CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES CUANDO ALEGAN LA OMISIÓN DE ANÁLISIS DE CONTROL DIFUSO POR PARTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
AMPARO DIRECTO 391/2014. GAVA EDUCACIONAL, S.C. 3 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. PONENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. SECRETARIO: LUIS ALBERTO MATA BALDERAS.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Análisis de los conceptos de violación. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valer, en atención a las consideraciones jurídicas que a continuación se detallan.
Los argumentos serán analizados en orden distinto al propuesto.
Por cuestión de orden, se analiza el concepto de violación segundo, a través del cual se alega una transgresión en el dictado de la sentencia, dado que la responsable no se pronunció en relación con la inaplicación de leyes secundarias.
En relación con el argumento, se advierte, de la lectura a la sentencia reclamada que, efectivamente, la responsable al proceder al análisis de los agravios primero y segundo del escrito del recurso de revisión, resolvió que no era de su competencia pronunciarse en cuanto a la inaplicabilidad del decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil, y que tampoco el juicio contencioso administrativo era la vía idónea para ese propósito.
Esto, al determinar que los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar las leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad; sin embargo, ese control difuso que puede ejercer el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado no es omnímodo, sino que esa facultad está acotada a los asuntos de su competencia a que aluden los artículos 1 y 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Ahora bien, no obstante la omisión en que incurrió la responsable, de pronunciarse en relación con el control difuso de constitucionalidad para, en su caso, inaplicar las leyes secundarias en que se sustentó el acto reclamado, el concepto de violación en estudio debe calificarse de ineficaz, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 336/2013, conforme a las consideraciones siguientes:
"Control difuso de constitucionalidad. El criterio del Tribunal Pleno
"Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la interpretación de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, estableció, entre otros, el criterio mayoritario relativo a que los Jueces del país están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, cuando sean contrarias a las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
"Bajo este esquema surgió la figura denominada control de convencionalidad ex officio, misma que fue conceptualizada por el Alto Tribunal, al resolver el expediente varios 912/2010, en los términos siguientes:
"‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’ ...
"Este criterio abrió una nueva forma de control constitucional, al permitir que los juzgadores inapliquen aquellas normas que consideren contrarias a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales: el denominado control difuso.
"...
"El control difuso que ejercen los tribunales administrativos
"El control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, tal como lo determinó el Tribunal Pleno, se ejerce de manera oficiosa, sí y solo sí, encuentran mérito para ello, escudándose en el imperio del cual están investidos para juzgar conforme a la Constitución.
"...
"El control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta más en su importante labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, es decir, por razón de su oficio jurisdiccional y sin que medie petición alguna de parte.
"Sin embargo, es factible que en el juicio de nulidad el actor formule argumentos en los que solicite al juzgador que ejerza control difuso respecto de una norma determinada.
"En ese caso, al existir un argumento de nulidad expreso, pueden suceder dos posibilidades: una, que el órgano jurisdiccional opine de manera coincidente con el actor y considere que ha lugar a inaplicar la norma y, otra, que no coincida con lo solicitado.
"...
"Forma de proceder en amparo
"Cuando se impugna en juicio de amparo directo la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se argumenta, como concepto de violación, que el tribunal responsable dejó de analizar (por omisión absoluta o porque expresó razones para no hacerlo) el concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso respecto de determinada norma, tal planteamiento es ineficaz, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable cometió la omisión, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio de manera directa al emitir sentencia.
"Lo anterior, si en opinión del Juez de amparo existe mérito para inaplicar el artículo que se acusó de inconstitucional o inconvencional ante la autoridad responsable, en uso de las amplias facultades con que también cuenta para ejercer control difuso puede hacerlo directamente, en aras de la justicia pronta, sin que sea necesario ordenar la devolución de los autos al tribunal administrativo."
De la ejecutoria anterior derivó la jurisprudencia 2a./J. 16/2014, con los datos de identificación, título, subtítulo y texto siguientes:
"Décima Época. Registro digital: 2006186. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Tomo I, abril de 2014. Materias: común, administrativa. Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.). Página: 984 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas».
"CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado."
De la reproducción se aprecia que el control difuso corresponde a las autoridades jurisdiccionales, distintas de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de su respectiva competencia, es decir, sobre normas que observen al momento de resolver el asunto puesto a su consideración, a efecto de determinar su inaplicación, cuando estimen que son contrarias a las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Ese control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se puede ejercer de manera oficiosa, cuando encuentran mérito para ello, esto es, sin que medie petición alguna de parte.
De igual forma, es factible que en el juicio de nulidad el actor formule argumentos en los que solicite al juzgador que ejerza el control difuso respecto de una norma determinada, en cuya posibilidad se puede estar o no de acuerdo con lo peticionado.
Ahora bien, cuando se impugna en el juicio de amparo directo la sentencia emitida en el juicio de nulidad, y se argumenta que el tribunal responsable dejó de analizar (por omisión absoluta o porque expresó razones para no hacerlo) el concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso respecto de determinada norma, tal planteamiento es ineficaz, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable cometió la omisión, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio de manera directa al emitir sentencia.
Esto es, el juzgador puede estimar que el artículo que se acusó de inconstitucional o inconvencional ante la responsable, en uso de las amplias facultades con que también cuenta para ejercer el control concentrado, puede hacerlo directamente, en aras de la justicia pronta, sin que sea necesario ordenar la devolución de los autos al tribunal administrativo.
Es decir, cuando el tribunal de amparo advierta que la norma cuya inaplicación se reclamó ante la autoridad inferior, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de derechos humanos puede, en uso de su facultad, ejercer el control concentrado y declarar su inconstitucionalidad; esto es, en uso de sus atribuciones podrá emitir un pronunciamiento en forma directa sobre la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.
De tal forma que, la omisión absoluta de la responsable para pronunciarse sobre el control difuso que le fue peticionado o las mínimas razones que expuso para no hacerlo, no ameritan conceder el amparo para que se pronuncie sobre ese aspecto, puesto que este tribunal, en ejercicio del control concentrado, está en aptitud de pronunciarse en forma directa sobre la pretensión y, con ello, colmar su intención.
Incluso, en la parte final de la citada jurisprudencia, la Segunda Sala fue enfática en establecer que si además se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.
Lo anterior no debe entenderse en el sentido de que el Tribunal Colegiado tendrá la opción de pronunciarse en relación con los argumentos relacionados con el control difuso, o bien, respecto de aquellos que aludan al control concentrado de convencionalidad, dado que, al ser apreciado en su integridad, el citado criterio es claro en afirmar que los tribunales, como el que ahora resuelve, en todo caso, deberán declarar ineficaces los argumentos en que se alegue la omisión absoluta de la responsable o que combatan las razones que expresó para no hacerlo, en relación con el control difuso de convencionalidad, en cambio, si se impugna la constitucionalidad, en uso de su facultad originaria, se tendrá la obligación de emitir pronunciamiento sobre el tema.
Aunado a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, incluyó la citada jurisprudencia de la Segunda Sala en dicha ejecutoria, como criterio para apoyar la determinación a que arribó.
En efecto, de la versión estenográfica de la sesión del seis de abril de dos mil quince, el Tribunal Pleno, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, determinó, entre otras cosas, lo siguiente:
"La consulta propone agotar la materia de la revisión a partir de cuatro interrogantes en las que se desarrollan los temas siguientes:
"Primera. La retroactividad en las normas constitucionales. Segunda. La facultad de los Tribunales Colegiados para ejercer de oficio un control de regularidad constitucional. Tercera. El ejercicio ex officio de este control difuso, y cuarta. La necesidad de examinar el análisis efectuado por el Tribunal Colegiado sobre el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal.
"...
"Señor Ministro presidente: gracias señor Ministro Gutiérrez. Creo que con votación económica puede salir este punto con la adición del señor Ministro Cossío. Si están de acuerdo (votación favorable).
"En votación económica se aprueba esta parte.
"Continuamos señor Ministro ponente.
"Señor Ministro Cossío Díaz: gracias señor Ministro presidente. Creo que éste es el tema central del proyecto y me parece que aquí es donde estamos en la condición de discusión, de hecho en la Primera Sala tanto así que nos llevó a atraer el asunto, y el asunto me parece un tema importante, interesante, por lo siguiente:
"...
"Los órganos que están realizando control concentrado pueden realizar control difuso, siempre que se trate de las normas procesales con las cuales actúa, no con las normas sustantivas, que estén siendo discutidas en el propio proceso. ¿Cuáles son estas normas procesales? Ya sabemos: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley de Amparo o la Ley Reglamentaria del Artículo 105 básicamente. Cuando se encuentre que hay una inconstitucionalidad o una inconvencionalidad de esas normas las desaplica y resuelve dependiendo la naturaleza del asunto con principios generales del derecho o por la prohibición, analogía o mayoría de razón del artículo 14, si es un asunto penal otras condiciones, pero básicamente es eso.
"...
"Señor Ministro Pérez Dayán: ...
"Desde luego convengo -como bien lo hace el proyecto- en que el órgano de control concentrado que revisa la regularidad de las normas en función de la solicitud que le pudieran hacer las partes o a través de la suplencia de la queja ya mencionada aquí, le llevaría precisamente a cumplir con sus fines constitucionales mediante la decisión que permitiera proteger al quejoso contra una norma, ya por inconvencional ya por inconstitucional, sin embargo, la razón de mi participación obedece fundamentalmente a dos razones.
"...
"Desde luego, plenamente respetuoso de lo que el señor Ministro ponente quisiera agregar o quitar en su proyecto, yo no estaría de acuerdo en sumar esta posibilidad, pues me parece que se afectaría la estructura misma del proyecto, control concentrado una cosa, control difuso otra, órganos de control concentrado pueden hacer control difuso en aquellas normas que le sirven de vehículo; pero finalmente la decisión la tomará en última instancia a quien le corresponde decidir, y ése que decida tendrá que hacer el control difuso de la norma en caso de que el particular, -como bien se explica en el proyecto- en el siguiente apartado, considere vulneradas alguna serie de prerrogativas constitucionales, por constitucionalidad o por convencionalidad, las hará del conocimiento del tribunal de control concentrado.
"Mi única sugerencia, finalmente, sería si es posible, en los párrafos 55 y 56, tomar en consideración lo que la Segunda Sala aporta a la materia del control difuso en una jurisprudencia de la señora Ministra Luna Ramos, aprobada por unanimidad de votos, que es la 2a./J. 16/2014; si el señor Ministro ponente me permite que se pudiera colocar en ello, creo que se robustecería mucho el argumento con toda la precisión que requiere el control difuso en momentos en que su aplicación ha generado precisamente eso, una aplicación difusa, si es que así lo considera pertinente el señor Ministro mucho le agradecería considerar esta tesis, muy bien elaborada por la señora Ministra Luna y aprobada por unanimidad de votos por la Segunda Sala. Gracias señor Ministro presidente.
"...
"Señora Ministra Luna Ramos: gracias señor Ministro presidente. Quisiera mencionar que también en esta parte del proyecto coincido con lo expresado por el Ministro José Ramón Cossío y lo señalado por el señor Ministro Pérez Dayán.
"...
"La primera interrogante, la que está referida prácticamente a la segunda interrogante podríamos decir es: ¿el Tribunal Colegiado de Circuito tiene facultad para ejercer de oficio un control de regularidad constitucional? Aquí lo que nos contesta el proyecto es: sí, sí tiene la posibilidad de llevar a cabo un control de regularidad constitucional, pero nos dice que este control de regularidad constitucional es el concentrado y que si bien puede hacer control difuso de la Constitución, éste es únicamente de las disposiciones que él aplica, como son por ejemplo: la Ley de Amparo, como puede ser la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Civiles; es decir, de las disposiciones que él -Tribunal Colegiado- está aplicando dentro del procedimiento.
"Y luego viene la segunda interrogante que de alguna manera está muy ligada con la primera, no sé si tuviera que hacer relación precisamente a ella, porque en la segunda se dice: ¿y el Tribunal Colegiado puede hacer control difuso del artículo 1916? Y aquí el problema que se presenta es el siguiente: control concentrado es nuestra facultad como órganos del Poder Judicial poder hacerla; tenemos la posibilidad, en todo caso, de determinar la constitucionalidad, inconstitucionalidad, convencionalidad o inconvencionalidad de los artículos que en un momento dado estemos aplicando.
"...
"¿Qué es lo que nos dice el proyecto? El Tribunal Colegiado no tenía posibilidades de hacer este control difuso, porque el artículo 1916 derivaba de un procedimiento ordinario, no de la aplicación de un procedimiento extraordinario, como es el juicio de amparo, que es lo que estaba dentro de la competencia del Tribunal Colegiado llevar a cabo.
"El planteamiento que hace el señor Ministro Cossío Díaz, en lo personal, me parece muy técnico, porque si nosotros entendemos que el Tribunal Colegiado puede hacer control difuso directamente de este artículo estamos entendiendo que no se trata de un juicio, sino que se trata de un recurso el juicio de amparo y que, por esa razón, se está sustituyendo en la autoridad responsable y esto no puede ser.
"...
"Entonces, lo que nos dice el proyecto es: el Tribunal Colegiado no puede hacer control difuso de esto porque no se trata de las leyes que les corresponde aplicar dentro de su procedimiento, sino solamente de aquellas que se están aplicando en un procedimiento ordinario, quien en el juicio de amparo tiene el carácter de autoridad responsable y, por tanto, el Tribunal Colegiado no se puede sustituir en ellas; entonces por esa parte, pues aunque difiero un poco de las cuestiones primordiales por petición de principio en lo que he votado en contra, lo cierto es que haría un voto concurrente en ese sentido, pero por lo que se refiere a esta otra parte, pues evidentemente sí estaría de acuerdo con el proyecto que se nos está planteando porque en realidad sí se estaría determinando la posibilidad de aplicar control difuso en un acto que no corresponde a la sustitución del Juez de amparo.
"La otra situación que manejó el señor Ministro Cossío Díaz y que adicionaría al proyecto es aquella relacionada con la suplencia de la queja, y ahí coincido plenamente. Claro, en control concentrado de constitucionalidad o de convencionalidad, por supuesto que en suplencia de la queja y más en amparo directo, creo que en indirecto también podría hacerse pero habría que hacer una consideración diferente, pero en amparo directo con mayor razón, porque aquí no necesitamos tener como acto reclamado a la ley ni tenemos que tener como autoridad responsable a quien la emitió, solamente en control concentrado en juicio de amparo directo o de amparo contra leyes, pues lo único que necesitamos es tener un concepto de violación que determine la inconstitucionalidad de la ley. Esto es amparo directo, aquí no hubo concepto de violación y ¿qué es lo que nos propone el señor Ministro ponente? Nos propone que se haga suplencia de la queja en el que por un argumento que no se hizo valer sí puede aducirlo el Tribunal Colegiado, pero no como control difuso, no como análisis de control difuso, sino como control concentrado de la Constitución en suplencia de la queja por no haberse señalado ese artículo como reclamado, que en este caso no se necesitaba como tal como acto destacado, sino únicamente como argumento y sobre esa base es posible llevar a cabo su análisis de constitucionalidad pero no a través del control difuso, sino a través del control concentrado. Gracias señor Ministro presidente. ..."
Posteriormente, al continuar la sesión el día siete de abril de dos mil quince, en relación con la segunda y tercera interrogantes, se estableció:
"Señor Ministro Cossío Díaz: ...
"En atención a las observaciones que se me formularon haría las siguientes adiciones al proyecto:
"En apoyo a lo dicho en los párrafos 55 y 56 se adicionarán como antecedente la jurisprudencia 16/2014 de la Segunda Sala, a la que se le dio lectura en sesión anterior, a sugerencia del señor Ministro Pérez Dayán.
"...
"A partir de aquí sí voy a sostener el proyecto en el resto de los temas por las razones siguientes:
"Considero que el sustento para limitar el ejercicio del control difuso a cargo de los órganos que ejercen un control concentrado se encuentra dado en el artículo 1o. constitucional, como lo hemos sostenido en diversos precedentes.
"Al respecto, estimo que no se trata de un caso en el que pueda aplicarse el aforismo -que se mencionó el día de ayer- de que quien puede lo más puede lo menos, ni creo que se trate de lograr una conclusión por mayoría de razón, antes bien, desde mi punto de vista, se trata de hacer funcional el sistema de competencias previsto en la propia Constitución.
"No creo que sean los órganos del control concentrado los que estén exentos de ejercer un control difuso, sino que puede hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta, inclusive tomando como precedentes lo resuelto en diversos casos por la Corte Interamericana, cito: ‘Los órganos del Poder Judicial -se refiere desde luego a los nacionales- deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana -dice aquí, lo destaco- evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función -sigue diciendo la Corte- no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones.’. Así, señala la Corte Interamericana, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso contra el Perú, que el control de convencionalidad no es irrestricto pues está sujeto a presupuestos formales y materiales.
"Creo que afirmar que los órganos de control concentrado pueden ejercer un control difuso de las normas aplicadas en los juicios ordinarios, daría lugar a sostener que el juicio de amparo es una instancia más, ya lo explicó esto, creo que muy puntualmente, la señora Ministra Luna Ramos; además haría nugatorios principios como el de preclusión y generaría inseguridad jurídica en los justiciables; por el contrario, la presión que se propone permite hacer efectivo el ejercicio de este control, pues en el caso del amparo indirecto una eventual violación manifiesta de la ley derivada de que la autoridad responsable aplicó una norma que se estima inconstitucional daría lugar a conceder el amparo para que dicha autoridad ejerza el control difuso que le impone la Constitución, con lo que se incentiva que tales autoridades ejerzan esa facultad y se permite que en su momento puede examinarse la constitucionalidad de las normas dando a las autoridades emisoras de la ley y a la parte tercera interesada la posibilidad de defenderse, lo que no sería posible si el órgano de amparo como autoridad terminal ejerciera ese control difuso; de esta manera los órganos de control concentrado siguen teniendo a su cargo el control de regularidad constitucional.
"...
"Señor Ministro Pérez Dayán: ...
"En ese sentido, me parece que la herramienta, el instrumento con el que el órgano de control concentrado hará justicia es muy amplio, de ahí que si se decía, se puede lo más y no lo menos, recurramos a darle lo más, y lo más es la competencia concentrada para que en suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, entregue al quejoso la justicia que requiere y si advirtió inconvencionalidad de un artículo utilizado por la responsable para decidir, así lo tiene que declarar, precisamente en esa vía de lo más, del que puede lo más, con una decisión de carácter concentrado que ejerció un parámetro de control de regularidad sobre la base de su propia competencia, y como bien se dice en el proyecto, con ello se respeta ese sistema constitucional que le entrega competencias a cada operador jurídico en función de los instrumentos que la ley le ha dotado, si es un órgano de control concentrado debe preferir este tema por ser lo más y quienes no lo tienen recurrir como hoy lo ha interpretado esta Suprema Corte al control difuso que es lo menos, es eso señor Ministro presidente. Gracias.
"...
"Señora Ministra Luna Ramos: ...
"Ahora, ¿cómo se va a aplicar el control difuso en los órganos del Poder Judicial de la Federación y cómo se va a aplicar por los otros tribunales?
"El Tribunal Colegiado no tiene facultades para hacer control difuso más que de aquellos artículos o de aquellas legislaciones que aplica por razones de su competencia; es decir, nos cita algunos ejemplos, Ley Orgánica, Ley de Amparo, Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, las que aplica por razón de su competencia, dice: la aplicación del 1916 no lo hace por razón de su competencia, sino porque es un artículo que viene impugnado en una litis de carácter constitucional, por esa razón no se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque decíamos, en materia de amparo no nos podemos sustituir en las autoridades responsables, y ésa es la diferencia que siempre hemos entendido entre lo que es un juicio y un recurso.
"...
"Ahora, sobre esta base ¿puede realizar control difuso el Tribunal Colegiado? Sí, pero volvemos a lo mismo, de aquella legislación que aplica en razón de su competencia y ésta no es en razón de su competencia, es en razón de la competencia originaria que tiene el Tribunal Superior de Justicia, por tanto, no se puede sustituir; sin embargo ¿qué es lo que se ha dicho? La competencia del Tribunal Colegiado es análisis concentrado de constitucio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26255-e7be839c/conceptos-de-violacion-inoperantes-cuando-alegan-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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