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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA EJECUCIÓN –POR VICIOS PROPIOS– DE UNA MULTA JUDICIAL, EFECTUADA POR LA DIRECCIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS JUDICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2016. · Registro digital (IUS): 27275
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-08-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo III, Pág. 1513.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2017. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: MARÍA ALEJANDRA SUÁREZ MORALES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de tesis en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, pues la formuló el Pleno del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados Cuarto y Décimo en Materia Civil del Primer Circuito.

I. Postura del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión RC. 263/2016.

"II. Aspectos relacionados con la competencia del Juez Federal respecto al cobro de la multa

"Otra cuestión que se debe considerar antes de entrar al análisis de los agravios es que en conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 22/2009, emitida por la Segunda Sala (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: ‘COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.’, al conocer de un amparo en revisión, los Tribunales Colegiados deben analizar si el Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo y emitió la resolución impugnada es competente para conocer del asunto, por razón de la materia, pues en caso contrario el órgano revisor debe revocar la resolución sujeta a revisión y remitir los autos al Juez especializado que considere competente.

"Por esa razón, se considera que, previamente a analizar los agravios que hace valer la recurrente, es necesario determinar la competencia del Juez Federal.

"Como se vio en el apartado anterior, en la demanda de amparo se reclaman tres actos:

"a) El acuerdo de trece de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio sucesorio testamentario a bienes de **********, expediente **********, en el que, por un lado, se declaró firme el auto donde se impuso una multa a la quejosa y, por otro, se ordenó girar oficio a la Dirección de Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que procediera al cobro de la multa.

"b) La notificación de nueve de octubre de dos mil catorce, en la que el actuario adscrito al juzgado de origen, pretendió hacer del conocimiento de la quejosa el auto en el que se le hace el requerimiento para que entregara los documentos relacionados con el autor de la sucesión y se le apercibe con multa equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente.

"c) La ejecución y cobro de la multa judicial requerida por el director para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio **********, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

"En cuanto a los dos primeros actos no representan ningún problema para determinar la competencia del Juez de Distrito en Materia Civil, dado que se trata de actos emitidos por autoridades judiciales civiles; sin embargo, en cuanto al acto atribuido a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, podría generarse duda en cuanto a si la competencia para conocer de ese acto debe recaer en un Juez de Distrito en materia administrativa, o bien, si ese acto es competencia de un Juez Federal civil.

"Esta indeterminación se disipa al atender a algunos aspectos doctrinarios y legales de la competencia, como a continuación se demuestra.

"En opinión de algunos autores, en el Estado moderno ya por la amplitud del territorio, ya por el número y diversidad de las controversias, se impone la necesidad de instituir un gran número de Jueces, esto con el fin de obtener un regular y completo ejercicio de la función jurisdiccional.

"Aunque en abstracto esa función corresponde a todos los Jueces vistos en conjunto, lo definitivo es que, en concreto y por necesidades prácticas, se fracciona y distribuye entre los diversos juzgadores que integran el Poder Judicial, lo que produce la competencia de los órganos jurisdiccionales.

"En relación al tema, Adolfo Maldonado sostiene lo siguiente:

"‘Dentro de cada orden jurídico, es una la función jurisdiccional, como es una la soberanía, y, «si fuese posible instituir en todo el territorio del Estado un único tribunal investido del poder de juzgar, sin recurso, todas las cuestiones, fuese cual fuese su naturaleza, su valor, la calidad y la residencia de las personas, la situación de los bienes y el lugar del cumplimiento de las obligaciones, ese tribunal tendría la plenitud del poder jurisdiccional y, por tanto, competencia ilimitada». (Dos Reis. Processo Ordinario e Sumario. Vol. 1, página 471).

"‘Dada la complejidad de la vida moderna y la cada vez más grande cantidad de negocios jurídicos, en correlación con la complicación de la vida en el Estado moderno, se explica que un solo órgano jurisdiccional sería incapaz de atender a todos los negocios que debe resolver el Poder Judicial. De aquí que se imponga una necesaria división del trabajo, la que debe realizarse tanto en el orden vertical como en el horizontal. Estas divisiones de la jurisdicción dan lugar a su fraccionamiento o atribución limitada a una serie de órganos articulados de manera sistemática, cada uno de los cuales sólo tiene encomendada una porción de la función jurisdiccional, y la parte de que está investido un determinado órgano o tribunal, es lo que se llama la competencia del mismo (Dos Reis, op. cit.); o en los términos de Aureliano de Gusmao, la competencia es la parte o porción fragmentaria de jurisdicción que la ley otorga a cada uno de los diversos Jueces o tribunales que componen orgánicamente el Poder Judicial del Estado. (Processo Civil e Commercial. Vol. 1, página 141).’

"Así, la competencia se define como aquella parte de la función jurisdiccional que corresponde en concreto a cada Juez de los que integran determinado sistema judicial.

"Son varios los criterios para determinar la competencia, esto es, para conocer de qué manera y respecto a qué hechos se distribuye la jurisdicción entre los juzgadores. El autor en cita propone la división cualitativa o vertical y la división cuantitativa u horizontal, en los términos que enseguida se explican.

"a) División cualitativa o vertical de la jurisdicción. Ésta se impone por la necesidad de la adecuación del órgano a una especial función, obedece a la diversidad de materias que deben llevarse al conocimiento y resolución de los tribunales, por virtud de la cual se requiere una especialización de los mismos, que garantice su idoneidad. Su finalidad es lograr la mayor perfección y calidad de la justicia, lo que mediatamente favorece a los justiciables.

"El criterio de esta división es material, esto es, deriva de la naturaleza específica de algunos negocios que exigen una adecuada especialización funcional. La división vertical da lugar a la creación de tribunales diversos, por razones de grado, de materia, y de la cuantía del negocio. Por regla general, esta clase de competencia no es prorrogable.

"b) División cuantitativa u horizontal de la jurisdicción. La esencia de esta división consiste en una mera multiplicación de órganos de idéntica competencia material, sólo para facilitar a las partes, su acceso a ellos, o para atender con eficacia y prontitud al servicio de la administración de justicia, atento el volumen de negocios.

"Se trata de tribunales de la misma especie o categoría, igualmente idóneos para conocer de una misma clase de negocios, pues su multiplicidad no tiene otro fin que el rápido despacho y la economía en la administración de justicia, así como la prestación del acceso inmediato de los litigantes a los órganos jurisdiccionales, cuya competencia, por estas razones, se califica de territorial, personal o relativa.

"En cuanto a la división cualitativa de los Jueces Federales para la promoción de los juicios de amparo, que es la que interesa para resolver el presente asunto, se advierte que en los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece el conjunto de reglas para la distribución de competencias de los Juzgados de Distrito especializados por diversas materias, a saber: penal, administrativa, civil y de trabajo.

"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido varios criterios para precisar los elementos que se deben tomar en cuenta para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, por razón de la materia, entre los que destacan, los siguientes:

"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe)

"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (se transcribe)

"La aplicación de estos criterios adopta una modalidad para la materia administrativa, regulada en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se demuestra a continuación.

"Dicho precepto determina la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y se compone actualmente de seis fracciones, en los siguientes términos:

"‘I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;

"‘II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;

"‘III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo;

"‘IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente;

"‘V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y,

"‘VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

"Como se ve, para los supuestos de procedencia de los juicios de amparo ante Jueces de Distrito en Materia Administrativa, hay casos en que se atiende a la naturaleza de la autoridad, y otros en los que se atiende a la naturaleza del acto.

"En cuanto a la naturaleza del acto se atiende exclusivamente en dos casos:

"a) En el juicio de amparo contra leyes (fracción II); y,

"b) En las denuncias de incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia administrativa (fracción VI).

"En los demás casos, las hipótesis de las fracciones se refieren a la naturaleza de la autoridad, y en ellas, se emplea un sentido formal del concepto de autoridad administrativa.

"Ciertamente, la literalidad de las fracciones transcritas, conduce a estimar que para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Administrativa el referente o punto base que prevé la ley no es la naturaleza del acto, sino de la autoridad emisora del acto impugnado, por lo que si expresamente en la fracción IV del mencionado artículo 52, se dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad ‘distinta de la judicial’, ello implica, a contrario sensu, que no son competentes para conocer actos emitidos por autoridades judiciales.

"Por esa razón se estima que cuando en un acto se vea involucrada una autoridad judicial, en principio, quedan excluidos los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y, en todo caso, se tendrá que atender a otras reglas de distribución de competencia, relacionadas con la materia; pero ya en un segundo plano de distribución de competencia.

"En el caso, la autoridad que emite el acto es la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual tiene los siguientes antecedentes:

"• En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de trece de enero de dos mil diez se publicó la resolución por la que se autoriza al Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, para prestar los servicios de tesorería, en cuyos numerales destaca lo siguiente:

"‘PRIMERO.-Se autoriza al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para llevar a cabo los servicios de tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal del Distrito Federal, única y exclusivamente por lo que respecta al servicio de recaudación, que consiste en la recepción, custodia y concentración de fondos de la propiedad del Distrito Federal.

"‘La presente resolución, se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de las normas que se contienen en las reglas generales para los servicios de tesorería del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de junio del 2002 y modificadas, mediante acuerdos publicados en el órgano de difusión oficial, el 16 de agosto de 2004 y 07 de febrero de 2008, en lo que respecta al servicio de tesorería que se autoriza y no contravengan lo dispuesto en esta resolución.

"‘SEGUNDO.-La autorización a que se refiere el punto primero de esta resolución, operará sólo respecto a los aprovechamientos y accesorios relacionados con el cobro de multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el ejercicio de sus funciones.

"‘...

"‘Sexto. El personal administrativo, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que su titular faculte para llevar a cabo la operación de los servicios de tesorería, autorizados a través de este instrumento jurídico, de ninguna manera podrá ser considerado personal de la Secretaría de Finanzas y, tanto ellos, como su titular, estarán sujetos a lo dispuesto en los artículos 46, 47 y demás relativos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público.

"‘...

"‘Octavo. El servicio de tesorería que ejerza el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en virtud de lo dispuesto en esta resolución, no causará ningún tipo de comisión para la Secretaría de Finanzas, ni para los contribuyentes y estará sujeto a la vigilancia y supervisión que lleve a cabo el órgano de control interno de dicho tribunal, de conformidad con las facultades de auditoría que le confiere la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.’

"• En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de dieciocho de noviembre de dos mil diez, se publicó el Acuerdo General 27-42/2010, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión de fecha cinco de octubre de dos mil diez, por el que se establecen las atribuciones y facultades generales de la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad.

"En dicho documento se advierte lo siguiente:

"- Como antecedente se destaca que mediante Acuerdo 5-24/2010, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en sesión ordinaria del día uno de junio de dos mil diez, determinó autorizar la creación de la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales.

"- Se establecieron como atribuciones de dicha dirección, las siguientes:

"‘I. Coordinar las acciones tendientes a la programación, instrumentación y control del cumplimiento del pago de las multas judiciales impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

"‘II. Efectuar a través del personal previamente autorizado por la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, los actos administrativos relativos a las sanciones y demás actos, de conformidad con lo establecido en el capítulo III, título segundo del libro tercero del Código Fiscal del Distrito Federal.

"‘III. Emitir, en el ámbito de su competencia, los documentos de gestión inherentes al procedimiento administrativo de ejecución.

"‘IV. Llevar a cabo a través del personal previamente autorizado por la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, los actos previstos en el libro tercero, título primero, capítulo I, del Código Fiscal del Distrito Federal, relativo al procedimiento administrativo de ejecución.

"‘V. Habilitar conforme a los artículos 376 y 440 último párrafo del Código Fiscal del Distrito Federal, a las personas encargadas de realizar las diligencias de notificación, requerimiento de pago y embargo, a que se refiere el presente acuerdo.

"‘VI. Coordinar las actividades de recaudación con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

"‘VII. Diseñar y emitir los formatos oficiales para la recepción de los fondos, en los términos señalados en la fracción II del artículo tercero de la resolución de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de fecha 13 de enero de 2010.

"‘VIII. Establecer, coordinadamente con la Dirección Ejecutiva de Planeación, los procesos operativos, de diagnóstico, evaluación y actualización para la eficaz recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores relacionados con el cobro de multas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el ejercicio de sus funciones;

"‘IX. Integrar los expedientes de los procedimientos administrativos de ejecución y todos aquellos actos tendientes a la cobranza coactiva;

"‘X. Expedir copias certificadas de la documentación que le sea requerida por las autoridades encargadas de resolver los medios de impugnación que hagan valer los sancionados en contra de los actos realizados por la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, facultándose para tal efecto al director de área.

"‘XI. Aceptar, previa calificación, las garantías que otorguen los infractores para asegurar el interés fiscal respecto de las multas judiciales impuestas por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

"‘XII. Mantener coordinación permanente con los órganos judiciales, que permita la recaudación de las multas que éstos impongan.

"‘XIII. Responsabilizarse del registro, control, depósito, custodia, devolución y cancelación de los bienes embargados.

"‘XIV. Informar a la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía Mayor, de los hechos que conozca con motivo del ejercicio de sus atribuciones, que puedan ser constitutivos de delitos fiscales.

"‘XV. Las demás que al efecto determinen la legislación aplicable, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.’

"Lo anterior pone de manifiesto que con independencia de la facultad para prestar servicios de tesorería que la Secretaría de Finanzas, delegó en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y ésta a su vez en la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, no debe soslayarse que por la actividad que desempeña, así como por la supervisión y vigilancia que tiene, es una autoridad que únicamente ejecuta las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales que integran el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad.

"De ese modo, aun cuando esa Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, se encuentre en el engranaje del Poder Judicial local y tal vez, materialmente, realice funciones administrativas, debe considerarse que esas funciones provienen del ámbito del Poder Judicial, lo cual excluye del conocimiento de sus actos a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ante eso, debe atenderse a la disciplina jurídica a que corresponda el acto reclamado.

"Como se destacó, en el caso, el cobro de la multa que se pretende ejecutar proviene de un Juez del fuero común en materia familiar, lo que conduce a estimar que la competencia para conocer del asunto recae en un Juez de Distrito en Materia Civil.

"Esto es así, porque el acto atribuido a la dirección no puede estimarse que es resultado de una autoridad distinta de la judicial al momento de determinar la competencia para conocer de la demanda de amparo, por lo que ésta debe considerarse, sobre la base de la materia a que corresponden los actos con la que está vinculada la ejecución y cobro de la multa judicial, y que según se vio, es la materia civil.

"Con independencia de lo expuesto y a mayor abundamiento, este Tribunal Colegiado, advierte una razón más para considerar que en el caso la competencia del asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil, la cual se relaciona con el principio de acumulación o fuero de atracción, para efectos de determinar la competencia, cuya utilidad recae en la necesidad de analizar dos o más pretensiones en una sola sentencia, para optimizar la satisfacción del principio de economía procesal, mediante la utilización esencial de los mismos trámites para sustanciar y resolver lo que podría ser objeto de dos o más procesos separados, y la de evitar la posibilidad del dictado de fallos contradictorios en litigios conexos.

"Al respecto, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas de Torres, se advierte que el fuero de atracción ‘es la potestad y deber de un tribunal de conocer de cuestiones diferentes pero conexas, respecto de las que a su estricta competencia pertenecen, por la condición del reo o por la índole del asunto’.

"Por su parte, el jurista Devis Echandía, sostiene que la conexión en relación con la competencia o el llamado fuero de atracción ‘no es un factor de competencia ni un criterio para determinarla sino una razón para modificarla o extenderla a casos para los cuales no la tiene el Juez, individual o separadamente’.

"Por esa razón, dicho autor destaca que gracias a este factor, un Juez que no es competente para una causa o para algunas de las prestaciones formuladas en una demanda, o en excepciones o reconvenciones presentadas en el mismo juicio puede conocer de ellas, en virtud de su acumulación a otras que sí le corresponden.

"El sentido de las consideraciones anteriores, subyace en el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental a la jurisdicción. Uno de los principios de ese derecho, consiste en que la justicia sea administrada mediante resoluciones dictadas de manera pronta, completa e imparcial.

"Al aplicar estas bases al caso justiciable, se arriba a la conclusión de que aun en la hipótesis de considerar que el acto reclamado a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia no tiene una naturaleza formalmente civil, en atención al principio al que se ha hecho referencia, existiría la necesidad de que dos controversias o dos pretensiones se analicen conjuntamente en una sola sentencia, por prontitud o por evitar dilaciones, para cumplir con la finalidad de una mayor economía procesal, lo que da lugar a considerar una razón más para determinar que la competencia para conocer del acto que se atribuye a esa autoridad debe recaer en el Juez de Distrito en Materia Civil.

"Todas estas razones conducen a estimar que no se comparte el criterio «I.1o.C.3 K (10a.)», emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE IMPUGNA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, LLEVADA A CABO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN PARA EL COBRO DE MULTAS JUDICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe)

"Con independencia de que se trata de un criterio aislado que no es vinculante para este Tribunal Colegiado, se estima lo siguiente:

"a) Como se puede advertir en la lectura del criterio invocado, el Décimo Tribunal Colegiado, considera que los actos en los que se impugna la ejecución de las multas impuestas por una autoridad jurisdiccional, a través de la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, corresponde a un Juez de Distrito en Materia Administrativa, lo que en concepto de este tribunal es inexacto, porque las funciones que realiza dicha dirección provienen precisamente del ámbito del Poder Judicial, lo cual excluye del conocimiento de sus actos a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa.

"b) El Décimo Tribunal Colegiado, arriba a la conclusión de que esa competencia, proviene de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pero de acuerdo a las consideraciones expuestas en esta ejecutoria, se advierte que de conformidad con la fracción IV del artículo 52, los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, quedan excluidos de conocer de juicios de amparo contra actos de autoridades judiciales, y al quedar evidenciado que los actos que emite la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, provienen del ámbito del Poder Judicial, y en todo caso, se debe atender a otras reglas de distribución de competencia, relacionadas con la materia; pero ya en un segundo plano de distribución de competencia.

"Por estas razones, de conformidad con el artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, ha lugar a denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno del Primer Circuito ..."

De la transcripción preinserta, se aprecia que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conoció del recurso de revisión RC. 263/2016, interpuesto por la señora **********, en el que combatió la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, engrosada el dos de agosto siguiente, por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la que resolvió sobreseer en el juicio de amparo indirecto **********, el cual se promovió en contra de los actos siguientes:

- Del Juez Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el acuerdo dictado el trece de enero de dos mil dieciséis, en el juicio testamentario **********, promovido por la sucesión a bienes de **********

- Del actuario adscrito a dicho juzgado, la razón asentada en el juicio testamentario **********, de nueve de octubre de dos mil catorce.

- Del director para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la ejecución y cobro de la multa judicial, requerida por oficio **********, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

El citado Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por mayoría de votos, con el voto en contra de la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, medularmente, determinó por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el trece de enero de dos mil dieciséis, en el juicio testamentario **********, promovido por la sucesión a bienes de **********, que el sobreseimiento decretado, respecto de dichos actos debía permanecer incólume, en virtud de que dicha cuestión no se controvirtió en el escrito de agravios, pues los planteamientos de la inconforme sólo se dirigieron a controvertir lo decidido acerca de los actos reclamados, consistentes en la multa y la notificación.

Por otro lado, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia efectuó un análisis de la competencia del Juez Federal para el conocimiento de la cuestión planteada, en tanto que, consideró que en cuanto al acto atribuido a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, podría generarse duda respecto a si la competencia para conocer de ese acto debía recaer en un Juez de Distrito en Materia Administrativa, o bien, si ese acto es competencia de un Juez Federal Civil.

En lo referente a dicho tópico, determinó que cuando en un acto se vea involucrada una autoridad judicial, en principio, quedan excluidos los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y, en todo caso, se tendría que atender a otras reglas de distribución de competencia, relacionadas con la materia; pero ya en un segundo plano de distribución de competencia.

Asimismo, consideró que la autoridad que emitió el acto es la Dirección para el Cobro de Mult

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27275-4113822e/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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