EMBARGO. EL ARTÍCULO 704-C DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, AL SUPRIMIR EL DERECHO A EXIGIR EL PAGO DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO MEDIANTE AQUÉL, CON EL CONSECUENTE DERECHO A SU PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE UN JUICIO DE ESA NATURALEZA, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 58/2008.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Análisis de los agravios. Los motivos de inconformidad son ineficaces en una parte y fundados en otro aspecto.
La quejosa, ahora recurrente, reclamó el artículo 704-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con motivo del primer acto de aplicación que se hizo consistir en la "suspensión de registro de embargo", de veintiocho de junio de dos mil siete, decretada por el registrador público de la Propiedad y del Comercio de León, Guanajuato, respecto de los inmuebles con folio real ********** (De conformidad con el artículo 38 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental).
El precepto reclamado es del siguiente tenor:
"Artículo 704-C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del documento base de la acción y de los documentos justificativos de la personalidad del actor, el Juez dentro del término de tres días, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, la admitirá y mandará inscribirla en el Registro Público del a Propiedad del lugar de la ubicación del inmueble hipotecado.
"Anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad, no podrá practicarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, anterior a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho."
En sus conceptos de violación, la solicitante de garantías adujo que el anterior artículo era inconstitucional porque, a su juicio, viola la garantía de igualdad, en virtud de que la priva de su derecho a garantizar un crédito que tiene a su favor, no obstante que existe un embargo aprobado por la autoridad judicial, ya que dicho precepto protege el contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, pero no tutela su crédito que es origen de un trato comercial, lo que se traduce en una disposición privativa que no puede estar por encima de la Constitución, con lo cual se transgreden en su perjuicio las garantías de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
La Juez de Distrito declaró infundado el planteamiento anterior y negó la protección constitucional, con base en las siguientes consideraciones:
1. El artículo 13, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, entendiéndose como tales aquellas que estén dirigidas a personas en lo particular, con exclusión de las demás, y que después de aplicarse al caso previsto y determinado, pierden su vigencia, lo que significa que el mencionado precepto constitucional eleva a rango de garantía el principio de "igualdad ante la ley", al prohibir los fueros y la existencia de leyes privativas y de tribunales especiales, que se traduce en el derecho de todas las personas a ser juzgadas por las mismas leyes, las cuales deben fundarse en normas generales y no en prescripciones excepcionales o de privilegio.
2. La circunstancia de que el registrador público de la propiedad haya suspendido el registro del embargo, fundándose, para ello, en lo dispuesto por el artículo 704-C del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guanajuato, el que no constituye una ley privativa y, por lo tanto, su aplicación no es inconstitucional, puesto que la garantía de igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Federal, debe entenderse referida al aspecto jurisdiccional, en cuanto proscribe tanto la aplicación de leyes que no sean generales, abstractas y permanentes, como que el gobernado pueda ser juzgado por tribunales creados exclusivamente para conocer de determinados hechos y personas, lo que no sucede en el caso, puesto que el precepto legal tildado de inconstitucional no se refiere a personas nominalmente designadas, sino que es aplicable a todos aquellos sujetos cuya situación fáctica coincida con los supuestos normativos que contempla, ni se trata de una norma que desaparezca al aplicarse a un caso concreto, sino que ésta se seguirá aplicando hasta que sea derogada o abrogada por una ley o disposición posterior.
3. Lo anterior porque del análisis a los artículos 704-A al 704-Q del código procesal civil del Estado se advierte que el juicio hipotecario tiene por objeto, entre otros, el pago o prelación del crédito que garantice la hipoteca y aquél se tramitará en la vía hipotecaria; de manera que constituye un juicio especial, diferente a un tribunal especial, al encontrarse regulado por su propias normas procedimentales y, en ese sentido, atento al principio de especialidad, se concluye que cuando se intenta la acción hipotecaria para obtener el pago del crédito respectivo, el juicio debe tramitarse conforme a las reglas del mencionado articulado, los cuales disponen que la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia, los que quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a favor de terceros, de donde deriva la necesidad de su inscripción registral para el conocimiento de éstos, por lo que se arriba a la conclusión, que una vez iniciado ese procedimiento especial y registrada la hipoteca ante la autoridad administrativa correspondiente, si con posterioridad el demandado contrae obligaciones respecto del bien inmueble afectado en el contrato de hipoteca, el nuevo contratante o nuevo acreedor, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que, de acuerdo con lo establecido en el citado numeral 704-C del código adjetivo civil, el registro de la hipoteca tiene como efectos jurídicos sujetar a la finca que sirve de garantía al resultado del juicio hipotecario, así como que se haga saber a las autoridades y al público, que no se practique en la finca algún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el curso del procedimiento o viole los derechos en él adquiridos por el actor acreedor hipotecario, quedando desde ese momento el deudor constreñido a cumplir con la obligación de un depositario judicial respecto del bien afectado, lo que resulta congruente con el principio de persecución de la cosa que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real y que consiste en que el derecho adquirido por un tercero, cualquiera que sea su naturaleza, siempre estará sometido a la acción hipotecaria.
Como puede observarse, la juzgadora de amparo esgrimió dos razones fundamentales para declarar infundados los conceptos de violación que adujo la quejosa, los cuales son:
I. El artículo 704-C del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Guanajuato, no es inconstitucional, porque la garantía de igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Federal, debe entenderse referida al aspecto jurisdiccional, en cuanto proscribe tanto la aplicación de leyes que no sean generales, abstractas y permanentes, lo que no sucede en el caso, en virtud de que el precepto reclamado no se refiere a personas nominalmente designadas, ni se trata de una norma que desaparezca al aplicarse a un caso concreto.
II. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia, lo cual justifica que una vez iniciado el juicio hipotecario y registrada la hipoteca ante la autoridad administrativa, si con posterioridad el demandado contrae obligaciones respecto del inmueble, el nuevo contratante o nuevo acreedor, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que el registro de la hipoteca tiene como efectos jurídicos sujetar a la finca que sirve de garantía al resultado del juicio, lo que es congruente con el principio de persecución de la cosa, que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real.
La recurrente, por su parte aduce, en su escrito de agravios, en síntesis, lo siguiente:
a) Es falso que el artículo no constituya una ley privativa, porque si bien es cierto que no se impugnó dicho precepto legal en su totalidad, también lo es que en el último párrafo se encuentra su inconstitucionalidad, en la medida en que lo priva de registrar sus embargos, los cuales garantizan el pago de lo condenado en sentencia ejecutoria de un juicio ejecutivo mercantil, en donde el demandado debe garantizar con todos sus bienes, por lo que su crédito, al igual que el hipotecario, deben ser iguales ante la ley y deben tener sin distinción alguna derecho de igualdad y protección.
b) Tan es inconstitucional el párrafo segundo del artículo reclamado, que contraviene lo establecido por el artículo 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevalece sobre la ley local y establece que: "... todo embargo de bienes raíces o de derechos reales sobre bienes raíces se tomará razón en el Registro Público de la Propiedad del Partido ...". Luego, tan importante es el crédito hipotecario como su embargo, por lo que la ley federal de procedimientos civiles regula dicha situación, siendo esta ley la que debe prevalecer sobre la local, por lo que al aplicar el artículo 704-C y no el artículo 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional.
c) Resulta incorrecta la apreciación de la juzgadora, en cuanto afirma que el precepto reclamado no transgrede su garantía de igualdad porque se aplica a todos aquellos sujetos cuya situación fáctica coincida con los supuestos normativos que contempla, cuenta habida que su derecho de igualdad ante la ley queda "pisoteado" al no poder registrar su embargo por existir antes el crédito hipotecario, lo cual lo deja en total estado de indefensión para que su embargo surta sus efectos legales contra terceros, ya que si bien es cierto que debe respetarse el orden de los registros, también lo es que los registros hechos sobre la finca deben surtir efectos contra terceros.
d) El aspecto jurisdiccional a que se refiere la Juez de Distrito, al sostener que el artículo 13 constitucional proscribe la aplicación de leyes que no sean generales y abstractas, debe entenderse en un sentido amplio, el cual ampara también el aspecto administrativo, debiéndose considerar que tanto el crédito hipotecario como el embargo son actos que deben garantizarse con el patrimonio del deudor, debiendo ser ambos créditos iguales ante la ley, la cual debe respetar el derecho preferente en este caso el crédito hipotecario y, posteriormente, proteger en forma igual el derecho del embargo.
e) El artículo 704-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado no es totalmente inconstitucional, sino que su inconstitucionalidad se desprende del segundo párrafo en donde se le priva de registrar su embargo, el cual está ordenado por el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 447, cuya norma debe prevalecer sobre la ley local.
f) El precepto reclamado limita su esfera jurídica patrimonial al privarla del registro de su embargo, ya que tanto la hipoteca como el embargo son actos que garantizan un crédito que el deudor debe cubrir con todos sus bienes, debiendo ser ambos créditos iguales ante la ley.
g) La norma impugnada transgrede sus garantías de igualdad, legalidad y procedimiento consagradas por la Constitución, ya que si bien es cierto que el artículo 704-C no constituye una ley privativa, porque no se refiere a personas nominalmente designadas, sino que es aplicable a todos aquellos sujetos cuya situación fáctica coincida con los supuestos normativos que contempla, ni se trata de una norma que desaparezca al aplicarse a un caso concreto, también lo es que contraviene lo establecido por el artículo 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual debe prevalecer sobre la ley local.
h) La aplicación del artículo 704-C viola el principio de legalidad y procedimiento consagrado en el artículo 14 constitucional, ya que debe cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes, violándose en su perjuicio lo establecido por la ley federal, ya que la priva de registrar sus embargos, al no tratarla en igualdad con el crédito hipotecario, debiendo prevalecer la ley federal a la ley local.
El argumento sintetizado en el inciso c) es fundado y los demás son ineficaces.
Resultan inoperantes los agravios identificados en los incisos b), e) y g), en los que esencialmente se aduce que el artículo 704-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato es inconstitucional, porque contraviene lo establecido en el numeral 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual debe prevalecer sobre la ley local; toda vez que dicho argumento resulta ser una cuestión novedosa incursionada en el recurso de revisión que no formó parte de la litis constitucional, al no haberlo hecho valer en los conceptos de violación de su demanda, en los cuales alegó, exclusivamente, que se transgredía la garantía de igualdad, en virtud de que la priva de su derecho a garantizar un crédito que tiene a su favor, no obstante que existe un embargo aprobado por la autoridad judicial, lo que se traduce en una disposición privativa que no puede estar por encima de la Constitución.
Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 150/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 52, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes rubro y texto:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida."
Con independencia de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que la inconstitucionalidad de una norma jurídica debe ser demostrada a través de su confrontación con un precepto de la Constitución, pero no mediante su cotejo con otra norma de carácter secundario; y el argumento de inconstitucionalidad de la quejosa se basa, fundamentalmente, en que lo dispuesto en el artículo 704-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, contraviene lo establecido en el diverso numeral 447 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es decir, el precepto combatido se confronta con el contenido de uno diverso contenido en la legislación federal y no en la Constitución; de ahí que también por esa razón los agravios sintetizados en los incisos b), e) y g) son inoperantes.
Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 25/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:
"LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. La inconstitucionalidad de una ley surge de su contradicción con un precepto de la Constitución y no de oposición entre leyes secundarias."
De igual manera, resultan inoperantes los agravios sintetizados en los incisos a), d), f) y h), los cuales se analizarán conjuntamente, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, al estar estrechamente vinculados.
Con tales disidencias, la recurrente no combate las consideraciones torales que sustentan el fallo recurrido, pues reitera la afirmación que hizo en sus conceptos de violación, en el sentido de que el artículo reclamado lo priva de registrar sus embargos, los cuales garantizan el pago de lo condenado en sentencia ejecutoria de un juicio ejecutivo mercantil, en donde el demandado debe garantizar con todos sus bienes, por lo que su crédito, al igual que el hipotecario, deben ser iguales ante la ley; empero, la inconforme omite discutir frontalmente las razones que dio la Juez de Distrito al calificar de infundado dicho planteamiento.
En efecto, la recurrente se encontraba obligada a combatir los argumentos consistentes en que la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia, lo cual justifica que una vez iniciado el juicio hipotecario y registrada la hipoteca ante la autoridad administrativa, si con posterioridad el demandado contrae obligaciones respecto del inmueble, el nuevo contratante o nuevo acreedor, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que el registro de la hipoteca tiene como efectos jurídicos sujetar a la finca que sirve de garantía al resultado del juicio, lo que es congruente con el principio de persecución de la cosa, que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real.
Las razones anteriores no son discutidas por la inconforme, pues refiere genéricamente que el precepto impugnado es violatorio de la garantía de igualdad jurídica, porque se le priva de registrar sus embargos derivados de un juicio ejecutivo mercantil, cuando su crédito, al igual que el hipotecario, deben ser iguales ante la ley, pero nada dice en relación con los argumentos señalados en el párrafo anterior, que constituye la consideración toral de la sentencia sujeta a revisión para sustentar la constitucionalidad del precepto combatido, en el sentido de que una vez registrada la hipoteca ante la autoridad administrativa, si con posterioridad el demandado contrae obligaciones respecto del inmueble, el nuevo contratante o nuevo acreedor, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que el registro de la hipoteca tiene como efectos jurídicos sujetar a la finca que sirve de garantía al resultado del juicio, lo que es congruente con el principio de persecución de la cosa, que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real.
En esos términos, la recurrente no cumplió con la obligación procesal de expresar razones con las cuales demostrara que, contrariamente a lo que determinó la Juez de Distrito, en el caso, no existe justificación para que el acreedor que pretenda inscribir un embargo con posterioridad a una hipoteca, deba someterse a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en el juicio hipotecario, en razón de que el registro de la hipoteca tiene como efectos jurídicos sujetar a la finca que sirve de garantía al resultado del juicio, ya que no propone argumentos suficientes para superar las razones que expresó la juzgadora federal, carga procesal que no se cumple pues, como se dijo, la recurrente se limita a realizar afirmaciones genéricas en el sentido de que su crédito, al igual que el hipotecario, deben ser iguales ante la ley, sin que demuestre jurídicamente por qué debe ser así y, en consecuencia, ello trascendiera en una violación a la garantía de igualdad jurídica.
Falta dar respuesta al agravio sintetizado en el inciso c) de esta ejecutoria, en el que la recurrente sostiene que resulta incorrecta la apreciación de la juzgadora, en cuanto afirma que el precepto reclamado no transgrede su garantía de igualdad porque se aplica a todos aquellos sujetos cuya situación fáctica coincida con los supuestos normativos que contempla; pues, según sostiene, su derecho de igualdad ante la ley queda "pisoteado" al no poder registrar su embargo por existir antes el crédito hipotecario, lo cual la deja en total estado de indefensión para que su embargo surta sus efectos legales contra terceros, ya que si bien es cierto que debe respetarse el orden de los registros, también lo es que los que se hagan sobre la finca deben surtir efectos contra terceros.
Previamente, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, suple el error en la cita de los preceptos constitucionales que a juicio de la recurrente se transgreden en su perjuicio, ya que si bien es cierto que la inconforme aduce violación a la garantía de igualdad, también lo es que omite invocar el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo precepto es el que regula ese derecho fundamental, razón por la cual, se analizará dicha disposición, con base en los argumentos propuestos en el agravio.
Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 49/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 58, Tomo IV, agosto de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes rubro y texto:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto."
Hecha la anterior aclaración, se procede al estudio del anterior agravio en el que se aduce infracción al principio de igualdad, el cual es esencialmente fundado.
En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha concebido a la garantía de igualdad como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo cual implica que, declara el Alto Tribunal, ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.
El principio se encuentra imbíbito en varios preceptos de la Constitución Federal, entre los que puede citarse, además del 1o. que se ha mencionado, el 2o., apartado B que garantiza igualdad de oportunidades a grupos indígenas y proscribe la discriminación, el artículo 4o. que especifica que el varón y la mujer son iguales ante la ley; los artículos 13, 14 y 17 que garantizan la igualdad de las personas sujetas a un proceso jurisdiccional y la fracción IV del artículo 31 que recoge ese principio al especificar que el impuesto debe ser equitativo.
En la jurisprudencia que adelante se citará se ha postulado que en nuestro ordenamiento jurídico la igualdad es un principio complejo que otorga a las personas no solamente la garantía de que serán iguales ante la ley -esto es, en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia- sino también en la ley -o sea en relación con el contenido de la ley-, la cual tendrá que ajustarse a las disposiciones constitucionales sobre igualdad para ser constitucional.
Es oportuno clarificar que el principio de igualdad previsto en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional pregona una limitante de lo más claro: cualquier derecho de la persona no puede ser materia de discriminación, disminución, modificación, suspensión, por razones que nacen de la calidad misma de la persona, es decir, no puede vedarse el ejercicio de un derecho por razones propias de la persona, como son la edad, estado civil, preferencia sexual y, así con esa base, por ejemplo, no puede restringirse a una persona el derecho a servicios de salud porque ésta sea de edad avanzada y sólo se tengan recursos para menores de edad.
Diferente es el caso en que el menoscabo, la disminución, la limitación, nace de motivos que nada tienen que ver con el titular de ese derecho sino que se originan de razones de carácter principalmente económicas o sociales pero, incluso, en estos casos en que sea factible la limitación de los derechos y libertades de la persona, la autoridad tiene el deber de justificar que esa limitación obedece a razones constitucionalmente válidas.
Basado en lo anterior puede considerarse que ante el cúmulo de preceptos que de una u otra forma garantizan la igualdad de las personas, la garantía radica en que cualquier autoridad debe dar un trato igual a las personas y que sólo se justifica la distinción o la limitación del derecho cuando tenga sustento en bases objetivas y razonables.
Desde luego que la obligación del legislador de atender a la igualdad en el trato que ha de otorgar a quienes sean titulares de derechos no se circunscribe a los derechos que estén expresamente reconocidos como tales en la Constitución Federal, como resulta ser la salud, la propiedad e incluso la vida. Bajo el prisma de la igualdad el Constituyente asegura que cualquier autoridad debe otorgar un trato similar a quienes estén en la misma situación y particularmente tratándose de actos legislativos para el caso de que tenga que regular cualquier tipo de derechos de la naturaleza de que se trate, civil, laboral, administrativo, tiene el deber constitucional de conducirse conforme a esa Norma Suprema, la igualdad, salvo que, se justifique la distinción por alguna razón válida, teniendo en cuenta las condiciones siguientes.
En la ejecutoria que integró la jurisprudencia número 1a./J. 55/2006, del rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", se ha desarrollado una regulación para el estudio de la constitucionalidad de la ley cuando se le atribuya el vicio de infringir el principio de igualdad; regulación en la que se contempla la posibilidad de limitar el derecho, pero se exige la razonabilidad de esa medida. Las reglas son las siguientes:
"... Es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción introducida por el legislador obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Es claro que el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos constitucionalmente válidos -esto es, admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en dichas previsiones-.
"En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción introducida por el legislador. Es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar. Si la relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria introducida por el legislador y el fin que éste pretende alcanzar no es clara, o si se llega a la conclusión de que la medida es patentemente ineficaz para conducir al fin pretendido, será obligado concluir que la medida no es constitucionalmente razonable.
"En tercer lugar, debe cumplirse el requisito de la proporcionalidad de la medida legislativa bajo examen: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, sino que debe cuidar que exista un adecuado balance entre el trato desigual que se otorga y la finalidad perseguida. Queda por supuesto excluido del ámbito de lo que esta Suprema Corte debe examinar en el ejercicio de sus funciones, la apreciación de si la distinción realizada por el legislador es la medida más óptima y oportuna para alcanzar el fin deseado; ello exigiría aplicar criterios de oportunidad política cuyo uso es totalmente ajeno a la competencia jurisdiccional de esta Corte. La misma se limita a determinar si la distinción realizada por el legislador se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley, y los bienes y derechos afectados por la misma, con independencia de que, desde ciertos puntos de vista, unos puedan considerarse preferibles a otros. ..."
Conforme a esas directrices, que tienen la calidad de obligatorias para este Tribunal Colegiado, el juzgador debe verificar elementos básicos en el estudio de la ley, cuáles son, una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; que la distinción sea racional o adecuada y, por último, que la medida legislativa sea proporcional; equilibrada entre el objetivo que se busca y la limitación que se impone.
Por lo tanto, un estudio completo de la regularidad constitucional de la norma necesariamente debe tener en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21378-f83740d9/embargo-el-articulo-704-c-del-codigo-de-procedimientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 319, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE RESTRINGE LA FORMA DE GARANTIZARLA, ES INCONSTITU (AMPARO EN REVISIÓN)
- GRABACIONES TELEFÓNICAS OBTENIDAS POR UN PARTICULAR FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSTITUYEN UNA PRUEBA CONTRARIA A DERECHO QUE NO D (AMPARO EN REVISIÓN)
- REVISIÓN DE FONDO NO OBSTANTE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA EFECTOS POR EL JUEZ A QUO. CUÁNDO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- ENERGÍA ELÉCTRICA. EL APERCIBIMIENTO IMPLÍCITO DE CORTE DEL SERVICIO QUE CONTIENE EL AVISO-RECIBO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A TRAVÉS DE LA LEYENDA "FECHA LÍMITE DE PA (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis