COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDEN LA LEY ORGÁNICA Y LA LEY DE CARRERA JUDICIAL, AMBAS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 37/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE JULIO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: IVANN ALVAREZ HERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de nueve de julio de dos mil veinticinco.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de criterios identificada al rubro, y
RESULTANDO:
Primero. Denuncia de la posible contradicción de criterios ante este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio proveniente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México y recibido el nueve de mayo de dos mil veinticinco en la oficialía de partes de este Pleno Regional, se remitió el diverso por medio del cual se denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2025, y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2025.
Segundo. Radicación y trámite de la denuncia. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional ordenó formar el expediente de contradicción al que correspondió el número 37/2025 y la admitió a trámite.
En ese mismo proveído, se turnaron los autos para su estudio a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado y se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios que motivaron la posible contradicción, aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guardara relación con el siguiente:
“DETERMINAR SI, AL RECLAMAR EN LA VÍA DE AMPARO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVAS A LA REGULACIÓN DE LAS NUEVAS CONDICIONES LABORALES ENTRE LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SON DE NATURALEZA LABORAL O BIEN, SON MATERIA ADMINISTRATIVA POR RECLAMAR TRANSGRESIONES DE LAS AUTORIDADES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO LEGISLATIVO”.
Tercero. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio de cuatro de junio del presente año, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó a este Pleno Regional que, durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción en la que el tema a dilucidar guardara relación con el establecido en el presente asunto.
Cuarto. Confirmación de turno. Una vez integrado debidamente el expediente, por acuerdo de once de junio de dos mil veinticinco, se confirmó el turno a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de siete de junio de dos mil veintiuno, aplicable en términos del transitorio Séptimo del DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; en relación con el 1°, fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales (reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados especializados en materia administrativa, pertenecientes al Tercer Circuito, comprendidos en la Región Centro-Sur, región y materia respecto de las cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, al haber sido formulada por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, cuyos juicios de amparo de su índice motivaron las resoluciones contradictorias contendientes en el presente asunto.
TERCERO. Criterios denunciados. A continuación se transcriben, en la parte que interesa a este asunto, los criterios denunciados como contradictorios.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (conflicto competencial 18/2025).
“(...) CUARTO. Análisis de fondo sobre la cuestión competencial.
Este Tribunal Colegiado determina que corresponde conocer del juicio de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Se explica.
La competencia por materia es aquella que determina en qué juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho; esto permite que los juzgadores resuelvan mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, precisamente por tener una profunda comprensión sobre la materia correspondiente, por lo que con ello se consigue cumplir con la garantía de justicia pronta, complete e imparcial establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos juzgados y tribunales, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad.
Para definir la competencia en los juicios de amparo, el legislador, a través de los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinó dos criterios a observar: La naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable
Ahora, tratándose de juicios de amparo donde el elemento que define la acción constitucional es el acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio para dirimir los conflictos competenciales, determinando que debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado.
Así, para efectos de determinar la competencia por materia en un conflicto de esta naturaleza, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por las partes en tanto que ello no constituye un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, lo anterior acorde a lo definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, del siguiente contenido:
‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. (se transcribe)’.
A su vez, debe tenerse en cuenta que del contenido de los artículos 54 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que, para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.
Entonces, para efectos de establecer la competencia por materia en cada caso concreto, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente pues, éstos no constituyen un criterio que decrete a quién compete conocer del asunto.
Ahora del referido artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal, se destaca que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra: la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas.
Igualmente, actos de autoridades judiciales por la aplicación de leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por esas autoridades.
Asimismo, por lo que ve a leyes y disposiciones de observancia general en materia administrativa; actos de autoridad distinta de la judicial -salvo las hipótesis establecidas en las fracciones II del artículo 48 y III del 53 en lo conducente, de la propia Ley Orgánica- actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, y de las denuncias por incumplimiento de las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa.
Luego, el diverso artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, destaca que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo tienen competencia para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden.
Además, de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, entre otros.
Ahora bien, aun cuando las normas citadas, así como el criterio reproducido, aluden a la materia como uno de los parámetros para definir la competencia del órgano, de igual forma esta -materia- no se determina en su texto en virtud de la necesidad de atender a cada caso para hacerlo y por la multiplicidad de configuraciones en la litis, pues la ley no es un diccionario, ello aunado a la ausencia de precisión de elementos o de un parámetro a partir del cual se hubiese proporcionado alguna delimitación por parte del legislador.
En ese contexto, es pertinente acudir a lo que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, el cual dispone:
“Artículo 48. (se transcribe)’.
Del numeral transcrito se desprende que cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
Que recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes.
En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.
Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior.
Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente.
Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.
Entonces, se tiene que -al retomar lo referido al inicio de este considerando- la competencia por materia, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias atinentes a una determinada rama del derecho.
En esos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que el tribunal que dilucide sobre la cuestión de competencia, debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por la relación substancial entre las partes; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante:
(I) el análisis de las prestaciones reclamadas;
(II) de los hechos narrados;
(III) de las pruebas aportadas; y,
(IV) de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda.
Empero, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes en el asunto de que se trate, debido a que ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional que deba resolverlo, dado que dilucidar sobre ese aspecto, sería tanto como vincular incluso al órgano jurisdiccional competente a emitir una resolución en un determinado sentido, en cuanto al fondo de la cuestión debatida.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número P./J.83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
“COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (se transcribe)’.
Así, como se desprende de la jurisprudencia reproducida, la naturaleza material del acto de autoridad ha sido fundamental para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la precisión de la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados, buscando con ello dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a las garantías prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios que constituyen el mecanismo idóneo para hacer efectivo el derecho fundamental de una adecuada defensa.
Esto, a partir de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita las distintas soluciones en los casos concretos, que se les planteen.
Las personas quejosas acudieron al juicio de amparo a reclamar los artículos 7, fracción VII, 8, 11, fracciones VI y IX, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, fracción IV, 41 y 43, fracción II de la Ley de Carrera Judicial y los diversos 29, 187, fracciones I a III, V, VIII y X, 191, párrafo primero, 198, párrafo primero, 247, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales son del tenor siguiente:
Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
‘(Se transcriben)’.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:
‘(Se transcriben)’.
Los artículos 1 y 4 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación -que no fueron reclamados en la demanda- disponen que tal ley tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo de la Carrera Judicial de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación y regular su funcionamiento.
Asimismo, que la Carrera Judicial constituye un sistema institucional integrado por los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación del cargo de las personas servidoras públicas que la componen, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades.
En el marco de lo anterior, los numerales transcritos establecen –entre otras cosas- que la formación en perspectiva e igualdad de género será contemplada como un criterio obligatorio para el nombramiento y el ascenso de las personas servidoras públicas que integran el Poder Judicial de la Federación.
Además, que la promoción en la carrera judicial se hará a través de concursos internos o se podrá realizar mediante concursos abiertos de oposición, en tanto que la evaluación del desempeño implica el establecimiento de métodos para valorar el cumplimiento cualitativo y cuantitativo, de manera individual y, en su caso, colectiva, de las funciones y objetivos asignados a las y los integrantes de la Carrera Judicial, contribuyendo a fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia.
Se establece que la finalidad de la referida evaluación es apreciar el rendimiento de cada persona servidora pública de la Carrera Judicial evaluado o evaluada dentro del marco de su categoría y actividades concretas, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia.
Luego, se prevé que el Órgano de Administración Judicial establecerá los criterios y mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, en función de cada categoría de la Carrera Judicial, determinando a su vez los alcances y efectos de los resultados de la evaluación. En tanto que la Escuela Judicial coadyuvará con las funciones de evaluación del desempeño que realicen el Órgano y el Tribunal de Disciplina Judicial en los términos y mediante los procesos que establezca el Órgano mediante acuerdos generales, sumado a que llevará un seguimiento del desarrollo de las personas servidoras públicas de la Carrera Judicial para el logro de sus fines.
Dentro de los artículos reclamados también se dispone que los resultados de la evaluación serán la base para la obtención de reconocimientos, así como para la toma de decisiones en materia de permanencia y, en su caso, separación de la Carrera Judicial.
Lo anterior, en tanto que la permanencia en la carrera judicial en las categorías previstas en las fracciones III a XI del artículo 11 de esa Ley -con excepción de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral- estará sujeta al resultado de la evaluación del desempeño en los términos que marca esa misma ley y de los acuerdos que para tal efecto emitan los órganos competentes del Órgano.
En ese mismo sentido, se establece que el proceso de separación de la Carrera Judicial comprende los criterios y procedimientos para que el nombramiento otorgado a las personas servidoras públicas pertenecientes a la misma, deje de surtir efectos sin responsabilidad para el Poder Judicial de la Federación, cuando –ejemplificativamente- no se acredite el procedimiento que disponga el Órgano mediante acuerdo general respecto de las evaluaciones de desempeño a que se refiere la presente Ley y las disposiciones normativas aplicables que al efecto se emitan.
Con relación a lo anterior, también se aprecia que constituyen obligaciones de las personas servidoras públicas integrantes de la Carrera Judicial participar en los cursos de capacitación que imparta la Escuela Judicial y acreditar las evaluaciones de desempeño establecidas para su continuidad y desarrollo en la Carrera Judicial.
Para resolver el presente conflicto, es necesario atender que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –al resolver el seis de junio de dos mil tres, la competencia 112/2003- ya determinó que cuando el acto reclamado en un juicio de amparo lo constituye un decreto relativo a las condiciones laborales entre una institución y sus trabajadores, el reclamo es de naturaleza laboral.
El referido conflicto en estudio se originó entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos de este Tercer Circuito, para conocer de un juicio de amparo promovido contra el Decreto 19871, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.
Ahí, el Máximo Tribunal del País razonó que tal acto reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la ley orgánica de una institución educativa, respecto a las condiciones laborales específicas inherentes a la relación existente entre dicha casa de estudios y sus trabajadores, ‘...modificando la regulación relativa a cuestiones relacionadas con licencias, remociones, jubilación y pensiones, de forma que debe concluirse, necesariamente, con que tal acto reclamado reviste naturaleza laboral’.
En concordancia con lo anterior, esa misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –al resolver el diverso conflicto competencial 18/2010- estableció que si los quejosos cuestionaron la afectación a sus derechos laborales -por virtud del incremento del factor temporalidad para acceder a una pensión, y además, las nuevas condiciones para acceder a demás prestaciones a cargo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que como servidores públicos en activo tienen derecho derivado de la relación laboral que mantienen con el órgano del Estado, el asunto era competencia laboral.
Esto a partir de que en ese asunto, se estableció que el otorgamiento de prestaciones laborales a los burócratas al servicio del Estado de Jalisco –por parte de la Dirección de Pensiones del Estado— es un acto que se enmarca en los objetivos del derecho del trabajo, según ya lo había definido esa misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del País.
Lo anterior, toda vez que la relación laboral entre el servidor público y el órgano para el cual labora se rige por el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, en tanto que las prestaciones otorgadas por esa dirección emanan del vínculo laboral entre el burócrata y el órgano del Estado para el que presta sus servicios.
Entonces ‘...en atención a que los actos reclamados involucran el establecimiento de nuevas condiciones laborales’ específicas inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores en activo, como los quejosos, y modifican la regulación relativa a cuestiones relacionadas con pensiones y prestaciones, tales actos ‘...revisten naturaleza laboral’.
Igualmente, ahí se razonó que si bien es verdad que el acto que emite el órgano legislativo pudiera considerarse, en términos generales, como un acto administrativo, ello no basta para estimar competente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, puesto que debe atenderse preponderantemente la naturaleza que involucra la ley impugnada para así determinar la competencia.
Por ende, si en ese caso los quejosos se dolieron de un nuevo régimen de pensiones, era claro que el reclamo incidía en el vínculo laboral que tenían en ese momento como trabajadores en activo con el Estado de Jalisco, lo que tornaba competente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, porque no podía perderse de vista que el acto principal combatido en la demanda de amparo.
Ahora, este Tribunal Colegiado estima que tales precedentes deben relacionarse de manera armónica con lo ya establecido -al resolver el amparo directo en revisión 54/2016- por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde analizó el sistema previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, e incluso la naturaleza de la terminación del nombramiento como consecuencia de la no acreditación de la evaluación.
Así, es necesario destacar que –según precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación- la legislación allá impugnada estableció que era obligación del personal presentarse a la evaluación, y aprobar la misma, en tanto que como consecuencia del incumplimiento a tales obligaciones se darían por terminados los efectos del nombramiento del trabajador, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.
Luego, se reparó en que la parte quejosa ahí controvirtió la facultad de las autoridades educativas y de los organismos descentralizados para dar por terminado el nombramiento del personal docente por haber obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, lo cual se relaciona con el incumplimiento a una de las obligaciones específicamente previstas en la ley de la materia
Al respecto –en un primer momento- se fijó por el Máximo Tribunal del País que el incumplimiento a los requisitos de permanencia en el Servicio Profesional Docente se comprende mejor conforme a la doctrina que entiende los nombramientos como actos condición, porque su subsistencia se condiciona al respeto de las disposiciones legales vigentes en las que se determinen abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales se debe prestar el servicio público.
Por tanto, cuando la persona deja de cumplir con las exigencias que establece el marco jurídico aplicable para la prestación del mismo, ello da lugar a dar por terminado el nombramiento en cuestión, de tal modo, que cuando la administración advierte que quien desempeña el servicio público ya no reúne las condiciones que exige el servicio para el cual fue designado, cuenta con la atribución de retirar dicho nombramiento sin responsabilidad y con el respeto de los derechos fundamentales que asisten al gobernado.
Entonces, en atención a la naturaleza del nombramiento de una persona como servidora pública, es posible comprender que si ésta ya no reúne las condiciones que se requieren para la prestación del servicio, no se actualiza necesariamente un caso de ilicitud que dé lugar a la imposición de una sanción, simplemente se está en presencia de un caso de insatisfacción de los requisitos necesarios para continuar con el desempeño de la función pública.
Luego, si el estatuto al que está sujeto el Servicio Profesional Docente, cuyo propósito consiste en cumplir con los objetivos previstos de mejorar la calidad de la educación y la práctica profesional docente, asegurar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal y estimular el reconocimiento de las labores mediante opciones de desarrollo profesional, es razonable que su insatisfacción dé lugar a la terminación del nombramiento respectivo.
Ello, en contraste con las sanciones administrativas, propiamente dichas, que son la consecuencia jurídica de la acción u omisión previstas por ley, a las cuales se hacen acreedores quienes desempeñen un servicio público por infringir una norma prohibitiva, y constituyen una vertiente de la potestad punitiva del Estado que tradicionalmente se ha denominado derecho administrativo sancionador.
Asimismo, se precisó que el propósito del sistema de responsabilidades administrativas es asegurar un desempeño legal, honrado, leal, imparcial y eficiente del servicio público, en términos del artículo 113 constitucional antes de su reforma, de lo cual se apreciaba claramente su diferencia con el sistema de terminación del nombramiento al cargo público.
Esto, en tanto que este último se apoya en la consideración de que los requisitos de ingreso y permanencia son condiciones que los sujetos deben cumplir a efecto de poder ocupar el cargo público en cuestión, de tal modo que si los dejan de satisfacer, no queda más remedio para la adminis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33571-b7353e5d/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UN JUZGADOR DEL FUERO COMÚN QUE CONOCE DE UN JUICIO EN EL QUE EL JUEZ DE AMPARO ES PARTE, NI PORQUE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL SE HUBIERE CONCEDIDO LA M (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE CONCURSOS MERCANTILES. LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL TURNO, RECEPCIÓN Y DISTRIBU (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONFLICTO COMPETENCIAL. SE ACTUALIZA CUANDO DOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN SE NIEGAN A CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AUN CUANDO PARA ELLO SE BASEN EN ACUERDOS G (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SIN (P. LXXXVI/2000)
- CONTRADICCION DE TESIS. LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS PUEDEN PROVENIR DE JUICIOS DE DIFERENTE NATURALEZA. (P. XXIII/91)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA LOS JUECES DE DISTRITO QUE INTERVINIERON EN LOS CONFLICTOS COMPETENCIALES EN LOS CUALES LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRC (2a. LVIII/2009)
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE SU DENUNCIA CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA PROVIENEN, UNO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y OTR (1a. LXXXVI/2003 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis