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Modo: Corpus Pro

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 336/2013. · Registro digital (IUS): 24973
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-04-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pág. 959.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 336/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 216, segundo párrafo, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que la posible contradicción de criterios versa sobre un tema de la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

TERCERO. Criterios materia de la contradicción. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes:

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver, el veintisiete de junio de dos mil trece, el amparo directo 212/2013, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente: (fojas 4 a 26 del expediente)

"SEXTO. En este apartado se analiza la porción del sexto concepto de violación -que es ineficaz-, en la que se plantea la omisión, por parte de la autoridad responsable, en el estudio del concepto de impugnación vertido, en el sentido de que el párrafo segundo del artículo 151, fracción VII, de la Ley Aduanera, en contravención al principio de inmediatez, no establece un plazo cierto para emitir la orden de embargo.

"En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 18/2012 (10a.), consultable en la página 420, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).’, precisó que con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rediseñó la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad.

"De esta reforma destaca -precisó el Alto Tribunal- que conforme al tercer párrafo de ese numeral todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"Así, el control de constitucionalidad ya no es limitativo de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios legalmente establecidos, sino que ahora todas las autoridades del país, incluidas las de carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

"En la ejecutoria se considera que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, a saber:

"El control constitucional que deben ejercer los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo directo e indirecto:

"a) El control constitucional que deben ejercer el resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

"b) En ese orden, el control de constitucionalidad que antes se concentraba en los órganos del Poder Judicial de la Federación, ahora se hace extensivo y obliga a todas las autoridades jurisdiccionales del país, es decir, que el control de constitucionalidad conlleva a que los tribunales observen los derechos reconocidos en la Constitución Federal y los complementen con el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos como parte integrante del sistema jurídico mexicano.

"No obstante ello, las autoridades jurisdiccionales ordinarias no tienen posibilidad de hacer declaratoria de inconstitucionalidad de leyes, sino que únicamente están facultadas para su inaplicación.

"Además -finalizó la Sala-, para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de primera instancia del país, sea que se trate de órganos del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial Local, resulta irrelevante clasificar si la pretensión jurídica llevada a los órganos jurisdiccionales se funda en argumentos de constitucionalidad o no, pues con base en la reforma señalada de diez de junio de dos mil once, los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Con base en lo anterior, tal como lo consideró el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 9 K (10a.), visible en la página 2001, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. EN EL JUICIO DE AMPARO ES INNECESARIO CONCEDER LA PROTECCIÓN SOLICITADA PARA QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE LO EFECTÚE, PUES EL ÓRGANO DE AMPARO PUEDE ASUMIR TAL ANÁLISIS.’, cuando en una demanda de amparo se hace valer como concepto de violación que la autoridad jurisdiccional responsable omitió ejercer el aludido control respecto de una norma general relacionada con la litis natural, aun cuando tal aspecto se le planteó durante el juicio por alguna de las partes; de resultar fundado ese argumento no es necesario conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad ejerza, con libertad de jurisdicción, sus atribuciones de control a efecto de determinar si es o no procedente inaplicar la norma, pues ello a ningún fin práctico conduce, en virtud de que para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, el órgano de amparo, por mayoría de razón, puede realizar ese ejercicio de control, pudiendo ordenar -de resultar fundado el planteamiento- que se desaplique la norma bajo los lineamientos de la ejecutoria.

"Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3200/2012, consideró que cualquier autoridad judicial que no se pronuncie en ningún sentido de que la norma que va a aplicar ha pasado por el control ex officio, muestra una actitud de indiferencia ante el nuevo paradigma, el que se ha ampliado el catálogo de los derechos humanos para conformar un nuevo universo formado por los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos más los reconocidos por los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte.

"Además que -como se dijo en el expediente varios 912/2010- todas las normas gozan de una presunción de constitucionalidad que puede ser derrotada, para lo cual, precisamente, se lleva a cabo el control ex officio en tres pasos: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación.

"Lo anterior supone -acotó la Corte- que, en este nuevo paradigma, cuando un Juez aplica una norma en el ámbito de su competencia, es porque la referida presunción no fue derrotada; es decir, porque no advirtió que la norma violase, en principio, ningún derecho humano contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

"Razón por la cual, tal situación queda resuelta mediante una mención expresa de la autoridad en la que registre que realmente hizo el control, aun cuando no desarrolle toda una justificación en ese sentido y, por ende, si una norma no generó sospechas de invalidez en el juzgador por parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces, el análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo no se actualiza, porque ni siquiera se considera que se puso en entredicho la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas. En esos casos -concluyó el Alto Tribunal-, bastará con que el Juez mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos.

"En el caso concreto, en una porción del tercer concepto de nulidad (foja 25), la quejosa planteó que ‘... como lo sostienen la autoridad demandada, para que proceda el embargo precautorio de las mercancías en los casos señalados en las fracciones VI y VIII del artículo 151 de la Ley Aduanera, se requiere una orden emitida, ya sea por el administrador general de Aduanas o por el administrador central de Investigación Aduanera dependiente de la primera autoridad aduanera, sin embargo, el segundo párrafo del citado ordinal que prevé esta condicionante no establece un plazo cierto en el cual deberá emitirse la orden de embargo en comento, lo cual viola en perjuicio de mi poderdante la garantía de seguridad jurídica, además del principio de inmediatez ...’

"Impugnación que evidentemente conlleva un análisis de constitucionalidad, pues parte de la omisión legislativa en torno a la previsión de un plazo que dote de certeza jurídica a los gobernados respecto al momento en que aquella autoridad aduanera debe expedir la orden de embargo respectiva.

"Argumento que, en efecto, no fue abordado en la sentencia reclamada porque, aunque la Sala consideró que no se viola el principio de inmediatez por el hecho de que el embargo precautorio y el levantamiento del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera se realicen con posterioridad a la fecha en que se emitió la orden respectiva, toda vez que una vez que se detecta la subvaluación, la aduana tiene que esperar a que arribe materialmente la orden de embargo a sus instalaciones para notificarle personalmente y así reanudar la verificación de mercancías en transporte.

"Sin embargo, tal forma de resolver, evidentemente, no afronta el disentimiento que se destaca pues es, precisamente, la incertidumbre que dice resentir la parte quejosa, al no existir previsión legal respecto al lapso que debe mediar para recibir, en su caso, dicha orden de embargo.

"No obstante lo anterior, al ser este órgano de amparo el encargado por antonomasia de realizar ese análisis constitucional, en aras de la justicia pronta, lo que procede es emprender dicho análisis, sin necesidad de devolver el expediente a la Sala para que ejerza el control difuso de constitucionalidad que también le corresponde.

"Antes de ello, debe precisarse que el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en la tesis XXX.1o.1 A (10a.), visible en la página 2016, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD.’, ponderó que cuando en el juicio contencioso administrativo se aduzca que una norma aplicada en el acto cuya nulidad se demanda transgrede algún principio contenido en la Constitución Federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede válidamente omitir su estudio bajo el argumento de que las cuestiones de inconstitucionalidad están reservadas al Poder Judicial de la Federación.

"De ahí que -acotó ese tribunal-, aunque mediante la aplicación del control difuso de constitucionalidad, dicho órgano jurisdiccional no pueda declarar la inconstitucionalidad de normas generales, si está facultado para inaplicarlas cuando consideren que no son conformes con la Constitución; razón por la cual, cuando en amparo directo -como en el caso- se esgrime como concepto de violación el hecho de que la Sala Fiscal no atendió algún argumento que conlleva el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, el Tribunal Colegiado, aunque propiamente es el órgano encargado de desplegar, de manera directa, tal control, no puede asumir dicho análisis, pues le corresponde a la Sala Fiscal.

"Sin embargo, este criterio evidentemente se opone a lo aquí resuelto pues, se insiste, en aras del respeto al derecho de acceso a la justicia, el Tribunal Colegiado debe reasumir el análisis de los conceptos de nulidad que corresponden a la Sala Fiscal quien, en su caso, habrá de inaplicar la norma controvertida.

"Ante ello, en razón de que es necesario se preserve la seguridad jurídica sobre el tópico de referencia, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede se efectúe la denuncia correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien resolver."

II. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el quince de marzo de dos mil doce, el amparo directo 158/2012, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente: (fojas 92 a 104 del expediente)

"Concretamente la quejosa estima que la Sala responsable sí estuvo en aptitud de dar respuesta al argumento que formuló en su demanda de nulidad respecto a la inaplicabilidad del citado precepto legal, es decir, el que formuló en su demanda, en el sentido de que el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sí establecía las reglas de compatibilidad en tratándose del disfrute de varias pensiones, pero que con la entrada en vigor de la nueva ley del citado instituto ya no se contemplaba, pues en el artículo 48 de esa norma se dice que las pensiones a que se refiere tal ley son compatibles con el disfrute de otras que se reciban con el carácter de familiar derechohabiente; así, el artículo 12 del citado reglamento ‘es contrario a derecho, porque se limita y restringe un derecho otorgado por ley, violando los principios de subordinación y jerarquía de los reglamentos, por lo que deberá ser declarado ilegal e igualmente ilegal el oficio o resolución impugnada, por basarse en un dispositivo ilegal e inexistente’ (foja 18 del juicio de nulidad).

"En el presente caso, la actora en el juicio de nulidad no pidió la declaración de inconstitucionalidad del precepto reglamentario en comento, sino que solicitó su inaplicación por resultar contrario a lo que prevé la Norma Suprema y, por ende, ese pronunciamiento no es competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación, sino que corresponde a todas las autoridades, incluida la Sala responsable, de conformidad con lo que dispone el actual artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En consecuencia, se presenta la disyuntiva de avocarse al estudio del precepto que la quejosa tilda de inconstitucional, o bien, atender al reclamo de que la Sala responsable incumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, bajo el argumento de que no es competente para pronunciarse sobre cuestiones de constitucionalidad y que ello compete exclusivamente al Poder Judicial de la Federación.

"Luego, debe evaluarse cuál de esas alternativas resulta más conveniente a la peticionaria de amparo, pues al decidir cuál es el argumento que debe atenderse preferentemente, es necesario considerar cuál de ellos traería mayor beneficio a la aquí quejosa.

"Así se obtiene de la jurisprudencia P./J. 3/2005, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2003-PL, publicada en la página 5 del Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también con el número de registro 179637 (sic), que dice:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.’ (se transcribe)

"De resultar fundado el argumento en el que tilda de inconstitucional al artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, la inconforme obtendría únicamente la inaplicación de ese numeral en el caso a estudio -a diferencia de lo que sucede en el amparo indirecto, en el que la declaración de inconstitucionalidad implica que el precepto impugnado no le volviera a ser aplicado en ninguna otra ocasión-.

"Similar resultado se obtendría de estimar fundado el diverso argumento de la quejosa, en el que afirma que la Sala responsable indebidamente omitió pronunciarse sobre la inaplicación del mencionado precepto reglamentario, pues también en ese caso existiría el deber de inaplicarlo en el caso concreto.

"Sin embargo, en el supuesto en el que se decida que la Sala responsable debe hacer el pronunciamiento que pide la quejosa, se otorgaría a ésta la posibilidad de obtener una solución a su reclamo ante la autoridad del orden común, que es uno de los propósitos del actual artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en caso de que ésta no le fuera favorable, nada impide que acuda a esta instancia constitucional y efectúe razonamientos tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad del precepto en comento, los que, incluso, podrían ser distintos a los que fueron sometidos a consideración de la autoridad responsable, con lo que se le otorga a la inconforme una posibilidad más de obtener la inaplicación del artículo que estima infringe los preceptos de la Carta Magna.

"Esto último es lo que motiva a este tribunal a avocarse al estudio del argumento hecho valer en el apartado B del ‘único’ concepto de violación, el que se estima fundado.

"En efecto, tal como aduce la peticionaria de amparo, la Sala responsable sí se encontraba en aptitud de dar respuesta a su planteamiento pues, en el caso, contrariamente a lo que se sostuvo en la sentencia que constituye el acto reclamado (foja 130), aquélla no solicitó que declarara la inconstitucionalidad del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, sino que en el caso pedía su inaplicación ante la reforma que sufrió la ley de la que deriva el reglamento aludido y, aun cuando lo que la motiva es, esencialmente, la transgresión a un principio contenido en la Constitución Federal, eso no es motivo suficiente para que la responsable no lleve a cabo su estudio bajo el pretexto de que las cuestiones de inconstitucionalidad están reservadas al Poder Judicial de la Federación.

"Esto es así, pues mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad.

"Es verdad que con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto.

"Sin embargo, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

"Es preciso destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 259/2011, consideró que en el sistema jurídico mexicano actual, los Jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

"Lo anterior tendrá como limitante que los Jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración, distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales; mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales.

"Los anteriores razonamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedaron plasmados en la jurisprudencia 1a./J. 18/2012, que derivó de la contradicción de tesis 259/2011, resuelta el treinta de noviembre de dos mil once, misma que aún se encuentra pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, pero cuyos rubro y texto son los siguientes:

"‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).’ (se transcribe)

"Lo anterior significa que, en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, las autoridades están obligadas a efectuar un control difuso de la Constitución.

"Así se obtiene de la tesis P. I/2011 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, publicada en la página 549 del Libro III, correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, Tomo I de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también con el número de registro «IUS:» 2000008, que dice:

"‘CONTROL DIFUSO.’ (se transcribe)

"Pero además, es pertinente destacar que el propio Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.

"Añadió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133, para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país.

"Señaló el Tribunal Pleno de nuestro Órgano Superior de Justicia, que es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.

"Concluyó el Pleno de la Corte que, si bien los Jueces del orden común no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

"Las anteriores consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron lugar a la tesis P. LXVII/2011 (9a.), visible en la página 535 del Libro III, Tomo 1, correspondiente a diciembre de dos mil once, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y también con el número de registro «IUS:» 160589, que dice:

"‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe)

"Luego, las autoridades no sólo tienen que hacer una confronta de las disposiciones en debate con el texto de la Constitución (control difuso), sino también deben efectuar el contraste de esas mismas disposiciones con las normas contenidas en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano (control de convencionalidad), haciendo uso del principio pro persona, esto es, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.

"Puntualizado lo anterior, es claro que, de conformidad con lo que dispone el nuevo texto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estaba obligada a pronunciarse sobre la inaplicación del artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues respecto de éste debe efectuar tanto el control difuso de su constitucionalidad, como control convencional.

"En efecto, para llevar a cabo ese pronunciamiento, la Sala responsable no tenía que declarar la inconstitucionalidad del numeral sujeto a debate, sino que en caso de encontrar que éste contraviene alguno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en alguno de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, deberá inaplicarlo.

"En consecuencia, como la Sala responsable no procedió en esos términos, transgredió el principio de congruencia contenido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(1) a que se refiere la quejosa en su demanda de amparo (último párrafo de la foja 16).

"De acuerdo a lo previsto en tal artículo, las sentencias emitidas por la Sala se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión que la actora deduzca en su demanda, por lo que en el caso, la omisión de la responsable de atender a lo que se planteó en la demanda implica la transgresión al principio de congruencia que debe haber en las resoluciones que dicta y amerita la concesión del amparo para reparar tal violación.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 123, Volúmenes 157-162, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO.’ (se transcribe)

"En tal virtud, se impone conceder el amparo que solicita **********, para el efecto de que la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deje insubsistente la sentencia que pronunció el dieciséis de noviembre de dos mil once, en el juicio contencioso administrativo 60811-08-01-6, y en su lugar dicte otra en la que, sin perjuicio de que reitere lo que no fue materia de esta concesión, atienda y dé respuesta al argumento que hizo valer la quejosa en su demanda de nulidad, en lo relativo a que es ilegal el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio, porque limita y restringe un derecho otorgado por ley, violando los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica de los reglamentos, y una vez hecho lo anterior, resuelva como legalmente proceda."

CUARTO. Determinación de la existencia de la contradicción de criterios. Esta Segunda Sala determina que existe l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24973-6f51f0b4/control-difuso-su-ejercicio-en-el-juicio-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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