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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA. SI EN EL JUICIO ORDINARIO NO SE DEMANDÓ A UNO DE LOS PROGENITORES DE LOS MENORES SU PAGO, EL JUZGADOR NO ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO, PUES ACTUAR DE MANERA CONTRARIA IMPLICARÍA INCONGRUENCIA Y VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 356/2015. · Registro digital (IUS): 26016
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Pág. 3246.

AMPARO DIRECTO 356/2015. 16 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO AL SENTIDO; CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. SECRETARIA: DULCE ELVIRA REYES ESTRADA.

CUARTO.-Son ineficaces los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso como se expondrá a continuación.

En síntesis consisten en:

1. Se violenta en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la responsable, al emitir el acto reclamado, transgredió el contenido de los numerales 234, 239, 240, 242 y 243 del Código Civil del Estado, en relación con los artículos 57, 225, 228, 231, 235, 316, 320, 327, 330 y 337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque no resolvió en congruencia con la demanda, contestación a la demanda y mucho menos con las prestaciones deducidas oportunamente en el pleito, porque a su decir, de forma ilegal modificó el porcentaje fijado en primera instancia a favor de la menor, incrementándolo del quince al veinte por ciento, ordenándole, además, afiliar a la infante como su beneficiaria ante el organismo que le proporciona la seguridad social, por todo el tiempo que la ley lo autorice o bien a acreditar que ya goza de ese beneficio, apercibiéndolo que, de no hacerlo, sin trámite, ordenaría la filiación en rebeldía.

2. Que tanto el Juez de instancia como la responsable, pasaron por alto que la aquí tercero interesada se condujo con falsedad, con el único fin de percibir un porcentaje de pensión alimenticia cuando no le correspondía, lo que debía tomarse en cuenta a su favor, pues mintió al establecer la relación de concubinato, por lo que se podía presumir que pudo mentir respecto al incumplimiento del pago de los alimentos de la menor.

3. Que contrario a lo determinado en el acto reclamado, acreditó con los medios de prueba recibidos en las audiencias de ley, que ha cumplido con su obligación alimentaria con la menor de acuerdo a sus posibilidades.

4. Que -a su decir- dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 228 y 231 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque la confesional a cargo de su contraparte, demostró que la tercero interesada se encuentra laborando y que percibe ingresos propios; con el acta de matrimonio acreditó la inexistencia del concubinato; con la copia certificada de su credencial para votar con fotografía acreditó que tiene su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal; con los tres comprobantes de percepciones y descuentos expedidos por la **********, acreditó que su sueldo se ve reducido por los descuentos que le realizan; con las doce fichas de depósito a la cuenta bancaria del **********, a nombre de **********, demostró el pago de la renta del domicilio en el que vive con su esposa; con el contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y **********, acreditaba su calidad de arrendatario; con los veintidós tickets expedidos por **********, ********** y dos tickets expedidos por **********, **********, acreditaba que eroga demasiados gastos para la manutención de su hogar conyugal; tres facturas expedidas por **********, a nombre del quejoso y un estado de cuenta expedido por el **********, a nombre del impetrante de amparo. Todo ese material probatorio en lo particular como en su conjunto, era eficaz y contundente para acreditar que ha cumplido con su obligación alimentaria con la menor de acuerdo a sus posibilidades y a las necesidades de ésta.

5. Que la testimonial a cargo de ********** y **********, fueron valoradas incorrectamente tanto por el Juez de instancia como por la responsable, pues dichos testigos presentaron circunstancias personales de las que se desprendía que su dicho era el idóneo para acreditar que ha cumplido con su obligación alimentaria, ya que le proporciona dinero en efectivo a la representante de la menor, cuando se lo requería pues, ambos atestes, presentan probidad, idoneidad, independencia de posición y antecedentes personales, por tanto, eran completamente imparciales.

6. Que su posibilidad económica se ve reducida por un sin número de descuentos y deducciones legales que merman sus ingresos, lo que lo imposibilita para solventar el porcentaje de pensión alimenticia decretado en el acto reclamado, porque con lo que le queda libre, sufraga las necesidades alimentarias de su esposa, pues es su acreedora alimentaria como lo disponen los artículos 98, 99, 100, 101, 233, 239 y 242 y demás relativos del Código Civil del Estado, además de sus propias necesidades alimentarias, los pagos de los servicios de su domicilio conyugal y la renta de donde vive con su esposa.

7. Que el acto reclamado debía estar legalmente fundado y motivado, para modificar la sentencia de primera instancia, lo que no ocurrió, porque para aumentar la pensión alimenticia a favor de la menor, la responsable se basó únicamente en que no había acreditado el quejoso, el cumplimiento de su obligación alimentaria pues, además, al parecer de la responsable era insuficiente acreditar que su posibilidad económica se veía mermada por un sinnúmero de descuentos y deducciones legales que le realizan cada quincena, por lo que aun cuando la Sala del conocimiento haya argumentado una serie de circunstancias para estimar fundado y motivado su proceder, lo cierto era que no conformaban la esencia que impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, no era jurídicamente posible que bajo esas circunstancias modificara la sentencia, incurriendo en defectos de lógica en el raciocinio, debido a que no estableció motivos, razones, circunstancias, ni preceptos legales aplicables al caso, para restarles valor probatorio a las pruebas que ofreció, pues con el desahogo del material probatorio ofertado por el quejoso, se llegaba a la convicción de la legalidad del porcentaje de la pensión alimenticia determinado por el Juez de instancia.

8. Que con la confesional desahogada por su contraparte, se obtuvo la confesión de que ella laboraba y que percibía ingresos propios, por lo que en términos de los artículos 234, 242 y 243 del Código Civil del Estado, se debía determinar que ella también tiene posibilidad de cubrir los alimentos de la menor y, en consecuencia, fijar como porcentaje el determinado por el Juez primigenio.

9. Que con el acta de matrimonio número 208, de fecha catorce de febrero de dos mil trece, expedida por el oficial central del Registro Civil del Distrito Federal, se acreditó que su esposa también tiene el carácter de acreedora alimentaria en términos de lo establecido en los artículos 98, 99, 100, 101, 233, 239, 242 y demás relativos y aplicables del Código Civil del Estado.

10. Que acreditó su poca capacidad económica con los tres comprobantes de percepciones y descuentos expedidos por la **********, las doce fichas de depósito del **********, a nombre de **********, a quien le deposita el pago de la renta mensual del domicilio en el que vive con su esposa, los veintidós tickets expedidos por **********, dos tickets expedidos por **********, y con las facturas expedidas por **********.

11. Que le causa agravio el acto reclamado, en virtud de que con independencia de que aumentó el porcentaje de pensión alimenticia al veinte por ciento de su salario, lo obliga afiliar a la menor como su beneficiaria ante el organismo de seguridad social que le proporciona atención médica por todo el tiempo que la ley reguladora lo autorice, o bien, que acredite que ya se encuentra afiliada, con apercibimiento que, de no hacerlo, sin mediar trámite ordenará su filiación en rebeldía, empero los artículos 239 y 240 del Código Civil del Estado establecen que dentro del rubro de alimentos se encuentra inmerso el concepto de asistencia médica en caso de enfermedad, por lo que sí se le está proporcionando a la menor una pensión alimenticia, resultaba obvio, lógico y jurídico que con el descuento que se le realiza se deben cubrir todas las necesidades de la menor y, al no haberlo considerado así la responsable, violentó en su perjuicio sus derechos de certeza jurídica e igualdad procesal, porque además, la asistencia médica a la que fue condenado, lo plasmó como beneficio extra para la menor, pues ese rubro no fue reclamado como prestación independiente en la demanda de inicio, violentándole el derecho de audiencia.

Previo al análisis de los motivos de inconformidad, debe decirse que todo lo alegado en torno al Juez de primera instancia, este órgano se encuentra impedido para analizar lo planteado al respecto, en razón de que en el amparo directo no debe resolverse si el fallo de primer grado, conclusivo del proceso de origen, estuvo bien o mal dictado, sino si los fundamentos de la sentencia de segunda instancia, que se ocuparon de dar respuesta a los agravios esgrimidos en contra de aquél, son o no violatorios de derechos fundamentales, porque al haber sido sustituida la sentencia de primera instancia por la pronunciada en segundo grado -la cual constituye el acto reclamado-, cesaron sus efectos.

Cobra aplicación, por su contenido, la jurisprudencia número 157, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"Sexta Época

"Registro digital: 1002223

"Instancia: Tercera Sala

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Apéndice 1917- Septiembre 2011

"Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento

"Materia: común

"Tesis: 157

"Página: 176

"AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMER GRADO.-Si se reclaman tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda que la confirmó, el amparo es improcedente respecto de la primera, de conformidad con las disposiciones de la fracción III, inciso a), del artículo 107 constitucional, en relación con los artículos 73, fracciones XIII y XVI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ese fallo admite recurso de apelación y porque al pronunciarse la de segunda instancia que resolvió la apelación interpuesta cesaron los efectos de la de primer grado y, por tanto, el juicio debe sobreseerse respecto de la sentencia de primera instancia."

Una vez realizada dicha precisión, este órgano colegiado dará respuesta en forma conjunta a los motivos de inconformidad sintetizados, ya que guardan relación.

Como se advierte, de la lectura de los conceptos de violación, el impetrante de amparo se duele medularmente de que con los medios probatorios ofrecidos por el quejoso, y desahogados, demostró que ha cumplido con su obligación alimentaria con la menor, empero, dichas probanzas, como son la confesional a cargo de su contraparte, el acta de matrimonio, la copia certificada de su credencial para votar con fotografía, los tres comprobantes de percepciones y descuentos expedidos por la **********, las doce fichas de depósito a la cuenta bancaria del **********, a nombre de **********, el contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y **********, los veintidós tickets expedidos por **********, dos tickets expedidos por **********, tres facturas expedidas por **********, a nombre del quejoso y un estado de cuenta expedido por el **********, a nombre del impetrante de amparo, en modo alguno reflejan que esas erogaciones sean para la infante y que, por ello, ha dado cabal cumplimiento a su obligación alimentaria.

Pero, además, el propio quejoso manifiesta dentro de sus conceptos de violación "...he cumplido con mi obligación alimentaria, dándole dinero en efectivo cuando me lo requería la madre de la menor..."; por lo que dicha obligación no puede considerarse cumplida, sólo porque, como lo indica, da "...dinero en efectivo cuando me lo requería la madre de la menor..."; pues tratándose de alimentos no puede permitirse tal incertidumbre, ya que los acreedores alimentarios deben tener la certeza que la cantidad con la que van a contar es suficiente, periódica y puntual, dada la naturaleza impostergable de la satisfacción de los alimentos; de ahí que las testimoniales a cargo de ********** y **********, en nada le benefician, pues como el propio impetrante de amparo lo adujo, con ellas trataba de tener por demostrado que "cumple" con su obligación alimentaria, porque aun cuando el obligado proporcione ciertas cantidades extrajudicialmente a su acreedora por ese concepto -lo que no se encuentra demostrado en autos-, es inexacto que tal circunstancia haga improcedente la acción para demandar los alimentos en la vía judicial, al entrañar éstos la supervivencia de su acreedora.

Lo anterior, debido a que la acción alimentaria procede, inclusive, sin que exista incumplimiento del deudor, porque los alimentos son una cuestión de orden público y, por ello, es necesario, en aras de la seguridad jurídica de los acreedores alimentarios, que la autoridad judicial, tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes, fije el porcentaje o cantidad equitativa que deberá otorgarse, a efecto de que exista certeza respecto del cumplimiento constante y oportuno de dicho concepto, sin que se deje a la voluntad solamente de quien debe proporcionarlos.

Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia cuyo rubro, contenido, y datos de localización, son del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Registro digital: 180965

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XX, agosto de 2004

"Materia: civil

"Tesis: VII.3o.C. J/8

"Página: 1381

"ALIMENTOS. SU PAGO EXTRAJUDICIAL NO HACE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN LEGAL PARA DEMANDARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-El análisis de los artículos 239 y 242 del Código Civil del Estado permite establecer cuáles son las cuestiones que comprenden los alimentos, y que deben ser proporcionados según la posibilidad del que debe darlos y la necesidad de quien va a recibirlos, sin embargo, aun cuando el obligado proporcione ciertas cantidades extrajudicialmente a sus acreedores por ese concepto, es inexacto que tal circunstancia haga improcedente la acción para demandar los alimentos en la vía judicial, al entrañar éstos la supervivencia de tales acreedores, es decir, la acción respectiva procede, inclusive, sin que exista incumplimiento del deudor. Lo anterior, debido a que siendo los alimentos una cuestión de orden público, es necesario, en aras de la seguridad jurídica de los acreedores alimentarios, que la autoridad judicial, tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes, fije el porcentaje o cantidad equitativa que deberá otorgarse, a efecto de que exista certeza respecto del cumplimiento constante y oportuno de dicho concepto, sin que se deje a la voluntad solamente de quien debe proporcionarlos."

Por otro lado, resulta irrelevante que se encuentre **********, pues, tal situación, en forma alguna limita la posibilidad de fijar una pensión alimenticia a favor de su menor hija, pues por el solo hecho de ser **********, carece de la presunción de necesitar los alimentos, lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del diverso numeral 232, es recíproca.

Encuentra sustento a lo anterior, el contenido informativo de la jurisprudencia, de contenido siguiente:

"Décima Época

"Registro digital: 2003217

"Instancia: Primera Sala

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013

"Materia: civil

"Tesis: 1a./J. 6/2013 (10a.)

"Página: 619

"ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias."

Ahora bien, siguiendo en esta línea argumentativa, el quejoso se duele de que con las probanzas antes mencionadas, demostró que sus ingresos se encuentran mermados debido a la serie de descuentos que se le realizan y que, por ello, se encuentra imposibilitado para solventar el porcentaje fijado por la responsable, sin embargo, la pensión alimenticia a la que fue condenado, se fijó en forma porcentual a los ingresos que percibe como contraprestación a sus servicios, es decir, dicha pensión se estableció con base en el salario integrado que percibe el aquí quejoso, entendiéndose por éste no sólo los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino también las gratificaciones, compensación garantizada, ayuda de despensa, y cualquier otra prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Ahora, de la documental pública, consistente en recibo de pago de ********** expedido por la **********, misma que fue exhibida como prueba por el aquí quejoso en el juicio de origen, se desprenden las siguientes deducciones (folio ciento cinco del expediente **********):

Ver deducciones

De lo que se advierte que los únicos descuentos susceptibles de tomarse en cuenta del salario que percibe el quejoso como contraprestación a sus servicios son los fijos, es decir, los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuesto sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al ********** como cuotas, pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas; sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito, que una de las deducciones que le realizan al inconforme se trata de un "crédito hipotecario"; lo que indica que, adquirió una casa, por la que, además, paga un "seguro de daños Fovi", adquiriendo también un "seguro de separación individualizado" y "potencializando su seguro de vida colectivo", lo que quiere decir que del total de las deducciones de las que dice dolerse, las que ascienden a la cantidad de $4,476.85 (cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos ochenta y cinco centavos), $877.46 (ochocientos setenta y siete pesos cuarenta y seis centavos), corresponden a deducciones impuestas por las leyes respectivas; $1926.96 (un mil novecientos veintiséis pesos noventa y seis centavos), se tratan de descuentos que fueron adquiridos por el propio quejoso como se indicó con antelación; y el restante $1672.43 (un mil seiscientos setenta y dos pesos cuarenta y tres centavos), pertenece a la pensión alimenticia materia de la presente controversia; de ahí lo infundado de su disenso.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de contenido literal:

"Novena Época

"Registro digital: 180304

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XX, octubre de 2004

"Materia: civil

"Tesis: VII.3o.C. J/9

"Página: 2172

"PENSIÓN ALIMENTICIA. SU MONTO RESULTA CORRECTO TOMANDO COMO BASE LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES DEL DEUDOR ALIMENTARIO, DISMINUYENDO DEDUCCIONES DE CARÁCTER LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-El artículo 242 del Código Civil del Estado establece que los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos; por su parte, el diverso 210 del Código de Procedimientos Civiles local prevé la reclamación sobre la pensión alimenticia provisional fijada por la autoridad competente; de la interpretación armónica de esos preceptos se obtiene que el monto de la pensión sólo resulta correcto si se señala como tal la cantidad o porcentaje que corresponda, tomando como base la totalidad de las percepciones que el deudor alimentario perciba, disminuyendo deducciones de carácter legal no derivadas de obligaciones personales impuestas al deudor alimentario como podrían ser, entre otros, el impuesto al ingreso por trabajo realizado. Por tanto, los derechos personales derivados de las necesidades alimentarias, deben ser calculados del monto total de las percepciones de carácter permanente."

Ahora bien, no le asiste razón al inconforme, respecto a que la Sala responsable impuso como beneficio extra para la menor la asistencia médica, porque según indica, dicho rubro no fue reclamado como prestación independiente, en virtud de que la Sala responsable, al modificar el monto decretado por concepto de pensión alimenticia, estudió todas las circunstancias del caso y determinó un porcentaje, pero tal fijación lo hizo considerando que la menor tendría derecho al rubro de asistencia médica a través de las prestaciones de seguridad social del demandado y, el porcentaje fijado atendía sólo para cubrir los demás rubros, situación no controvertida en la demanda constitucional y, por tanto, debe permanecer rigiendo el fallo.

Finalmente, no escapa de la atención para quien esto resuelve, la manifestación del quejoso, en relación a que la madre de la menor labora y que percibe un salario y que, por ello, se debe determinar que también tiene la posibilidad de cubrir los alimentos de la menor, sin embargo, tales argumentos deben desestimarse, porque si en el juicio de donde deriva el acto reclamado no se demandó a la progenitora de la menor una pensión alimenticia, no podría resolver al respecto, esto es, el juzgador no estaba facultado para realizar un pronunciamiento de condena en el caso concreto, en tanto dicha pretensión no fue demandada en juicio, por consiguiente, de actuar de la manera indicada por el quejoso implicaría incongruencia y violación al derecho de audiencia y debido proceso de la madre de la menor.

Efectivamente, si durante el juicio ordinario no se demandó a la madre de la menor el pago de una pensión alimenticia y se le condenara a dicha prestación, ello significaría violación a derechos humanos porque para ser condenada judicialmente deben seguirse las formalidades del procedimiento, tales como ser emplazada, tener la oportunidad de dar contestación a la demanda promovida en su contra, oponer excepciones y defensas, ofrecer material probatorio, entre otras.

En ese sentido, la autoridad sólo podría mencionar que el artículo 240 del Código Civil para el Estado de Veracruz indica la alternativa para cumplir con dicha obligación pues, el mismo, prevé: "Artículo 240. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos."; lo que significa que existen dos formas en las cuales puede cumplirse con la obligación de dar alimentos, aconteciendo en el caso, una de ellas, como lo es que la menor se encuentra incorporada con la madre; pero, se insiste, no podía condenar a la madre de la acreedora alimentaria al pago de una pensión, sin agotar todos y cada uno de sus derechos procesales.

Máxime porque, independientemente de la forma en la cual pudiera cumplir con su obligación alimentaria un deudor alimenticio, y tal como lo establece la normatividad de la materia, existen supuestos en donde cesa esa obligación, por tanto, el parentesco consanguíneo demostrado no resultaría suficiente para establecer el respectivo deber alimentista en todos los casos análogos; de ahí lo infundado de su disenso.

Consideraciones las anteriores que dieron origen a la tesis VII.2o.C.41 C (10a.), emitida por este órgano colegiado, de contenido literal:

"Décima Época

"Registro digital: 2003333

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013

"Materia: civil

"Tesis: VII.2o.C.41 C (10a.)

"Página: 2227

" Es ilegal aducir que debe decretarse contra el otro progenitor de los menores un porcentaje igual al del quejoso a efecto de ser proporcional y equitativo porque si en el juicio de donde deriva el acto reclamado, no se demandó a aquél una pensión alimenticia, no puede resolverse al respecto, esto es, el juzgador no está facultado para realizar un pronunciamiento de condena cuando la pretensión no fue demandada en el juicio; por consiguiente, de actuar de la manera indicada implicaría incongruencia y violación al derecho de audiencia y debido proceso respecto de ese progenitor. Ello es así, porque si durante el juicio ordinario no se demandó el pago de una pensión alimenticia y el juzgador condena a dicha prestación, ello significa una violación a sus derechos humanos pues, para ser condenado judicialmente, deben seguirse las formalidades del procedimiento, tales como ser emplazado, tener la oportunidad de dar contestación a la demanda promovida en su contra, oponer excepciones y defensas, ofrecer pruebas, entre otras. En ese sentido, la autoridad sólo puede -en su caso- mencionar que de conformidad con la normatividad, el o la progenitora no demandada también se encuentra obligada a contribuir de acuerdo a sus posibilidades, pero no puede condenar a ningún deudor alimenticio al pago de una pensión, sin agotar todos y cada uno de sus derechos procesales. Máxime porque, independientemente de la forma en la cual pudiera cumplir con su obligación alimentaria un deudor alimenticio, como lo establece la normativa de la materia, existen supuestos en donde cesa esa obligación, por tanto, el parentesco consanguíneo no resulta suficiente para establecer el respectivo deber alimentario en todos los casos análogos."

En atención a todo lo antes expuesto, es que deben desestimarse los conceptos de violación que se hacen valer, sin que en el caso a estudio se acredite violación alguna a sus derechos fundamentales, reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Sentado lo anterior, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

QUINTO.-Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2o. de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 158 y 190 de la Ley de Amparo; y, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se:

RESUELVE:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de dos mil quince, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el toca número **********.

Notifíquese como corresponde; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos correspondientes al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos por cuanto al sentido de los ciudadanos Magistrados Ezequiel Neri Osorio, Isidro Pedro Alcántara Valdés y José Manuel de Alba de Alba, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con voto concurrente del último de los nombrados, respecto de algunas consideraciones; fue ponente el primero de los citados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprimió la información considerada legalmente como reservada o c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26016-15b5b6f8/pension-alimenticia-si-en-el-juicio-ordinario-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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