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Modo: Corpus Pro

JUICIO ORAL MERCANTIL. LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1390-BIS-10 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO RIGE PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2014. · Registro digital (IUS): 25613
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-05-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III , Pág. 1883.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ RUIZ DE MOSQUEDA, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, VIRGILIO SOLORIO CAMPOS, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, INDALFER INFANTE GONZALES, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y BENITO ALVA ZENTENO. PONENTE: MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ RUIZ DE MOSQUEDA. SECRETARIOS: MARÍA DE LA LUZ RANGEL G., CARMINA SALOMÉ CORTÉS PINEDA, ENRIQUE CANTOYA HERREJÓN Y JUAN ARMANDO BRINDIS MORENO.

México, Distrito Federal. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión correspondiente al siete de abril de dos mil quince, emite la siguiente resolución.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis.

Por escrito de ocho de mayo de dos mil catorce, presentado ante la presidencia del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el Magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del referido circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el tribunal que preside, al resolver el amparo directo 73/2014 y el emitido por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.14o.C.8 C (10a.), localizable en la página 2552, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA EN EL JUICIO ORAL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 10 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER QUE ÚNICAMENTE SERÁ NOTIFICADO PERSONALMENTE EL EMPLAZAMIENTO Y EXCLUIR EL AUTO QUE ORDENA PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". El precedente de dicha tesis corresponde al número de amparo directo 202/2012.

El denunciante afirmó lo siguiente:

"Existe un posible criterio contradictorio entre lo sustentado por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en relación a la notificación de las actuaciones en los juicios orales mercantiles; bajo las siguientes consideraciones: PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 73/2014, promovido por **********, en sesión celebrada el diez de abril de dos mil catorce, consideró que: ‘... Ello porque el texto del artículo 1390 Bis 10, que es el aplicable al caso concreto por encontrarse inmerso en el título especial del juicio oral mercantil, establece expresamente que en el juicio oral únicamente sería notificado personalmente el emplazamiento; mientras que las demás determinaciones se notificarían a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Lo que demuestra que en el tema de las notificaciones está debidamente agotado en el capítulo especial, esto es, no existe laguna legal a suplir, puesto que el legislador fue claro en establecer que todas las notificaciones distintas al emplazamiento, se regirían conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Disposición que guarda congruencia con las bases esenciales de los juicios orales, puesto que precisamente, en la propia exposición de motivos de la ley, se estableció que a fin de mantener los propósitos de celeridad que exige un procedimiento de naturaleza preponderantemente oral, se propuso suprimir la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, para agilizar el procedimiento, tan es así que también se señaló que se tendrían por hechas las notificaciones de los acuerdos pronunciados en las audiencias, aun cuando no acudieran las partes. Razones que demuestran que en el caso concreto, no se podía aplicar el artículo 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles de manera supletoria, porque de llevarse a cabo las notificaciones bajo las reglas de otro procedimiento como el ordinario o el ejecutivo, transgrediría el principio de celeridad con el que se pretende agilizar la resolución de los conflictos planteados. Tan es así que el propio artículo 1390 Bis 8 del Código de Comercio, establece que en lo no previsto en el juicio oral se aplicarán las reglas generales del Código de Comercio, ese precepto también establece expresamente que tal supletoriedad sólo será aplicable en lo que no se opongan a dicha vía. Interpretación que no puede considerarse contraria al principio de pro persona, ya que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, de este principio no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de «derechos» alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, como en el caso acontece, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Esto acorde a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 906, con número de registro digital: 2004748, de rubro y texto siguientes: «PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.» (se transcribe) ... . Dadas las razones asentadas en el considerando que antecede, para sustentar la tesis de que no transgrede a los derechos del quejoso el hecho de que todas las actuaciones dictadas en los juicios orales mercantiles deban ser notificadas por medio de lista, aunque éstas contengan algún apercibimiento, ya que de ordenarse la notificación personal, se infringiría la naturaleza de los juicios orales, en específico el principio de celeridad que debe prevalecer en los juicios mercantiles de naturaleza oral; lo que resulta contrario a la tesis sostenida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.14o.C.8 C (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2552, de rubro: «DEMANDA EN EL JUICIO ORAL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 10 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER QUE ÚNICAMENTE SERÁ NOTIFICADO PERSONALMENTE EL EMPLAZAMIENTO Y EXCLUIR EL AUTO QUE ORDENA PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.», es procedente ordenar la denuncia de la contradicción de tesis, ante el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, para que resuelva conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 226, porque se trata de tesis contradictorias sostenidas por Tribunales Colegiados del mismo circuito.’. SEGUNDO. En oposición a lo expuesto en las consideraciones que anteceden, aparece la tesis aislada I.14o.C.8 C (10a.), sostenida por (sic) Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 2552, de rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA EN EL JUICIO ORAL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 10 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AL ESTABLECER QUE ÚNICAMENTE SERÁ NOTIFICADO PERSONALMENTE EL EMPLAZAMIENTO Y EXCLUIR EL AUTO QUE ORDENA PREVENIR AL ACTOR PARA QUE LA ACLARE, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). TERCERO. De la comparación entre lo sustentado por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se advierte que este último considera que el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio, es violatorio al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia, toda vez que no garantiza la seguridad de que el actor tenga conocimiento fehaciente del contenido de una prevención al ser notificado conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Sin embargo, este órgano colegiado sostiene que dicho precepto no transgrede los derechos de las partes, en virtud de que de ordenarse la notificación personal, se infringiría la naturaleza de los juicios orales, en específico el principio de celeridad que debe prevalecer en dichos juicios. CUARTO. Por lo expuesto, y dado que existe un posible criterio opuesto entre los órganos jurisdiccionales señalados, se denuncia la posible contradicción de tesis y en términos del artículo 107, fracción XIII, constitucional, en relación con los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, relativos al funcionamiento de los Plenos de Circuito, se solicita atentamente si así se considera, darle el trámite correspondiente para su resolución. Se anexa al presente, copia certificada de la resolución pronunciada por este cuerpo colegiado, en el amparo directo número DC. 73/2014, promovido por **********, asimismo, se enviará al correo institucional la ejecutoria relativa. Finalmente, se hace de su conocimiento que este Colegiado no se ha apartado del criterio."

SEGUNDO. Trámite de la denuncia de posible contradicción de tesis.

Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil catorce, el presidente del Pleno de este circuito, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis, ordenó su registro bajo el número 8/2014, así como notificar la radicación del expediente respectivo a los presidentes de los órganos integrantes del citado circuito.

Una vez integrado el expediente de contradicción de tesis, de conformidad con la normatividad aplicable, el asunto se turnó al Magistrado Walter Arellano Hobelsberger, presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

En sesión plenaria celebrada el cuatro de noviembre del año en curso el Magistrado ponente presentó proyecto en el sentido de declarar la inexistencia de la contradicción de criterios, el cual fue desechado por considerar que sí existía tal contradicción.

La contradicción de tesis fue returnada al actual presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Magistrado Eliseo Puga Cervantes, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a este circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO. Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los tribunales contendientes.

TERCERO. Posturas contendientes.

A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el diez de abril de dos mil catorce, resolvió el juicio de amparo directo 73/2014, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"TERCERO. Apuntes previos relativos a la naturaleza de los juicios orales mercantiles. Reglas Generales del Juicio Oral Mercantil. Principios rectores. Los principios rectores en los juicios orales mercantiles son los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Procedimiento. 1. De la demanda. A pesar de la denominación de la vía oral mercantil, queda claro que no es absolutamente oral, así como el procedimiento escrito, no es totalmente escrito, sino que en realidad en cada uno predomina un rasgo al que deben su denominación. Así, en el juicio oral la demanda y su contestación son por escrito, lo que definirá a la vez la litis del juicio. En la forma escrita, el artículo 1390 Bis 11 establece como requisitos de la demanda, señalar el nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su domicilio. Si la demanda fuere oscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos de ley, en el auto inicial, el Juez señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una sola ocasión. El actor deberá cumplir con la prevención que haga el Juez, en un plazo máximo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación y en caso de no hacerlo, transcurrido el término, el Juez la desechará precisando los puntos de la prevención que no fueron atendidos y pondrá a disposición del interesado todos los documentos originales y copias simples que se hayan exhibido con excepción de la demanda con la que se haya formado el expediente respectivo. De cumplirse con los requisitos del dispositivo legal invocado, el Juez admitirá la demanda y se ordenará el emplazamiento al demandado, concediéndole un plazo de nueve días para que conteste la demanda por escrito o en su caso, realice la conducta procesal que a su interés convenga, bajo pena de preclusión. 2. Del emplazamiento. Siguiendo los lineamientos del artículo 1390 Bis 15 del Código de Comercio el emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador. En dicha diligencia el actuario se deberá cerciorar de que se encuentra en el domicilio del buscado, entre otros supuestos. En términos del artículo 1390 Bis 10 en el juicio oral únicamente será notificado personalmente el emplazamiento. Las demás determinaciones se notificarán a las partes conforme a las reglas de las notificaciones no personales. Exposición de motivos de la reforma que adiciona los juicios orales al Código de Comercio. ‘La aspiración del Constituyente de 1917 fue contar con un sistema de impartición de justicia cuya prontitud, eficacia y eficiencia fueran suficientes para atender la demanda social por instrumentos estatales que, además de solucionar conflictos y ordenar la restitución de los bienes y derechos perdidos, contasen con la prontitud y celeridad necesarios para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que pusieran fin a las controversias. Así, en este ánimo por contar con un sistema más acorde con el dinamismo social y las exigencias propias de los tiempos en que vivimos, en la LX Legislatura hemos sido testigos de la necesidad de adecuar los ordenamientos mercantiles. Es el caso de la serie de reformas y adiciones realizadas en el Código de Comercio, en busca de un mejor sistema de impartición de justicia. Asimismo, cabe resaltar el interés que han presentado diversos legisladores por esta clase de reformas, atendiendo a un espíritu de justicia pronta y expedita. Mediante esta iniciativa se propone la creación de un sistema de impartición de justicia cuya base sea la preeminencia de la oralización de los juicios en materia mercantil, particularmente para los procedimientos ordinarios, pues representan el mayor porcentaje de asuntos que conocen los Jueces en esta materia, dejándose salvos los asuntos que tengan prevista una tramitación especial en el mismo código, como los ejecutivos mercantiles, especiales de fianzas y ejecución de prenda sin transmisión de la posesión, a efecto de evitar incongruencias en ellos. En la estructura normativa de esta propuesta nunca dejan de observarse como principios los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Una de las novedades radica en el establecimiento de la garantía de acceso a la justicia en igualdad de condiciones a personas con capacidades diferentes y a grupos vulnerables, mediante la designación de intérpretes para personas que no puedan hablar, oír, padezcan invidencia o no hablen el idioma español, con lo cual se garantiza el efectivo acceso a la justicia. Dada la naturaleza del procedimiento oral, se consideró necesario dotar al Juez con mecanismos de control y rectoría que le permitan llevar la mejor conducción del juicio. Al efecto se le otorgan las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden en las audiencias, incluido el poder de mando de la fuerza pública, la limitación del acceso del público a ellas y la facultad de decretar recesos, de estimarlo necesario, sin que ello implique dilación del procedimiento. A fin de mantener los propósitos de celeridad que exige un procedimiento de naturaleza preponderantemente oral, se propone suprimir la totalidad de las notificaciones personales, con excepción del emplazamiento, con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno de la garantía de audiencia. Asimismo, se tienen por hechas las notificaciones de los acuerdos pronunciados en las audiencias, aun cuando no acudan las partes. Asimismo, se dota al Juez de las más amplias facultades de dirección para efectos de conciliar a las partes, con el propósito de solucionar aún más rápido las controversias que se plantean ante los tribunales. Acorde con lo anterior, se conmina la asistencia de las partes mediante la imposición de una sanción, dado que es necesaria su presencia a fin de lograr acuerdos conciliatorios entre ellas. Con la finalidad de que el procedimiento sea ágil y el desahogo de pruebas se realice en una sola audiencia (audiencia de juicio), se establece la carga para las partes en la preparación de sus pruebas y que, de no encontrarse debidamente preparadas, se dejarán de recibir. Lo anterior, para que el juicio oral no pierda agilidad, lo que evita en la medida lo posible tácticas dilatorias y el retardo injustificado del procedimiento. Esta forma se ha utilizado en materia de arrendamiento inmobiliario en el Distrito Federal, con gran éxito, desde 1993. Con ello se han logrado la agilidad y veracidad de solucionar los conflictos de la materia, lo que lleva consigo beneficios integrales en la impartición de justicia. Ahora bien, por la importancia de que los órganos jurisdiccionales cuenten con las medidas necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, porque el cumplimiento de éstas es de orden público, y ante la ausencia en el Código de Comercio de una disposición específica que regule los medios de apremio, se adiciona el artículo 1067 Bis, para regularlas expresamente, y por idénticas razones se incluyen también en el juicio oral mercantil. Esta legislatura ha tenido particular interés en los medios de solución de controversias alternativos y, dada la relevancia del arbitraje en este sentido para la materia comercial, se considera necesario reglamentar puntualmente la intervención judicial y los requisitos por observar cuando se solicite la remisión al arbitraje a que se refiere el artículo 1424 del Código de Comercio. Respecto a la designación de árbitros, la adopción de medidas previstas en el articulado, la solicitud de asistencia para el desahogo de pruebas y la consulta sobre honorarios del tribunal, se establece que su tramitación será en vía de jurisdicción voluntaria. En tal sentido, se hace la remisión a los preceptos correspondientes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se prevé dar firmeza a las resoluciones del Juez en la intervención que tiene en el arbitraje, mediante el establecimiento de la improcedencia de recurso alguno contra sus resoluciones, salvo el derecho de las partes a recusar al árbitro o árbitros ...’. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Violación procesal. Auto de diecinueve de diciembre de dos mil trece y su notificación. El auto impugnado es del tenor siguiente: ‘México, Distrito Federal, diecinueve de diciembre de dos mil trece. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto 318/2013, derivado del juicio al rubro citado, por las consideraciones vertidas que obran en las constancias agregadas. Acúsese recibo vía fax. Para fines estadísticos, dese de baja el exhorto mencionado en los libros que se llevan en este juzgado, para los efectos conducentes. Ahora bien, toda vez que se advierte que no fue posible notificar al demandado **********, en tales condiciones, de conformidad con el artículo 1097, fracción III, del Código de Comercio, requiérase a la promovente, para que en tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio actual del enjuiciado en cita, con el fin de estar en aptitud de llevar a cabo el emplazamiento ordenado en acuerdo de veintisiete de noviembre pasado, apercibido que de no hacerlo en el término establecido, se ordenará dar de baja el presente juicio del libro de juicios civiles que se lleva en este juzgado por falta de interés, sobre la base de que el procedimiento es de orden público y debe seguir el principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional ...’ (foja 37). Previamente al entrar al estudio de este concepto de violación, deben precisarse las reglas existentes en el juicio de amparo directo que este tribunal se encuentra obligado a observar para el estudio de la violación procesal alegada. De acuerdo a la técnica que rige en el juicio de garantías, la procedencia del estudio de las violaciones de carácter procesal que se aleguen en el juicio de amparo directo, se deben analizar a la luz de lo establecido en los artículos 103 y 107, de los cuales se desprende que en el juicio de amparo directo se podrán alegar violaciones cometidas durante el procedimiento, siempre que éstas hayan afectado a las defensas del quejoso y hubieren trascendido al resultado del fallo. Y que esas violaciones sólo pueden reclamarse en el juicio de amparo únicamente si el quejoso cumple con la obligación consistente en haber impugnado tal violación en el curso mismo del procedimiento, mediante el recurso ordinario de defensa y dentro del término que la ley respectiva señale. Por ende, previo al estudio de la legalidad o ilegalidad de una violación procesal, se debe analizar la procedencia de su estudio en el orden lógico y sucesivo siguiente: 1. Debe acreditarse la existencia de la violación alegada. 2. De ser así, debe estudiarse la preparación de su estudio, esto es, que tales violaciones hubieran sido impugnadas en el curso mismo del procedimiento a través del medio ordinario de defensa establecido por la ley del acto y en el tiempo establecido para ello. 3. Por último, deberá analizarse si dichas violaciones afectaron las defensas de la parte quejosa y además trascendieron al resultado del fallo. De no cumplirse alguno de los requisitos antes indicados, será improcedente el estudio de la violación alegada en esta instancia constitucional. En el caso, resulta procedente el estudio de la violación procesal alegada, porque existe y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, el quejoso no tenía la carga de agotar medio de defensa ordinario, al prever expresamente que en contra de las resoluciones dictadas en los juicios orales no procede recurso ordinario alguno. Y la misma afectó a las defensas de la quejosa (sic) y trascendió al resultado del fallo, porque al no haber desahogado el requerimiento ordenado en esa actuación, el juzgador natural dio de baja el asunto que ya había sido a

mitido. I. Indebida fundamentación y motivación. La quejosa señala que el auto citado es ilegal, porque la autoridad fundó el apercibimiento decretado en un artículo (1097, fracción III) del Código de Comercio que no contempla tal supuesto, incluso que no tiene fracciones; aunado a que en el Código de Comercio no existe disposición alguna en la que se establezca la facultad del juzgador para desechar una demanda que previamente se había admitido. También afirma, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, las únicas medidas de apremio que pueden señalar los Jueces para el cumplimiento de sus obligaciones son la multa y el auxilio de la fuerza pública. Este motivo de disenso resulta inoperante. Es cierto que el Juez responsable en el auto impugnado, hizo alusión a lo dispuesto en el artículo 1097, fracción III, del Código de Comercio, mientras que ese artículo no contiene fracciones y además, se encuentra dirigido a regular la excepción de incompetencia. Ese error no es suficiente para conceder el amparo, porque la autoridad responsable justificó el apercibimiento decretado sobre la base de que el procedimiento es de orden público y debe seguir el principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional. Precepto constitucional que se estima suficiente para tener por debidamente fundada tal determinación, teniendo en cuenta la regulación específica del juicio oral mercantil en el que necesariamente debe llamarse a juicio al demandado, para lo cual el actor ha de precisar su domicilio, y si a la primera búsqueda no se halló es legal el requerimiento para que proporcione otro domicilio, puesto que sin tal requisito es imposible continuar con el juicio. Ello pues el artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo establece expresamente: ‘Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’. De lo anterior se advierte que el acceso a la administración de justicia obliga a los tribunales de la nación a impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por otro lado, ante la omisión de tal requisito, en el auto inicial (previo a admitir la demanda), el Juez se encuentra facultado para solicitar, por una sola ocasión, que se subsane el mismo; requerimiento que de no ser desahogado tendría como consecuencia el desechamiento de la demanda. Tal situación subsiste cuando después de la primera búsqueda en el domicilio señalado en la demanda no se encuentra al interesado, por lo que en aplicación analógica, al subsistir la misma situación debe regir la misma disposición. Consecuencia que encuentra su justificación en el respeto a la garantía de audiencia previa prevista en el artículo 14 constitucional, que prevé que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, pues sólo así se podrá emplazar al demandado al juicio para que pueda ser oído previo al dictado de la sentencia. En el caso concreto, el veintiséis de noviembre de dos mil trece, ********** demandó en la vía oral mercantil a **********, proporcionando en dicho escrito el domicilio en el que podía ser emplazado a juicio, ubicado en avenida ********** sin número, colonia **********, código postal **********, **********. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Juez natural admitió a trámite la demanda y ordenó girar el exhorto correspondiente al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para llevar a cabo el emplazamiento a juicio del demandado. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Juez natural tuvo por devuelto el exhorto de mérito, sin diligenciar, por lo que al no contar con un domicilio del demandado, requirió al actor para que señalara un nuevo domicilio, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería a dar de baja el juicio. Entonces, el requerimiento formulado en el auto impugnado, tuvo como finalidad que el actor, hoy quejoso, proporcionara un diverso domicilio de la parte demandada para poderla emplazar a juicio, tras haber informado el Juez exhortado que el domicilio proporcionado en el escrito de demanda no se localizó. Por tanto, aunque es un auto posterior a la admisión de la demanda, lo cierto es que a través de éste se pretendía satisfacer uno de los requisitos esenciales del escrito inicial, ante la falta de emplazamiento en el domicilio señalado originalmente, por no haberlo encontrado el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional exhortado, al no contar con un número específico. Por lo que, si bien no existe precepto legal alguno que establezca expresamente que el juzgador puede aper

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25613-bade7da6/juicio-oral-mercantil-la-notificacion-personal-a-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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