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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE EL PLANTEAMIENTO DE IMPROCEDENCIA EN EL SENTIDO DE QUE LAS NORMAS IMPUGNADAS SON ACTOS TÁCITAMENTE CONSENTIDOS, PUES DICHA CAUSA NO EXISTE EN LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA LA MINORÍA LEGISLATIVA QUE PUEDE PROMOVERLA ES LA QUE SE CONFORMA POR UN MÍNIMO DEL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, SIN IMPORTAR EL SENTIDO EN QUE VOTARON PREVIAMENTE. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA, AUN CUANDO SE TUVIERA CONOCIMIENTO DE SU EXPEDICIÓN EN LA SESIÓN PÚBLICA DEL CONGRESO LOCAL. V. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. VI. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. DEBEN SER ANALIZADAS COMO UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE CARÁCTER ESTATAL CUANDO SU OBJETIVO SEA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN O DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LOS ECOSISTEMAS QUE PROPORCIONAN LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IX, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE LA ENTIDAD). VII. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. SU REGULACIÓN LOCAL NO INVADE LA ATRIBUCIÓN DE LA FEDERACIÓN PARA ESTABLECER ZONAS INTERMEDIAS DE SALVAGUARDA, MÁXIME QUE ÉSTAS SE ESTABLECEN ALREDEDOR DE UN LUGAR EN DONDE SE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS (ARTÍCULOS 148, FRACCIÓN VII BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 5 BIS, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA). VIII. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. LA EVOLUCIÓN DE SU REGULACIÓN EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE REVELA UNA AMPLIA LIBERTAD CONFIGURATIVA A LAS LEGISLACIONES LOCALES PARA ESTABLECER AQUÉLLAS (ARTÍCULOS 148, FRACCIÓN VII BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 5 BIS, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA). IX. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. EN SU CARÁCTER DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA, SUS PROGRAMAS DE MANEJO Y LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS DEBEN SER CONGRUENTES CON EL USO DE SUELO PREVISTO EN EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL (ARTÍCULOS 148, FRACCIÓN VII BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 5 BIS, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA). X. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. LA REGULACIÓN QUE LAS RIGE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR TIENE COMO FINALIDAD CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA, COORDINACIÓN Y AJUSTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (ARTÍCULOS 148, FRACCIÓN VII BIS, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y 5 BIS, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA). XI. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN VÁLIDAMENTE PROHIBIR CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA O PRODUCTIVA EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE SU COMPETENCIA, DE ACUERDO CON EL OBJETIVO DE CONSERVACIÓN PARA EL QUE FUERON ESTABLECIDAS [ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN XXVIII BIS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN IV, 100 TER, INCISOS A) Y B), Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 100 QUÁTER DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA]. XII. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. AL DECRETARLAS, EL GOBERNADOR DEL ESTADO DEBE ATENDER AL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN CUANTO A BIENES, ZONAS Y AGUAS ASIGNADAS A CADA UNO (ARTÍCULO 100 QUÁTER DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). XIII. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE SU ASENTAMIENTO EN TERRITORIOS DECLARADOS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA FEDERAL, NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE [ARTÍCULO 100 TER, INCISO C), DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE BAJA CALIFORNIA SUR]. XIV. ZONAS DE SALVAGUARDA TERRITORIALES. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REPRODUCIR EN SUS LEGISLACIONES LAS NORMAS PREVISTAS EN LAS LEYES GENERALES, PORQUE AMBAS PERTENECEN A UN MISMO ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ARMÓNICA Y SISTEMÁTICA (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTAD

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2019. · Registro digital (IUS): 29822
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-28
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA DÉCIMO QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 716.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2019. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA DÉCIMO QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 11 DE ENERO DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA, OMAR CRUZ CAMACHO Y DANIELA CARRASCO BERGE.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día once de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

Sentencia

Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 2/2019 promovida por diversos diputados integrantes de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur en contra del Decreto 2576, publicado el doce de diciembre de dos mil dieciocho en el Boletín Oficial de la entidad, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de la entidad.

I. Trámite

1. Presentación de la demanda y autoridades demandadas. El diez de enero de dos mil diecinueve, diversos integrantes de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur (en adelante, los "promoventes"), presentaron acción de inconstitucionalidad, en la que señalaron como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad.

2. Conceptos de invalidez. Los promoventes expusieron los conceptos de invalidez que serán abordados en el fondo del asunto, los cuales están relacionados con la vulneración a la competencia federal para decretar zonas de salvaguarda territoriales, para regular la utilización de sustancias o materiales peligrosos, así como regular descargas de aguas o infiltraciones que contengan contaminantes.

3. Los artículos constitucionales que los promoventes señalan que fueron violados son los artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal.

4. Admisión y trámite.(1) El catorce de enero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 2/2019 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

5. Asimismo, el Ministro instructor dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo y requirió al Poder Legislativo de Baja California Sur para que enviara una copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto en el que se modificaron las normas impugnadas. Además, requirió al Poder Ejecutivo exhibir un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se publicó el decreto. Por último, ordenó dar vista al fiscal general de la República para la formulación del pedimento correspondiente.

6. Informes de las autoridades demandadas. En relación con las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. El Poder Ejecutivo, a través del subsecretario de la Consejería Jurídica del Estado manifestó, en síntesis, que concuerda con los accionantes en relación con la inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

8. Señala que los artículos que regulan el establecimiento de Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación (en adelante, las "zonas de salvaguarda territoriales") invaden la esfera de competencias de la Federación. Ello, porque la facultad de regular actividades altamente riesgosas es de competencia federal, de conformidad con los artículos 7o., 149 y 146 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante la "LGEEPA"). Por tanto, también es competencia federal el acto de decretar zonas de salvaguarda para evitar y prevenir actividades altamente riesgosas.

9. En otro orden de ideas, considera que las normas impugnadas invaden la competencia del Ejecutivo Federal porque regulan conceptos similares a los ya regulados por la Federación a través del Acuerdo por el que se expide el Listado de Actividades Altamente Riesgosas.

10. En ese sentido, señala que el artículo 5 Bis de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur (en adelante la "ley local") es inconstitucional por el solo hecho de mencionar que regula cualquier sustancia o residuo peligroso, ya que invade la esfera competencial de la Federación, dado que los residuos y las sustancias altamente peligrosas se encuentran regulados por la LGEEPA.

11. Por otra parte, el artículo 5 Bis de la ley local viola el derecho al debido proceso y garantía de audiencia porque establece la clausura inmediata de aquellos lugares en las zonas de salvaguarda en los que se realice la descarga de sustancias que posean la posibilidad de contaminar. Además, prevé que la clausura conlleva la revocación de las licencias de uso de suelo y de las demás licencias, permisos, autorizaciones o concesiones de orden estatal o municipal con que opere el generador de la descarga. Sin embargo, deja en estado de indefensión a los sujetos regulados porque no se establece procedimiento de defensa alguno en el que se otorgue la garantía de audiencia. Por tanto, este artículo es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

12. Asimismo, argumenta que el artículo 57 de la ley local impugnada, en la que se prohíbe la descarga o infiltración de agua contaminada en cuerpos de jurisdicción estatal o municipal, regula una materia que corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión y que se encuentra regulada por el artículo 27 de la Constitución Federal y la Ley de Aguas Nacionales.

13. Además, aduce que el segundo párrafo del mismo precepto invade las competencias del Congreso de la Unión porque regula la descarga y filtraciones de sustancias y materiales peligrosos en el suelo o cuerpos de agua que se encuentren dentro de las zonas de salvaguarda, siendo que eso está regulado en los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., fracción I, 6o., fracción I, 13, 13 Bis, 16, 20, 29 Bis, 2, fracción IV, 44, 45, 47 y 47 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, en relación con el artículo 27 de la Constitución Federal.

14. Por otra parte, argumenta que el artículo 100 Ter viola el principio de división de poderes al conferirle al Ejecutivo Local la facultad de decretar zonas de salvaguarda territoriales para la prevención de la contaminación porque esa facultad es exclusiva del Ejecutivo Federal.

15. Además, argumenta que ese artículo le otorga una facultad de ejercicio potestativo al Ejecutivo Local para decretar zonas de salvaguarda territoriales. En ese sentido, resulta contradictorio y violatorio del principio de división de poderes que el artículo segundo transitorio del decreto de reformas impugnado le dé un plazo de sesenta días naturales para expedir el decreto o decretos de zonas de salvaguarda territoriales. Desde su perspectiva, el legislador no puede establecer la obligación de ejercer una facultad potestativa dentro de un plazo determinado. Por ello, considera que se vulnera el artículo 49 de la Constitución Federal, así como los artículos 14 y 16 por la antinomia jurídica que generó el legislador local.

16. De igual manera, considera que el artículo 100 Ter viola el principio de división de poderes al establecer que los grupos de la sociedad civil, cámaras empresariales y la sociedad en general, puedan dirigir una petición por escrito al gobernador del Estado para que ejerza dicha potestad.

17. Informe del Congreso del Estado. La autoridad demandada manifestó, en síntesis, lo siguiente:

18. Se debe sobreseer la acción de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que las normas impugnadas son actos consentidos tácitamente, ya que en sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, el dictamen fue aprobado por unanimidad de votos, incluyendo a los promoventes.

19. Además, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con la fracción I del artículo 21, ambos de la ley reglamentaria de la materia, porque la presentación de la demanda es extemporánea pues los promoventes tuvieron conocimiento de la expedición de las normas combatidas en la sesión pública del Congreso Local de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se expidió el Decreto 2576.

20. En cuanto al fondo, el Congreso Local señala que la materia ambiental y la de asentamientos humanos son una competencia concurrente entre las entidades federativas y la Federación, conforme a las fracciones XXIX-G y XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Federal.

21. En relación con los conceptos de invalidez relacionados con actividades altamente peligrosas, argumenta que los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, los artículos 2, 4 y 7 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, el artículo 130 R del Tratado de Maastricht y el artículo 15 de la Declaración de Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, imponen la obligación de implementar mecanismos, instrumentos y políticas con el objetivo de evitar daños al ambiente y la salud de las personas, conforme al principio de precaución. En ese sentido, las reformas de la ley y la Constitución Local tienen como principal objetivo dar cumplimiento al principio de precaución y no, como aducen los promoventes, regular actividades altamente riesgosas.

22. Asimismo, el artículo 5 Bis de la ley local que prohíbe las descargas al suelo o la acumulación de sustancias con materiales peligrosos en las zonas de salvaguarda no regula actividades altamente peligrosas, sino que se encuadra en el artículo 7, fracción II, de la LGEEPA que establece que es una facultad de las entidades federativas aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal.

23. Asimismo, argumenta que no existe ninguna disposición que prohíba a las Legislaturas Locales utilizar o reglar conceptos regulados por la legislación federal, o definirlos de manera distinta. En ese sentido, no se invadió la competencia del legislador federal al definir conceptos como "descarga de materiales peligrosos", "material peligroso" o "sustancia peligrosa" en la ley local, que previamente habían sido definidos en la ley general.

24. En otro orden de ideas, al referirse a los conceptos de invalidez sobre regulación de aguas nacionales, argumenta que el artículo 57 de la ley local que prohíbe la descarga o infiltración de material y/o sustancias peligrosas en el suelo o cualquier cuerpo o corriente de agua, se refiere a cuerpos o corrientes de agua de jurisdicción estatal. Por ello, no contraviene el artículo 27 de la Constitución Federal, ni la Ley de Aguas Nacionales.

25. Las reformas impugnadas no tienen el objetivo de regular las cuencas hidrológicas, ni el régimen de concesiones de agua. En ese sentido, el hecho de que las zonas de salvaguarda territoriales deban, por definición, ser coincidentes en su delimitación con alguna cuenca hidrológica donde exista aprovechamiento de agua pluvial, no pretende definirlas o regularlas. Por el contrario, se utilizan como referencia para la Constitución y delimitación de dichas zonas, pero no invade la competencia de la Federación en su regulación.

26. En relación con los conceptos de invalidez sobre áreas naturales protegidas, el Congreso Local argumenta que es posible que coexistan las áreas naturales protegidas del Gobierno Federal, con las zonas de salvaguarda del Gobierno Local, pues no existe disposición que lo prohíba, siempre que las segundas no contravengan los fines de las primeras.

27. Además, el ordenamiento ecológico del territorio nacional se debe realizar a través de los programas: a) General del territorio, b) Regionales, c) Locales y d) Marinos. Los programas generales, regionales y locales sirven para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas. Por ello, las zonas de salvaguarda territoriales, mediante las cuales se pretende delimitar una porción del territorio de Baja California Sur para prohibir o condicionar determinadas actividades, se encuentran dentro del marco competencial de la ley general.

28. Conforme al artículo 7o. de la LGEEPA, las entidades federativas cuentan con facultades para llevar a cabo la formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio de la entidad federativa. Las zonas de salvaguarda territoriales son instrumentos de planeación y regulación estatales y municipales, con el objeto de proteger al ambiente. Por ello, el Congreso Local tiene facultades para establecer la medida.

29. Ello, además, considerando que las entidades federativas cuentan con facultades para llevar a cabo la prevención y control de contaminación a través de las evaluaciones de impacto ambiental, lo cual implica el otorgamiento de autorizaciones para el uso del suelo o de las licencias de construcción u operaciones respectivas, al resultado satisfactorio de dicha evaluación.

30. Por último, manifiesta que, conforme a diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, la entidad federativa tiene la obligación de tutelar y proteger los suelos. Así, la prevención de la contaminación, protección de la plataforma ambiental y conservación de la misma, inicia con medidas locales como el establecimiento de políticas ambientales, como son las zonas de salvaguarda territoriales.

31. Cierre de instrucción.(2) El once de julio de dos mil diecinueve, habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. Competencia

32. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque diversos diputados integrantes del Congreso del Estado de Baja California Sur plantean la posible contradicción entre distintos artículos de la Constitución Local y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de la misma entidad con lo dispuesto en la Constitución Federal.

III. Precisión de las normas impugnadas

33. De conformidad con el artículo 73, en relación con el 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, a continuación se precisan las normas generales que serán objeto de la presente acción de inconstitucionalidad.

34. En la demanda se señala como impugnado el Decreto Número 2576 por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, publicado el doce de diciembre de dos mil dieciocho en el Boletín Oficial de la entidad federativa, sobre la base de la posible vulneración a la competencia federal en materia de áreas naturales protegidas, regulación de sustancias o materiales peligrosos, así como la regulación de descargas de aguas o infiltraciones que contengan contaminantes en cuerpos receptores con carácter de aguas nacionales.

35. Así, el objeto de la presente acción de inconstitucionalidad será analizar si las adiciones y reformas al marco normativo del Estado de Baja California Sur que se enlistan enseguida son conformes al marco competencial que establece la Constitución Federal en materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico, así como en materia de aguas.

36. Los artículos impugnados por los promoventes son:(3)

• De la Constitución Política del Estado de Baja California Sur

- Artículo 79, fracción XXVII Bis; y

- Artículo 148, fracción VII Bis.

• De la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur

- Artículo 2o., fracciones X Bis, XX Bis, XXXIII Bis y XXXVII;

- Artículo 3, fracción IV;

- Artículo 5o. Bis;

- Artículo 57;

- Artículo 60 Bis;

- Artículo 100 Ter; y

- Artículo 100 Quáter

37. Resta señalar que la existencia de las normas impugnadas quedó debidamente acreditada con la copia certificada del Boletín Oficial número 59 que remitió el Poder Ejecutivo Local al rendir su informe.(4)

IV. Oportunidad

38. La presentación de la acción de inconstitucionalidad es oportuna.

39. El plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.(5)

40. En el caso, el decreto que contiene las normas impugnadas fue publicado el doce de diciembre de dos mil dieciocho en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur número 59.(6)

41. En ese sentido, el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves trece de diciembre de dos mil dieciocho al jueves once de enero de dos mil diecinueve.

42. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diez de enero del mismo año,(7) se satisface el requisito de temporalidad que se analiza.

V. Legitimación

43. El artículo 105, fracción II, inciso d),(8) de la Constitución Federal y el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(9) (en adelante, la "ley reglamentaria de la materia"), disponen que las Legislaturas de las entidades federativas están facultadas para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la propia Legislatura, siempre que la acción se ejercite por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano.

44. En el caso de Baja California Sur, el Congreso Local se compone de veintiún diputados integrantes,(10) por lo que el treinta y tres por ciento de la totalidad del órgano son siete integrantes. En el presente asunto, la demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad está firmada por siete diputados integrantes de la Legislatura Local, cargo que acreditan con la constancia de mayoría relativa expedida por el Consejo Distrital correspondiente a cada uno de los promoventes.(11)

45. En consecuencia, la demanda fue promovida por ente previsto constitucionalmente y firmada por los sujetos legitimados para ello.

VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento

46. El Congreso Local manifiesta en el informe que rindió ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se actualizan dos causales de improcedencia.

47. a) Actos consentidos. En la primera de ellas, manifiesta que las normas combatidas son actos tácitamente consentidos, en virtud de que el dictamen que contiene las normas impugnadas fue aprobado por unanimidad, incluyendo a los promoventes y, por tanto, debe sobreseerse en la acción de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (sic), Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

48. Este Tribunal Pleno estima que la causal de improcedencia hecha valer debe desestimarse, porque esa causa de improcedencia no está prevista en la ley reglamentaria de la materia, que regula el procedimiento para ejercer la acción de inconstitucionalidad. Al respecto, se aprecia que el Congreso Local invoca una causal de improcedencia que aplica a un diverso medio de control, como lo es el juicio de amparo, el cual no rige en el caso.

49. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio contenido en la tesis P./J. 118/2005,(12) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS."

50. Adicionalmente, no se advierte que se exija como requisito de procedencia de la acción de inconstitucionalidad que el porcentaje de los integrantes del órgano legislativo autorizado para ejercerla, deban ser necesariamente legisladores que votaron en contra o disintieron de la mayoría del órgano legislativo emisor de la norma, sino que el artículo 105, fracción II, inciso d), constitucional, únicamente establece como requisito para su procedencia que sea ejercida por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del órgano legislativo estatal que haya expedido la norma impugnada, por lo que basta que se reúna ese porcentaje para que se pueda promover la acción.

51. Sirve de apoyo, el criterio contenido en la tesis P./J. 20/2001,(13) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO NO HUBIERAN VOTADO EN CONTRA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."

52. b) La demanda fue extemporánea. En segundo lugar, el Congreso Local señala que la presentación del medio de control es extemporánea porque se tuvo conocimiento de la expedición de las normas combatidas en la sesión pública del Congreso Local de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la cual se expidió el Decreto 2576.

53. El planteamiento es infundado porque el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad comienza a correr a partir del día siguiente a la publicación de las normas generales en el correspondiente medio de difusión oficial, de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia. Tal criterio ha sido sostenido por este Tribunal Pleno en el criterio número P./J. 2/99, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA."(14)

54. Por tanto, la presentación de la demanda fue oportuna, conforme se razonó en el apartado correspondiente.

55. Dado que no se expusieron causas de improcedencia adicionales y no se advierte de oficio alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados por la minoría parlamentaria del Congreso del Estado de Baja California Sur.

VII. Estudio de fondo

56. En este apartado se examinan los conceptos de invalidez en un orden distinto al que fueron presentados en la demanda.

57. Consecuentemente, el estudio se encuentra dividido de la siguiente manera:

A) El alcance de la facultad para regular actividades productivas en las áreas naturales protegidas establecidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. Análisis de los artículos 79, fracción XXVII Bis y 148, fracción VII Bis, primer párrafo, de la Constitución Local, así como los artículos 3, fracción IV, 5 Bis, fracción IX y 100 Ter, incisos a) y b), y último párrafo y 100 Quáter de la ley local.

58. Los promoventes plantean dos argumentos relacionados con el alcance del Poder Ejecutivo de Baja California Sur para regular actividades productivas en las áreas naturales protegidas sujetas a una categoría de manejo de zonas de salvaguarda.

59. En primer lugar, los promoventes argumentan que el gobernador de Baja California Sur no puede prohibir o condicionar actividades productivas en la entidad federativa a través de la figura de las zonas de salvaguarda, porque esto solamente es posible a través del ordenamiento ecológico del territorio, es decir, a través de los programas de ordenamiento ecológico general, regional y local del territorio, los cuales están previstos en los artículos 19 Bis, 20, 20 Bis 2 y 20 Bis 4 de la LGEEPA.

60. En segundo lugar, en un argumento relacionado, los promoventes manifiestan que el artículo 100 Ter de la ley local impugnada es inconstitucional porque la atribución del Ejecutivo Local de decretar zonas de salvaguarda para limitar cualquier actividad, pues solamente pueden limitar las actividades que tienen competencias para regular.

61. Por último, señalan que la facultad prevista en el artículo 100 Ter invade la facultad prevista en el artículo 148 de la LGEEPA en favor de la Federación para establecer zonas intermedias de salvaguarda en los casos en que una industria lleve a cabo actividades altamente riesgosas.

62. Al respecto, los promoventes señalan que el Ejecutivo Local solamente puede decretar zonas de salvaguarda con el objetivo de evitar la práctica de actividades cuya regulación pertenezca a su esfera de competencias.

63. Los artículos que serán analizados en este apartado literalmente disponen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

"Artículo 79. Son facultades y obligaciones del gobernador:

"I. a XXVII. ...

"XXVII Bis. Decretar por causas de utilidad pública áreas naturales protegidas y zonas de salvaguarda territoriales para la prevención de la contaminación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente vigente en la entidad."

"Artículo 148. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

"...

"VII Bis. Incorporar a los planes y programas de desarrollo urbano como uso de suelo de conservación, los decretos de áreas naturales protegidas y de zonas de salvaguarda territoriales para la prevención de la contaminación, emitidas por el gobernador del Estado."

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur

"Articulo 3. Para los efectos de esta ley se consideran de utilidad pública:

"...

"IV. El establecimiento de zonas de salvaguarda territoriales para la prevención de la contaminación."

"Artículo 5 Bis. ...

"IX. El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, implementarán las medidas legales necesarias para asegurar que el régimen dispuesto en el presente artículo se incorpore plenamente, con carácter obligatorio y para todos los efectos legales consecuentes, en los planes y Programas de Ordenamiento Ecológico y de Desarrollo Urbano, conforme a la presente ley y a la Ley en Materia de Desarrollo Urbano del Estado."

"Artículo 100 Ter. El gobernador del Estado podrá decretar por causas de utilidad pública, zonas de salvaguarda territoriales para la prevención de la contaminación, con sujeción a lo siguiente:

"A) Los decretos deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado;

"B) Serán decretadas con el objetivo de evitar la práctica de cualquier tipo de actividad o actividades que causen o puedan causar contaminación, desequilibrio ecológico o afectar el equilibrio de los ecosistemas, atendiendo al principio de precaución del derecho ambiental, así como al principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de las Naciones Unidas;

"...

"Los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y la sociedad en general del Estado de Baja California Sur, mediante petición escrita, pacífica y respetuosa, así como el Congreso del Estado mediante Acuerdo del Pleno, podrán solicitar al gobernador del Estado que ejerza su facultad de decretar ‘Zonas de Salvaguarda Territoriales para la prevención de la Contaminación’ de conformidad con lo establecido en la presente ley."

"Artículo 100 Quáter. El Establecimiento de las Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación se llevará a cabo en ejercicio de la competencia de los Gobiernos del Estado y de los Municipios, dispuesta en las fracciones IV y X del artículo 4 y fracciones I y XVIII del artículo 5 de la presente ley, para prevenir y controlar la contaminación."

64. La metodología que se utilizará para abordar los conceptos de invalidez es la siguiente. En primer lugar, se define el parámetro de regularidad que resulta aplicable para analizar las competencias de las entidades federativas en materia de protección al ambiente y equilibrio ecológico. Después, se determina que las zonas de salvaguarda territoriales deben ser analizadas como áreas naturales protegidas de carácter estatal. Por último, se define el alcance de las facultades de las entidades federativas para regular actividades productivas en las áreas naturales protegidas de carácter estatal.

65. Así, es conveniente recordar que, tal como ya lo ha reconocido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(15) en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, existen facultades concurrentes entre los tres órdenes de gobierno por mandato del artículo 73, fracción XXIX-G, con excepción de ciertas facultades que están expresamente reservadas a la Federación.

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...

"XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico."

"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias."

66. La Constitución Federal, por una parte, delega en el legislador ordinario la tarea de precisar las atribuciones y la forma de participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en la materia y, por la otra, establece los derechos sustantivos relacionados con el equilibrio ecológico y la protección al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29822-712a5e51/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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