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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 319, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE RESTRINGE LA FORMA DE GARANTIZARLA, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 88/2008. · Registro digital (IUS): 21038
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 1607.

AMPARO EN REVISIÓN 88/2008.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Resultan inoperantes unos de los agravios e infundados los restantes, en atención a las siguientes consideraciones.

Es preciso dejar establecido que el presente recurso de revisión se limitará a dar contestación a los agravios planteados por el presidente de la Diputación Permanente de la LVI Legislatura del Estado de México, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues aquélla sólo se admite respecto del particular recurrente, no así de la autoridad que interpuso el recurso de revisión.

Resulta aplicable a la anterior consideración, la tesis P. CXLVII/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo XII, septiembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE RESPECTO DE LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO QUE DETERMINÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARE SU CONSTITUCIONALIDAD. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se advierte que, en ningún caso, el órgano de control constitucional que conoce de un recurso de revisión interpuesto por una autoridad responsable, en contra de una sentencia emitida en un juicio de garantías, tiene la obligación o inclusive la potestad para suplir los agravios que se hagan valer en el mismo, pues en la fracción VI del referido precepto se limita el ámbito de aplicación de la suplencia de los agravios, exclusivamente, al caso en que sea un particular el que interpone el recurso. En estas condiciones, debe decirse que, por un lado, el órgano revisor al conocer del recurso promovido por una autoridad responsable, contra una sentencia de amparo que determinó la inconstitucionalidad de una ley, debe resolver conforme al estricto análisis de los agravios planteados por aquélla, aun cuando exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se haya establecido la constitucionalidad de la misma disposición y, por el otro, que la autoridad responsable no puede colocarse en ninguna de las hipótesis de hecho que dan lugar a la referida suplencia."

Resulta infundado el agravio por el que sostiene que la Juez de Distrito violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que contrariamente a lo manifestado por la recurrente, en la sentencia de amparo sí se establecieron los fundamentos legales en que se apoyó la Juez de Distrito para declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, tal y como se precisará más adelante en esta propia ejecutoria.

Asimismo, resultan inoperantes las diversas manifestaciones que en vía de agravios sostiene en los párrafos primero, segundo y tercero de la foja seis de su escrito de agravios, en el sentido de que:

"Por ello, contrario a lo resuelto por la a quo, el hecho de que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México señale que la reparación del daño deba otorgarse en efectivo, eso quiera decir (sic) que no respete la asequibilidad prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ello es así, puesto que el objeto de exigir al inculpado la garantía de la reparación del daño, a fin de que pueda gozar del beneficio de la libertad provisional, es el de tutelar la protección restitutoria de los derechos de la víctima u ofendido del delito, en el eventual supuesto de que aquél resulte condenado a esa prestación.

"A mayor abundamiento, el último párrafo del artículo 20 de nuestra Carta Magna establece que en todo proceso penal la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica y a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, de lo que resulta que el monto de la garantía para la reparación del daño deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, precisamente para favorecer los intereses legítimos de las víctimas u ofendidos de los delitos, con mayor equilibrio entre los sujetos que intervienen en los hechos punibles, ya que si la garantía fuera por medio de depósito en fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido, y resultara condenado el inculpado, al cumplir su condena, las cauciones para garantizar la reparación del daño se harán efectivas, en primer término a favor de la víctima o afectado por el delito, por lo que al ser garantizado el monto por cualquiera de estas formas se le dejaría imposibilitado para hacer efectivo el depósito ya que tendría que realizar trámites desgastantes para poder recuperar en ese momento la caución otorgada por el inculpado, por lo que siendo el monto depositado en efectivo queda automáticamente satisfecho el derecho de la víctima u ofendido de que se repare el daño causado."

Se afirma lo anterior, porque en los mismos la autoridad responsable recurrente se limita a reiterar sustancialmente los argumentos expresados al rendir su correspondiente informe justificado, el cual se encuentra visible de las fojas veintiocho a la treinta del juicio de amparo, específicamente en sus párrafos cinco a nueve de su informe justificado, en los que sostuvo:

"... El artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México señala que desde el momento en que quede puesto a disposición del órgano jurisdiccional, el inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución, una vez que lo solicite y reúna los requisitos establecidos para tal efecto; señalando que las garantías indicadas en las fracciones II y III de dicho precepto, podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido, excepto la relativa a la reparación del daño que deberá ser siempre mediante depósito en efectivo.

"Lo anterior tiene sustento en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se desglosan los requisitos que habrán de cumplirse ante la autoridad judicial para obtener la libertad provisional y, en su caso, las causas y consecuencias de la revocación de dicha libertad en relación con el destino de las garantías relativas a la reparación del daño.

"Esta representación popular al establecer que la reparación del daño a la víctima u ofendido del delito deba ser siempre garantizada en efectivo, tomó en cuenta que se debe buscar un equilibrio entre las partes, toda vez que si la garantía fuera por medio de depósito en fianza, prenda e hipoteca o fideicomiso formalmente constituido y resultara condenado el inculpado, al presentarse a cumplir su condena, las cauciones para garantizar la reparación del daño se harán efectivas, en primer término a favor de la víctima u ofendido del delito, por lo que al ser garantizado el monto por cualquiera de estas formas se le dejaría imposibilitado para hacer efectivo el depósito ya que tendría que realizar trámites desgastantes para poder recuperar en ese momento la caución otorgada por el inculpado; en contraste, si el monto de la reparación del daño es depositado en efectivo queda automáticamente satisfecho el derecho de la víctima u ofendido de que se repare el daño causado.

"Es de tomarse en cuenta que el monto de la caución será fijado por el tribunal tomando en consideración la naturaleza del delito, lo que en ningún momento contraviene el segundo párrafo de la fracción I del artículo 20 de nuestra Carta Magna.

"A mayor abundamiento, el último párrafo del artículo 20 de la Constitución Federal establece que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido del delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica y a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda; de lo que resulta que el monto de la garantía para la reparación del daño, deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, precisamente para favorecer los intereses legítimos de las víctimas u ofendidos de los delitos, con mayor equilibrio entre los sujetos que intervienen en los hechos punibles, sin que pase inadvertido que el monto que le fue fijado al quejoso para garantizar la reparación del daño es meramente provisional y en todo caso se le podrá hacer efectivo en el supuesto de que sea sentenciado por el o los delitos que se le imputan ..."

En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 133/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI SE LIMITAN A REITERAR SUSTANCIALMENTE LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. Conforme a los artículos 83, fracción IV, 87 y 88 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que obtuvo sentencia de amparo desfavorable a sus intereses puede interponer el recurso de revisión, expresando los agravios que considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si la autoridad recurrente al formular sus agravios no combate consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a reiterar sustancialmente los argumentos expresados al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se dirigen a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda de garantías, resulta inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes. Ello es así, porque al ser la materia de la revisión la sentencia recurrida y no los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis de la mencionada ley, pues aquélla sólo se admite respecto del particular recurrente, no así de la autoridad que interpuso el recurso de revisión."

Por otra parte, resultan infundados los restantes agravios, toda vez que la Juez de Distrito para declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en primer término efectuó el estudio de los preceptos legales que rigen el beneficio de la libertad provisional bajo caución, consistentes en la fracción I del apartado A, del artículo 20 constitucional, en relación con los artículos 319 fracciones I, III y IV, 321 y 324 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, del contenido siguiente:

"Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

"El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

"La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revocar la libertad provisional."

"Artículo 319. Desde el momento en que quede a disposición del órgano jurisdiccional, todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:

"I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, se observarán las disposiciones establecidas en el código penal;

"II. Que garantice las sanciones pecuniarias, fijándose al efecto el medio aritmético de la que corresponda al delito;

"III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso; y

"IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la ley penal.

"La garantía a que se refiere la fracción I deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, y las señaladas en las fracciones II y III podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido."

"Artículo 321. Para la concesión de la libertad provisional, se atenderá, en todo caso, al delito señalado en la consignación, en el auto de formal prisión, o en la sentencia de primera instancia; y en el caso en que aquél pueda ser objeto de calificativas o modificativas, que aumenten o disminuyan la penalidad, se atenderá a las que aparezcan probables en el momento en que se solicite."

"Artículo 324. El monto de la caución que garantice la libertad provisional del inculpado será fijada por el órgano jurisdiccional, tomando en consideración:

"I. Los antecedentes del inculpado;

"II. La gravedad y circunstancias del delito imputado;

"III. El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en sustraerse a la acción de la justicia;

"IV. Sus condiciones económicas;

"V. La naturaleza de la garantía que se fije; y

"VI. En su caso, la satisfacción previa de la garantía del monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele."

De los preceptos anteriores, tal y como lo sostuvo la Juez de Distrito, el beneficio de la libertad provisional bajo caución, es un derecho elevado a rango constitucional a favor de todo aquel implicado en un proceso de carácter penal, siempre y cuando se cumpla con las exigencias que para el caso establece la ley penal respectiva, permitiendo al sujeto del delito afrontar dicho proceso sin tener que ver afectada su libertad con la prisión preventiva.

Además, en los casos establecidos por la ley, debe otorgarse inmediatamente a la persona, si lo solicita, su libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se encuentre dentro de los parámetros que exige a construcción, (sic) de modo que tal beneficio tiene como propósito establecer un equilibrio entre las garantías de libertad y de audiencia, en relación con la prisión preventiva.

Resulta aplicable la tesis P. XX/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veinte, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. TIENE COMO PROPÓSITO ESTABLECER UN EQUILIBRIO ENTRE LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD Y DE AUDIENCIA, EN RELACIÓN CON LA PRISIÓN PREVENTIVA. Sin menoscabo de los fines sociales de preservar el proceso, garantizar la ejecución de la pena y asegurar la integridad del ofendido y la tranquilidad social, y con el fin de obtener un equilibrio entre las citadas garantías y la prisión preventiva -que constituye una excepción justificable a las mismas, tratándose de los procesados por delitos sancionados con pena privativa de libertad-, el Poder Constituyente estableció la garantía de libertad provisional bajo caución, que se debe otorgar a toda persona que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Así, debe atenderse específicamente al contenido del artículo 20 constitucional, apartado A, en su fracción I, párrafo segundo, que en la parte que interesa indica: "El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución."

Por lo que, como lo sostiene la Juez de Distrito, los ordenamientos procesales secundarios han aceptado como formas de caución la fianza, depósito en efectivo, prenda, hipoteca y, últimamente, fideicomiso, considerando a todos ellos idóneos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas; además, en los códigos procesales locales, se exige que el procesado para poder gozar de la libertad caucional, debe otorgar tres diversas garantías: por el monto estimado de la reparación del daño; por las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele; y para caucionar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso.

Razón por la cual, si por mandato del artículo 20 constitucional, apartado A, fracción I, la forma de constituir esas tres garantías deberán ser asequibles para el procesado; es decir, poder optar por la que pueda conseguir, entonces, como lo sostiene la a quo, al haberse dado vigencia al artículo 319 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de México, se estableció una limitante tratándose de la caución para garantizar la reparación del daño, relativa a que deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, haciendo con ello nugatoria la comentada disposición constitucional, porque al establecer que la garantía para la reparación del daño deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, se restringe un derecho que la Ley Fundamental otorga al inculpado, por cuanto a que prácticamente de ésta excluye cualquier otro tipo de garantía que pueda ser asequible al inculpado.

Es decir, la caución en efectivo, como único medio de garantía, es inaceptable, porque funciona contra aquellos sujetos que se encuentran imposibilitados para presentar una suma determinada de dinero (aunque podrían garantizar sus obligaciones por otro medio), lo cual se opone al espíritu legislativo que estableció el término "asequible" en el aludido precepto constitucional:

"Porque si bien, la finalidad que persigue el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado de México, es la de garantizar la reparación del daño, la misma queda satisfecha desde el momento en que se otorga caución, en cualquiera de las modalidades que sean alcanzables, ya que tanto la fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, etc., tienen la misma finalidad, esto es, que la persona constituya frente al Estado fianza en un proceso o en grado de averiguación, con la condición de que si incumple perderá el monto con que aseguró la observancia de las obligaciones; por lo que resulta infundado el agravio en el que sostiene que el inculpado debió demostrar y en su defecto, solicitar la modificación del monto en efectivo relativo a la reparación del daño, para hacerlo asequible a sus posibilidades económicas, es decir, lo que pudiera ser discutible sería el monto de la garantía y no su forma, circunstancia que no puede ser objeto de controversia constitucional."

En efecto, el propio artículo 319 prevé distintas formas de caución, tratando de garantizar las sanciones pecuniarias y el cumplimiento de las obligaciones en razón del proceso y si todas ellas son idóneas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, no hay razón para que la reparación del daño se garantice en afectivo, ya que igual seguridad jurídica le dan al ofendido del delito las otras formas de caución.

Con lo que evidentemente queda evidenciada la inconstitucionalidad del artículo 319, último párrafo, antes 340 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, precepto este último, que como lo refiere la Juez de Distrito, ya fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/99, visible en la página dieciocho, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto expresa:

"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 340, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE RESTRINGE LA FORMA DE GARANTIZARLA, ES INCONSTITUCIONAL.-El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como garantía de todo inculpado, que: ‘I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio ... El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado.’. Los ordenamientos procesales secundarios, en cumplimiento a este mandato constitucional, han establecido como medios de caución, entre otros, los consistentes en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca y fideicomiso, para que el procesado opte por el que le sea más fácil conseguir, pues ese es el significado de asequible (aquello posible de ser alcanzado o conseguido). El último párrafo del artículo 340 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México se aparta de este principio al exigir, como requisito para obtener la libertad provisional, que la caución para garantizar la reparación del daño se haga mediante depósito en efectivo. Tal disposición es inconstitucional, pues restringe la garantía establecida en el artículo 20 de la Ley Fundamental, al excluir cualquier otro medio de caución asequible para el procesado e igualmente idóneo para garantizar las responsabilidades a su cargo, sin que exista razón alguna, ya que igual seguridad jurídica le dan a la víctima del delito las otras formas de caución que han sido aceptadas por el legislador ordinario como efectivas."

Lo que resulta aplicable en el caso a estudio, al advertirse que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha considerado inconstitucional el acto legislativo por el cual se requiere que la garantía relativa a la reparación del daño debe ser siempre mediante depósito en efectivo (a que se refiere la fracción I del artículo 319, antes 340).

Es decir, si el artículo 319 del código procesal multirreferido contiene la misma naturaleza y alcances que el artículo 340 anterior, es evidente que si ya fue declarado este último como inconstitucional, igual declaración debe realizarse respecto del que constituye la materia de estudio de la presente instancia constitucional.

Igual criterio sostuvo la anterior integración de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis II.1o.P.95 P, visible en la página mil trescientos cincuenta y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"-El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía de todo inculpado que: ‘... I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. ... El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. ...’. Por su parte, el último párrafo del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, establece: ‘La garantía a que se refiere la fracción I deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, y las señaladas en las fracciones II y III podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido.’. Como se advierte, aun cuando la legislación del Estado de México ha establecido como medios de caución, entre otros, los consistentes en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca y fideicomiso, para que el procesado opte por el que le sea más fácil conseguir, pues ese es el significado de asequible (aquello posible de ser alcanzado o conseguido), en cambio, el último párrafo del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, se aparta de ese principio, pues establece como requisito para obtener la libertad provisional, que la caución exigida para garantizar la reparación del daño sea mediante depósito en efectivo; lo anterior evidencia la inconstitucionalidad del precepto, pues restringe la garantía establecida en el artículo 20 de la Ley Fundamental, al excluir cualquier otro medio de caución asequible para el procesado e igualmente idóneo para garantizar las responsabilidades a su cargo, sin que exista razón alguna, ya que igual seguridad jurídica le dan a la víctima del delito las otras formas de caución que han sido aceptadas por el legislador ordinario como efectivas."

Razón por la cual, por una parte, al ser inoperantes e infundados los agravios formulados por la parte recurrente y, por la otra, tal como lo refirió el a quo, al estimarse que el último párrafo del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y, por ende, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa ... en contra de los actos que reclamó de la legislatura, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y director técnico del periódico oficial "Gaceta de Gobierno", todos del Estado de México, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, firma y publicación en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" el veinte de marzo de dos mil, del Decreto Número 166, de la LIII Legislatura, relativo al Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, concretamente por lo que se refiere al último párrafo del artículo 319 impugnado.

Concesión que se hace extensiva tocante al acto de aplicación reclamado, consistente en el proveído de treinta y uno de enero de dos mil ocho (únicamente respecto a lo que fue materia de impugnación), dictado por el Juez Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal ... para el efecto de permitir que el monto que fijó para garantizar la reparación del daño por el delito que se le imputó, pueda exhibirse por la inculpada en cualquiera de las formas permitidas por la ley y no únicamente en efectivo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... en contra de los actos que reclamó de la legislatura, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y director técnico del periódico oficial "Gaceta de Gobierno", todos del Estado de México, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo, firma y publicación del Decreto Número 166, de la LIII Legislatura, en ese entonces, ahora LVI Legislatura del Estado de México, relativo al artículo 319, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, así como del diverso reprochado al Juez Sexto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la aplicación del citado numeral del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en los autos de la causa penal número ... concretamente en el proveído de treinta y uno de enero de dos mil ocho.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, presidente Antonio Legorreta Segundo, Rubén Arturo Sánchez Valencia y Martha María del Carmen Hernández Álvarez, siendo ponente la última.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21038-d9e4d0ba/libertad-provisional-bajo-caucion-el-articulo-319-ultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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