COMPETENCIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO TIENE EJECUCIÓN POR SÍ MISMO, SINO QUE LA TIENE EN FORMA INDIRECTA, PARA DEFINIR QUÉ JUEZ ES EL QUE DEBE CONOCER DEL ASUNTO, HA DE SEGUIRSE LA REGLA PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO.

El artículo invocado establece la competencia de los Jueces de Distrito en atención a la ejecución del acto reclamado y, en forma particular, en su último párrafo prevé que es competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. Esta hipótesis no se actualiza cuando el acto reclamado en el juicio de amparo consista en una resolución que resuelve un medio de defensa ordinario, interpuesto en contra de una determinación dictada por un órgano inferior, ya que si bien es verdad que aquélla no tiene ejecución por sí misma, lo cierto es que al confirmar la resolución emitida en primera instancia, que a su vez declaró la legalidad del acto de la autoridad administrativa que creó, extinguió o modificó derechos del gobernado, queda expedita la facultad de dicha autoridad para ejecutar el acto que originó la controversia, circunstancia que conlleva una ejecución indirecta del acto que se reclama en el juicio de garantías, pues interfiere en la esfera jurídica del particular. En consecuencia, cuando el acto reclamado por sí mismo no tenga ejecución inmediata, pero sí de manera indirecta, debe considerarse que se surte la hipótesis competencial prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es competente legalmente para conocer del asunto el Juez en cuya jurisdicción debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.