ALIMENTOS. CUANDO UNA PERSONA RESPECTO DE LA CUAL NO SE HA ACTUALIZADO LA OBLIGACIÓN DE DARLOS A UN FAMILIAR, Y ASUME DE FORMA ESPONTÁNEA O MEDIANTE CONVENIO DICHA CARGA, SE TRATA DE UN COMPROMISO MORAL O ÉTICO NO EXIGIBLE JUDICIALMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN SOCIAL, MORAL Y JURÍDICO. ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR PARTE DE LOS ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, HERMANOS Y DEMÁS PARIENTES COLATERALES DENTRO DEL CUARTO GRADO ES DE TIPO CONDICIONAL Y SUSPENSIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO DIRECTO 775/2018. 27 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: EZEQUIEL NERI OSORIO. ENCARGADO DEL ENGROSE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: MARCELA MAGAÑA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Resultan fundados los conceptos de violación, acorde con lo que se expondrá en párrafos subsecuentes.
Tales argumentos consisten, en síntesis, en lo siguiente:
a) Tanto el a quo como la Sala responsable vulneran los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 17 constitucionales, ya que al dictar sus resoluciones dejaron de lado el derecho humano a una sentencia, al impedir que a través de la reconvención planteada, se modifique el convenio judicial, aun cuando el artículo 58, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles local permite una excepción a la sentencia ejecutoriada.
b) El quejoso promovió reconvención para que el Juez de origen, al entrar al fondo de la litis, se percatara de su situación económica distinta a cuando se celebró el convenio judicial en el expediente **********, donde concedió darle cuatro mil pesos mensuales a sus nietas como una medida de apoyo, pero con el cambio en sus percepciones salariales la dejó de cubrir.
c) Se vulnera el derecho humano a una vida digna y libre de discriminación, pues el quejoso está siendo discriminado por las responsables por tener una condición social mayor a la de su hijo y madre de sus nietas, pues por el simple hecho de trabajar se le condenó a pagar $248,000.00 a razón de $4000.00 quincenales y las subsecuentes quincenas conforme a esa cantidad y, con ello, lo empobrecen.
d) Constituye una denegación de justicia que la responsable sostuviera que la subsidiariedad de la obligación de dar alimentos no fue materia de litis, cuando el quejoso, en reconvención, ejercitó una acción para que se le considerara liberado de la obligación de dar alimentos a sus nietas.
e) Se vulneran los derechos humanos a la legalidad y acceso a la justicia, tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales pues, al haber reconvenido y demostrarse en autos que el quejoso está pagando un crédito para una casa y que su esposa le demandó una pensión alimenticia, los juzgadores le están negando su derecho a cuestionar la obligación de proporcionar alimentos a sus nietas por el simple hecho de firmar un convenio por solidaridad para ellas.
f) En esencia, el quejoso solicitó al Juez de origen que pronunciara una declaración negativa de mera certeza, en cuanto a que los padres son los obligados primigenios a proporcionar alimentos.
g) En la reconvención y en la excepción se cuestionó el segundo aspecto de los alimentos que es el deber de darlos, pues el quejoso probó que ambos progenitores se encuentran sanos; aunado a que la actora en lo principal no demostró que se encontrara imposibilitada para trabajar. Por ende, en este asunto no tiene relación el interés superior del menor, pues es incuestionable que quienes deben garantizar el interés de las menores son sus progenitores.
h) El Tribunal Colegiado debe ponderar los derechos constitucionales en choque: 1) El de las menores a un desarrollo y bienestar íntegro; y 2) El del quejoso a una vida digna.
i) La Sala responsable fue omisa de entrar al estudio de las excepciones y defensas hechas valer en la contestación de la demanda, así como de decidir sobre el fondo de la acción en la reconvención intentada por el quejoso.
Como se adelantó, resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación sucintos bajo las letras a), b), d), e), g) e i), dado que la autoridad responsable omitió analizar la reconvención entablada por el aquí quejoso, en los términos en que fue efectivamente planteada.
En efecto, los artículos 57 y 514 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, respectivamente, establecen:
"Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos.
"Las sentencias deben expresar el lugar, fecha y Juez o tribunal que las pronuncie; los nombres de las partes contendientes, el carácter con que litiguen y el objeto del pleito.
"No son necesarias las antiguas fórmulas de las sentencias y basta con que el Juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional.
"Los Jueces o tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito."
"Artículo 514. Al interponerse la apelación se expresará el motivo que originó la inconformidad, los puntos que deben ser materia de la segunda instancia o los agravios que en concepto del apelante irrogue la resolución recurrida.
"Se aceptará como expresión de agravios la enumeración sencilla que haga la parte sobre los errores o violaciones del derecho que en su concepto haya cometido el juzgador.
"Se suplirá la deficiencia en la expresión de los agravios, cuando puedan afectarse derechos de menores o incapaces, así como en materia familiar."
El primero de los preceptos antes transcritos consagra el principio de congruencia en las sentencias, lo que implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte, a su vez, en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado.
En lo que se refiere al segundo de los dispositivos invocados, de su contenido se desprende que la litis en el recurso de apelación se integra por la sentencia de primer grado y los argumentos que en vía de agravios expone el inconforme, salvo en los casos de menores, incapaces y en materia familiar en que procede suplir la queja; por tanto, en íntima relación con lo dispuesto en el diverso 57 del mismo cuerpo adjetivo, el tribunal revisor tiene la obligación de decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 34/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:
"Novena Época
"Registro digital: 193136
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo X, octubre de 1999
"Materia: civil
"Tesis: 1a./J. 34/99
"Página: 226
"SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).—El principio de congruencia de las sentencias que establece el artículo 57 del código procesal civil para el Estado de Veracruz, implica la exhaustividad que debe regir en las mismas, es decir, la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo, sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, debiéndose tomar en cuenta que en tratándose de una reconvención, el actor principal se convierte a su vez en demandado, pues constituye propiamente una contrademanda que el reo hace valer frente al actor en el mismo juicio en que fue emplazado. Por ello si esa reconvención se presenta oportunamente y cumple con los requisitos de forma, el juzgador al resolver deberá necesariamente atender y decidir en la misma sentencia, tanto lo deducido por la parte actora en su escrito de demanda, como lo alegado por la demandada en la acción reconvencional; todo ello en exacta concordancia con lo establecido en los numerales 57 y 214 del código adjetivo civil de la entidad antes referida."
Y la diversa tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz:
"Época: Sexta Época
"Registro digital: 803410
"Instancia: Tercera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen LXII, Cuarta Parte, agosto de 1962
"Materia(s): civil y común
"Página: 22
"APELACIÓN, AGRAVIOS EN LA.—El tribunal de alzada debe limitarse a analizar y resolver los agravios que se formulan en contra de la sentencia de primer grado y sólo estudiará la acción ejercitada y examinará sus elementos cuando así lo requiera alguno de los agravios formulados."
Conforme a lo antes expuesto, si bien el recurso de apelación no constituye una renovación de la instancia pues, por regla general, no procede el análisis de las acciones, excepciones –sea en lo principal o reconvención– y pruebas desahogadas ante el a quo; lo cierto es que cuando es materia de agravio, o bien lo advierte en suplencia de la expresión de agravios, en términos del artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el tribunal de alzada debe abordar su estudio y decidir lo conducente.
Ahora bien, a foja trece de su escrito de apelación, en lo que aquí interesa, el quejoso hizo valer:
"Por ello a esta alzada tenga a bien revocar la sentencia de primer grado en el sentido de declarar procedente la reconvención intentada y como consecuencia eximir al actor reconvencionista de la obligación directa de pagar los alimentos de sus nietas en virtud de haber quedado demostrado que ambos progenitores de las menores existen y están aptos para trabajar, ya que, incluso, la actora en lo principal y demandada en reconvención es de profesión ********** y quedó demostrado que la situación económica del actor en reconvención es distinta en la actualidad en virtud de haber obtenido un crédito de casa y haber sido demandado por su esposa, siendo éstos los requisitos señalados en la fracción II del numeral 58 del código adjetivo civil como procedente para modificar las resoluciones de alimentos y, por ello, no puede cargar el abuelo la obligación subsidiaria, por no cumplirse los extremos del artículo 234 del Código Civil."
En tales condiciones, al existir un principio de agravio y, además, porque en términos del artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles local, al tratarse de un asunto en materia familiar, procede suplir la deficiencia en la expresión de agravios, la autoridad responsable debió estudiar y decidir lo conducente en la reconvención atendiendo a lo efectivamente planteado en ella.
Cabe destacar que para determinar lo que efectivamente se plantea en un demanda –sea en lo principal o en la reconvención– o su causa de pedir, en términos de los artículos 2o. y 207 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicho escrito debe analizarse como un todo y no en forma aislada. Ello, máxime que el primero de los preceptos invocados estipula:
"Artículo 2o. La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción."
Del escrito de demanda en reconvención que obra en autos del juicio de origen ********** –foja treinta y dos– se desprende que **********, reconvino de la parte actora en lo principal:
"1. La declaración de que el suscrito no tiene obligación alguna de pagar la pensión alimenticia decretada en los autos del juicio ********** del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, debido a que ambos padres de mis nietas se encuentran en perfecto estado de salud y aptos para trabajar. Por ello, el suscrito no tiene la obligación de pagar dicha pensión alimenticia convenida en dicho juicio de alimentos."
Y si bien, no formuló un capítulo específico de hechos, lo cierto es que remite a la contestación de los hechos a la demanda en lo principal, en donde en el arábigo 2, manifestó en lo que aquí interesa lo siguiente:
"2. El hecho de la demanda marcado con el arábigo 2 es cierto fui demandado y por aprecio que le tengo a mis nietas mi deseo fue siempre apoyarlas con esa cantidad de dinero pero después de adquirir un crédito de casa ante el FOVISSSTE, mi esposa me demandó el pago de alimentos y siendo ella mi única acreedora alimenticia fue inevitable el pago del embargo decretado en dicho juicio, es por ello que me es imposible el pago del convenio referido que se me reclama."
En tales condiciones, lo que efectivamente demandó vía reconvención el aquí quejoso fue que se declarara que no tiene obligación de cumplir con los alimentos convenidos, lo que sustentó en dos motivos: primero, porque ambos progenitores de las menores viven; y, segundo, porque el convenio de alimentos lo celebró por el aprecio que tiene a sus nietas, pues su intención fue siempre apoyarlas, no obstante, con posterioridad cambió su situación económica.
Dicho de otro modo, por cuanto a lo segundo, la causa o motivo que lo llevó a convenir los alimentos tiene su origen en un deber de carácter ético o moral, mas no jurídico.
Ahora bien, primero el a quo y, posteriormente, la Sala responsable, como puede advertirse de sendas sentencias, esencialmente, abordaron el asunto desde el punto de vista del principio de la autonomía de la voluntad contractual –el cual se encuentra previsto por los artículos 1729 y 1765 del Código Civil local– esto es, que al haber celebrado el quejoso un convenio de alimentos a favor de sus nietas en el diverso expediente **********, en esos términos quiso obligarse y, por ende, estaba obligado a cumplir con los alimentos a favor de sus nietas.
Empero, si bien es cierto que el principio de autonomía de la voluntad es una regla general que rige a todo contrato, lo cierto es que dado las particularidades del presente asunto –en que se demandó el cumplimiento de un convenio en que un abuelo aceptó pagar alimentos a favor de sus nietas– el contenido del convenio base de la acción en el expediente natural **********, no es dable analizarlo partiendo sólo de dicho principio, sino desde la perspectiva del derecho familiar y, en especial, de la institución de los alimentos y de los sujetos obligados a ellos. De ahí que la responsable no abordó el estudio de la reconvención en los términos que efectivamente fue planteada.
Como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en principio, la obligación de dar alimentos tiene su origen en un deber de carácter ético o moral, el cual, con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción.
En efecto, la obligación de ministrar alimentos descansa en la obligación de carácter ético de proporcionar socorro en la medida de encontrarse posibilitado para ello a quienes formando parte del grupo familiar lo necesitan. En tal virtud, respecto a los alimentos, el derecho ha reforzado ese deber de ayuda mutua entre los miembros del grupo familiar, imponiendo una sanción jurídica (coacción) a la falta de cumplimiento de tal deber. Por tanto, la regla moral se transforma en precepto jurídico: la ayuda recíproca entre los miembros del núcleo social primario, que es la familia.(1)
Así, la obligación de proporcionar alimentos presenta tres órdenes: social, moral y jurídico. Es social, porque la subsistencia de los individuos del grupo familiar interesa a la sociedad misma, y puesto que la familia forma el núcleo social primario, es a sus miembros a quienes corresponde, en primer lugar, velar porque los parientes próximos no carezcan de lo necesario para subsistir. Es moral, porque de los lazos de sangre derivan vínculos de afecto que impiden a quienes por ello están ligados, abandonar en el desamparo a los parientes que necesitan ayuda y socorro, a fin de no dejarlos perecer por abandono. Y, finalmente, es de orden jurídico, porque incumbe al derecho hacer coercible el cumplimiento de esa obligación; pues el interés público (el interés social) demanda que la observancia de ese deber se halle garantizado de tal forma que el acreedor que necesita alimentos pueda recurrir, en caso necesario, al poder del Estado para que realice la finalidad y se satisfaga el interés del grupo social en la manera que el derecho establece.(2)
Por cuanto a este último orden, la institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia.
En ese tenor, para que nazca la obligación jurídica de proporcionar alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y, (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos.
Por tanto, dicho estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado.
Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto.
En tales condiciones, la legislación civil o familiar reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en caso de divorcio.
Apoyan lo expuesto en párrafos precedentes las jurisprudencias 1a./J. 41/2016 (10a.) y 1a./J. 36/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, título, subtítulo y texto son los siguientes:
"Época: Décima Época
"Registro digital: 2012502
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 34, Tomo I, septiembre de 2016 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de septiembre de 2016 a las 10:18 horas»
"Materia: civil
"Tesis: 1a./J. 41/2016 (10a.)
"Página: 265
"ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto."
"Época: Décima Época
"Registro digital: 2012361
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 33, Tomo II, agosto de 2016 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas»
"Materia: civil
"Tesis: 1a./J. 36/2016 (10a.)
"Página: 602
"ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE. Esta Primera Sala ya ha establecido que la obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar; sin embargo, es importante precisar que el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión. En este sentido, la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio."
Ahora bien, dicha serie de relaciones familiares que dan origen a la obligación de ministrar alimentos se encuentra regulada en los artículos 234, 235 y 236 del Código Civil para el Estado de Veracruz, los cuales establecen:
"Artículo 234. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado."
"Artículo 235. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado."
(REFORMADO, G.O. 1 DE ENERO DE 1976)
"Artículo 236. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos.
"Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado."
Como puede apreciarse de su simple lectura, los preceptos citados establecen una prelación jurídica entre los deudores alimentistas, de manera tal que la obligación de proporcionar alimentos entre los diversos deudores no se actualiza de forma simultánea, sino sucesiva. Esto es, jurídicamente no puede exigirse el pago de alimentos al resto de los sujetos obligados, si aún viven o no se encuentran imposibilitados a quienes corresponde ministrarlos en primer orden, ello en atención a la proximidad del parentesco.
Así es, atendiendo a la redacción de dichos normativos, quienes primero tienen la obligación de dar alimentos a una persona, son los padres de ésta y solamente en el caso de que ellos falten o estén imposibilitados para suministrar alimentos, la obligación pasa legalmente a los ascendientes del deudor alimentista, y también sólo en la hipótesis de que tales ascendientes, por ambas líneas, falten o estén imposibilitados para dar alimentos, la obligación recaerá, en los hermanos; y faltando todos los parientes mencionados, la obligación de ministrar alimentos recaerá en los parientes colaterales dentro del cuarto grado.
Además, la obligación de proporcionar alimentos por parte del resto de los sujetos obligados, en términos de los artículos 1871(3) y 1872,(4) es de tipo condicional suspensiva, pues para que surja a la vida jurídica es necesario la falta o imposibilidad de los parientes más próximos a quienes corresponde, en primer lugar, el cumplimiento de dicha obligación.
A lo antes expuesto, resulta ilustrativa la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Época: Séptima Época
"Registro: 242099
"Instancia: Tercera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen 36, Cuarta Parte, diciembre de 1971
"Materia: civil
"Página: 15
"ALIMENTOS. PRELACIÓN ENTRE LOS DEUDORES ALIMENTISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ.—El legislador del Estado de Veracruz, en los artículos 234 y 236 del Código Civil, ha establecido una clara prelación lógica y jurídica entre los deudores alimentistas, pues, en el primer precepto mencionado dispone, reconociendo un derecho natural primario, que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, y que a falta o por imposibilidad de aquéllos, la obligación recae en los demás ascendientes, por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado, y en el artículo 236 citado, dicho legislador ha dispuesto que a falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre; que en defecto de éstos, en los que fueren de madre solamente, y que en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre; y que faltando los parientes a que se refieren los artículos mencionados, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. De la redacción de los invocados preceptos legales se desprende, de manera indudable, que quienes primero tienen la obligación de dar alimentos a una persona, son los padres de ésta y que solamente en el caso de que dichos padres falten o estén imposibilitados para suministrar dichos alimentos, la obligación pasa legalmente a los ascendientes del deudor alimentista, y también sólo en la hipótesis de que tales ascendientes, por ambas líneas, falten o estén imposibilitados para dar alimentos, la obligación recaerá, primero en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren de madre solamente; y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre; y que faltando todos los parientes mencionados, la obligación de ministrar alimentos recaerá en los parientes colaterales dentro del cuarto grado. Así, pues, si en un caso todavía existe el padre de las acreedoras alimentistas y éste no ha demostrado su imposibilidad de darles alimentos, resulta lógico y jurídico que sea él la única persona sobre quien pesa la obligación natural y legal de suministrar alimentos a sus hijas. Es verdad que el artículo 243 del Código Civil del Estado de Veracruz dispone que si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes, pero no es menos cierto que este precepto legal debe interpretarse sistemáticamente, esto, en función con los demás preceptos aplicables en la especie, que regulan la institución de los alimentos, dentro de la cual se encuentran los artículos 234 y 236 mencionados, o sea, que el citado artículo 243 opera sin desconocer la prelación lógica y jurídica entre los deudores alimentistas que ha establecido el legislador y se refiere a grupos de deudores alimentarios, como son ambos padres, o abuelos paternos y maternos, o bien pluralidad de hijos, todos ellos se entiende, con posibilidad económica para poder suministrar los alimentos."
Ahora bien, dicha prelación entre los diversos deudores alimentistas obedece al tipo de relación familiar que le da origen. Así, tratándose de la obligación de ministrar alimentos por parte de los padres a sus hijos, ésta tiene su origen en el ejercicio de la patria potestad, por lo que ambos progenitores son los obligados primarios a satisfacer el requerimiento alimentario de sus hijos de forma igualitaria y sin distinción de género, pues en cuanto a ellos es una obligación solidaria.
En cambio, la obligación con base en el parentesco, esto es, a cargo de ascendientes (abuelos o bisabuelos) descendientes, hermanos o parientes colaterales hasta el cuarto grado, deriva de un principio de solidaridad familiar, el cual se traduce en una pauta de comportamiento para los miembros de determinado núcleo familiar, mismo que no se reduce a relaciones paterno-filiales (patria potestad), a partir del cual tienen el deber de apoyar a los integrantes de la familia que se encuentren en situaciones apremiantes o de necesidad.
Es decir, se trata de una adhesión circunstancial de unos individuos con otros, situación que se inspira en una expectativa de asistencia recíproca. Por tanto, dicho principio –solidaridad– surge a partir de situaciones convivenciales que responden a vínculos sanguíneos o afectivos, los cuales producen una expectativa de ayuda recíproca denominada solidaridad familiar, que se actualiza ante un escenario de necesidad, mientras que la patria potestad –que origina la obligación de proporcionar alimentos de los padres a los hijos– se traduce en una protección permanente que los progenitores –o quien ejerza la misma– deben llevar a cabo respecto a los menores.
En ese tenor, la prelación de deudores para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios menores de edad, es en los progenitores en quienes recae dicha obligación, de acuerdo con sus posibilidades, y para que se actualice la obligación subsidiaria de los ascendientes, es preciso que: i) falten los progenitores y principales obligados; o, ii) se encuentren imposibilitados para proporcionar alimentos a sus menores hijos; y así sucesivamente respecto de los sujetos obligados: descendientes, hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado.
La primera de dichas condiciones alude a una inconcurrencia de las personas que de modo preferente tienen la obligación de suministrar alimentos, lo cual genera la imposibilidad fáctica de exigir su cumplimiento; misma que puede configurarse con el fallecimien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29057-d6b6105b/alimentos-cuando-una-persona-respecto-de-la-cual · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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