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Modo: Corpus Pro

OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA ALIMENTICIA A CARGO DE LOS ASCENDIENTES EN SEGUNDO GRADO (ABUELOS). SE ACTUALIZA EN LAS LÍNEAS PATERNA Y MATERNA, SÓLO ANTE LA FALTA O IMPOSIBILIDAD DE AMBOS PROGENITORES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 410/2014. · Registro digital (IUS): 26265
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Pág. 934.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 410/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(6)

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA, Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Criterios de los tribunales contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no contradicción de tesis entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito; y en su caso, determinar el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:

I. Origen del amparo directo 584/2014, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y criterio que en él se sostiene.

- ********** contrajo matrimonio con **********. De tal unión matrimonial procrearon una hija.

- Los abuelos paternos de la menor de edad son ********** y ********** y los abuelos maternos son ********** y **********.

- Posteriormente, ********** e ********** instauraron el juicio ********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia residente en Orizaba, Veracruz, a fin de disolver su unión matrimonial. Disolución que resultó procedente tal como se advierte del acta de divorcio respectiva.

- En el juicio antes referido, se celebró un convenio por medio del cual **********, se comprometió a otorgar a la menor de edad quejosa cierta cantidad de dinero por concepto de alimentos. Esto se acredita con la aceptación del hecho tres de la demanda por parte del demandado.

- Después, indica la progenitora de la menor de edad, que **********, dejó de aportar el pago de los alimentos convenidos debido a que enfermó de **********.

- En virtud de ello, la menor de edad, representada de su progenitora, demandó el pago de una pensión alimenticia a su abuelo paterno **********.

- El abuelo paterno de la menor de edad quejosa aceptó al contestar el hecho tres de la demanda inicial que su hijo ********** padece **********, por lo cual dejó de cumplir con la obligación alimentaria convenida en el citado juicio **********. También, al absolver posiciones, reconoció el padecimiento de su hijo. Por otra parte, señaló que su hijo, dentro del citado expediente **********, comunicó a la progenitora de la menor de edad que se encontraba enfermo.

- El Juez de primera instancia decretó improcedente la acción. Inconforme la menor de edad, a través de su progenitora interpuso recurso de apelación.

- La Sala responsable confirmó el fallo apelado, al considerar que no se actualizaban los supuestos contemplados en el artículo 234 del Código Civil para el Estado(7) pues, por una parte, los padres de la menor de edad se encuentran vivos y, por otra, porque aun cuando el progenitor de la menor, dada su enfermedad, esté imposibilitado para trabajar, su progenitora no lo está y, por tanto, en ella debe recaer íntegramente la obligación alimentaria y no en el abuelo paterno demandado, acorde al artículo 100 del cuerpo normativo citado.(8) Sin que fuera obstáculo que la progenitora de la menor alegara que su situación económica es la misma que cuando se suscribió el convenio de alimentos en el juicio **********, pues ello no significa que tenga una incapacidad física o mental para trabajar y allegarse de los recursos necesarios para la manutención de su menor hija, tomando en consideración que es una persona de escasos treinta y dos años de edad y, aunque haya ofrecido probanzas donde se evidencian diversos padecimientos, de ninguna de éstas se advierte una incapacidad física o mental para trabajar.

- Inconforme con la anterior determinación **********, por sí y en representación de su menor hija, promovió juicio de amparo, el cual le fue negado.

Criterio. En lo que al tema interesa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Séptimo Circuito, sostuvo lo siguiente:

"1. QUINTO. Son infundados los conceptos de violación.

"2. Aduce la quejosa ********** que, la Sala responsable incorrectamente afirma que en ella debe recaer íntegramente la obligación alimentaria respecto a su menor hija, porque dada su edad está en condiciones de trabajar, sin tomar en consideración que últimamente ha estado muy enferma e imposibilitada para trabajar al estar hospitalizada por una enfermedad que se presumía cancerosa y que la pensión proporcionada por el tercero interesado ********** (abuelo paterno de la menor de edad) es lo que permite la subsistencia de su menor hija.

"3. Lo anterior deviene infundado. Esto, pues de las pruebas supervenientes aportadas por la quejosa **********, si bien se advierte que tiene un cálculo en la vesícula biliar, también se aprecia que los demás órganos internos se encuentran en buen estado, sin que en dicho estudio se haga constar que ese padecimiento la incapacite físicamente para trabajar.

"4. Por otra parte, aduce la quejosa **********, que la Sala responsable aplica inexactamente el contenido del artículo 234 del Código Civil para el Estado y la jurisprudencia aplicable al caso, pues el tercero interesado ********** (abuelo paterno de la menor de edad) confesó que su hijo padece cáncer linfático desde agosto de dos mil ocho, con lo cual se cubre la imposibilidad de los padres, a que se refiere el citado numeral del código sustantivo civil para el Estado. Por tanto, la obligación alimentaria respecto a la menor de edad debe recaer en dicho tercero interesado, quien cuenta con recursos suficientes para afrontarla.

"5. Lo anterior es infundado. Este Tribunal Colegiado comparte la aplicación realizada por la Sala responsable de dicho artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Al respecto, tal numeral estipula lo siguiente:

"Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.

"6. De dicho numeral se desprende que, sólo ante la falta o imposibilidad de los padres recae en los demás ascendientes la obligación alimentaria. Así, si bien en el juicio natural quedó acreditada la imposibilidad física de ********** (progenitor de la menor de edad) ante su padecimiento de cáncer linfático, lo cierto es que ********** (progenitora de la menor de edad) no comprobó su imposibilidad física o mental para proporcionar por sí sola alimentos a su menor hija.

"7. En esa virtud, dada la naturaleza de la acción de alimentos, cuando se endereza contra alguien distinto de los progenitores, se debe acreditar la imposibilidad física o material de éstos para otorgarlos. Esto se sustenta en la premisa de que, la obligación alimentaria opera en grado de prelación. Así, solamente cuando el padre y la madre -principales obligados a sufragar esa prestación- falten o estén imposibilitados para cumplirla puede exigirse a los diversos miembro de la familia el cumplimiento de esa obligación. En el caso, a los abuelos.

"8. De tal suerte, por las características de la acción intentada, **********, debió acreditar su imposibilidad física o mental para poder sufragar los alimentos a su menor hija.

"9. Así, la falta de tal acreditación constituye razón suficiente para declarar improcedente la acción intentada y ajustado a derecho el actuar de la ordenadora. Aunado a que ninguna prueba estuvo encaminada a demostrar que la quejosa **********, esté siendo limitada o discriminada para acceder a una fuente laboral que le permita obtener ingresos.

"10. El sentido toral de la decisión, implica no obligar a los demás ascendientes a cubrir la carga alimentaria cuando la menor de edad acreedora cuenta con su madre. Como se dijo, ese derecho opera en grado de prelación, es decir, de manera subsidiaria. Por tanto, la madre debió acreditar su estado de incapacidad, el cual no puede inferirse por el simple hecho de promover la demanda; ya que ella está obligada a contribuir a la manutención de sus menores hijos, antes de poder exigirlo a los demás ascendientes de ambas partes, tal como se desprende de los artículos 232, 234, 239, 240 y 319, fracción II, todos del Código Civil para el Estado de Veracruz.

"11. Son aplicables, los siguientes criterios emitidos por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"‘Séptima Época.

"‘Registro: 241215.

"‘Instancia: Tercera Sala.

"‘Tesis Aislada.

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

"‘Volúmenes 91-96, Cuarta Parte.

"‘Materia(s): Civil.

"‘Tesis:

"‘Página: 8.

"‘Genealogía:

"‘Informe 1976, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 14, página 16.

"‘ALIMENTOS. OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, POR ASCENDIENTES DE LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ [SE TRANSCRIBE].

"‘Séptima Época.

"‘Registro: 242099.

"‘Instancia: Tercera Sala.

"‘Tesis Aislada.

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

"‘Volumen 36, Cuarta Parte.

"‘Materia(s): Civil.

"‘Tesis:

"‘Página: 15.

"‘ALIMENTOS. PRELACIÓN ENTRE LOS DEUDORES ALIMENTISTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’ [SE TRANSCRIBE].

"‘Quinta Época.

"‘Registro: 817158.

"‘Instancia: Tercera Sala.

"‘Tesis Aislada.

"‘Fuente: Informes.

"‘Informe 1934.

"‘Materia(s): Civil.

"‘Tesis:

"‘Página: 25.

"‘ALIMENTOS. SU MINISTRACIÓN A LOS NIETOS.’ [SE TRANSCRIBE].

"12. En ese orden de ideas, ha quedado en claro que no era factible condenar a un diverso ascendiente al pago de dicha prestación alimentaria."

II.- Origen del amparo directo 283/2013, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y criterio que en él se sostiene.

- La madre de dos menores de edad interpuso demanda en la vía ordinaria civil en contra del padre de sus dos hijos menores de edad y del abuelo paterno, cuya pretensión principal, consistió en reclamar pensión alimenticia provisional y definitiva, suficiente y bastante para cubrir las necesidades de sustento y educativas de los dos acreedores alimentarios, señaló que la acción en contra del abuelo paterno, se basó en el hecho que el padre de los niños se encontraba preso por un delito federal.

- Seguido el juicio de primera instancia en todas sus etapas, se determinó que no quedó acreditada la acción pretendida en contra del abuelo paterno, en tanto que se comprobaba la existencia de ambos padres sin que se acreditara la imposibilidad para cumplir con la obligación alimentaria, toda vez que el padre había manifestado obtener ingresos por realizar actividades económicamente activas dentro de la prisión.

- Inconforme con esa determinación, la actora apeló la sentencia de primera instancia de la que conoció la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien en sentencia definitiva del veintiocho de febrero de dos mil trece, determinó que no se demostró la acción pretendida por la apelante, pues analizando todas las pruebas aportadas a la controversia, se corroboró que no se actualizó el supuesto del artículo 434 del Código Civil de la entidad, relativo a que la obligación alimentaria recae en los ascendientes directos más próximos en grado, a falta o imposibilidad de ambos progenitores, lo que significa que, para la procedencia del ejercicio de la acción de alimentos en contra de los abuelos, es necesario justificar de manera fehaciente, la falta total de los padres o en su caso la imposibilidad física o material de éstos lo que no ocurrió en el caso concreto. Por lo que, validó el monto de la pensión alimentaria mensual impuesta al padre de los menores a razón de un salario mínimo diario elevado a un mes de la zona geográfica respectiva, sin hacer condena en costas.

- La apelante inconforme con la resolución anterior, interpuso demanda de amparo directo, de la cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien en sesión del ocho de agosto de dos mil trece, resolvió en el sentido de conceder el amparo a la quejosa y a los menores involucrados, en un estudio realizado en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los derechos de los niños que se afectaban directamente con la resolución de la responsable.

- Las consideraciones del Tribunal Colegiado para conceder el amparo, consistieron en afirmar que con base en el interés superior de la infancia, reconocido principio constitucional y convencional, que al igual está inmerso en la Ley Federal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual tiene como objetivo, asegurar un desarrollo pleno e integral a los menores de edad, por lo que cualquier autoridad que vaya a decidir sobre algún derecho de los niñas o niños, debe velar por el respeto a los derechos de la infancia y procurar el aseguramiento de dichos derechos, debía verse por la afectación real a la situación de los niños involucrados.

- Así, señaló que en el caso concreto, la acción de alimentos se ejercitó en contra del padre de los menores y el abuelo paterno, y que al dar contestación a la demanda el padre informó que se encontraba recluido en prisión como inculpado de la comisión de un delito federal (posesión de narcóticos con fines de venta), pero que dentro de la prisión realizaba trabajos artesanales que le redituaban recursos, por lo que durante el juicio, el deudor alimentario principal consignó a favor de sus acreedores cantidades para sufragar alimentos, motivo por lo que el Juez de primera instancia lo condenó al pago de una pensión a razón de un día de salario mínimo general vigente en la zona geográfica correspondiente, concluyendo que al quedar acreditada la capacidad económica del padre como deudor principal, se absolvía al abuelo paterno, pues este carecía de legitimación pasiva para ser demandado.

- El Colegiado estimó que no obstante lo anterior, conforme las pruebas aportadas al juicio, la responsable debió atender a lo manifestado por la apelante, en cuanto a que la causa penal seguida en contra del padre de los menores probablemente estaba resuelta en definitiva, y a fin de fijar el monto de una obligación alimentaria se debía atender el estado de necesidad del acreedor y las posibilidades reales del deudor para cumplirla, además de tomar en cuenta el entorno social en que los acreedores alimentarios se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues lo alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa en el estatus aludido, en términos de la legislación civil, por lo que, probablemente por la situación actual del padre de los menores, éste no tenga la capacidad material de cumplir a cabalidad con la obligación alimentaria.

- Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que, la responsable ante tal panorama, debió recabar de oficio todos los medios de convicción idóneos para determinar jurídica y objetivamente, las posibilidades reales del deudor principal, esto es, el padre de los niños, para con ello determinar si corresponde al abuelo paterno aportar subsidiaria o complementariamente, alimentos a sus nietos, ya que si bien es cierto la responsabilidad de otorgarlos, de acuerdo al artículo 434 del Código Civil para el Estado de Jalisco, en principio recae en los padres y sólo a falta de éstos o por imposibilidad probada corresponde a los ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado, consideró que toda vez que el padre de los menores se encuentra en prisión o recién salido de ésta, ese hecho implica una disminución de la condición económica del deudor alimentario, al encontrarse limitada su actividad laboral y conlleva a tener por actualizada la hipótesis prevista en el citado dispositivo en aras de otorgar una pensión alimenticia suficiente para garantizar el sano desarrollo físico y emocional de los menores, en observancia al principio de interés superior del niño.

- Por tanto, el Tribunal Colegiado por unanimidad determinó conceder el amparo, a fin de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictará otra en la que de oficio recabara las pruebas necesarias para acreditar la capacidad económica del deudor alimentario en cantidad suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de los menores, y hecho esto, con plenitud de jurisdicción, dicte la sentencia correspondiente.

Criterio. En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo lo siguiente:

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, los Jueces y Magistrados federales tienen el deber de suplir la deficiencia de la queja en toda su amplitud, así lo determinó en la jurisprudencia que establece: ‘MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.’ [se transcribe].(9)

"Jurisprudencia de observancia obligatoria, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que, como se ve de su contenido, se sustenta en la obligación del Estado de salvaguardar el interés superior de la niñez, que conmina a las autoridades a asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los menores, al tratarse de un mandato constitucional que implica un derecho humano reconocido, también, en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país.

"En efecto, en lo conducente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"‘Artículo 1o.’ [se transcribe].

"‘Artículo 4o.’[se transcribe].

"‘Artículo 133.’ [se transcribe].

"El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, dispone:

"‘Artículo 3’ [se transcribe].

"En tanto la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, reglamentaria del párrafo sexto del artículo 4o. Constitucional, prevé:

"‘Artículo 3.’ [se transcribe].

"‘Artículo 4.’ [se transcribe].

"‘Artículo 7.’ [se transcribe].

"Finalmente, el Código Civil del Estado, en lo conducente, establece:

"‘Artículo 434.’ [se transcribe].

"‘Artículo 439.’ [se transcribe].

"‘Artículo 567.’ [se transcribe].

"‘Artículo 568.’ [se transcribe].

"‘Artículo 570.’ [se transcribe].

"‘Artículo 575.’ [se transcribe].

"Como se ve del marco jurídico transcrito, la Carta Magna establece como una cuestión de orden público el derecho de los menores a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, lo cual es reiterado y reglamentado en la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en la que se dispone que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo, asegurarles un desarrollo pleno e integral, que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en óptimas condiciones, para lo cual, el Estado debe atender al ‘interés superior de la infancia’ al decidir cualquier situación que involucre sus derechos.

"‘Interés superior de la infancia’ que, de acuerdo con lo expuesto en los artículos 4 y 7 de la última ley invocada, obliga a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus atribuciones, a asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, considerando los derechos y deberes de sus progenitores, con el fin de procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos.

"Así, el respeto al ‘interés superior del niño’(10) implica que el Estado y cualquier autoridad que vaya a decidir sobre algún derecho de los niños, niñas o adolescentes, debe velar por el respeto de dichos derechos, con el fin de procurar su desarrollo pleno e integral, es decir, en todos los aspectos (física, mental, emocional, social y moral), a través del aseguramiento del ejercicio de tales derechos.

"En el caso, la acción de alimentos natural se ejercitó en contra del padre de los menores y el abuelo paterno; al dar contestación el primero de ellos, informó que se encontraba recluido, al ser inculpado de la comisión de un delito federal, pero que dentro de la prisión realizaba trabajos artesanales que le redituaban, lo anterior fue corroborado con la información que el encargado de la subdirección jurídica del reclusorio proporcionó;(11) durante el curso del juicio, el deudor alimentario **********, consignó a favor de sus acreedores cantidades para sufragar alimentos;(12) de modo que el Juez de primera instancia, condenó al deudor alimentario el pago de una pensión alimenticia mensual a razón de un día de salario mínimo general vigente en la zona geográfica de esta entidad federativa(13) y como concluyó que quedaba acreditada, aunque de forma disminuida por la particular situación, la capacidad económica de dicho deudor alimentista principal, absolvió al abuelo paterno, por considerar que carecía de legitimación.

"Luego, la aquí quejosa, en el escrito de agravios de apelación, ofreció como pruebas, entre otras, las siguientes:

"‘III.- PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en las copias fotostáticas que anexo y ofrezco con cotejo a su original de la sentencia definitiva dictada en la causa criminal que se instruye en contra del demandado **********, que deberán cotejarse con su original que obra en el expediente número **********, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. Con esta prueba se acredita la imposibilidad de ministrar alimentos a los menores acreedores por su progenitor durante los próximos seis años ...

"‘IV.- PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL.-Consistente en las Inspección Judicial (sic) que ordene esta H. Sala al procedimiento del expediente número **********, que se instruye en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en contra del demandado **********, en cuya acta circunstanciada deberá asentarse lo siguiente: ...

"‘2.- Inspeccionado el expediente, asentar en el acta si existe sentencia definitiva en la causa, nombre del sentenciado y la pena corporal establecida en ella. Esta prueba la ofrezco con citación a mi contraria, conforme lo establecen los artículos 360 y 361 de la ley foral en la materia.

"‘Con esta probanza, se pretende probar la imposibilidad del demandado para ministrar alimentos en forma suficiente a los menores acreedores durante los próximos seis años y la legitimidad en la causa del demandado **********’ (fojas 12 y 13 del toca de apelación).

"A ese oficio, recayó el auto de cinco de diciembre de dos mil doce, que en lo conducente dice:

"‘En cuanto a la prueba documental pública que oferta bajo el punto III de su escrito de cuenta, misma que consiste en la copia certificada de la sentencia definitiva emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal número **********, que fue dictada el 7 (siete) de febrero del año 2012 (dos mil doce), no ha lugar admitir, ni se admite, ya que dicho medio de convicción no se ajusta a lo expuesto por el artículo 93 del enjuiciamiento legal en cita, puesto que el hoy apelante, tuvo conocimiento de su existencia desde la fecha que indica en líneas precedentes (sic) y no la ofertó dentro de los tres días siguientes a que conoció de su existencia, por lo que incumple el promovente con lo determinado en el numeral en cita.

"‘En otro orden de ideas, en lo que se refiere a la prueba de inspección judicial, ésta es de no admitir, si se admite (sic), ya que este medio de convicción se encuentra concatenado con la prueba documental pública que ofreció en el número III (romano), misma que no fue admitida, sumando a que el ofrecimiento de este elemento de prueba, en término del artículo 449 de la Ley Procesal Civil del Estado de Jalisco, sólo se refiere a la admisión de esta alzada de las pruebas confesional y documental, excluyendo a la prueba de inspección judicial...’ (foja 24 ídem).

"Lo narrado permite concluir que, la Sala responsable debió atender lo manifestado por la apelante, en cuanto a que la causa penal seguida en contra de **********, probablemente estaba resuelta en definitiva, indicio que además este tribunal encuentra razonado, en la medida en que los terceros perjudicados ********** y **********, comparecieron a este juicio de amparo a exhibir copia certificada de la resolución dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de este Circuito, en cumplimiento al fallo pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, en el que otorgó la protección al citado ********** y, en consecuencia, se decretó su libertad por lo que ve a la causa penal ********** (fojas 18 a 31 del toca de amparo).

"Por tanto, toda vez que para fijar el monto de una obligación alimentaria, se debe atender al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el estatus aludido, lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 439 y 442 del Código Civil del Estado de Jalisco,(14) que probablemente por la situación actual del padre de los menores, no esté en capacidad material de cumplir a cabalidad.

"De ahí que, este tribunal considere que se debió recabar de oficio, todos los medios de convicción idóneos para determinar jurídica y objetivamente, las posibilidades reales del deudor principal **********, para cumplir con la obligación alimentaria, y en base a lo anterior, determinar si corresponde al codemandado ********** (abuelo paterno), aportar subsidiaria o complementariamente, alimentos a sus nietos, ya que si bien es cierto, la responsabilidad de otorgarlos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 434 del Código Civil del Estado de Jalisco,(15) en principio, recae en los padres y sólo a falta o por imposibilidad de éstos, corresponde a los ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado; se tiene que, la circunstancia especial del caso, en el que el padre de los menores se encuentra en prisión o recién salido de ésta, de suyo implica la disminución de su condición económica, al encontrarse limitada su actividad laboral y conlleva a tener por actualizada la hipótesis prevista en el citado dispositivo, en aras de otorgar una pensión alimenticia suficiente para garantizar el sano desarrollo físico y emocional de los menores, en observancia al principio de interés superior del niño."

De la resolución anterior, emanó la tesis aislada III.1o. C.7 C (10a.),(16) de título, subtítulo y texto siguientes:

"ALIMENTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE LOS ASCENDIENTES PARA OTORGARLOS, CUANDO EL PADRE TENGA LIMITADA SU CONDICIÓN ECONÓMICA AL ENCONTRARSE IMPOSIBILITADO, OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (ARTÍCULO 434 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). El citado artículo dispone que la obligación de otorgar alimentos a los hijos, originalmente, recae en los padres y sólo a falta o por imposibilidad de éstos, corresponde a los ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado; sin embargo, el hecho d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26265-5602fd23/obligacion-subsidiaria-alimenticia-a-cargo-de-los-ascendientes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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