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Modo: Corpus Pro

CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007). CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007). CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, CUARTO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007). CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 205/2008 · Registro digital (IUS): 21230
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 244.

AMPARO EN REVISIÓN 205/2008 **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 34, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis y si bien subsiste en esta instancia la cuestión de constitucionalidad planteada, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno, dado que no se fijará un criterio importante y trascendente para el orden jurídico nacional, en tanto que existen precedentes que se refieren al tema en cuestión.

SEGUNDO. Conforme al artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso interpuesto por la parte quejosa es oportuno, en virtud de que así lo estimó el Tribunal Colegiado del conocimiento.

TERCERO. No se transcriben, ni se analizarán los agravios expresados por la recurrente, ya que de ello, se ocupó el Tribunal Colegiado del conocimiento.

En esas condiciones con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales son del siguiente tenor:

"Primero. Es procedente se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy quejosa en virtud de que el acto reclamado resulta violatorio de la garantía de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el acto reclamado resulta violatorio de la garantía de acceso a la justicia, lo anterior al establecer que únicamente serán impugnables las resoluciones definitivas en las que la autoridad aplique los criterios que le son consultados por los contribuyentes, de lo cual se desprende que las respuestas recaídas a las consultas no son impugnables por los medios de defensa correspondientes, lo que se traduce en que el acceso a la justicia para los contribuyentes dependa de que la autoridad decida aplicar en un procedimiento diverso a su resolución a la consulta los criterios ponderados, situación que se traduce en una flagrante violación al artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece el derecho de todos los gobernados de tener acceso a una justicia pronta, completa e imparcial. Para acreditar lo anterior a continuación se reproduce el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación que se tilda de inconstitucional (se transcribe). Ahora bien, a fin de acreditar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas resulta oportuno precisar qué es lo que nuestra Carta Magna, la doctrina y la jurisprudencia han definido de la garantía individual de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, la cual se encuentra contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que a continuación se reproduce (se transcribe). Del numeral anteriormente transcrito se desprende la prerrogativa de todos los gobernados para tener acceso a una justicia pronta, completa e imparcial que deberá ser impartida por los tribunales competentes para ello. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación a través de su libro denominado Las Garantías de Seguridad Jurídica de su colección de Garantías Individuales ha definido lo siguiente en relación con la garantía individual de acceso a la justicia. ‘Expedita y eficaz administración de justicia. El segundo párrafo del artículo 17 complementa lo previsto por el primero, al imponer al Estado la creación de tribunales que se encuentren siempre expeditos para impartir justicia, en los términos y los plazos fijados por las leyes. Además, este servicio de impartición de justicia debe ser gratuito. En 2001, el Pleno del más Alto Tribunal emitió una jurisprudencia donde se explica el segundo párrafo del artículo en comento: ... en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República ... . El carácter expeditivo de la impartición de justicia se fundamente en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre durante mucho tiempo.’. Por su parte el Dr. Ignacio Burgoa en su libro Garantías Individuales ha considerado lo siguiente en el tema que nos ocupa: ‘El propio artículo 17 constitucional dispone en tercer lugar que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley.’. La garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de esta garantía de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Es más, el hecho de que un Juez se niegue a despachar un negocio pendiente ante él, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de oscuridad o silencio de la ley, constituye un delito de abuso de autoridad (fracción V del artículo 214 del Código Penal). En este orden de ideas a continuación se reproducen algunos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación relativos a la prerrogativa de acceso a la justicia: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN.’, ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’, ‘JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.’ y ‘JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA.’ (se transcribe). Una vez analizada la garantía de acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Federal, la doctrina y la jurisprudencia, a continuación se vierten los argumentos que demuestran la contraposición que existe entre el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación (norma reclamada) y el artículo 17 de nuestra Carta Magna, para lo cual previamente se transcribe la disposición reclamada: ‘Artículo 34.’ (se transcribe). De la anterior transcripción de la norma reclamada se desprende la siguiente premisa: Que los contribuyentes no pueden impugnar las respuestas recaídas a las consultas, y que únicamente podrán impugnar en su caso las resoluciones que discrecionalmente emita la autoridad fiscal en procedimientos diversos en las que aplique los criterios que son materia de las consultas que le son ponderadas por los contribuyentes. La norma reclamada transgrede claramente el artículo 17 de la Constitución Federal, ello en virtud de que considera que únicamente serán impugnables las resoluciones definitivas en las que la autoridad aplique los criterios que le son consultados por los contribuyentes, de lo cual se desprende que las respuestas recaídas a las consultas no son impugnables, situación que se traduce en que los gobernados sean privados de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer la verdad legal de los temas fiscales que consultan y, por ende, tengan que esperar a que las autoridades fiscales de forma discrecional decidan si inician o no algún procedimiento para aplicar los criterios que en principio le son consultados, para en todo tener derecho de acceder a la justicia a través de los órganos jurisdiccionales competentes, lo que evidentemente vulnera flagrantemente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, el acto reclamado trastoca la garantía individual de acceso a la justicia pronta, lo anterior al establecer que sólo se podrán impugnar las resoluciones definitivas en las que la autoridad aplique los criterios que le son consultados, luego entonces las respuestas recaídas a las consultas no son impugnables, razón por la cual los contribuyentes tendrán que esperar a que la autoridad fiscal en una respuesta diversa y cuya emisión es incierta aplique el criterio que estime correcto, lo cual queda al arbitrio de la autoridad fiscal el iniciar un procedimiento en el que aplique el criterio fiscal que se consulta, lo que ocasiona que su garantía individual de acceso a la justicia se vea coartada y que quede supeditada al arbitrio de la autoridad fiscal, lo anterior en franca violación al artículo 17 de la Constitución Federal. Efectivamente, el artículo que se tilda de inconstitucional permite que la autoridad fiscal sea quien decida qué sujetos y cuando tienen derecho de acudir a un órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones que ésta emita. Esto es, en virtud de que la autoridad fiscal puede decidir de forma discrecional a qué contribuyente aplicar a través de una resolución definitiva los criterios fiscales que estima correctos, supuesto en el cual este contribuyente podrá acudir a una instancia jurisdiccional a controvertir la legalidad de esta resolución, situación que se actualiza con las resoluciones emitidas con base en una consulta, en virtud de que estas últimas no serán impugnables, lo que deja en claro que la autoridad fiscal es quien decide qué gobernado y en qué momento puede tener acceso a la justicia tributaria, lo que evidencia la crasa violación a la garantía de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal. Para robustecer lo anterior a continuación se citan los siguientes ejemplos: Contribuyente A. Este contribuyente presente un escrito de confirmación de criterio en materia tributaria ante la autoridad fiscal. La autoridad fiscal emite respuesta a su consulta; en este caso el contribuyente no puede impugnar judicialmente esta resolución. Contribuyente B. Este contribuyente de igual manera presenta un escrito de confirmación de criterio ante la autoridad fiscal. La autoridad fiscal emite respuesta a su consulta, de igual manera en este caso el contribuyente no puede impugnar judicialmente esta resolución. Sin embargo, la autoridad fiscal respecto de este contribuyente decide discrecionalmente iniciar un procedimiento que culmina con una resolución en la que aplica el criterio que le fue inicialmente ponderado por el contribuyente, en este supuesto este gobernado sí se encuentra en posibilidad de acudir hasta ese momento al órgano jurisdiccional competente para solicitar se le administre justicia. De lo anterior se desprende claramente que el legislador con la reforma del artículo que se impugna dejó en manos de la autoridad fiscal el decidir quién y cuándo puede ejercer su garantía individual de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial, cuando es un derecho que de ninguna manera puede est

r sujeto al arbitrio de la autoridad fiscal, situación que acontece con la norma reclamada, lo anterior en crasa violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efectivamente, el acto reclamado legitima que la autoridad fiscal decida en forma discrecional y por supuesto arbitraria qué contribuyente puede acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que se le administre justicia en materia tributaria, lo anterior en virtud de que según el texto del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación los gobernados no pueden impugnar las respuestas recaídas a las consultas, sino que están obligados a esperar a que la autoridad fiscal en forma discrecional y en un procedimiento diverso emita su opinión en relación al mismo tema consultado por el contribuyente, situación que solamente evidencia que el derecho para que a un contribuyente se le administre justicia quede supeditado a la voluntad de la autoridad, lo anterior en franca contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve para robustecer lo anterior el criterio jurisprudencial que a continuación se reproduce: ‘JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA.’ Novena Época. Tesis aislada: 1a. LXX/2005. Primera Sala. (se transcribe). Asimismo, la violación al artículo 17 de la Constitución Federal también se evidencia en virtud de que el acto reclamado limita la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que es la autoridad competente para impartir justicia tributaria, lo anterior al determinar qué contribuyente y en qué momento podrá acudir a este órgano jurisdiccional especializado para que se le administre justicia en materia fiscal. En virtud de lo anterior, resulta procedente se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a favor de la quejosa, toda vez que a través de la aplicación de las normas reclamadas se trastoca en su perjuicio su garantía constitucional de acceso a una justicia pronta establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Es procedente se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy quejosa en virtud de que el acto reclamado resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto se transgreden en perjuicio de la ahora quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que la norma que se reclama coloca a mi representada en un estado de inseguridad e incertidumbre jurídica, lo anterior en virtud de que permite que la autoridad fiscal no se vincule con la respuesta que emita al establecer en su cuarto párrafo que las resoluciones recaídas a las consultas no son obligatorias y, por ende, no serán impugnables, situación que a todas luces deja a la hoy quejosa en un estado de incertidumbre jurídica frente a la correcta interpretación de las disposiciones fiscales que consulta. Para acreditar lo anterior a continuación se reproduce el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación que se tilda de inconstitucional: ‘Artículo 34.’ (se transcribe). Efectivamente, al establecer la norma reclamada que las resoluciones a las consultas no serán obligatorias y, por ende, no impugnables con ello propicia que la autoridad no se vincule con estas resoluciones, situación que coloca a mi representada en un estado de incertidumbre jurídica en franca violación al artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior es así en virtud de que todo acto de autoridad debe vincular a la autoridad que lo emite, precisamente en virtud de que lo emite en ejercicio de sus funciones de derecho público que le fueron conferidas por el Estado, por lo cual resulta del todo inconstitucional que el legislador permita a través de la norma reclamada el que la autoridad no se vincule con las resoluciones que emite en respuesta a las consultas que ponderan los contribuyentes, toda vez que con ello se coloca a los gobernados en un estado de incertidumbre jurídica frente a la correcta aplicación de la ley fiscal. Se afirma lo anterior, en virtud de que las consultas reguladas por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación tienen su origen en crear certeza en los gobernados respecto de la manera en que deben tributar, por lo que si la autoridad no se vincula con las respuestas que emite a los contribuyentes, los sitúa en un estado total de inseguridad jurídica, pues el ente público encargado de determinar la exacta aplicación de una ley fiscal coloca a sus resoluciones en un plano de simples opiniones que pueden variar dependiendo del funcionario que las emita, siendo aún más grave esta situación cuando se le priva del derecho para impugnarlas. Cabe señalar que la reforma legislativa del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación viene a desnaturalizar la característica esencial de todo acto de autoridad, la cual radica en la obligatoriedad de dichos actos respecto a los gobernados. Es decir, esta característica, es la que se traduce en seguridad y certeza jurídica para los gobernados, puesto que el hecho de que un ente público se vincule con las consecuencias jurídicas de un acto o resolución que emita, es lo que permite que un gobernado cumpla a cabalidad con la ley y, por ende, no se vea sujeto a la imposición arbitraria de sanciones, o lo que es más que se le induzca dolosamente al error. En este sentido, el hecho de que a través de la reforma legislativa se permita que la autoridad fiscal no se vincule con las resoluciones que emite en respuesta a los criterios ponderados sobre la aplicación de la ley fiscal, coloca a los contribuyentes en un estado de incertidumbre jurídica, toda vez que a través del acto de autoridad no se le da certeza jurídica al gobernado sobre la correcta aplicación de la ley fiscal, todo ello a partir de considerar que estas resoluciones no son obligatorias y, por ende, no impugnables por los contribuyentes, situación que se traduce en una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. La reforma legislativa que se tilda de inconstitucional, también tiene como consecuencia que al permitir que la autoridad fiscal no se vincule con las resoluciones que emite en respuesta a las consultas (bajo el argumento de que las mismas no son obligatorias y, por ende, no impugnables) se traduce en que las resoluciones de la autoridad se consideren como simples opiniones carentes de valor legal, desconociendo a todas luces la característica de obligatoriedad que tienen las resoluciones emitidas por una autoridad competente en ejercicio de las funciones que le son inherentes y que fueron conferidas por el Estado, y lo que es más grave colocando al gobernado en un total estado de indefensión e inseguridad jurídica. Asimismo, al no ser obligatorias las resoluciones que emite la autoridad en relación a las consultas que le son ponderadas, se propicia que los contribuyentes puedan incurrir en errores en relación a la forma en que vienen tributando, situación que de igual manera se traduce en un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica para mi representada, en franca violación al artículo 14 y 16 de la Constitución Federal. Las garantías individuales que se estiman violadas se encuentran contenidas en los numerales que se transcriben a continuación: (se transcribe). En virtud de lo expuesto resulta claro que la norma que se reclama coloca a mi representada en un estado de inseguridad e incertidumbre jurídica, lo anterior, en virtud de que permite que la autoridad fiscal no se vincule con la respuesta que emita al establecer en su cuarto párrafo que las resoluciones recaídas a las consultas no son obligatorias y, por ende, no serán impugnables, situación que a todas luces deja a la hoy quejosa en un estado de inseguridad jurídica frente a la correcta forma en que debe cumplir con sus obligaciones fiscales. En virtud de lo antes expuesto, procede que ese H. Juzgado conceda el amparo y protección a mi mandante en contra de lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, dada su contravención a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de nuestro máximo ordenamiento. Tercero. Es procedente se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la ahora quejosa, en virtud de que la norma reclamada, resulta violatoria del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, en relación con los artículos 14 y 16 del referido ordenamiento, trastocando en consecuencia el principio de seguridad jurídica del gobernado. Efectivamente la norma reclamada violenta el derecho de petición de mi representada, lo anterior al establecer que las resoluciones emitidas por la autoridad fiscal en respuesta a las consultas fiscales que le son ponderadas no son obligatorias y, por ende, no son impugnables, con lo cual el legislador permite que la autoridad fiscal no se vincule con las resoluciones que emite, situación que resulta violatoria del derecho de petición ello, en virtud de las resoluciones de la autoridad al no vincularla no constituyen una respuesta a la petición de los gobernados. En efecto, las resoluciones que emita una autoridad en las cuales no se vincule a partir de considerar que la resolución no es obligatoria para el gobernado, no constituyen una respuesta a la petición del gobernado, toda vez que al no ser obligatorias no tienen ningún valor, por tanto, no pueden considerarse como una respuesta a la petición que en forma pacífica le son formuladas, ello en virtud de que para efecto de que se respete el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, es necesario que la resolución que emita cualquier autoridad en sus funciones de derecho público obliguen tanto al gobernado como a la autoridad que la emite, situación que no acontece en el caso que nos ocupa con la norma reclamada, situación que evidencia la violación al derecho de petición de los ciudadanos y lo que es más la violación a sus garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En efecto las resoluciones emitidas por la autoridad en las que a través de las cuales no se vincula con la respuesta que emite no se pueden considerar como una respuesta a una petición formulada de conformidad con el artículo 8o. constitucional, sino que en todo caso constituyen simplemente opiniones o comentarios que podrían ser emitidos por cualquier asesor fiscal, situación que resulta a todas luces ilegal, ello en virtud de que la autoridad fiscal es precisamente quien tiene la obligación en sus funciones como ente de derecho público de emitir las directrices sobre la correcta aplicación de la legislación fiscal al ser el perito en dicha materia. A continuación se transcribe la norma reclamada: ‘Artículo 34.’ (se transcribe). Ahora bien, a continuación se transcribe lo que nuestro máximo ordenamiento en su artículo 8o. determina como el derecho de petición de los gobernados. ‘Artículo 8o.’ (se transcribe). Del análisis del artículo anterior se desprende las siguientes consideraciones: La autoridad debe respetar el ejercicio del derecho de petición que formule el gobernado. Los únicos límites dispuestos para el ejercicio de tal derecho es la formulación por escrito, pacífica y respetuosa; asimismo tratándose de materia política, sólo pueden ejercer el derecho los ciudadanos mexicanos. Una vez ejercido el derecho de petición, la autoridad se encuentra obligada ineludiblemente a emitir un acuerdo escrito debidamente fundado y motivado y darlo a conocer al gobernado. Es de precisar que para cumplir con el derecho de petición no basta que la autoridad emita cualquier comunicado en respuesta a la petición formulada, sino que a través de dicha resolución se vincule la autoridad con la resolución que emite, ya que de lo contrario además de que se crea un estado de inseguridad jurídica sus resoluciones se convierten en simples opiniones carentes de valor legal. En virtud de lo antes expuesto, es clara la trasgresión que deriva de la aplicación del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación a las garantías de la quejosa, en particular la contenida en el artículo 8o. de la Constitución Federal en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 del citado ordenamiento; por lo cual procede se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal." (fojas 12 a 26 del juicio de amparo 600/2007).

CUARTO. En el primer concepto de violación se planteó el hecho consistente en que el precepto impugnado es violatorio de la garantía de acceso a la administración de justicia contenida en el artículo 17 de la Carta Magna, debido a que considera que únicamente serán impugnables las resoluciones definitivas en las que la autoridad aplique los criterios que le son consultados por los contribuyentes, de lo cual se desprende que las respuestas recaídas a las consultas no son impugnables, lo que se traduce en que los gobernados sean privados de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer la verdad legal de los temas fiscales que consultan.

De lo expuesto en la demanda, se obtiene claramente cuál es la pretensión del amparista a saber, que el precepto impugnado lo limita a impugnar lo resuelto en la consulta hasta que ese criterio se aplique en una resolución definitiva dictada por la autoridad fiscal respectiva.

Previo al estudio del concepto de violación, debe precisarse que la pretensión del quejoso se funda -en realidad- en la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual, la inconstitucionalidad planteada debe analizarse desde la perspectiva de la garantía tutelada por esa Norma Fundamental.(1)

El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial.

Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales.

Esto es, el derecho a la tutela judicial o de acceso a la justicia se encuentra constitucionalmente establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Carta Magna. Del citado precepto constitucional se desprenden cinco garantías a saber:

1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano";

2) El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia;

3) La abolición de costas judiciales;

4) La independencia judicial; y,

5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil.

Como garantías individuales, dichos derechos constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial.

Así se desprende de la tesis aislada L/2002, de esta Segunda Sala en la que sostuvo que la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21230-3dd8dcc8/consultas-fiscales-el-articulo-34-cuarto-parrafo-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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