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Modo: Corpus Pro

ENERGÍA ELÉCTRICA. EL APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO DE CORTE DEL SERVICIO QUE CONTIENE EL AVISO-RECIBO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A TRAVÉS DE LA LEYENDA "FECHA LÍMITE DE PAGO", ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 195/2008. · Registro digital (IUS): 21235
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 884.

AMPARO EN REVISIÓN 195/2008.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Como el análisis de las causas de improcedencia es de orden público y pueden ser invocadas aun de oficio, según lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, este órgano resolutor se hace cargo de las que propone el promovente del recurso, superintendente general de Zona Acapulco, por sí, y en representación de la Comisión Federal de Electricidad, aun cuando no las hizo valer ante la Jueza de Distrito; análisis que se hará, atento a la técnica jurídica que consigna el artículo 73 in fine, de la Ley de Amparo, que establece: "Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio".

Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 122/99 que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28 del Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 30/97 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos, consultable en la página 137 del Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

A decir del recurrente, la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo y, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el organismo público descentralizado, al proceder al cobro de una facturación normal por consumo de energía eléctrica, actúa como particular frente a la quejosa, por virtud del convenio de adhesión que tienen suscrito ambas partes, es decir, en un plano de igualdad, y la circunstancia de que el prestador del servicio pueda proceder al corte del suministro de energía eléctrica no es una consecuencia del uso de su imperio, sino el cumplimiento de lo pactado en el contrato conforme al artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 35 de su reglamento, y por ello, solicita se decrete el sobreseimiento en el juicio de garantías.

Al respecto, como ya se apuntó, la causal de improcedencia de mérito no fue hecha valer ante la Jueza de Distrito, dado que, como se destacó en la sentencia recurrida, las autoridades responsables omitieron rendir sus respectivos informes con justificación.

Contrario a lo que argumenta el promovente del recurso, en el particular no se actualiza la causal de improcedencia que invoca.

Del aviso-recibo que en copia certificada exhibió la quejosa adjunto a su demanda de amparo, se observa que contiene una leyenda que dice "Fecha límite de pago 16 feb 08", en el margen derecho superior del anverso, y que al reverso contiene una serie de fundamentos que, se dice, son sustento de la facturación, entre ellos, el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (foja 19 del expediente de amparo).

Atento a lo que manifiesta la autoridad recurrente, está facultada para realizar el corte del suministro de energía eléctrica con base en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos:

"I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación;

"II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida;

"III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y

"IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo.

"V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y

"VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador.

"En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo."

Por tanto, lo cierto es que la autoridad responsable efectuó un apercibimiento, porque fijó una fecha límite de pago y precisó, como uno de los fundamentos del acto, el numeral que se acaba de reproducir, lo que evidencia que de no pagarse el adeudo que se estableció en cantidad líquida en el aviso-recibo relativo al servicio con número 320 041 203 247, identificado con el número de medidor 6X6V25, correspondiente al periodo comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil siete al treinta y uno de enero de dos mil ocho, se procedería al corte del servicio público de energía eléctrica, en la inteligencia de que en términos del precepto legal transcrito, no es necesaria la intervención de autoridad diversa.

Es así que, si la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica atribuye a la Comisión Federal de Electricidad la facultad para realizar el corte del servicio por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación, los actos respectivos sí son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que afectan la esfera jurídica de los consumidores en forma unilateral, pues no se trata de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, al imponer el referido organismo público descentralizado su determinación sin el consenso del afectado, ni ser necesaria la intervención de autoridad distinta.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 91/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 245 del Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La determinación por la cual la Comisión Federal de Electricidad apercibe de realizar o realiza el corte del suministro de energía eléctrica a los consumidores, constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de garantías, en virtud de que, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a través de dicho acto extingue unilateralmente una situación jurídica que afecta la esfera legal del gobernado, pues aunque la relación existente entre el particular y la referida comisión deriva de un contrato de adhesión, ello no significa que ambas partes se encuentren en un mismo plano, como particulares, sino en un nivel de supra a subordinación, al imponer el referido organismo su voluntad sin el consenso del afectado. Es decir, la citada comisión ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que revela que dicho ente al emitir tal acto, es una autoridad para efectos del juicio de amparo; lo anterior no implica que en todos los casos la indicada comisión deba ser considerada como autoridad para tales efectos, sino sólo cuando ejerce facultades de decisión que le estén atribuidas por ley y que afecten la esfera de derechos del gobernado."

Así, el que el cobro de una facturación normal se realice con apoyo en lo dispuesto por el numeral 26 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, implica que contiene un apercibimiento de realizar el corte del servicio de suministro de energía eléctrica, lo que constituye un acto susceptible de combatirse a través del juicio de amparo, al constituir un acto unilateral dictado por la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en las facultades que le otorga la apuntada ley; acto mediante el cual se modifica la situación jurídica que deriva del contrato correspondiente, sin requerirse del consenso del consumidor para afectar de tal manera su esfera jurídica ni la participación de alguna otra autoridad.

En otras palabras, la Comisión Federal de Electricidad ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que, por consiguiente, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que revela que dicho organismo, al emitir tal acto, es una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en los términos de los criterios de jurisprudencia que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, es de invocarse la tesis número P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ’AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

Por consiguiente, es de desestimarse la causal de improcedencia que propone la autoridad recurrente con apoyo en lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

Por otra parte, el revisionista sostiene en su agravio, que el aviso-recibo reclamado no es la primera facturación que se hace llegar al domicilio de la persona moral quejosa por consumo de energía eléctrica, y que la impetrante no demostró que se le haya suspendido antes el suministro de energía; además, que la a quo debió percatarse de que el pago realizado por la parte quejosa el veinticinco y veintiséis de febrero de dos mil ocho, en un Cefemático, se efectuó en forma voluntaria, por lo que tácitamente se trata de un acto consentido, porque no se le suspendió o cortó el suministro de energía eléctrica, razón por la cual debió sobreseerse el juicio de garantías.

Bajo tales argumentos, es claro que la autoridad recurrente hace valer la causal prevista por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que ordena:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."

El argumento que se sustenta en que el aviso-recibo exhibido por la quejosa no es el primero que se le expide por facturación del servicio de energía eléctrica, deviene inoperante, toda vez que, en acopio del principio general de derecho que reza "el que afirma está obligado a probar", es a la autoridad revisionista a quien corresponde demostrar que con anterioridad a la expedición del documento en cuestión, emitió otros con las mismas características, siendo que en el caso no se demostró cuestión alguna en cuanto a ese tópico durante la secuela procesal del juicio de garantías, precisamente porque no se rindieron los informes justificados sino hasta el siete de mayo del año que transcurre, siendo que la audiencia constitucional se celebró el quince de abril del actual, y en esa misma fecha, se dictó la sentencia aquí recurrida, esto es, el informe justificado se rindió en forma extemporánea, transcurridas tres semanas de que se pronunció el fallo que ahora cuestiona el revisionista.

En ese aspecto, resulta aplicable la jurisprudencia número IV.3o.A. J/10 que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que se comparte, consultable en la página 2263 del Tomo XXII, octubre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

"PRUEBA DOCUMENTAL EN AMPARO CONTRA LEYES. ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA ANEXAR A SU INFORME JUSTIFICADO LA TENDIENTE A APOYARLO CUANDO AFIRME QUE NO SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA. El artículo 149 de la Ley de Amparo, establece la obligación para las autoridades responsables de acompañar a su informe justificado las constancias necesarias para apoyarlo. De manera que, cuando el acto reclamado es una ley tributaria, a partir de un acto de aplicación, como es la retención de un patrón a su trabajador del impuesto sobre la renta, será obligación de la autoridad hacendaria anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyar su informe, cuando manifieste que no se trata del primer acto de aplicación de la ley impugnada, sino de uno ulterior, ya que es a ella a quien se entera el impuesto correspondiente y cuenta con la documentación fiscal de rigor."

Aunado a lo anterior, al escrito de expresión de agravios no se adjunta documental alguna que evidencie los planteamientos de la autoridad promovente de este medio de impugnación; y las probanzas que allegó la impetrante al expediente de amparo, tampoco acreditan el dicho de la autoridad inconforme, por lo que, se insiste, no está demostrado el hecho de que el aviso-recibo controvertido no es el primer acto que se le expide por facturación del servicio de energía eléctrica, como tampoco que el concepto "cargo por demanda" haya sido materia de cobro con antelación.

Por otra parte, en cuanto a la propuesta del revisionista de tener el pago efectuado por la quejosa, como una expresión del consentimiento de los actos reclamados, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de enero de dos mil seis, al resolver la contradicción de tesis 154/2006-SS, determinó que la contraprestación existente entre el servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad y el monto de la tarifa relativa (precio fiscal) que el usuario debe pagar, si bien no participa de la naturaleza jurídica de los "derechos" que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta, en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos, lo cierto es que, en ella, concurren características semejantes, pues en términos de los artículos 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el servicio relativo se presta por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de organismo público descentralizado, y la tarifa se fija en función de los kilowattshora consumidos por el usuario.

En esas condiciones, el Alto Tribunal hizo una equiparación de la contraprestación que debe cubrirse por concepto del consumo de energía eléctrica, con la naturaleza de las contribuciones conocidas como "derechos", como así se desprende del texto de la jurisprudencia número 2a./J. 6/2006, de la precisada instancia, visible en la página 658 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, de rubro y texto siguientes:

"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR SU PAGO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO. De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros (no necesariamente al tercero perjudicado), o se pida contra el cobro de contribuciones, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar a los interesados si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, la correlación existente entre el servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad y el monto de la tarifa relativa (precio fiscal) que el usuario debe pagar, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que en dicha contraprestación concurren características semejantes, pues en términos de los artículos 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el servicio relativo es prestado por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado, y la tarifa se fija en función de los kilowattshora consumidos por el usuario. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica y proceda conceder la suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado en el momento de la celebración del contrato correspondiente, o acredite haberlo pagado ante la Comisión Federal de Electricidad."

Se hace la precisión precedente, para ilustrar que el pago que efectuó la persona moral quejosa, directamente en una máquina de las conocidas como "Cefemático" de la Comisión Federal de Electricidad, según consta en los recibos que obran a foja 20 del expediente de amparo, no implica el consentimiento del cobro ni del apercibimiento contenidos en los avisos-recibos, ya que ha sido criterio del más Alto Tribunal el relativo a que, aun tratándose de contribuciones, su entero no implica que el tributario las consienta, como así se dejó establecido en la jurisprudencia número P./J. 68/97 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 92 del Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido que enseguida se reproduce:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada."

Siguiendo los lineamientos establecidos en el criterio transcrito, y partiendo de la base de la similitud que estableció la Segunda Sala del Alto Tribunal entre los "derechos", como contribuciones, y la contraprestación que debe pagarse por consumo de energía eléctrica, entonces procede calificar como infundado el planteamiento relativo a que el pago que realizó la sociedad mercantil impetrante constituye la manifestación del consentimiento de los actos reclamados.

Así, al no prosperar ninguna de las causales de improcedencia propuestas, procede abordar el estudio de los restantes argumentos que forman parte del agravio.

SEXTO. Es inoperante el agravio que se expresa por parte de la recurrente Comisión Federal de Electricidad, como enseguida se explica.

En principio, es necesario precisar que este asunto es de la materia administrativa y, por tanto, opera el principio de estricto derecho.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada que sustenta el Pleno del Alto Tribunal, localizable en la página 13 del Volumen 50, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. La recurrente en la revisión debe atacar en sus agravios todos los argumentos a través de los cuales el juzgador manifestó que la propia quejosa no demostró la inconstitucionalidad de los actos reclamados, o por lo menos referirse a ellos en la forma que lo estime conveniente; pero si solamente se refiere a alguno o algunos de dichos argumentos, ignorando los demás, como en materia administrativa impera el principio de estricto derecho, debe negarse el amparo."

Así, se tiene que las consideraciones torales del sexto considerando de la sentencia recurrida, consisten en que carece de fundamentación y motivación el aviso-recibo 52DG81A017600740, expedido por la Comisión Federal de Electricidad el cinco de febrero de dos mil ocho, particularmente en lo que se refiere al apercibimiento de corte del servicio de energía eléctrica y la facturación del concepto "cargo por demanda", en cantidad de $5,738.40 (cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.), ya que en el aviso-recibo no se advierte la cita de los fundamentos que faculten a las autoridades responsables para emitir el acto y que les den competencia para ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, además de que no se sustenta en modo alguno la facturación relativa al concepto denominado "cargo por demanda"; esto es, que el análisis de la documental en cuestión, evidencia carencia de los aspectos que constitucionalmente se requieren para la emisión de un acto administrativo de tal naturaleza.

Por tales razones se arribó a la conclusión de que el aviso-recibo número 52DG81A017600740, por el que se le apercibió a la quejosa ********** con cortarle el servicio de suministro de energía eléctrica, y se le facturó una cantidad a pagar por concepto de "cargo por demanda", en cantidad de $5,738.40 (cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.), es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por el artículo 16 de la Carta Magna, por lo que se concedió la protección constitucional solicitada, para que las autoridades responsables dejen insubsistente el apercibimiento de corte y el cobro del concepto "cargo por demanda" por la cantidad que se especifica, que según se advierte del comprobante visible a foja veinte del expediente de amparo, se pagó el día veinticinco de febrero de dos mil seis, sin perjuicio de que en caso de que así lo consideren, emitan un nuevo acto purgando los vicios de fundamentación y motivación detectados.

Recapitulando, se concedió a ********** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que las autoridades responsables, Comisión Federal de Electricidad, superintendente general de Zona Acapulco y jefe de facturación, ambos del mismo organismo:

a) Dejen insubsistente el aviso-recibo reclamado, relativo al servicio 320 041 203 247, identificado con número de medidor 6X6V25 expedido a la quejosa;

b) Dado que de autos (fojas 19 y 20) se evidencia que la parte quejosa pagó la cantidad de $5,738.40 (cinco mil setecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.), por concepto del cargo denominado "cargo por demanda" contenida en el aviso-recibo, se devuelva dicha suma a la peticionaria de garantías, y

c) En caso de que lo consideren pertinente, emitan diverso aviso-recibo o documento similar, pero purgando los vicios de fundamentación y motivación.

También se estableció que la protección constitucional concedida no significa que la parte quejosa ya no tenga adeudo alguno por consumo de energía, porque el amparo otorgado no tiene como finalidad que el usuario del servicio público de energía eléctrica no deba pagar la energía que haya consumido y respecto de la que no se haya efectuado el pago de la contraprestación respectiva.

En principio, es inoperante lo alegado por el promovente del recurso, en torno a que la Jueza de Distrito se excedió en su resolución e invadió la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21235-526f2928/energia-electrica-el-apercibimiento-implicito-de-corte-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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