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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 69, PUBLICADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, QUE ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN UN PERIODO DE EJERCICIO DE CUATRO AÑOS Y SEIS MESES, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 20, 51 Y 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 69, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006, QUE ESTABLECEN UN CAMBIO EN LA FECHA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41, SEGUNDO PÁRRAFO, 115, FRACCIÓN I Y 116, FRACCIONES II Y IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 69, POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 20, EL ARTÍCULO 29, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 31, LOS ARTÍCULOS 33, 51, 54, 60, FRACCIÓN X Y 117; Y SE DEROGA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PUBLICADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 39, 40, 41, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2006 Y SUS ACUMULADAS 40/2006 Y 42/2006. · Registro digital (IUS): 20103
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO CONVERGENCIA Y PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 1028.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 39/2006 Y SUS ACUMULADAS 40/2006 Y 42/2006. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO CONVERGENCIA Y PARTIDO ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA Y CAMPESINA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de dos mil seis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos presentados el diecinueve de octubre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leonel Cota Montaño y Luis Maldonado Venegas, quienes se ostentaron como presidente del Partido de la Revolución Democrática y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia, promovieron acción de inconstitucionalidad; asimismo, por escrito presentado el veinticinco de octubre del mismo año, Alberto Begné Guerra y Jorge Leonel Wheatley Fernández quienes se ostentaron como presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, partido político nacional, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables.

a) La LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo, como autoridad que emite el decreto.

b) El Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el C. Lázaro Cárdenas Batel, como autoridad que promulgó y publicó las reformas que se impugnan a la Constitución Política del Estado de Michoacán, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del mismo Estado, de veintidós de septiembre de dos mil seis.

Norma general cuya invalidez se reclama.

El Decreto Número 69, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan los artículos 20, párrafo primero, 29, párrafo primero, 31, 33, 51, 54, 60, fracción X, 117, la derogación del párrafo segundo del artículo 112, y los transitorios 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, el veintidós de septiembre de dos mil seis, y la publicación de la fe de erratas de veintiséis de octubre de dos mil seis.

SEGUNDO. Los partidos políticos de la Revolución Democrática y Convergencia, coincidentemente, señalaron como antecedentes de las normas impugnadas los siguientes:

1. El once de noviembre de dos mil uno, en el Estado de Michoacán, en elecciones populares, fueron electos el titular del Poder Ejecutivo, los integrantes del Congreso y de los Ayuntamientos.

El titular del Poder Ejecutivo, actualmente en funciones, tomó posesión de su cargo el quince de febrero de dos mil dos.

2. El catorce de noviembre de dos mil cuatro, en elecciones populares, fueron electos los integrantes de los Ayuntamientos y del Congreso, ambos de Estado de Michoacán, tomando posesión de sus cargos, respectivamente, el primero y quince de enero de dos mil cinco.

3. De acuerdo con la Constitución Política del mencionado Estado, y de la ley reglamentaria en materia electoral, -hasta antes de la expedición del Decreto 69 mediante el cual se modifican los artículos 20, párrafo primero, 29, párrafo primero, 31, 33, 51, 54, 60, fracción X, 117 y 112, segundo párrafo, en donde se establecen una serie de disposiciones transitorias-, el proceso electoral para la renovación de dichos cargos de elección popular, debería iniciar en el mes de mayo de dos mil siete, ciento ochenta días antes de la segunda semana del mes de noviembre de acuerdo al artículo 96 del Código Electoral del Estado.

En este sentido, la jornada electoral del respectivo proceso electoral debería realizarse el domingo de la segunda semana del mes de noviembre de dos mil siete.

Por lo que hace a la conclusión del periodo de mandato de seis años para el que fue electo, el titular del Poder Ejecutivo del Estado en funciones, debe concluir el catorce de febrero de dos mil ocho; y quien fuese electo mediante voto directo en dicho cargo, deberá de sustituirlo el quince de febrero de dos mil ocho.

En el caso de los integrantes en funciones de los Ayuntamientos y Congreso del Estado, la conclusión de su mandato de tres años para el que fueron electos, deberá concluir el treinta y uno de diciembre de dos mil siete para el caso de los Ayuntamientos y el catorce de enero de dos mil siete para el caso del Congreso del Estado.

4. Asimismo, el veintinueve de agosto de dos mil seis, el Pleno de la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, aprobó por mayoría el dictamen de iniciativa del decreto de reforma a la Constitución Política de dicho Estado; disponiendo en el artículo séptimo transitorio del propio proyecto, su remisión a los Ayuntamientos del Estado, la minuta del proyecto de decreto, para que en el término de un mes, remitieran al Congreso de Michoacán el resultado de la votación.

5. El veintiuno de septiembre de dos mil seis el Pleno de la Septuagésima Legislatura, declaró que la minuta de Decreto Número 69, relativa a la reforma constitucional aprobada por el Congreso Local y por la mayoría de los Ayuntamientos, se remitiera al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

6. Finalmente, el veintidós de septiembre de dos mil seis el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, promulgó y publicó en el Periódico Oficial de dicho Estado, el Decreto Número 69, que en su artículo único, reforma los artículos 20, párrafo primero, 29, párrafo primero, 31, 33, 51, 54, 60, fracción X, 117, y se deroga el párrafo segundo del artículo 112, y se establecen siete artículos transitorios.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que se hacen valer, son los siguientes:

El Partido de la Revolución Democrática, en síntesis, señaló:

1. Que se dice que la reforma impugnada, pretende lograr "tranquilidad social", incremento de la participación electoral y beneficios económicos; sin embargo, al establecer un periodo de mandato de cuatro años y seis meses, de los Ayuntamientos, no se obtiene la concurrencia de elecciones ni tales ventajas.

Que el Constituyente Permanente compuesto por el Congreso y los Ayuntamientos del Estado se encuentran impedidos para realizar una "extensión en sus funciones", que constituye una artificial ampliación de los periodos de mandato o ejercicio que les fue conferido por la soberanía popular mediante voto directo, libre y secreto y bajo el principio de renovación periódica de tres años de mandato.

Que el hecho de establecer un mandato de transición para obtener la concurrencia de las elecciones locales con las federales, no da lugar para que en la renovación del Ejecutivo se sustituya la elección mediante voto directo, libre y secreto por una "designación" de gobernador del Estado a cargo del Congreso del Estado.

Que al modificar los periodos de mandato, se establecen periodos de transición, que en el caso del Poder Ejecutivo va del quince de febrero de dos mil ocho al treinta de septiembre de dos mil nueve; en el caso de los integrantes del Poder Legislativo, del quince de enero al catorce de septiembre de dos mil ocho; y en el caso de los Ayuntamientos, del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil ocho; asimismo, se dispone cancelar el proceso electoral para la renovación periódica y la elección por voto directo, libre y secreto de dichos cargos públicos, cuya elección se encontraba prevista en los artículos reformados de la Constitución del Estado y aún se encuentra prevista en el Código Electoral del Estado de Michoacán -al no haberse adecuado la totalidad del calendario electoral-, para el segundo domingo del mes de noviembre de dos mil siete.

Que carece de sustento la alteración de los periodos constitucionales del gobernador, del Congreso y los Ayuntamientos del Estado; y que dicha alteración afecta el orden constitucional, es decir, las bases y principios de nuestro régimen republicano, democrático, representativo y popular.

Que el decreto impugnado no es conforme con el artículo 39 de la Constitución Federal, que establece la soberanía popular (misma que se expresa en elecciones populares, auténticas y periódicas), pues pretende modificar los periodos de mandato para los que dicha soberanía eligió a los integrantes de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado, mediante una prórroga de sus funciones.

Que las reformas reclamadas contravienen los artículos 40 y 115 constitucionales, que establecen que la forma de gobierno del pueblo mexicano será la de una República representativa, democrática y federal; asimismo, violentan diversos principios constitucionales como son el de la renovación periódica del poder público mediante elecciones populares, el de no reelección inmediata y la sujeción del poder público al principio de legalidad.

Que el decreto cuya invalidez se solicita, atenta contra los artículos 41, segundo párrafo, 115, fracción I y 116, fracciones II y IV, todos de la Constitución General de la República, los cuales establecen que la renovación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así como de los Ayuntamientos será mediante elecciones populares, directas, auténticas y periódicas; ya que, por una parte, de manera arbitraria cancela el proceso electoral cuya jornada electoral estaba prevista para el segundo domingo de noviembre de dos mil siete y, por otra parte, pretende sustituir la elección popular y directa de los poderes públicos en el Estado, por una prórroga en el ejercicio de funciones de los actuales integrantes de los Ayuntamientos y el Congreso del Estado; así como la designación del gobernador del Estado por parte del Congreso para un periodo de mandato de transición.

2. Que el Decreto 69, que por este medio se impugna, al establecer la prórroga de funciones de los integrantes de los Ayuntamientos, no resulta conforme con el artículo 115, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de conformidad con éste, dichos integrantes en cualquier circunstancia deben cesar en sus funciones una vez que concluye el periodo de mandato para el que fueron electos, y no pueden bajo ninguna circunstancia continuar ejerciendo las funciones de dichos cargos.

Que por las mismas razones apuntadas en el párrafo que antecede, la prórroga de funciones de los actuales diputados integrantes del Congreso del Estado, violenta lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, segundo párrafo, constitucional.

Que la artificial y autoritaria prórroga en las funciones tanto de los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, ponen en riesgo la continuidad y normal funcionamiento de dichos órganos, puesto que la permanencia de esos servidores públicos más allá del periodo del mandato que les fue conferido afectaría a la población, al resultar incompetentes por el origen inconstitucional en la permanencia de los citados cargos, provocando la invalidez de sus actos.

3. Que las normas cuya invalidez se reclama, resultan contrarias a la prerrogativa constitucional de votar y ser votado, así como su correlativa obligación ciudadana, en virtud de lo que disponen los artículos 35, fracciones I y II, y 36, fracciones III a V, de la Constitución Federal. Que ello es así, ya que se impide a los ciudadanos ejercer la prerrogativa de votar para la renovación de los cargos de gobernador, diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, ser votados para tales cargos.

Que las reformas que se impugnan, tampoco guardan relación con los artículos 128 y 133 de la Constitución, ya que implican incumplimiento e inobservancia de bases y principios constitucionales fundamentales, lo que a su vez implica que los órganos que participaron en la expedición, promulgación y publicación del referido decreto, faltaron a la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Que la incongruencia y contradicción de las normas cuya invalidez se reclama, también se manifiesta dentro del régimen constitucional estatal, toda vez que los artículos 20, 22, 28 y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, establecen el principio de la renovación periódica de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, mediante elecciones populares libres y directas; y que además se establecen los periodos de mandado y el principio de no reelección inmediata en el periodo siguiente en el caso de los integrantes de los Ayuntamientos y Congreso del Estado.

Que si bien tanto en la Constitución Estatal como en la Federal se establecen casos de excepción a los principios de renovación periódica, no reelección y de elección popular y directa del Poder Ejecutivo, en el caso no se actualizan los supuestos constitucionales para no respetar dichos principios.

Que la Legislatura del Estado y los Ayuntamientos carecen de atribuciones para determinar la prórroga de su mandato, pues si bien como parte del "Constituyente Permanente" cuentan con la atribución de participar en la modificación de la Constitución del Estado, de ninguna forma implica que los legisladores se puedan sustraer de los principios constitucionales bajo los cuales fueron electos y ejercen el cargo.

Por su parte, el Partido Convergencia, en síntesis, manifestó:

1. Que las reformas planteadas, mediante las cuales se pretende prorrogar la duración en el encargo del Congreso, el Ejecutivo y los Ayuntamientos, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, para empatar el proceso electivo estatal con el federal, se consideran inconstitucionales por las violaciones a los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Federal.

Que el decreto impugnado transgrede los artículos 39, 41 y 116 constitucionales, ya que al permitir que el Congreso del Estado nombre al gobernador, se rompe con el esquema constitucional de "renovación periódica de los Poderes Constituidos" y se renuncia a los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas y, consecuentemente, se violan los principios de sufragio universal, libre, secreto y directo.

Que, en efecto, el decreto de reforma es inconstitucional, ya que de conformidad con el artículo 116, fracción I, de la Constitución Federal, los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años, y tanto su elección como la de las Legislaturas Locales será directa.

Que atenta contra el artículo 115 constitucional, toda vez que en él se dispone que la elección de los miembros de los Ayuntamientos será directa.

Por último, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Partido Político Nacional manifestó, en síntesis, lo siguiente:

1. Que le causa agravio el decreto impugnado, toda vez que se violan los principios de legalidad y certeza en materia electoral, así como el principio de elecciones libres y periódicas mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo consagrados en los artículos 41 y 116, inciso a) y b), de la fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que con la reforma aprobada lo único que se pretende es perpetuar a los funcionarios en su cargo, por más tiempo del que fueron democráticamente electos; circunstancia que atenta contra la voluntad y soberanía popular de los ciudadanos.

2. Que se viola el principio de elecciones libres y periódicas mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, al no llamarse a nuevas elecciones en virtud de la terminación de los cargos actuales tanto de la legislatura como de los Ayuntamientos.

3. Que el decreto impugnado viola el principio de legalidad en materia electoral, ya que no respeta la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 16, 35, fracciones I y II; 36, fracciones III, IV y V; 38; 40; 41, primer y segundo párrafos, fracción I, primer y segundo párrafos; 115, párrafo primero, fracción I, párrafos primero y segundo; y 116, segundo párrafo, fracción I, segundo párrafo, fracción II, párrafo primero; fracción IV, inciso a); 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil seis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 39/2006 y, por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Por diverso proveído de esa misma fecha, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 40/2006, y pasar ese expediente al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo; asimismo, ordenó que, por existir identidad en la norma general impugnada, se hiciera la acumulación de ese expediente a la acción de inconstitucionalidad 39/2006.

Por auto de veintitrés de octubre de dos mil seis, el Ministro instructor admitió las demandas correspondientes y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Michoacán quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, para que rindieran sus respectivos informes; al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con las presentes acciones de inconstitucionalidad.

Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil seis, el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, presidente en funciones por Ministerio de Ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 42/2006; asimismo, acordó pasar ese expediente también al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y hacer la acumulación del mismo a las diversas acciones de inconstitucionalidad 39/2006 y 40/2006.

Mediante proveído de treinta de octubre de dos mil seis el Ministro instructor admitió la demanda y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Michoacán quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas, para que rindieran sus respectivos informes; al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde; así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con las presentes acciones de inconstitucionalidad.

SEXTO. El Congreso del Estado de Michoacán al rendir su informe, señaló lo siguiente:

Respecto de las acciones promovidas por los Partidos de la Revolución Democrática y Convergencia:

1. Que los actos reclamados son ciertos única y exclusivamente por lo que se refiere a que el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, en funciones de Poder Constituyente Permanente, conforme a lo establecido en los artículos 44, fracción I y 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, aprobaron los Decretos Legislativos 36 y 69.

2. Que el Partido Político Convergencia promovió acción de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos Números 36 y 69, aprobados por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y los Ayuntamientos, en funciones de Poder Constituyente Permanente y, como podrá apreciarse, no expresó concepto de invalidez alguno, requisito indispensable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, por lo que debe sobreseerse esta acción.

3. Que además, los conceptos de invalidez expresados por ese instituto político nacional son inoperantes, porque los argumentos expuestos son ambiguos y superficiales, no motivan ni fundamentan la contradicción del contenido de la reforma; es decir, que no existe formulación jurídica que evidencie la violación de la misma a los principios constitucionales.

Que el Poder Constituyente Estatal tiene como única limitación la de no contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, lo que no acontece con la reforma, pues no se contravienen los principios de la Constitución Federal.

Que la reforma aprobada en ningún sentido modifica el régimen representativo, democrático y popular establecido en la Constitución General de la República, pues lo único que pretende es hacer coincidir el calendario electoral local con el federal, teniendo como consecuencia inevitable la alteración de los periodos constitucionales de gobernador, diputados y Ayuntamientos, pues la conclusión del ejercicio de los actuales y el inicio de las funciones de los electos conforme a la reforma dejan de coincidir.

4. Que en el decreto impugnado sí se preservan los principios constitucionales de celebrar periódicamente elecciones, pues esto sigue vigente en el texto reformado; además, tampoco se violentó el principio de la no reelección, pues no se trata de un nuevo periodo constitucional en el caso de la legislatura y los Ayuntamientos, sino del mismo que se encuentra en funciones.

Señala que con dicha reforma se preserva la celebración de elecciones periódicas y la renovación de los cargos de gobernador, diputados y Ayuntamientos, por lo que no se violentan los principios de voto pasivo y activo, que son prerrogativas ciudadanas, resguardadas por la Constitución, ni causa privación de derechos ni actos de molestia.

5. Que el Pacto Federal implica que las Constituciones Locales preserven vigentes los principios establecidos en la Constitución Federal, y que ello no se traduce en que las primeras reproduzcan literalmente el texto de la segunda, además de que la Constitución Federal no prevé límites a la posibilidad de efectuar reformas a las Constituciones Locales, sino que señala los principios que deberán respetar a fin de lograr la armonía con los principios fundamentales del Ordenamiento Supremo, impidiendo cualquier contradicción con el mismo, ya que el texto constitucional relativo a la soberanía nacional, previene que ésta reside esencialmente y originalmente en el pueblo y que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo y que éste tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Asimismo, señala que con dicha reforma no se pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, que han sido definidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, ya que las reformas constitucionales impugnadas, se realizaron con apego a la dispuesto por los artículos 3o., 35, fracción I, 39, 40, 41 y 116, fracciones I, primera parte y IV, inciso a), de la Constitución Federal, pues el hecho de que el artículo 35 constitucional garantice el derecho al voto; que el 39 consagre el principio conforme al cual se considera que la soberanía nacional reside en el pueblo; que el artículo 40 establezca expresamente que México es una República representativa, democrática y federal; y que el artículo 41 garantice los principios conforme a los cuales se deben renovar los Poderes del Estado, por tanto, al establecer un periodo de transición para obtener el empalme de las elecciones federales con las locales, no se viola el artículo 116 de la Constitución Federal, y sí se logra la concurrencia pretendida y los beneficios que la justifican.

6. Que el origen de la reforma cuestionada, es un acuerdo político firmado el veintidós de agosto de dos mil seis, por el gobernador, diputados y presidentes de los comités estatales de los partidos políticos, en el que se expresó la conformidad para reformar dicha Constitución, y dar paso a un sistema de elecciones concurrentes, además de impulsar una reforma electoral de segunda generación para beneficio del Estado, con lo que se pretende evitar una recurrente celebración de elecciones y generar un ahorro en el gasto que con ellas se origina.

De igual forma, la ampliación en el ejercicio de los diputados y Ayuntamientos por un periodo de transición, no implica una reelección, como indebidamente lo sostiene la parte actora, sino de una ampliación de ejercicio con conclusión cierta que impide la perturbación en el cargo, lo cual se corrobora con lo prescrito en los artículos transitorios de la reforma, que establecen el inicio y duración de los subsecuentes periodos constitucionales, por lo que no se conculcan los artículos 115, fracción I y 116, fracción II, de la Constitución Federal.

Concluyendo que los conceptos de invalidez que intentan los partidos políticos actores, son inoperantes, porque el recurrente no expone la argumentación necesaria y suficiente que ponga de manifiesto la fehaciente inconstitucionalidad de los preceptos reformados.

Respecto de la acción promovida por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina:

1. Que la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Político Alternativa Socialdemócrata fue extemporánea, toda vez que la misma se presentó el veinticinco de octubre de dos mil seis, y el plazo para ejercitar la referida acción feneció el veintidós de octubre; y el hecho de que el veintiséis de septiembre se haya publicado una fe de erratas de la referida reforma, no permite que el cómputo de los treinta días naturales pueda hacerse a partir de ese día, pues la misma no cambia el fondo de la reforma.

2. Que el Partido Político Alternativa Socialdemócrata no tiene facultad para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo Número 69, aprobado por un poder soberano como lo es el Constituyente Permanente del Estado de Michoacán de Ocampo, pues si bien es cierto que los partidos políticos tienen la facultad para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, también lo es que tal posibilidad debe estar ligada al interés jurídico de ese ente político.

3. Que el Poder Constituyente Estatal tiene como única limitación la de no contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, lo que no acontece con la reforma, pues no se contravienen los principios de la Constitución Federal.

Que la reforma aprobada en ningún sentido modifica el régimen representativo, democrático y popular establecido en la Constitución General de la República, pues lo único que pretende es hacer coincidir el calendario electoral local con el federal, teniendo como consecuencia inevitable la alteración de los periodos constitucionales de gobernador, diputados y Ayuntamientos, pues la conclusión del ejercicio de los actuales y el inicio de las funciones de los electos conforme a la reforma dejan de coincidir.

4. Que en el decreto impugnado sí se preservan los principios constitucionales de celebrar periódicamente elecciones, pues esto sigue vigente en el texto reformado; además tampoco se violentó el principio de la no reelección, pues no se trata de un nuevo periodo constitucional en el caso de la legislatura y los Ayuntamientos, sino del mismo que se encuentra en funciones.

Señala que con dicha reforma se preserva la celebración de elecciones periódicas y la renovación de los cargos de gobernador, diputados y Ayuntamientos, por lo que no se violentan los principios de voto pasivo y activo, que son prerrogativas ciudadanas, resguardadas por la Constitución, ni causa privación de derechos ni actos de molestia.

5. Que el Pacto Federal implica que las Constituciones Locales preserven vigentes los principios establecidos en la Constitución Federal, y que ello no se traduce en que las primeras reproduzcan literalmente el texto de la segunda, además de que la Constitución Federal no prevé límites a la posibilidad de efectuar reformas a las Constituciones Locales, sino que señala los principios que deberán respetar a fin de lograr la armonía con los principios fundamentales del Ordenamiento Supremo, impidiendo cualquier contradicción con el mismo, ya que el texto constitucional relativo a la soberanía nacional, previene que esta reside esencialmente y originalmente en el pueblo y que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo y que éste tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Asimismo, señala que con dicha reforma no se pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, que han sido definidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, ya que las reformas constitucionales impugnadas, se realizaron con apego a la dispuesto por los artículos 3o., 35, fracción I, 39, 40, 41 y 116, fracciones I, primera parte y IV, inciso a), de la Constitución Federal, pues el hecho de que el artículo 35 constitucional garantice el derecho al voto; que el 39 consagre el principio conforme al cual se considera que la soberanía nacional reside en el pueblo; que el artículo 40 establezca expresamente que México es una República representativa, democrática y federal; y que el artículo 41 garantice los principios conforme a los cuales se deben renovar los poderes del Estado, por tanto, al establecer un periodo de transición para obtener el empalme de las elecciones federales con las locales, con ello no se viola el artículo 116 de la Constitución Federal, y sí se logra la concurrencia pretendida y los beneficios que la justifican.

6. Que el origen de la reforma cuestionada, es un acuerdo político firmado el veintidós de agosto de dos mil seis, por el gobernador, diputados y presidentes de los comités estatales de los partidos pol

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20103-81207f76/accion-de-inconstitucionalidad-la-porcion-normativa-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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