Cuando se trate de descuentos por impuesto sobre el producto del trabajo, o los ordenados por el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, por la Dirección de Pensiones del Estado o las instituciones que hagan las veces de ésta;

"‘VIII. Las que deriven de sanciones impuestas por faltas de asistencia, retardos o suspensión, ordenadas como medidas disciplinarias; y

"‘IX. Las demás convenidas en las condiciones generales de trabajo.’

"Supuestos de los que se advierte, como denominador común, que se trata de adeudos adquiridos para satisfacer necesidades básicas del trabajador.

"Esto es, cuando se prevé en nuestro sistema jurídico la posibilidad de embargar los salarios de los trabajadores del Estado, tal escenario no se puede actualizar en cualquier supuesto, sino solamente en ciertas modalidades previstas expresamente en la ley podrá llevarse a cabo una medida de tal índole.

"En suma, de la lectura integral del texto constitucional, los instrumentos internacionales de los cuales es parte nuestro país, y de la normativa aplicable a los funcionarios públicos del Estado de San Luis Potosí, es posible concluir que el salario de éstos resulta inembargable, salvo en los supuestos expresamente previstos en la legislación.

"Consecuentemente, resulta evidente que, en el caso particular, el salario que la quejosa obtiene con motivo de su empleo; esto es, como **********, resultaba inembargable en el juicio de origen, de conformidad con los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se citan a continuación:

"‘INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE LA PREVÉ NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.’ (Se transcribe texto)

"‘INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SE ESTABLEZCA UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE AQUÉLLOS Y LOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO, NO GENERA SU INCONSTITUCIONALIDAD NI SU INCONVENCIONALIDAD.’ (Se transcribe texto)

"‘INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA PROSCRIPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE REFIERE AL «SALARIO INTEGRADO».’ (Se transcribe texto)

"‘SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES INEMBARGABLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SALVO EN LOS SUPUESTOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’ (Se transcribe texto)

"Cierto es que los referidos precedentes no constituyen jurisprudencia sino tesis aisladas; sin embargo, tales criterios son orientadores y aptos para sustentar la determinación que aquí se adopta, pues representan el discernimiento del Máximo Órgano de la Nación, cuya atribución principal es precisamente la interpretación del Texto Constitucional; de ahí que es dable que los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía atiendan a su contenido.

"En mérito de lo expuesto, si el embargo trabado sobre el salario de la aquí quejosa no tuvo como origen ninguno de los supuestos previstos en la ley burocrática del Estado, sino que se decretó para garantizar el adeudo emanado de un título de crédito de los denominados pagarés, es incuestionable que resultaba inembargable y, por ende, en el juicio de origen se cometió una violación al derecho constitucional de protección al salario.

"Así las cosas, aun cuando la naturaleza del juicio de origen es mercantil, la violación destacada trascendió de manera directa a un derecho laboral de grado constitucional, el cual merece especial protección.

"Ahora, una vez que ha quedado evidenciada la inembargabilidad del salario de la aquí tercera interesada-recurrente y, en consecuencia, la transgresión a dicha prerrogativa, debe señalarse que este Tribunal Colegiado no soslaya las actuaciones procesales acaecidas en el juicio de origen, en torno al embargo de mérito; esto es, que la disconforme promovió incidente de levantamiento de embargo, el cual se declaró fundado.

"Asímismo, como ya se mencionó que la sentencia de amparo recurrida tuvo como efecto dejar insubsistente la interlocutoria a través de la cual se ordenó levantar el embargo de mérito, al estimar que dicho incidente había sido promovido de manera extemporánea.

"Ante tal panorama, podría considerase, en principio, que la materia de la litis se constriñe al aspecto de la temporalidad en la promoción del incidente de mérito; sin embargo, en la especie resulta procedente realizar un análisis más amplio del asunto, atendiendo a la facultad del Juez de instancia para analizar de oficio la legalidad del embargo.

"Así, se sostiene que en el caso no resultaba procedente conceder la protección constitucional a la parte quejosa a efecto de que se dejase insubsistente la resolución reclamada, que ordenó el levantamiento del embargo, pues con independencia de los medios de defensa que hubiese emprendido la parte demandada; dicha actuación debía ser levantada por el juzgador natural, incluso de oficio.

"De ahí que, ningún fin práctico tendría la concesión de mérito, si, finalmente, el embargo, jurídicamente, no puede subsistir.

"En efecto, debe señalarse que este Tribunal Colegiado, al resolver los diversos recursos de revisión **********, y **********, se ha pronunciado sobre el proceder oficioso del juzgador para revisar los actos del ejecutor.

"En dichos precedentes se ha sostenido que si bien las partes del juicio están en aptitud de hacer valer los medios de defensa que estimen convenientes en contra del embargo; lo cierto es que tal prerrogativa no limita la facultad del juzgador, como rector del procedimiento, para corregir los actos del ejecutor.

"Se sostiene lo anterior, pues no se puede soslayar que el embargo practicado en el juicio de origen lo llevó a cabo el actuario judicial adscrito al área de ejecuciones del Poder Judicial del Estado, tal y como consta en el acta suscrita por ese motivo, de la cual se advierte que, a petición de la parte actora, se tuvo por formalmente embargado el 30 % del excedente del salario mínimo de la demandada, que percibe como empleada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

"Atento a lo anterior, debe señalarse que conforme a los artículos 67 y 68 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, la cumplimentación de las resoluciones judiciales que deba tener lugar fuera del local del tribunal, cuando no esté encomendada especialmente a otro funcionario, estará a cargo del ministro ejecutor, en cuyo caso, su actuación será revisada de oficio por el tribunal a efecto de subsanar cualquier irregularidad.

"Lo cual patentiza que, en este supuesto, no impera el principio dispositivo; esto es, la necesidad de que la parte afectada plantee la impugnación, sino que, se insiste, opera la revisión oficiosa del juzgador. "De ahí que, conforme a los preceptos señalados, el Juez que conozca del asunto se encuentra obligado para, de oficio, subsanar y/o corregir las ilegalidades cometidas por el ministro ejecutor en la cumplimentación de las determinaciones ordenadas en juicio, sin que ello implique la revocación de sus propias determinaciones.

"Luego, si en el caso particular, el embargo practicado en el juicio recayó sobre bienes inembargables, el Juez responsable, de oficio, debe proceder a levantar el embargo trabado en la diligencia mencionada, con independencia de que la impugnación planteada por el disconforme pudiese estimarse extemporánea, pues el trámite emprendido por la demandada no puede limitar las facultades del juzgador.

"Así las cosas, ante el escenario expuesto y siguiendo el criterio jurisprudencial citado en párrafos precedentes, debe privilegiarse la solución de fondo del asunto, sobre aspectos procesales; lo cual implica estimar ineficaces los argumentos que la quejosa esgrimió en vía de conceptos de violación encaminados a evidenciar la improcedencia del incidente de levantamiento de embargo planteado por la parte quejosa; pues aun cuando dicho incidente pudiese resultar extemporáneo; debe seguir imperando la resolución reclamada, en la que se ordenó levantar el embargo, al haber recaído sobre bienes inembargables, pues dicha determinación puede ser emitida incluso de oficio.

"No se soslaya que a la parte actora le asiste el derecho señalar bienes del deudor que garanticen el adeudo; empero, la ejecución de ese derecho no puede recaer sobre bienes inembargables, sino que tal prerrogativa, analizada en el contexto jurídico nacional, debe entenderse como la posibilidad de cobrar el adeudo afectando únicamente los bienes y derechos que la ley prevé.

"Es decir, los derechos del actor del juicio, para lograr la ejecución de la sentencia, quedan a salvo en tanto éstos se intenten sobre bienes y derechos jurídicamente embargables.

"Consecuentemente, toda vez que a través de las consideraciones previamente expuesta se da respuesta los conceptos de violación planteado por el quejoso en su demanda, en términos del artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y negar al quejoso, ********** el amparo solicitado."

• SEGUNDO CRITERIO

16. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, consideró que la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la resolución de fondo no es irrestricta, en tanto que los términos y plazos judiciales a que están sujetas las fases del procedimiento formen parte de la garantía de seguridad jurídica, de ahí que no resulte factible obviar los plazos y términos judiciales en la promoción de la incidencia bajo el argumento de que el juzgador de origen debía analizar de oficio la procedencia del embargo de salarios, dado que aun cuando ello se regule en la ley procesal, lo cierto es que ese tópico debe ser materia de litis del incidente, la cual estaba sujeta a que la promoción del medio de defensa se realizara dentro de los plazos legales.

17. De los antecedentes descritos en la propia ejecutoria se advierte lo siguiente:

• Juicio de origen. En el juicio ejecutivo mercantil ********** del índice del Juzgado Tercero Mercantil de la ciudad de San Luis Potosí, el diez de diciembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, que fue atendida personalmente por la demandada y en la cual se trabó un embargo sobre el excedente del 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo respecto del sueldo ordinario y extraordinario que percibe la demandada en su fuente de trabajo.

Por escrito presentado el diecisiete de diciembre del año en cita, la parte demandada promovió un incidente de levantamiento de embargo, bajo el argumento de que su salario era inembargable por ser empleada pública; por auto de seis de enero de dos mil veintiuno se admitió a trámite dicho incidente.

En contra de esa determinación, el actor interpuso el recurso de revocación que se declaró infundado mediante interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

El diez de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia interlocutoria mediante la cual se declaró fundada la incidencia y se dejó insubsistente en embargo de mérito.

• Juicio de amparo indirecto. Inconforme con lo anterior, el actor presentó una demanda de amparo indirecto en la que reclamó, como acto destacado, la resolución incidental mediante la cual se ordenó el levantamiento de embargo y, como violación procesal, la interlocutoria que puso fin al recurso de revocación y confirmó la admisión del referido incidente.

Correspondió conocer de dicha demanda al Juzgado Segundo de Distrito, donde se tramitó bajo el número **********.

El dos de diciembre de dos mil veintiuno, el titular de dicho órgano dictó sentencia en el sentido de conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso, para el efecto de que el Juez mercantil dejara insubsistentes las resoluciones de veintiuno de junio y diez de septiembre de dos mil veintiuno para, en su lugar, resolver el recurso de revocación planteado contra del auto que admitió el incidente de levantamiento de embargo, con la salvedad de "prescindir de considerar la oportunidad de la promoción del incidente".

• Recurso de revisión. Inconforme con ese fallo, la tercera interesada (demandada en el juicio de origen) interpuso el recurso de revisión que se tramitó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, bajo el número de amparo en revisión **********.

El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Pleno de ese tribunal resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos precisados en dicho fallo.

18. El argumento central en el que el Tribunal Colegiado sustentó su determinación en los siguientes razonamientos:

"Para la solución de este asunto, se parte de dos premisas fundamentales, una, atañe a que el juicio de donde provienen los actos reclamados, es de naturaleza ejecutiva mercantil y, la otra, estriba en que lo debatido en el presente juicio de amparo, tiene su génesis en un incidente de levantamiento de embargo, en cuanto a la temporalidad de su promoción.

"En esa tesitura, es preciso analizar lo que establece el Código de Comercio, con relación a los juicios ejecutivos mercantiles y a los incidentes, para advertir si regulan lo relativo a la oportunidad, plazos y términos en los que las incidencias deban promoverse.

"Pues bien, del título tercero, ‘De los juicios ejecutivos mercantiles’, ubicado en el libro quinto, ‘De los juicios mercantiles’, del Código de Comercio, solamente se desprende que los artículos 1404 y 1414 hacen referencia a los incidentes, pues tales preceptos disponen: (Se transcriben)

"Según puede verse, ninguno de dichos preceptos establece el plazo en el que deben promoverse los incidentes.

"Por su parte, el capítulo XXVIII, denominado de los incidentes, ubicado en el título primero de las ‘Disposiciones generales’, del libro quinto, ‘De los juicios mercantiles’, del Código de Comercio, establece lo siguiente: (Se transcriben)

"De los dispositivos legales recién transcritos, tampoco se desprende cuál es el término legal para la promoción de los incidentes.

"Acorde a ello, el propio Código de Comercio, en su libro quinto, ‘De los juicios mercantiles’, título primero, ‘Disposiciones generales’, capítulo V, ‘De los términos judiciales’, contiene el artículo 1079, que en su fracción VI, prevé: (Se transcribe)

"De esta porción normativa se puede colegir que si el Código de Comercio, en el título correspondiente a los juicios ejecutivos mercantiles no regula la temporalidad en que deban promoverse los incidentes en este tipo de juicios especiales, ni tampoco se contempla ese tópico en el capítulo respectivo de los incidentes; entonces, es factible acudir a lo que el propio Código de Comercio prevé para los plazos de los términos judiciales, que en este caso es de tres días, como así correctamente lo determinó el Juez de Distrito.

"Sin que se esté en el supuesto de la existencia de normas especiales que regulan la temporalidad en la promoción de los incidentes, como indebidamente lo plantea la recurrente, dado que, como se ha explicado, ni en el título relativo a los juicios ejecutivos mercantiles, ni en el capítulo referente a los incidentes en los juicios mercantiles, existe disposición expresa que regule el plazo para la promoción de las incidencias.

"En cambio, los términos para la práctica de algún acto judicial, o bien, para el ejercicio de algún derecho, como es la promoción de un incidente, sí tiene estipulación expresa, como lo es la de tres días, en los términos vistos.

"Cabe acotar, que no se discute la naturaleza jurídica del embargo dentro del procedimiento judicial, ni tampoco el grado de afectación que puede producir en la parte que lo resiente; puesto que lo que aquí es materia de litis, es la temporalidad en la promoción del incidente de levantamiento de embargo, cuando el interesado opta por el levantamiento por medio de dicha vía.

"Hay que precisar con la suficiencia legal necesaria que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito, que mediante escrito de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ********** hizo valer alegatos, no obstante, no son de tomarse en consideración, porque no existe obligación legal para ello, por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, en tanto que no hace valer alguna causal de improcedencia.

"Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 133/2019 (10a.), impresa en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, octubre de 2019, Tomo II, página 1549, de voz:

"‘ALEGATOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31472-8d52b236/incidentes-en-el-juicio-mercantil-la-extemporaneidad-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.