I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LOS DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, AL NO SATISFACER EL REQUISITO DE QUE LA ACCIÓN SE PROMUEVA POR AL MENOS EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DEL CONGRESO LOCAL [ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VIII, 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 62 DE LA MISMA LEY Y 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2017. DIVERSOS INTEGRANTES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 2 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LAS MINISTRAS Y DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de octubre de dos mil diecisiete por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por diversos Diputados del Poder Legislativo del Estado de Guerrero en contra del Decreto número 458 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
I. TRÁMITE
1. Presentación, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. La presente acción de inconstitucionalidad se presentó el primero de julio de dos mil diecisiete por los Diputados Erika Alcaraz Sosa, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Ernesto Fidel González Pérez, Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas, Crescencio Reyes Torres, Ociel Hugar García Trujillo, Rosa Coral Mendoza Falcón, Isidro Duarte Cabrera, Raymundo García Gutiérrez, Yuridia Melchor Sánchez, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, Eloísa Hernández Valle, Carlos Reyes Torres, Silvia Romero Suárez, Fredy García Guevara y J. Jesús Martínez Martínez en contra del Decreto Número 458 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero.
3. Normas generales cuya invalidez se reclaman. En la acción de inconstitucionalidad se impugna la validez de la totalidad del Decreto debido a supuestas violaciones al procedimiento legislativo, así como la validez del artículo 165 Bis, fracción II que establece:
ARTÍCULO 165 BIS. Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de Gobernador, Diputados y miembros de los Ayuntamientos, de acuerdo con lo siguiente:
II.- No se podrá participar en más del 33 % de los municipios o distritos, tratándose de la elección de integrantes de Ayuntamientos y Diputados.
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron en síntesis, lo siguiente:
5. PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Violaciones al procedimiento legislativo. El proceso legislativo del que emanó la norma impugnada transgredió los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal y los diversos 65, 66, 67 y 68 de la Constitución Local porque no se observaron las formalidades esenciales en la aprobación del Decreto número 458 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, por lo siguiente:
6. A) El Dictamen no se publicó ni se dio a conocer a todos los integrantes del Congreso. La Comisión Legislativa dictaminadora, así como la mesa directiva transgredieron el artículo 259, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado al no publicar y dar a conocer a todos los integrantes de la legislatura, el contenido del dictamen que recayó a la iniciativa de Decreto de reformas impugnado con cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno. Los secretarios de la mesa directiva, de conformidad con el artículo 137, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo deben verificar que se haya remitido a los diputados un ejemplar en versión electrónica de las proposiciones y dictámenes que vayan a ser presentados y discutidos en el Pleno, con un mínimo de veinticuatro horas anteriores a la sesión.
7. La mesa directiva dio a conocer la emisión del Dictamen en el momento preciso del desarrollo de la sesión extraordinaria del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.
8. La convocatoria a la reunión de trabajo a las catorce horas del treinta de mayo de dos mil diecisiete no reunió los requisitos legales de los artículos 172, fracción V y 179, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esto es, que se debió haber distribuido la convocatoria, el proyecto del orden del día y los documentos necesarios para las reuniones de trabajo con cuarenta y ocho horas de anticipación; sin embargo, la convocatoria se realizó dos horas antes de la celebración de la misma.
9. Además, el Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso convocó sin destinatario específico, y sólo entregó el proyecto del orden del día a los integrantes de la comisión, sin anexar los documentos que fueran a tratarse en la misma reunión.
10. Asimismo, según el acta de la primera sesión extraordinaria de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la sesión dio inicio a las dieciséis horas con cuarenta minutos, en donde se dio lectura al Dictamen con proyecto de Decreto, y si la preparación del dictamen recayó a la iniciativa de Decreto ocurrió después de la deliberación correspondiente, dicho dictamen no pudo darse y por tanto no se dio a conocer con las veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno del Congreso Local, como lo mandatan los numerales 137, fracción IV y 259 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
11. B) No se motivó la dispensa de publicar el Dictamen con cuando menos veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno. El artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes se publicarán en la gaceta cuando menos con veinticuatro horas antes de la sesión del Pleno, salvo cuando lo acuerde la Junta de Coordinación Política y además ordena que en “casos debidamente justificados” podrá aprobarse por el Pleno la dispensa correspondiente, sin embargo, si el tema era urgente debió haber sido motivado y aprobado por el Pleno. En el caso, no existe constancia en la que se haya realizado, discutido o votado por el Pleno. Tampoco existe constancia que acredite que la Junta de Coordinación Política haya discutido y aprobado la dispensa del procedimiento, toda vez que este hecho no fue dado a conocer por la Mesa Directiva al Pleno del Congreso Local.
12. C) Solicitud de dispensa a la segunda lectura. La solicitud de dispensa a la segunda lectura no fue acordada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, sino únicamente por la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la misma, y no fue dado a conocer al Pleno, ni a los integrantes de la misma junta, por lo que no existió un consenso, ni una votación ponderada, lo que se advierte del audio de la sesión, la cual fue solicitada por el partido promovente pero le ha sido negada.
13. SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. Limitación a las postulaciones mediante candidatura común en más del treinta y tres por ciento de los municipios o distritos, en ayuntamientos y diputados. Se aduce violación a los artículos 1º, 9º y 41 de la Constitución Federal en relación con el 35 y 42 de la Constitución Local; 16 y 23, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
14. El artículo 165 Bis, fracción II de la norma impugnada es contraria a los artículos aludidos, porque restringe la posibilidad de los ciudadanos y de los partidos políticos de participar mediante la figura de las candidaturas comunes, al establecer un límite del treinta y tres por ciento de los municipios y distritos, lo que se realizó sin una justificación válida por lo que, la limitación no tiene razonabilidad constitucional, sino que la reforma da un trato caprichoso al porcentaje del treinta y tres por ciento y también se viola el principio de progresividad vinculado con el principio de asociación política y de participación democrática de partidos políticos y ciudadanos en la renovación de los poderes públicos.
15. La porción normativa impugnada si incide en el derecho de asociación y participación política de partidos políticos y ciudadanos en el Estado de Guerrero, en tanto que los obliga a establecer alianzas electorales en un número limitado de candidaturas de municipios y distritos de la geografía electoral, con lo que se reduce el trabajo de auto organización política de los partidos políticos, puesto que se impide la potencialización general de este tipo de alianzas.
16. Sin que las limitaciones impugnadas se ubiquen en alguno de los supuestos de restricción para asociarse, previstas por los instrumentos internacionales, a saber: que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
17. De los artículos 35 y 42 de la Constitución Local no se deduce que el legislador secundario tenga la posibilidad de restringir la figura de la candidatura común, lo que hace que su actuar sea excesivo y arbitrario, pues restringe sin justificación un derecho fundamental como es la libre participación mediante la asociación política genera una limitación no racional en perjuicio a la libre competencia electoral, como mecanismo de la renovación de los poderes públicos en la entidad.
18. Admisiones y trámite. Mediante autos de veintinueve y treinta de junio, y tres, cuatro y seis de julio de dos mil diecisiete, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acciones de inconstitucionalidad 49/2017 ( promovida por la Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática), 51/2017 (promovida por integrantes de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano), 56/2017 (diversos diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Guerrero) y 58/2017 (promovida por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional) y 64/2017 (promovida por integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo). Por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz, de conformidad con el registro que se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal. Finalmente, en virtud de la identidad de lo impugnado en estas acciones de inconstitucionalidad ordenó su acumulación.
19. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió las demandas de acción de inconstitucionalidad 49/2017, 51/2017, 56/2017 y 58/2017 y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero por ser quienes respectivamente emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes. También solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Procuradora General de la República sus opiniones. Asimismo, en auto de siete de julio de dos mil diecisiete desechó la acción de inconstitucionalidad 64/2017, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, consistente en que la demanda del Partido del Trabajo se presentó extemporáneamente.
20. Incidente de falsedad de firmas. En el informe presentado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, quien compareció en representación del Poder Legislativo local y que se tuvo por rendido mediante auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete por los Ministros integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se cuestionó por parte de la representante legal del Congreso local la autenticidad de la firma estampada por el Diputado Jesús Martínez Martínez, en el escrito inicial que dio origen a la acción de inconstitucionalidad 56/2017, por lo que se requirió a los representante comunes de la parte promovente para que presentaran ante este Alto Tribunal al citado legislador para que éste manifestara si era suya la firma que calza dicho escrito inicial.
21. El Diputado J. Jesús Martínez Martínez se presentó a comparecer en las oficinas que ocupa la Sección de Trámite de Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de julio de dos mil diecisiete donde ratificó ante la presencia judicial como suya la firma en cuestión, según consta en el acta respectiva.
22. No obstante la mencionada comparecencia y ratificación, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso tuvieron por interpuesto y ordenaron formar y registrar el incidente de falsedad de firmas derivado de la presente acción de inconstitucionalidad por auto de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.(1)
23. Conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley Reglamentaria de la materia, el incidente se resolvió por parte del ministro instructor el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, declarándose procedente y fundado al haber llegado a la convicción de que la firma que calza en la demanda promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero atribuida al Diputado J. Jesús Martínez Martínez no fue estampada de su puño y letra y, por tanto, se declaró que la firma estampada al calce de dicho documento es falsa.(2)
24. Escisión de la acción de inconstitucionalidad 56/2017 de las acciones acumuladas 49/2017, 51/2017 y 58/2017. Durante la sesión pública ordinaria del día cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad 49/2017, 51/2017 y 58/2017. Sin embargo, dado que la resolución del incidente de falsedad de firmas vinculada con la acción de inconstitucionalidad 56/2017 había sido notificada el viernes primero de septiembre del mismo año, seguía siendo reclamable. Por ello, este Tribunal Pleno acordó que la acción de inconstitucionalidad 56/2017 debía escindirse de las acumuladas resueltas en aquella sesión, en razón de que se trata de asuntos en materia electoral con proceso en puerta que deben resolverse con la mayor celeridad posible, pero balanceando la necesidad de no dejar sin un potencial recurso a la minoría de los diputados del Congreso del Estado.
25. Resolución del recurso de reclamación 95/2017-CA vinculado al incidente de falsedad de firma en la acción de inconstitucionalidad 56/2017. En la sesión del día dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de reclamación interpuesto contra la resolución del incidente de falsedad de firmas. En esta sesión, se determinó que el recurso era improcedente pues no se había presentado de manera extemporánea.
26. En efecto, se argumentó que derivado de los artículos 60 y 70 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acciones de inconstitucionalidad en materia electoral el plazo para interponer el recurso de reclamación es de tres días naturales. Ya que la resolución se notificó el primero de septiembre de dos mil diecisiete y surtió efectos al día siguiente, el plazo de tres días naturales transcurrió del día tres de septiembre al cinco del mismo mes y año. El recurso se interpuso el seis de septiembre siguiente. Por lo tanto, se determinó que el mismo se presentó de manera extemporánea.
II. COMPETENCIA
27. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunos instrumentos internacionales.
III. OPORTUNIDAD
28. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados, considerando para el cómputo cuando se trate de materia electoral, todos los días como hábiles.
29. El Decreto “458” mediante el que se reformó la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se publicó en el Periódico de la entidad el dos de junio de dos mil diecisiete.(5)
30. Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el tres de junio, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el domingo dos de julio de dos mil diecisiete.
31. La demanda de diversos diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado fue presentada el uno de julio de dos mil diecisiete en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones de término.(6) Por lo tanto, la demanda de acción de inconstitucionalidad 56/2017 se presentó dentro del plazo respectivo y por ende las impugnaciones resultan oportunas.
IV. LEGITIMACIÓN
32. El artículo 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que este medio de control podrá iniciarse por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por el propio órgano. De ese artículo se advierte que para tener por acreditada la legitimación de una minoría legislativa para la promoción de una acción de inconstitucionalidad deben satisfacerse los siguientes presupuestos: 1) que los promoventes sean integrantes del órgano legislativo estatal; 2) que dichos accionantes representen cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de ese órgano, y 3) que la acción se plantee respecto de leyes expedidas por el propio órgano legislativo estatal.
33. Por su parte, el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de la materia(7) dispone que en los casos previstos, entre otros, en el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos. Establecido lo anterior, se procede a analizar si en el caso concreto se cumplen los presupuestos antes señalados.
34. En relación con el primero de los puntos señalados, suscriben el escrito de acción de inconstitucionalidad: Erika Alcaraz Sosa, Sebastián Alonso de la Rosa Peláez, Ernesto Fidel González Pérez, Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas, Crescencio Reyes Torres, Ociel Hugar García Trujillo, Rosa Coral Mendoza Falcón, Isidro Duarte Cabrera, Raymundo García Gutiérrez, Yuridia Melchor Sánchez, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, Eloísa Hernández Valle, Carlos Reyes Torres, Silvia Romero Suárez, Fredy García Guevara y J. Jesús Martínez Martínez, quienes acreditaron ser diputados integrantes del Congreso del Estado de Guerrero, con las documentales públicas consistentes en copias certificadas de las correspondientes constancias de mayoría y de asignación emitidas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.(8)
35. Por cuanto al segundo presupuesto, del primer párrafo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Guerrero(9) se desprende que el Congreso Local se integra por un total de cuarenta y seis diputados: veintiocho según el principio de mayoría relativa y dieciocho según el principio de representación proporcional. De esta manera, si dieciséis de ellos promovieron la presente acción de inconstitucionalidad, ello equivale a contar con un treinta y cuatro punto siete por ciento (34.7 %) de la totalidad de sus integrantes, porcentaje requerido para promover la presente acción de inconstitucionalidad.
36. Sin embargo, en el incidente de falsedad de firma vinculado a esta acción de inconstitucionalidad, se declaró la que la firma del diputado J. Jesús Martínez Martínez es falsa. Además, el recurso de reclamación interpuesto contra esta resolución fue desechado por improcedente debido a su presentación extemporánea. Por lo tanto, no debe computarse a este funcionario para efectos del análisis de la legitimación de los promoventes.
37. Por ello, la demanda se tiene por presentada por quince diputados. Este número representa el treinta y dos punto sesenta por ciento (32.60 %) de los integrantes del Congreso local. Dado que el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal es claro en establecer que debe presentarse por “cuando menos” el treinta y tres por ciento, resulta evidente la falta de legitimación de los promoventes.
38. En consecuencia, en el caso no se satisface el requisito de que la acción se promueva por al menos el treinta y tres por ciento del Congreso local, por lo que los quince diputados no cuentan con la legitimación necesaria para promover la acción de inconstitucionalidad por lo que ésta resulta improcedente y, por tanto, debe sobreseerse con base los artículos 19, fracción VIII; 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 62 de la misma Ley y 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal.(10)
V. PUNTOS RESOLUTIVOS
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.- Es improcedente la acción de inconstitucionalidad 56/2017, promovida por diversos diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, por falta de legitimación.
SEGUNDO.- Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad por falta de legitimación con base los artículos 19, fracción VIII; 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 62 de la misma Ley y 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal.
TERCERO.- Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales.
El señor Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a la sesión de dos de octubre de dos mil diecisiete por desempeñar una comisión oficial.
El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.
________________
1. Tomo II del expediente principal.
2. Artículo 12. Son incidentes de especial pronunciamiento el de nulidad de notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Cualquier otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relativo a la suspensión, se fallará en la sentencia definitiva.
Artículo 13. Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse por las partes ante el ministro instructor antes de que se dicte sentencia.
Tratándose del incidente de reposición de autos, el ministro instructor ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expediente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas investigaciones que no sean contrarias a derecho.
Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que el ministro instructor recibirá las pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución que corresponda.
3. “Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[...]. II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
[...] d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano.
[...]”.
“Artículo 10.- La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
[...]”.
4. “Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles”.
5. A fojas 441 y siguientes del expediente principal obra un ejemplar de la publicación del Decreto número “458”.
6. Esto se constata tanto de los sellos como de las inscripciones que obran en las fojas 80, 128, 259 y 601 del expediente principal.
7. “Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos”.
8. Estas constancias obran a fojas 308 y siguientes del expediente principal.
9. “ARTÍCULO 45.- El Congreso del Estado se integra por 28 diputados de mayoría relativa y 18 diputados de representación proporcional, en los términos que señale la ley respectiva, los cuales gozarán del mismo estatus jurídico sin diferencia alguna en el ejercicio de la función representativa y deliberativa”.
10. Resulta relevante la tesis de jurisprudencia del Pleno: P./J. 18/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Marzo de 2001, pág. 469, de rubro y texto siguientes: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO O LEGISLATURA CORRESPONDIENTE SIN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO LOS MISMOS DEBAN INTERVENIR. De lo previsto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, se desprende que en los casos en que la acción de inconstitucionalidad se ejercite por integrantes de algún órgano legislativo estatal en contra de leyes expedidas por el propio órgano, la demanda correspondiente deberá estar firmada cuando menos por el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes integran el mismo. En este sentido, por "órgano legislativo estatal" debe entenderse aquel en el que se deposita el Poder Legislativo de un Estado conforme a su propia Constitución, pues éste y no otro es el depositario de dicha función legislativa. Por tanto, cuando en la mencionada vía se plantea la invalidez de una reforma o adición a una Constitución Local para lo cual la misma norma requiera la intervención de los Ayuntamientos del propio Estado, como lo establece la Constitución de Tabasco, tal circunstancia no modifica la naturaleza del Congreso Estatal como depositario del Poder Legislativo y órgano emisor de la ley, por lo que el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de dicho cuerpo legislativo sí está legitimado para impugnar dicha reforma o adición. Ello es así, porque del mismo modo en que la aprobación, promulgación y publicación de las leyes que realiza el titular del Poder Ejecutivo no hace que éste forme parte integrante del Congreso, ni que deba tomársele en cuenta para calcular el treinta y tres por ciento de sus miembros, la participación de los Ayuntamientos en el acto de aprobación de las reformas constitucionales que expida el Congreso, no da lugar a que se les considere parte integrante del "órgano legislativo" pues no actúan como diputados, ni forman un órgano deliberante, sino que, en su carácter de entidades políticas, componentes del Estado, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no las nuevas disposiciones que pretendan incorporarse a la Constitución Estatal; esto es, son entes públicos que intervienen en el proceso de formación de las normas locales supremas para validar con su voto las modificaciones a la Constitución, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso Local como órgano legislativo que permanentemente ejercita esa función”.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32997-b20c94bc/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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