GRABACIONES TELEFÓNICAS OBTENIDAS POR UN PARTICULAR FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSTITUYEN UNA PRUEBA CONTRARIA A DERECHO QUE NO DEBE SER ADMITIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). GRABACIONES TELEFÓNICAS RELATIVAS A CONVERSACIONES PRIVADAS. EL PROVEÍDO EN EL QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA ADMITE Y ORDENA SU DESAHOGO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO AL AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS.
AMPARO EN REVISIÓN 136/2008.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios expuestos son inconducentes al fin que su expresión procura con base en las siguientes consideraciones.
Ante todo, cabe referir que para una mejor comprensión del asunto en estudio es necesario precisar los siguientes antecedentes:
1. El ahora tercero perjudicado ... demandó de ... (quejosa), la disolución del vínculo matrimonial, entre otras prestaciones, invocando, para lo que aquí interesa, que en el caso concreto se actualiza la causal de divorcio regulada en la fracción I del artículo 248 del Código Civil vigente, debido a que la demandada ha incurrido en adulterio;
2. Dicho procedimiento fue radicado en el Juzgado ... bajo el número de expediente ...
3. Mediante escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil siete, el actor ... ofreció diversos medios de prueba, entre ellos, siete grabaciones telefónicas contenidas en cintas magnéticas de grabación relativas a conversaciones sostenidas entre la demandada y el señor ... así como el reconocimiento de dichas grabaciones, con la finalidad de justificar el adulterio que le atribuye a la demandada;
4. El día diez de julio de dos mil siete, el Juez ... de esta ciudad dictó un auto en el que, para lo que aquí interesa, admitió las pruebas documentales técnicas consistentes en las diversas grabaciones telefónicas ofrecidas por el actor, así como el reconocimiento de las mismas, señalando día y hora para el desahogo de cada una de ellas;
5. El día veintiséis de julio de dos mil siete, la demandada ... presentó demanda de amparo indirecto, señalando como acto reclamado, el auto dictado el día diez de julio de dos mil siete por el Juez ... de esta ciudad (demanda que fue radicada en el Juzgado ... de Distrito, bajo el número de expediente ...);
6. El treinta de julio de dos mil siete ... presentó un escrito en el procedimiento civil de origen a través del cual promovió incidente de objeción de documentos, entre ellos, de las cintas de audio ofrecidas por el actor del juicio de origen;
7. Con fecha nueve de agosto de dos mil siete, el Juez ... de esta ciudad admitió a trámite el incidente de objeción de documentos promovido por la demandada (quejosa);
8. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil ocho, el Juez ... de Distrito en el Estado dictó sentencia en el juicio de garantías en la cual determinó conceder el amparo solicitado por ... y ordenó al Juez responsable emitir un nuevo auto en el que no admita las pruebas consistentes en diversas grabaciones telefónicas (documentales técnicas de audio), ni el reconocimiento de las mismas.
9. Inconforme con esa resolución, el tercero perjudicado promovió el recurso de revisión que se analiza.
Antes de analizar los motivos de agravio expresados, este tribunal considera conveniente destacar que el acto que se reclamó, en la especie, positivamente, puede ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto.
En efecto, cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado, el proveído por el que la autoridad responsable, admite y ordena desahogar la prueba documental técnica consistente en diversas grabaciones telefónicas que revelan conversaciones privadas, resulta evidente que dicho acto positivamente puede ser impugnado a través del juicio de amparo biinstancial, porque dicha determinación no se limita a afectar únicamente los derechos procesales del impetrante, sino que, por el contrario, se traduce en un acto cuya ejecución es de imposible reparación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior se sostiene porque la admisión de la prueba referida constituye, por sí misma, una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del peticionario de garantías, toda vez que como consecuencia directa de esa determinación, la persona que haya participado en las referidas conversaciones telefónicas, verá afectadas sus garantías individuales, como lo es el derecho a la privacidad y a la intimidad; derechos, estos últimos, cuya afectación no podrá ser resarcida aun cuando el impetrante obtenga sentencia favorable en el juicio; por ello, la determinación reclamada debe considerarse como de imposible reparación y, por ende, es correcto admitir el juicio de amparo indirecto en estos supuestos.
Una vez precisado lo anterior, procede analizar los agravios planteados en los siguientes términos:
I. El recurrente (tercero perjudicado) aduce que la resolución impugnada resulta contraria a derecho, toda vez que el juzgador federal omitió analizar que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia regulada por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de garantías es improcedente cuando proceda algún recurso o medio de defensa en virtud del cual, se pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y agrega que, precisamente, en la especie, existe un recurso o medio de defensa para impugnar el acto reclamado, a saber: el incidente de objeción de pruebas que fue promovido por la propia quejosa.
Con base en lo anterior, el tercero perjudicado aduce que el Juez de Distrito debió decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías pues, además de la causa de improcedencia invocada, en el caso también se actualiza la causal que regula la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, debido a que actualmente se encuentra en trámite el aludido incidente de objeción de pruebas.
Es infundado este motivo de agravio, de conformidad con lo siguiente.
Contrariamente a lo que se afirma, del análisis del fallo recurrido se desprende que el Juez de Distrito positivamente analizó las causales de improcedencia invocadas por el tercero perjudicado y, al respecto, indicó que las mismas no se actualizan en el caso concreto.
En efecto, el juzgador federal precisó que si bien es cierto que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que la demandada promovió el referido incidente de objeción de documentos y que éste fue admitido en el procedimiento de origen, también lo es que, ese incidente no constituye una vía idónea de impugnación que pueda tener como resultado la revocación, la modificación o la anulación del acto contra el cual se solicitó el amparo (es decir, del acuerdo dictado el 10 de julio de 2007), porque dada su naturaleza, el referido incidente únicamente interfiere en el valor probatorio de las pruebas objetadas, pero no puede tener como resultado la revocación del proveído en el cual se admitieron dichas pruebas, ni mucho menos puede impedir el desahogo de las mismas.
Con base en lo anterior, el Juez de Distrito resolvió que en el caso concreto no se actualizan las causas de improcedencia reguladas por las fracciones XIII y XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo pues, al respecto, refirió lo siguiente:
"... El tercero perjudicado ... sostiene que el juicio de amparo es improcedente en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, en relación con la diversa fracción XIV, ambas del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que se está tramitando un incidente de objeción de documentos, en el cual se objetaron las pruebas reclamadas dentro del presente juicio de garantías. En efecto, en la fracción XIV del citado precepto legal, se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando existiendo un recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste se haya interpuesto por el quejoso y se esté tramitando ante los tribunales ordinarios, al disponer: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente ... XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado ...’. Conforme al precepto antes transcrito, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, así como que se resuelva innecesariamente sobre el mismo aspecto en dos medios de defensa (el ordinario y extraordinario), que puedan traer los mismos efectos, es decir, se consagra el principio de no simultaneidad, motivo de improcedencia que no tiene excepción alguna. Ahora bien, con la finalidad de determinar cuándo se actualiza dicho motivo de improcedencia, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia publicada con el número P./J. 144/2000, en la página 15 del Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ...’. En el caso a estudio, si bien es cierto que con posterioridad a que la autoridad responsable rindió su informe justificado y, en cumplimiento a un requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito, remitió las constancias relativas al incidente aludido, documentales que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o., merecen valor probatorio pleno, de las que se advierte la admisión de dicho incidente, también lo es que este órgano jurisdiccional considera que dicho incidente, no constituye la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo, lo anterior, en virtud de que dicho incidente, dada su naturaleza, únicamente incide en el valor probatorio de las pruebas objetadas, no así el que tenga como resultado, la revocación del proveído en el cual se admitieron dichas pruebas y, por tanto, impedir el desahogo de éstas, que es finalmente el acto de ejecución irreparable que reclama la parte quejosa; motivo por el cual, no se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por el tercero perjudicado." (subrayado añadido).
Por ende, es infundado este motivo de inconformidad.
II. El recurrente aduce que, contrariamente a lo que consideró el Juez de Distrito, el incidente de objeción de documentos promovido por la quejosa en el procedimiento civil de origen, positivamente puede tener como resultado modificar, nulificar o revocar el acto reclamado (es decir, el auto dictado el 10 de julio de 2007) y, por ende, afirma que el juzgador debió estimar que dicho incidente es un medio de impugnación idóneo para tales efectos, actualizándose en consecuencia, las causales de improcedencia reguladas por las fracciones XIII y XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Este motivo de agravio resulta insuficiente, porque en los casos en que no opera suplir la deficiencia de la queja, tal como acontece en el caso en estudio, la parte recurrente se encuentra obligada a precisar en sus agravios, la ilegalidad del fallo que se revisa y los perjuicios que el mismo le ocasiona, evidenciando la existencia de las transgresiones legales que invoca, mediante la expresión de los razonamientos que dejen en claro la falta de ajuste entre lo considerado por el Juez de Distrito y lo ordenado por la ley.
Por ende, no basta que, en la especie, el recurrente se limite a señalar que el incidente de objeción de documentos promovido por la quejosa en el procedimiento civil de origen, positivamente puede tener como resultado modificar, nulificar o revocar el acto reclamado, pues omite señalar las razones que le den sustento a su afirmación, es decir, el inconforme no explica por qué es que el referido incidente puede generar el resultado mencionado; de ahí, lo insuficiente de este motivo de inconformidad.
Únicamente a mayor abundancia, cabe referir que, contrariamente a lo que se sostiene, el "incidente de objeción de documentos" promovido por la demandada (quejosa) en el procedimiento de origen, no puede tener como resultado la modificación, la revocación o la anulación del acto reclamado (es decir, del acuerdo que admitió como pruebas las diversas grabaciones telefónicas ofrecidas por el actor y que señaló día y hora para el desahogo de las mismas y para su reconocimiento) porque, tal como lo consideró el Juez de Distrito, atendiendo a la naturaleza del referido incidente, resulta inconcuso que el mismo tiene como finalidad directa e inmediata "objetar", es decir "oponerse" al valor probatorio que le pueda corresponder a las citadas documentales técnicas (grabaciones telefónicas) como su propio nombre lo indica, pero no tiene como objetivo controvertir o rebatir las razones con base en las cuales, el juzgador responsable determinó "admitir" las referidas probanzas y mucho menos revocar o nulificar ese auto.
III. El inconforme señala que el juzgador federal aplicó en forma inexacta lo que dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, porque al considerar que la admisión y el desahogo de las grabaciones telefónicas ofrecidas por el actor del juicio de origen, transgreden las garantías de "intimidad" o "vida privada" de la quejosa, prejuzgó respecto de las pruebas de audio referidas, cuando ni siquiera conoce su contenido.
Es infundado este motivo de agravio.
Contrariamente a lo que se afirma, del estudio de la sentencia recurrida se desprende que el Juez de Distrito no prejuzgó sobre el contenido de las diversas grabaciones telefónicas ofrecidas por el ahora tercero perjudicado en el procedimiento civil de origen, ya que no emitió ninguna consideración relacionada con el contenido de dichas documentales técnicas.
Por el contrario, lo que consideró el juzgador federal fue que esos específicos medios de prueba no pueden admitirse en un proceso, ni mucho menos deben desahogarse, porque ello atenta a lo establecido en el artículo 16 constitucional.
Es decir, el Juez de Distrito indicó que del análisis de la exposición de motivos de la reforma al artículo 16 constitucional de fecha tres de julio de mil novecientos noventa y seis, a través de la cual, se adicionaron los párrafos noveno y décimo de dicho numeral (quedando en los siguientes términos: "Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio."), se desprende que la adición referida, tuvo como propósito establecer las bases que permitan adoptar algunas estrategias procedimentales para combatir el crimen organizado, como lo es la intervención de los medios de comunicación privada, pero que dichas autorizaciones no están permitidas en determinadas materias como la civil, porque ello vulneraría las garantías constitucionales como la intimidad o la vida privada de las personas.
Además, el Juez de Distrito indicó que cuando un particular realiza la intervención de alguna comunicación privada, la misma entraña una ilicitud constitucional, porque la primera parte del párrafo noveno del artículo 16 constitucional establece como principio universal que: "Las comunicaciones privadas son inviolables ...", lo que implica que ni la autoridad ni los particulares pueden intervenir una comunicación privada, salvo en los casos y con las condiciones que respecto a las autoridades establece el propio numeral.
Con base en lo anterior, el juzgador federal determinó conceder el amparo solicitado, porque estimó que la admisión de las diversas grabaciones telefónicas por parte del Juez responsable, vulnera la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas prevista en la primera parte del párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución Federal y, por ende, también transgrede lo dispuesto en el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, el cual dispone que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitación que la que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral y resulta que, en el caso concreto, las referidas probanzas no pueden admitirse porque al haberse obtenido a través de una conducta que entraña un ilícito constitucional (es decir, a través de la intervención telefónica de un caso no permitido por la Constitución), resulta evidente que se trata de pruebas que son contrarias a derecho.
Como puede advertirse el Juez de Distrito se apoyó en las razones que han quedado reseñadas para conceder el amparo solicitado, pero no prejuzgó sobre el contenido de las grabaciones telefónicas que ofreció el ahora tercero perjudicado en el procedimiento civil de origen.
De ahí, lo infundado de este motivo de agravio.
IV. El recurrente alega que contrariamente a lo que estimó el Juez de Distrito, las pruebas admitidas en el auto reclamado (es decir, las diversas grabaciones telefónicas a través de las que se pretende probar el adulterio de la demandada) no están prohibidas por la ley, ni resultan contrarias a la moral, tan es así, que el juzgador natural admitió dichas probanzas.
Es inoperante este motivo de inconformidad, porque el hecho de que el juzgador responsable haya admitido las pruebas que se cuestionan (es decir, las grabaciones telefónicas a través de las cuales pretendió justificar el adulterio de la demandada) no se traduce en que, por ese sólo hecho, las referidas probanzas deban considerarse apegadas a la ley pues, precisamente, a través del juicio de garantías, se analiza la actuación de la autoridad responsable a efecto de establecer si la misma resulta correcta o si resulta ilegal y, precisamente cuando se arriba a la conclusión de que la responsable ha actuado en forma indebida, como sucedió en el caso concreto, debe otorgarse el amparo para el efecto de que las cosas se restablezcan al estado que guardaban antes de la violación de garantías.
Por ende, deviene intrascendente que el Juez responsable haya admitido las grabaciones telefónicas referidas, pues esa circunstancia no impide que la resolución reclamada pueda considerarse violatoria de garantías.
V. Por último, el tercero perjudicado alega que no debió concederse el amparo solicitado a la quejosa porque:
a) El ahora recurrente no colocó un dispositivo expresamente para intervenir la línea telefónica de la quejosa;
b) Porque al contrario, debido a que el propio recurrente tiene la profesión de ingeniero en comunicaciones y electrónica, colocó algunos aparatos en el que fue su domicilio conyugal, con motivos experimentales y captó, por casualidad, conversaciones telefónicas en las que participó la quejosa, pero el recurrente no tuvo la intención expresa ni el propósito de interferir las conversaciones telefónicas de la impetrante en particular; y,
c) Porque, además, las pruebas referidas no se pretenden desahogar ante cualquier persona o en un lugar público, exhibiendo la vida privada de la quejosa sino que, por el contrario, dichas probanzas se pretenden desahogar ante el Juez natural en una audiencia que, inclusive, puede tener el carácter de privado y dentro de un procedimiento judicial que tiene por objeto conocer un aspecto de la vida privada de la quejosa, pues lo que se trata de probar en el juicio civil de origen es la causal de divorcio consistente en el adulterio en el que ella incurrió, por lo que resulta necesario desahogar las grabaciones telefónicas referidas.
Estos agravios son inoperantes, porque a través de ellos no se controvierten las consideraciones básicas o esenciales en que se apoyó el Juez de Distrito para conceder el amparo solicitado; es decir, el recurrente no combate lo que señaló el juzgador federal en el sentido de que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 16 constitucional y en la exposición de motivos de la reforma efectuada a dicho numeral el día tres de julio de mil novecientos noventa y seis, cuando un particular realiza la intervención de alguna comunicación privada, la misma entraña una ilicitud constitucional, porque la primera parte del párrafo noveno del artículo 16 constitucional establece como principio universal que: "Las comunicaciones privadas son inviolables ...", lo que implica que ni la autoridad ni los particulares pueden intervenir una comunicación privada, salvo en los casos y con las condiciones que respecto a las autoridades establece el propio numeral.
Tampoco controvierte el inconforme, lo que señaló el Juez de Distrito en el sentido de que las referidas probanzas (grabaciones telefónicas) no pueden admitirse porque al haberse obtenido a través de una conducta que entraña un ilícito constitucional (es decir, a través de la intervención telefónica de un caso no permitido por la Constitución), resulta evidente que se trata de pruebas que son contrarias a derecho, lo cual, vulnera no sólo lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, sino lo que señala el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en cuanto a que, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador debe valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.
En consecuencia, al no rebatirse las consideraciones básicas referidas, devienen inoperantes los motivos de agravio en estudio.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número XIX.2o. J/5, consultable en la página 95 del tomo 85, enero de 1995, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone literalmente:
"AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE REVISIÓN.-Son inoperantes los agravios cuando en éstos no se formula objeción alguna contra los lineamientos que rigen el fallo recurrido, o bien, cuando son varias las consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, resultando ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito sobre los que descansa el sentido del fallo."
Finalmente, cabe referir que este Tribunal Colegiado considera correcto lo que resolvió el Juez de Distrito, porque tal como éste lo señaló, del análisis del artículo 16 constitucional y de la exposición de motivos de la reforma efectuada a dicho numeral el día tres de julio de mil novecientos noventa y seis, se desprende que la intervención de los medios de comunicación privada únicamente está permitida como una estrategia para combatir el crimen organizado, en los términos y con las condiciones que el propio numeral establece; sin embargo, cuando un particular realiza la intervención de alguna comunicación privada, la misma entraña una ilicitud constitucional, pues la primera parte del párrafo noveno del artículo 16 constitucional establece como principio universal que: "Las comunicaciones privadas son inviolables ..."; en consecuencia, las grabaciones telefónicas obtenidas fuera de los casos que prevé el artículo 16 invocado, no pueden ser admitidas como medio de prueba en un procedimiento, porque al haberse obtenido a través de una conducta que entraña un ilícito constitucional, resulta evidente que se trata de pruebas contrarias a derecho, lo cual, vulnera no sólo lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, sino lo que señala el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en cuanto a que, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador debe valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.
En esta tesitura, ante lo inconducente de los agravios expuestos, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 83 a 91 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución que se revisa.
SEGUNDO.-La Justicia Federal ampara y protege a ... contra el acto que reclamó de la autoridad que quedó precisada en el resolutivo primero de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando del fallo recurrido.
Notifíquese; publíquese; y envíese testimonio al Juez ... de Distrito en el Estado de Querétaro, sin perjuicio de lo que éste determine de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 29 de la Ley de Amparo.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Germán Tena Campero y Jorge Mario Montellano Díaz, en contra del voto particular que por separado formula el Magistrado presidente Mario Alberto Adame Nava, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21120-0235990b/grabaciones-telefonicas-obtenidas-por-un-particular-fuera-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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