ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS FACULTADES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS FRENTE A UN SISTEMA NORMATIVO QUE HA REFORMADO A OTRO, INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER LA REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A AQUELLAS DECLARADAS INVÁLIDAS, ESPECIALMENTE EN MATERIA ELECTORAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE JUSTIFICA LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ Y CONSECUENTE EXPULSIÓN DE TODO EL SISTEMA NORMATIVO IMPUGNADO, Y NO SÓLO DE LAS PORCIONES NORMATIVAS DIRECTAMENTE AFECTADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ. PRÓRROGA DE MANDATO. ES INCONSTITUCIONAL EN CASO DE QUE IMPLIQUE LA PROLONGACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL Y DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN ESE MOMENTO EN CURSO, MÁS ALLÁ DEL PERIODO PARA EL CUAL HAN SIDO ELECTOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2006 Y SUS ACUMULADAS 49/2006, 50/2006 Y 51/2006. PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA Y ALFREDO VILLEDA AYALA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de dos mil seis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el siete de noviembre de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel de Jesús Espino Barrientos, en su carácter de presidente nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del Decreto 419, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el catorce de octubre de dos mil seis, en cuanto reformó los artículos 16, 36, párrafo segundo y 61 de la Constitución Política de esa entidad federativa, así como la de sus artículos primero a sexto transitorios de dicho decreto, atribuyendo a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas la emisión de tales normas generales, y al gobernador constitucional y al secretario general de Gobierno del mismo Estado, la promulgación de las mismas.
El texto anterior y vigente de las disposiciones legales reclamadas es el siguiente:
Ver texto
SEGUNDO. El promovente estimó que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 76, 115, fracción I y párrafo primero, 116, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "... así como de los artículos 1o., 2o., 4o., 5o., 9o., fracciones I y II, 10, 16, 19, 29 y 61 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, estos últimos en relación con los artículos 40, 116 y 133 de la Constitución Federal."
TERCERO. Como antecedentes del caso el promovente expuso en esencia lo siguiente:
1. La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, se instaló el 16 de noviembre de 2004, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, la cual fue elegida por un periodo de tres años, a través de elecciones auténticas, periódicas y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. En los mismos términos se llevaron a cabo las elecciones para los Ayuntamientos. En consecuencia, la ciudadanía manifestó su voluntad para la integración de la legislatura antes mencionada, por un periodo de tres años con fundamento en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Estatal, en tanto que los Ayuntamientos fueron electos por un plazo idéntico con fundamento en el artículo 60, fracción segunda, del mismo ordenamiento.
2. Derivado del derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, con fecha 4 de octubre de 2006, los diputados Rafael Guillén Domínguez, Enrique Orozco González, Roberto W. Ortiz Gutiérrez, Flor de María Coello Trejo, Carlos Raymundo Toledo y Arturo Velasco Martínez, integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, presentaron ante el Poder Legislativo del Estado, iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; por lo que fue leída ante la Comisión Permanente en sesión extraordinaria celebrada el viernes 6 de octubre del año en curso, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se ordenó su inserción en el Diario de los Debates, su remisión para su conocimiento a todos los diputados que integran la legislatura y fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, lo anterior para su estudio y dictamen, que concluyó con lo siguiente:
"Honorable Asamblea:
"A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este honorable Congreso del Estado, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
"Con fundamento en los artículos 32, fracción I, 39, fracción I, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y 66 del Reglamento Interno del Congreso del Estado de Chiapas, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
"Dictamen
"I. Del trámite legislativo:
"Que con fecha 4 de octubre de 2006, los diputados Rafael Guillén Domínguez, Enrique Orozco González, Roberto W. Ortiz Gutiérrez, Flor de María Coello Trejo, Carlos Raymundo Toledo y Arturo Velasco Martínez, integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, presentaron ante este Poder Legislativo, iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; y otorgándole consecución al trámite legislativo, la citada iniciativa fue leída ante la Comisión Permanente en sesión extraordinaria celebrada el viernes 6 de octubre del año en curso, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se ordenó su inserción en el Diario de los Debates, su remisión para su conocimiento a todos los diputados que integran la legislatura y fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.
"Que la comisión que suscribe, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso, convocó a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, discutir y dictaminar sobre la iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
"II. Materia de la iniciativa.
"Que el principal objetivo de la iniciativa de decreto, es el de establecer en nuestra norma fundamental chiapaneca, que en el caso de las elecciones para renovar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de los Ayuntamientos, se celebren el primer domingo de julio del año que corresponda a cada uno, según el mandato de nuestra Ley Fundamental Local y con ello homologarlas con las elecciones federales.
"III. Valoración de la iniciativa.
"Con la homologación de las elecciones estatales con las federales, se propicia una mayor y mejor preparación de los procesos electorales, evitando a la sociedad en general el desgaste que durante tantos años ha tenido, que ha traído como consecuencia, la existencia de un alto porcentaje de abstencionismo que seguramente lo provoca la circunstancia de que en el territorio estatal, se celebren elecciones federales y estatales en tiempos y momentos diferentes, trayendo como consecuencia que exista una frecuente convocatoria a diversas elecciones que significan una continua movilización política, con el consiguiente desgaste ciudadano y la eventual afectación en las acciones gubernamentales e incluso legislativas.
"Considerando:
"Que el artículo 40 de la Constitución General de la República, determina que la nación mexicana se constituye en una República representativa, democrática y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior.
"De igual manera, el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, en su segundo párrafo, categóricamente indica que, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
"En ese tenor, las fracciones I y II del artículo 35 de la propia Constitución General, establecen como prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, por una parte, votar en las elecciones populares y por la otra, poder ser votado, para todos los cargos de elección popular. También, el artículo 36 del propio ordenamiento fundamental, impone como una de las obligaciones de los ciudadanos de la república, votar en las elecciones populares.
"Así, se advierte que el Constituyente Original, trasladó el espíritu representativo, democrático y federal, que dio origen al Pacto Federal y concluyó con el contrato social, como elemento esencial de convivencia pacífica, la obligación de votar para elegir a los representantes populares que conducirán los destinos del país, y también poder ser votado, para ser representante popular y acceder al poder público.
"El Estado de Chiapas, mexicano por decisión propia, como una entidad federativa, con la autonomía que por este hecho le otorga el pacto federal, cuenta, desde luego, con un periodo determinado en su Constitución Local, a través del cual se establecen con precisión las fechas en las que se elegirán tanto al representante del Poder Ejecutivo del Estado, como a legisladores locales y a los miembros de los Ayuntamientos que deben ser electos por esta vía y que se encuentran vigentes a partir del ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.
"Empero lo anterior, partiendo del momento coyuntural e histórico que vive el país y, por ende, nuestra entidad, tomando en consideración que las elecciones locales se realizan en fechas diferentes, tanto por lo que se refiere al régimen interno, como a las elecciones federales, resulta necesario advertir que, es imprescindible homologar las elecciones estatales con las federales, de manera que la elección de gobernador del Estado, de diputados Locales y Ayuntamientos Municipales, se lleven a cabo al mismo tiempo y en las mismas fechas que se efectúan las de presidente de la República, senadores y diputados Federales, dado que se considera que al ampliarse los tiempos de competencia política, se permitirá una mayor eficiencia operativa en la organización electoral local, en atención a la suma de esfuerzos de los organismos federales y locales.
"La demanda que la ciudadanía expresa día a día, se refiere a la petición, entre otras, de reducir el costo financiero de los procesos electorales, con lo que se lograrán ejercer de manera eficiente los recursos disponibles, además de reducir los espacios, tiempos y recursos para la formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte del poder público.
"Así, con la concurrencia de los comicios federales y locales, se concreta la posibilidad de una reforma electoral integral, que se une al cambio democrático y social en el que está inmerso el Estado de Chiapas, que se encuentra a la vanguardia en cuanto a la legislación electoral se refiere y cuenta, en forma exclusiva en el país, con instituciones electorales tales como la Contraloría de la Legalidad Electoral y la Fiscalía Electoral, que ponen de manifiesto el interés genuino de esta administración y garantiza la transparencia, la equidad, la certidumbre, la imparcialidad y la certeza de los procesos electorales que se desarrollan en el Estado.
"En ese orden de ideas, con la homologación aludida, indudablemente se propicia una mayor y mejor preparación de los procesos electorales, evitando a la sociedad en general el desgaste que durante tantos años ha tenido, que ha traído como consecuencia, indudablemente, la existencia de un alto porcentaje de abstencionismo que seguramente lo provoca la circunstancia de que en el territorio estatal, se celebren elecciones federales y estatales en tiempos y momentos diferentes, trayendo como consecuencia que exista una frecuente convocatoria a diversas elecciones que significan una continua movilización política, con el consiguiente desgaste ciudadano y la eventual afectación en las acciones gubernamentales e incluso legislativas.
"Es evidente que, las campañas electorales que se desarrollan simultáneamente y bajo marcos legales compatibles, permiten que las elecciones federales y estatales cuenten con mejores condiciones para la asignación de lugares de uso común, para fijar la propaganda electoral, la administración del acceso a los medios de comunicación, el monitoreo de los propios medios de comunicación, la atención de quejas administrativas, la resolución de medios de impugnación y las labores de fiscalización, resaltando de manera principal la ventaja a la ciudadanía de votar en un solo momento.
"En consecuencia, la iniciativa propone que en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos, las elecciones se celebren el primer domingo de julio del año que corresponda a cada uno, según el mandato de nuestra Ley Fundamental Local.
"En tratándose del Poder Legislativo, las elecciones se celebrarán el primer domingo del mes de julio del año en que se concluya la legislatura, misma que se renovará cada tres años. Asimismo, se establece que para el caso de la Sexagésima Segunda Legislatura, se prorrogue en funciones por un año más, para concluir el quince de noviembre de dos mil ocho. Por lo que respecta a la Sexagésima Tercera Legislatura, se propone que las elecciones se celebren el primer domingo del mes de julio de dos mil ocho, para que dicha legislatura concluya el quince de noviembre de dos mil doce. Esta adecuación, permitirá que para el primer domingo de julio del año dos mil doce, nuestras elecciones locales se encuentren homologadas a las federales.
"Por lo que se refiere a los Ayuntamientos en funciones en la actualidad, se propone que tengan un periodo de ejercicio de cuatro años, para que concluyan el día treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, tomando posesión quienes los sustituyan, el día primero de enero del año dos mil nueve, para concluir el día treinta y uno de diciembre del año dos mil doce. Esta circunstancia se aplicará por única vez con la finalidad de que, para el primer domingo del mes de julio del año dos mil doce, estén homologadas las fechas electorales locales a las federales. Sin duda alguna, esta adecuación traerá como resultado que los programas municipales se cumplan estrictamente y en base a los objetivos que fueron planteados, además, de lograr el mejoramiento de obras cuyos programas se establecieron a largo plazo, en beneficio de la colectividad.
"La elección de las autoridades municipales será sucesivamente, el primer domingo del mes de julio del año en que concluya su periodo constitucional y tomarán posesión de su cargo el día primero de enero subsiguiente a la elección.
"Con la reforma propuesta, en modo alguno se modifica el régimen representativo, democrático y popular establecido en la Constitución General de la República ni en la particular del Estado que lo ratifica, ni mucho menos se atenta contra la voluntad de los electores, puesto que, el Constituyente Permanente local, únicamente ajusta el calendario electoral de nuestro Estado al Federal, en la búsqueda de los beneficios y ventajas ya señalados, se logre una mayor participación ciudadana en los procesos electorales en congruencia con una democracia electoral real y efectiva, desprendiéndose por ende que, las reformas y las adecuaciones en cuestión resultan necesarias y son impostergables.
"Que en ese sentido y atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas, la suscrita Comisión tiene a bien someter a consideración del Pleno, los siguientes:
"Resolutivos:
"Primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto que reforma el párrafo primero, del artículo 16; reforma el artículo 36, adicionándose al mismo, el párrafo segundo y; reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
"Segundo. Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de decreto que reforma el párrafo primero, del artículo 16; reforma el artículo 36, adicionándose al mismo, el párrafo segundo y; reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para quedar como sigue: ..."
Lo que fue acordado con el voto de veintisiete diputados, por lo que con fecha catorce de octubre de dos mil seis, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el Decreto 419, por el que se reforma el párrafo primero del artículo 16; reforma el artículo 36, adicionándose al mismo, el párrafo segundo y; reforma el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, para los fines y motivos que en ella se plasmaron.
3. La mencionada reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, fue promulgada por el gobernador constitucional de esa entidad federativa.
CUARTO. El promovente expuso en su escrito inicial los conceptos de invalidez que estimó pertinentes, los cuales se sintetizarán en la parte considerativa de la presente ejecutoria.
QUINTO. El ocho de noviembre de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente respectivo con el número 47/2006, designó por razón de turno a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora en el procedimiento, quien por diverso proveído del día nueve siguiente admitió a trámite el asunto, sin reconocer como órgano responsable de la promulgación del Decreto 419 reclamado al secretario general de Gobierno del Estado de Chiapas, al tener el carácter de ente subordinado al Poder Ejecutivo del mismo Estado; asimismo, pidió informe a los demás órganos señalados en el escrito inicial; la opinión del procurador general de la República; la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los estatutos del partido promovente al Instituto Federal Electoral; y al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del mismo Estado, la fecha en la que deberá iniciar el próximo proceso electoral, en relación con lo cual mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil seis (tomo I, foja 478), dicho servidor público manifestó lo siguiente:
"Que de conformidad con el artículo 97 en relación con el numeral 111, ambos del Código Electoral del Estado de Chiapas en vigor, el proceso electoral ordinario para elegir gobernador, diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos, inicia en el mes de enero del año de la elección, con la primera sesión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chiapas, siendo éste el quince de enero del año 2008 dos mil ocho.
"Lo anterior, debido a las reformas y adiciones realizadas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, dentro de los cuales se encuentran los numerales 16, 36 y 61, mismas que fueron publicadas mediante Decreto 419, en el Periódico Oficial de Estado el 14 de octubre de 2006, la cual es materia de la presente acción de inconstitucionalidad y en la que se plasma en los artículos cuarto y sexto transitorios, que la elección para diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, así como los integrantes de los Ayuntamientos, será el primer domingo del mes de julio del año dos mil ocho.
"No omito manifestarle que antes de la entrada en vigor de las reformas y adiciones efectuadas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas precisadas con antelación, el proceso electoral en esta entidad federativa para elegir a diputados al Congreso del Estado y miembros de los Ayuntamientos, daba inicio el 15 de enero de 2007 dos mil siete."
SEXTO. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, rindieron los informes que se les solicitaron, a través de sus escritos presentados el quince de noviembre de dos mil seis (tomo I, fojas 513 y 544) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal por conducto del diputado Enrique Orozco González, en su carácter de presidente del Congreso del Estado y de Enrique Robles Solís, en su calidad de consejero jurídico del gobernador constitucional, respectivamente.
En el primero de los informes citados el Poder Legislativo sostiene, en síntesis, que la acción de inconstitucionalidad es improcedente y debe sobreseerse, porque las normas legales que se impugnan no pertenecen a la materia electoral, ya que la prórroga del mandato de la actual Legislatura Local constituye un acto administrativo, concreto e individual, por lo que al estar ausentes los requisitos de generalidad, abstracción e impersonalidad que reviste toda ley, es necesario concluir que no se surte el supuesto previsto en el párrafo segundo del inciso f) de la fracción II del artículo 105 constitucional, que establece que: "La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo."
En el mismo informe se añade que, con meridiana claridad, se advierte que en contra de los artículos reformados 16, 36 y 61 de la Constitución Política del Estado, no se exponen conceptos de invalidez, ni se dice qué disposiciones de la Constitución Federal riñen con ellos, lo cual confirma que el partido político accionante sólo cuestiona las disposiciones transitorias del Decreto 419, esto es, no una norma general, sino únicamente el acto concreto de prórroga del mandato de la Legislatura Local.
En cuanto a los conceptos de invalidez, el mismo Poder Legislativo afirma que semánticamente no es lo mismo prórroga que reelección, y ambos vocablos no son sinónimos, ya que esto último implica pretender volver a contender por el mismo cargo desempeñado. Además, con la prórroga no se hacen nugatorios los derechos ciudadanos de elección de sus representantes, ya que únicamente se pretende homologar las elecciones estatales con las federales con las adecuaciones indispensables para ese propósito, sin que corresponda señalar al partido promovente cómo han de llevarse a cabo tales modificaciones, ya que ello es facultad del Congreso del Estado de Chiapas.
Finalmente, por lo que hace al concepto de invalidez relacionado con la presunta violación al artículo 76, fracción V, de la Constitución Federal, y a su ley reglamentaria, el Poder Legislativo aduce en primer lugar que la prórroga reclamada es un acto futuro de realización incierta, en virtud de que la misma no se ha materializado, y en segundo, que tal acto ya fue materia de impugnación en una acción de inconstitucionalidad de carácter local (1/2006) que se encuentra en trámite ante la Sala Superior del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, la cual fue formulada por el fiscal general del Estado con base en lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política Local que al efecto establece:
(Reformado, P.O. 6 de noviembre de 2002)
"Artículo 56. La justicia del control constitucional local se erige dentro del régimen interior del Estado, como un medio de control para mantener la eficacia y la actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de supremacía constitucional.
"El control constitucional local tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos constitucionales que surjan dentro del ámbito interior del Estado, conforme a este artículo, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Para el cumplimiento de las atribuciones del control constitucional local señaladas en las fracciones I y II del artículo 51 de esta Constitución, el Pleno de la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia en su carácter de tribunal del control constitucional conocerá y resolverá, en los términos que establezca la ley, con excepción de los electorales, de los medios de control constitucional siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que surjan entre:
"a) Dos o más Municipios;
"b) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo; y
"c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los Municipios, y la resolución del Pleno de la Sala Superior las declare inconstitucionales, éstas tendrán efectos generales si hubieren sido aprobadas por cinco votos de sus miembros y surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, y que se ejerciten dentro de los treinta días naturales siguientes a su publicación por:
"a) El gobernador del Estado; o
"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso del Estado, en contra de leyes locales o expedidas por el Congreso del Estado.
(Reformado, P.O. 9 de noviembre de 2004)
"c) El fiscal general del Estado, en contra de leyes de carácter estatal;
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los Ayuntamientos de la entidad.
"Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por cinco votos de los miembros del Pleno de la Sala Superior, y surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; sin poder aplicarse retroactivamente excepto cuando se trate de asuntos del orden penal y en beneficio del inculpado.
"III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha resuelto alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, que interponga:
"a) El gobernador del Estado; o
"b) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso;
"c) Cuando menos la tercera parte de los Ayuntamientos.
"La resolución que emita el Pleno de la Sala Superior que decrete la existencia de omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; en dicha resolución se determinará un plazo que comprenda dos periodos ordinarios de sesiones del Congreso del Estado, para que éste resuelva.
"IV. A efecto de dar respuesta fundada y motivada a las cuestiones de inconstitucionalidad formulada por los Magistrados o Jueces del Estado cuando tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley local, en el proceso sobre el cual tengan conocimiento, las peticiones deberán ser desahogadas en un plazo no mayor de treinta días."
En el informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas se afirma que éste únicamente se limitó a cumplir con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política Local, por lo que hace a la publicación del Decreto 419, e igualmente afirma que en términos del artículo 105, fracción II, inciso f), párrafo segundo, los partidos políticos sólo pueden plantear la inconstitucionalidad de normas generales, pero no actos concretos, como es la prórroga del mandato de los actuales integrantes de las legislaturas y de los Ayuntamientos; se afirma también que el partido promovente al alegar una potencial violación a la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional, pone en evidencia que lo que impugna no es una ley electoral, sino un acto administrativo concreto como es la citada prórroga, por lo que no puede dársele el tratamiento de ley electoral.
También informa el Poder Ejecutivo Local que la acción es improcedente, y debe sobreseerse, porque se encuentra tramitando la acción de inconstitucionalidad 1/2006 ante la jurisdicción local, la cual le fue notificada el ocho de noviembre de dos mil seis.
SEXTO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso (tomo II, fojas 5 y 245) la siguiente opinión:
Los señores Magistrados Flavio Galván Rivera, María del Carmen Alanís Figueroa, Constancio Carrasco Daza, José Alejandro Luna Ramos, Salvador O. Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López, estiman que asiste razón a los promoventes, atento a las siguientes razones:
1) De conformidad con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, el que determinó constituirse en una República representativa, democrática y federal, y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión.
2) La forma de gobierno republicana que adopta la Constitución, supone que la titularidad de los cargos públicos se asume por un lapso previamente determinado, mediante la consulta periódica a la ciudadanía; democrática, en tanto que es el pueblo, en ejercicio de su soberanía, el que participa en la toma de las decisiones públicas, fundamentalmente a través de la elección de los titulares de los poderes públicos; representativa, pues determina el ejercicio de la soberanía popular a través de representantes, a quienes confiere el mandato de gobernar; y federal, al constituir la unión de Estados libres y soberanos por cuanto a su régimen interior.
3) En el Estado moderno, resulta imposible concebir la democracia en términos de una participación directa del pueblo, por lo cual es menester acudir al mandato que se otorga a quienes habrán de representarlo en la toma de decisiones que implica el ejercicio del poder público, precisamente mediante el voto popular, el cual se encuentra concebido en nuestro régimen constitucional como una prerrogativa y obligación ciudadana, en términos de los artículos 35, fracción I y 36, fracción III, de la Constitución General de la República, y que la doctrina en materia de derechos fundamentales es unánime en reconocerle esta categoría, confiriéndole como tal la tutela del orden jurídico.
4) Ese régimen que se acoge en el ámbito federal, rige por igual respecto de las entidades federativas, en tanto los artículos 115 y 116, fracciones I, párrafo segundo y IV, inciso a), de la Constitución de la República, establecen que los Estados deben adoptar en su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, así como que las elecciones de los gobernadores, miembros de las Legislaturas Locales e integrantes de los Ayuntamientos, se deben realizar mediante el voto universal, libre, secreto y directo.
5) La reforma impugnada se ha emitido en contravención al mandato de renovación periódica de los poderes que prevé el régimen republicano de la Ley Fundamental, renovación que debe darse precisamente en los plazos establecidos, a fin de no hacer nugatorio tal principio.
6) Si bien el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, confiere
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19918-cdada2b0/accion-de-inconstitucionalidad-la-suprema-corte-de-justicia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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