CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2011-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA; JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, QUIEN FORMULARÁ VOTO CONCURRENTE PUESTO QUE SE SEPARÓ DE ALGUNAS CONSIDERACIONES; ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN ANUNCIÓ QUE HARÍA VOTO CONCURRENTE EN RELACIÓN CON LAS DOS SALVEDADES QUE INDICÓ EN SU EXPOSICIÓN; JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A UN VOTO CONCURRENTE; LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, CON SALVEDADES, DE LAS QUE DEJARÁ CONSTANCIA EN UN VOTO; SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, QUIEN SE RESERVÓ DERECHO A HACER VOTO CONCURRENTE; OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE; ALBERTO PÉREZ DAYÁN, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE; Y JUAN N. SILVA MEZA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE; VOTARON EN CONTRA: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIOS: DAVID GARCÍA SARUBBI, MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ Y KARLA I. QUINTANA OSUNA.
México, Distrito Federal. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día nueve de septiembre de dos mil trece.
VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 21/2011-PL, suscitada entre precedentes de la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; y
RESULTANDO QUE:
1. El problema jurídico a resolver por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de ahora en adelante "Suprema Corte" o "Corte") consiste en verificar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el conflicto entre un tratado internacional y una ley o la mera interpretación directa de una disposición de fuente convencional constituye una cuestión constitucional para efectos de la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo. Los antecedentes son los que se relatarán a continuación:
Único. Denuncia de la contradicción y trámite del asunto.
2. Los Ministros integrantes de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, mediante la sentencia del amparo directo en revisión 2336/2010 de veinticuatro de noviembre de dos mil diez, denunciaron la posible contradicción entre ese mismo precedente y el sustentado por la Primera Sala de la Corte al resolver el amparo directo en revisión 1169/2008 el cinco de noviembre de dos mil ocho.
3. El presidente de esta Suprema Corte, por acuerdo de veinte de enero de dos mil once, ordenó formar y registrar el expediente de la contradicción de tesis con el número 21/2011. Asimismo, mandó dar vista al procurador general de la República para que, si lo estimaba pertinente, emitiera su opinión en un plazo no mayor de treinta días.
4. Posteriormente, por virtud de un acuerdo de tres de marzo de dos mil once, el presidente de esta Suprema Corte tuvo por presentado el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación, en el cual sostenía que debía prevalecer el criterio de la Segunda Sala y, a su vez, decretó turnar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para la elaboración del proyecto de resolución; no obstante, con motivo de la finalización de su periodo como juzgador constitucional, el asunto se turnó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil doce.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante Ley de Amparo) y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Legitimación para denunciar la contradicción.
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la hicieron valer los Ministros integrantes de la Segunda Sala de esta Suprema Corte.
7. La denuncia fue formulada en el considerando sexto de la sentencia del amparo directo en revisión 2336/2010, aprobada el veinticuatro de noviembre de dos mil diez por mayoría de cuatro votos, en los términos siguientes (negritas nuestras):
"SEXTO. Denuncia de contradicción de tesis. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que en un caso similar al que se examina, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 1169/2008, en sesión de cinco de noviembre de dos mil ocho por unanimidad de cinco votos sostuvo que: ‘la impugnación de una norma secundaria a la luz de un tratado internacional o convenio, en donde es parte el Estado Mexicano, debe considerarse como una cuestión de constitucionalidad de ley (violación al principio de jerarquía normativa derivado del artículo 133 constitucional) no así de legalidad’, contrario a lo que esta Segunda Sala sostiene en el considerando anterior, en el sentido de que el tema de jerarquía normativa no implica un tema de constitucionalidad, sino de legalidad. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se denuncia la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por este órgano colegiado y la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 1169/2008."
8. En los subsecuentes dos apartados, se transcribirán las sentencias de la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte materia de la contradicción de tesis.
TERCERO. Criterio de la Segunda Sala.
9. Por un lado, en el citado amparo directo en revisión 2336/2010, la Segunda Sala de la Corte sostuvo por mayoría de votos, entre otras cuestiones, los razonamientos que siguen:
"QUINTO. ... El segundo agravio también es inoperante. Destaca el recurrente que el Tribunal Colegiado realizó indebida interpretación constitucional del párrafo penúltimo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con los artículos 16 y 133 constitucionales, en materia de tratados internacionales, que refiere en su demanda al determinar que el citado precepto no menoscaba la calidad de vida de los trabajadores, porque inclusive establecía un incremento anual conforme al índice de precios al consumidor. Que tal determinación vulnera el artículo 7o. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales que protege, entre otras cuestiones, el derecho de toda persona a condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, porque cuando el artículo 15 de la ley señalada condiciona la integración de conceptos relacionados con el sueldo, a la pensión jubilatoria, tal aspecto es ajeno al trabajador y restringe los mínimos de subsistencia vital con la restricción de la pensión jubilatoria. Que asimismo, se vulneran los artículos 11, numeral 1, y 12, numeral 1, de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en virtud de que la pensión jubilatoria, sin incluir la compensación garantizada y los sobresueldos EPR operativo y quinquenios, contravienen el derecho a un nivel de vida adecuado para el quejoso y su familia, así como que no se cumple el derecho de garantizar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, porque no es lo mismo que se calcule la pensión jubilatoria con tales percepciones, que sin ellas. Destaca que la contravención a las normas internacionales quedó acreditado, ya que en el juicio de origen, el pensionado demostró que percibió sobresueldos EPR operativo, quinquenios y compensación garantizada, por lo que la omisión en su cálculo produce una flagrante contravención de los derechos fundamentales, al no proporcionar condiciones dignas de vida, con la pensión jubilatoria que se disminuye con los conceptos antes citados y no garantiza o no procura ‘condiciones de existencia dignas’ para él y su familia. Que la interpretación se debe sustentar en el principio de respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales, que implica que el desarrollo normativo de los mismos debe respetar, en cualquier caso, su contenido esencial y las directrices del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijadas en la jurisprudencia 61/2000, en la que determina que el Juez constitucional debe interpretar la Carta Magna atendiendo a su entorno en el que se desenvuelve, tanto a sus antecedentes históricos, como a sus antecedentes históricos progresivos y, en el caso, el a quo debió considerar que la interpretación constitucional reclamada en el juicio de amparo se refiere a derechos fundamentales del trabajador, para una mejor calidad de vida. Como ha quedado señalado, el anterior agravio resulta inoperante. Si bien en la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado determinó que el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no contraviene los ‘acuerdos internacionales por el hecho de que la ley condicione la integración de los conceptos sobresueldo (EPR operativo y quinquenios) y compensación que el peticionario percibió, al pago de las cuotas y aportaciones correspondientes’ los planteamientos en los que el recurrente insiste en que el precepto impugnado sí resulta violatorio de las normas internacionales, son cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad. Si bien en la tesis P. IX/2007, visible en la página 6 del Tomo XXV, correspondiente al mes de abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el rubro: ‘TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Consecuentemente, en el supuesto de que la ‘Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social’, aprobada mediante resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y el ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’, tengan la categoría de tratados internacionales, no compete a esta instancia determinar si el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contraviene alguna disposición de tales acuerdos internacionales, pues la impugnación de una norma secundaria a la luz de un tratado internacional o convenio, debe considerar un aspecto de legalidad por estar referido al tema de jerarquía normativa ..."
CUARTO. Criterio de la Primera Sala.
10. Por su parte, en sesión de cinco de noviembre de dos mil ocho, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió por unanimidad de votos el amparo directo en revisión 1169/2008, sosteniendo el criterio que sigue:
"CUARTO. ... En otro orden de ideas, esta Primera Sala considera que resulta sustancialmente fundado el motivo de inconformidad sintetizado en los incisos A) al F) del considerando anterior, en cuanto la recurrente menciona que procedía el estudio de constitucionalidad del artículo 15 de la ley en estudio. En efecto, como bien lo dice la inconforme, procede el análisis de su impugnación como inconstitucionalidad de ley, no así como una cuestión de legalidad como lo analizó el Tribunal Colegiado del conocimiento. Esto es así, toda vez que esta Primera Sala en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, por mayoría de cuatro votos (disidente: Ministro Juan N. Silva Meza, quien formuló voto particular; los Ministros Sánchez Cordero y Cossío Díaz, formularon voto concurrente), resolvió el amparo directo en revisión 1850/2004 (quejoso: Consorcio G, grupo Dina, Sociedad Anónima de Capital Variable) asunto que, primeramente, fue del conocimiento del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la parte de interpretación del artículo 133 constitucional, relativo al tema de ‘jerarquía normativa’, en el cual estableció que el texto de dicho precepto, permitía advertir que fue intención del Constituyente establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentran apegadas a lo previsto en la Constitución General de la República, constituyen la ‘Ley Suprema de la Unión’; asentado ese principio, y sosteniendo que los tratados internacionales efectivamente están por encima de las leyes generales y/o federales, se entiende como problema de constitucionalidad y no de legalidad una contraposición entre estos últimos con los tratados internacionales. En esa medida, siguiendo los lineamientos establecidos en dicha interpretación, la Sala abordó como una cuestión de constitucionalidad la impugnación del artículo 4-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta por contravenir el ‘Convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica’. Por tanto, al analizarse dicha impugnación, implícitamente, la mayoría de los Ministros integrantes de la Primera Sala sustentaron que la impugnación de una norma secundaria a la luz de un tratado internacional o convenio, en donde es parte el Estado Mexicano, debe considerarse como una cuestión de constitucionalidad de ley (violación al principio de jerarquía normativa derivado del artículo 133 constitucional) no así de legalidad, como se estudió en la sentencia reclamada. En términos similares a lo antes considerado, se pronunció esta Primera Sala al resolver el tres de septiembre de dos mil ocho, por mayoría de cuatro votos, el amparo directo en revisión 1003/2008, siendo ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz. En virtud de lo anterior, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede analizar el concepto de violación en donde se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en dos mil cinco, al considerarlo violatorio de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues según la quejosa, estos tratados internacionales a los que está adherido el Estado Mexicano, establecen por una parte, que los Estados que forman parte del pacto aludido, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor; y, por la otra, que dichos Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia, ya que se establece la eliminación de la pobreza, la elevación continua de los niveles de vida y la distribución justa y equitativa del ingreso, además de la provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social. Consecuentemente, refiere la inconforme, si el dispositivo reclamado prevé un trato inequitativo al pretender otorgarle el mismo trato a los trabajadores sin considerar la responsabilidad, función y salario que venía percibiendo antes de la jubilación, resulta violatorio de los tratados internacionales en cita. El concepto de violación hecho valer es infundado, atento a lo siguiente: El artículo impugnado a la letra dice: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). Los artículos 10 y 11 de la ‘Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social’, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de mil novecientos ochenta y adoptada por México el veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y uno, son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). ‘Artículo 11.’ (se transcribe). Los artículos 7, 11 y 12 del ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’, que la promovente del amparo estimó transgredidos, textualmente dicen: (se transcribe). Pues bien, por lo que se refiere a los artículos 10 y 11 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, se considera que no se actualiza el trato inequitativo que la quejosa le atribuye al artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en detrimento de la declaración aludida. Se concluye así porque las hipótesis contempladas en el artículo 10 antes mencionado, hacen referencia sustancialmente a los aspectos siguientes: a) La garantía del derecho al trabajo, de una remuneración justa por los servicios prestados y el establecimiento de un salario mínimo suficiente para asegurar condiciones de vida decorosas; b) La eliminación del hambre y la garantía del derecho a una nutrición adecuada; c) La eliminación de la pobreza; d) El logro de los más altos niveles de salud; e) La eliminación del analfabetismo y la garantía del acceso a la cultura; y, f) La provisión a todos de viviendas y servicios comunales satisfactorios. Por su parte, el artículo 11 de referencia establece como objetivos principales los siguientes: 1) La provisión de sistemas amplios de seguridad social y los servicios de asistencia social; 2) La protección de los derechos de madres y niños; 3) La protección de los derechos y la garantía de bienestar de niños, ancianos e impedidos; 4) La educación de los jóvenes en los ideales de justicia y paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos; 5) La adopción de medidas de defensa social y la eliminación de condiciones que conducen al crimen y a la delincuencia; y, 6) La garantía de que a todos los individuos, sin discriminación alguna, se les den a conocer sus derechos y obligaciones. Como se puede observar, en los artículos que la quejosa estimó transgredidos, no existe referencia alguna a la figura jurídica de la pensión por jubilación sobre la que sustancialmente gira la problemática del presente asunto y en específico, al contenido de las disposiciones previstas en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dicha demandante considera violatorio de la garantía de equidad. Esto es, de la simple lectura de los objetivos perseguidos por los artículos en comento, no se desprende mención alguna en la que se involucre a las pensiones por jubilación, o al sistema previsto por la ley para la determinación de su tope máximo, puesto que por lo que se refiere a los temas invocados por la quejosa en el presente asunto, únicamente hacen referencia a cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo y al salario mínimo suficiente para asegurar una remuneración justa por los servicios prestados y condiciones de vida decorosas, así como a la provisión de sistemas amplios de seguridad social y servicios de asistencia social; empero, como ya se dijo, ninguna referencia se hace respecto al monto máximo que debe fijarse en las pensiones por jubilación. En tales condiciones, se concluye que por lo que respecta a la ‘Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social’, el artículo reclamado no resulta violatorio de la garantía de equidad, en los términos que fueron planteados en la demanda de garantías. En otro aspecto, por lo que se refiere a los artículos 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cabe decir que dichos numerales se refieren fundamentalmente a lo siguiente: ‘Artículo 7. a) A una remuneración que proporcione a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, y a condiciones de existencia dignas para ellos y sus familias; b) A la seguridad e higiene en el trabajo; c) A una oportunidad igual para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda; y, d) Al descanso y al disfrute de tiempo libre, así como a la remuneración de los días festivos.’. ‘Artículo 11. 1) Se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia; 2) Se reconoce el derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre; 3) Se adoptan medidas y programas para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaz de las riquezas naturales; y, 4) Se asegure una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades.’. ‘Artículo 12. I) Se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y, II) Se proponen como medidas a adoptar, la reducción de la mortinatalidad y la mortalidad infantil; el mejoramiento de los aspectos relacionados con la higiene en el trabajo y el medio ambiente; la prevención y tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.’. Pues bien, por lo que se refiere a las hipótesis contenidas en los artículos 7 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe decirse que tampoco se desprende alguna mención relacionada con las pensiones por jubilación o al sistema previsto por la ley para la determinación de su cuantía, puesto que dichos numerales se refieren concretamente, por una parte, a condiciones equitativas de trabajo y de remuneración de los trabajadores, a la seguridad e higiene en el trabajo, a la oportunidad de los trabajadores para acceder a una categoría superior, así como al descanso y a la remuneración de los días festivos; y, por la otra, al derecho de tener un alto nivel de salud física y mental, a evitar la mortalidad infantil y en general al cuidado de la salud de los trabajadores, lo cual significa que se encuentran encaminados a proteger la vida laboral de las personas con las condiciones ahí previstas, pero sin relación alguna con la etapa del retiro del trabajador. En tales condiciones, los preceptos mencionados deben quedar fuera de cualquier análisis de fondo del presente asunto, al no tener relación con el tema fundamental materia de la litis. Finalmente, por lo que se refiere al derecho que tutela el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mismo que se refiere al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo la alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a una mejora continua de las condiciones de existencia, esta Primera Sala considera que dicha disposición no resulta transgredida por lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello es así, porque en primer lugar, la promovente del amparo no menciona el porqué el sueldo básico hasta por la cantidad de diez veces el salario mínimo general diario que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no es suficiente para procurarle un nivel de vida adecuado para sí y su familia, pues una cosa es el hecho cierto de que al decretarse la concesión de pensión jubilatoria se disminuyen sustancialmente los ingresos que el trabajador obtenía estando laborando de forma activa, y otra es que el monto de la pensión establecido en la determinación correspondiente, no garantice un nivel adecuado de vida. En efecto, el análisis integral del punto toral controvertido, pone de manifiesto de manera objetiva, que generalmente a la edad en la que regularmente se produce el retiro de la actividad laboral y se obtiene una pensión jubilatoria, las necesidades de los pensionados no suelen ser las mismas que en la etapa laboral, de tal forma que pudiera pensarse que el concepto relacionado con un nivel adecuado de vida, pudiera ser materia de un estudio particular que pudiera evidenciar hasta qué punto se puede precisar cuál puede ser ese nivel al que se refiere la quejosa y el Pacto Internacional que se considera violado. Empero, con independencia de los parámetros que se tuvieran que tomar en cuenta para definir lo que es un nivel adecuado de vida, resulta prudente establecer que desde el momento en que un trabajador es afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene conocimiento de las condiciones tanto del importe de las cotizaciones que se deben entregar a dicho instituto, como del importe de la pensión que recibirá al momento de su jubilación, de manera que en ambos casos, para las cotizaciones y para las pensiones, se establece la misma suma, por lo que no sería factible otorgar una pensión superior a ese tope que sirve de referencia para el entero de las cotizaciones, sobre todo porque el cálculo de las pensiones está basado en estudios actuariales que toman como base el monto de las aportaciones. Esto es, existe un equilibrio entre las cotizaciones del trabajador y las prestaciones que habrá de obtener al momento de la jubilación, de tal forma que aspirar a una pensión superior a la suma que se aportó al instituto con ese propósito, implicaría exigir un beneficio injustificado que rebasaría la capacidad de la institución de seguridad social, con lo que se generaría un desequilibrio económico en perjuicio del resto de los pensionados. En ese orden de ideas, se estima que no puede afirmarse que el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, transgreda el Pacto Internacional de que se trata, por el hecho de establecer el tope máximo de la pensión que se tomará en cuenta para determinar el monto de la pensión jubilatoria, puesto que dicha disposición únicamente refleja la circunstancia de que tanto las cotizaciones previstas en los artículos 16 y 21 de la misma ley, como el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos contemplados en ese ordenamiento, se efectuarán sobre el sueldo básico y hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Luego, esta Primera Sala considera que ante un concepto tan subjetivo como el que se refiere a la garantía de un nivel adecuado de vida para el pensionado y su familia, no existen en el sumario parámetros o elementos de convicción que permitan determinar si el monto que resulte de sumar diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, constituye una cantidad insuficiente para que el trabajador pensionado tenga garantizado un nivel de vida adecuado para sí y su familia, de tal forma que se pudiera realizar un examen exhaustivo respecto de las condiciones económicas, sociales y de otra índole que prevalecen en todo el país, para así arribar a una conclusión en la que se dilucide cuál debe ser el monto de una pensión jubilatoria que pudiera tomarse como referente para garantizar un nivel de vida adecuado para el trabajador jubilado y su familia. No obstante lo antes expuesto, es prudente señalar que si se considera que, en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, un salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, sólo puede concluirse que diez salarios mínimos deben considerarse idóneos para garantizar un nivel adecuado de vida. Con lo anterior, se pone de manifiesto lo infundado del concepto de violación en examen, toda vez que no se advierte que el precepto controvertido resulte violatorio de la garantía de equidad, en los términos planteados en la demanda de garantías. ..."
QUINTO. Existencia de la contradicción.
11. Ahora bien, para poder determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que se precisa la concurrencia de las siguientes condiciones:
a) Dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
b) Los criterios emitidos en esas ejecutorias se presenten en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
12. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro y texto que a continuación se reproducen (negritas nuestras):
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24984-0001447c/cuestion-constitucional-para-efectos-de-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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