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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ARTÍCULO 55, NUMERAL 2, PRIMERA PARTE, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, VIOLA ESE DERECHO FUNDAMENTAL. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2006 Y SU ACUMULADA 46/2006. · Registro digital (IUS): 19994
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y CONVERGENCIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 1185.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2006 Y SU ACUMULADA 46/2006. PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y CONVERGENCIA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de dos mil seis.

VISTOS para resolver los autos de la presente acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006; y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escritos presentados el tres y seis de noviembre de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel de Jesús Espino Barrientos, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en representación del Partido Acción Nacional, y Luis Maldonado Venegas, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Convergencia, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan:

a) Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas.

c) Oficial mayor del Gobierno del Estado de Zacatecas.

Normas generales cuya invalidez se cuestiona y el medio oficial en que se publicó:

El Decreto 327 por el que se reformaron y adicionaron los siguientes preceptos:

a) De la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, los artículos 19, 37, 45, 47, 53, 54, 55, 70, 71, 81, 82, 115, 116, 119, 129, 243 y 244, así como el transitorio único de la misma ley.

b) De la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, los artículos 13, párrafo segundo, 23, fracción XLII, 65, fracción VI y 72-A.

c) De la Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, los artículos 12 y 32, fracción I.

d) De la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el artículo 76.

Este Decreto 327 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, de siete de octubre de dos mil seis.

SEGUNDO. Artículos constitucionales que se señalan como violados. Los partidos políticos promoventes señalaron como violados los artículos 1o., 6o., 7o., 9o., 14, 16, 35, 40, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Trámite de la acumulación. Mediante proveído de seis de noviembre de dos mil seis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 45/2006, y por razón de turno, designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil seis, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó la acumulación de la acción de inconstitucionalidad 46/2006 promovida por el Partido Político Convergencia, a la presente acción de inconstitucionalidad dado que existe identidad en el decreto impugnado, y remitir, por ende, el expediente correspondiente a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Por auto de siete de noviembre de dos mil seis, el Ministro instructor admitió las acciones de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió el decreto impugnado y al Ejecutivo que lo promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación con la presente acción de inconstitucionalidad.

Asimismo, se acordó que no ha lugar a proveer de conformidad con las peticiones de los promoventes en el sentido de solicitar informe tanto al secretario de gobierno de Zacatecas, como al oficial mayor de la misma entidad, toda vez que conforme al artículo 61, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, únicamente deberán rendir el informe correspondiente las autoridades que emitieron y promulgaron la disposición impugnada.

CUARTO. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hicieron valer los partidos políticos promoventes son, en síntesis, los siguientes:

Partido Acción Nacional.

1. Primer concepto de invalidez. El segundo párrafo del artículo 55 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, vulnera la Constitución Federal, en tanto que otorga facultades al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para que ex oficio y ex ante, determine si los mensajes publicitarios de los partidos políticos se ajustan o no a la normatividad electoral.

Incluso, el primer párrafo del artículo referido, ordena que el Instituto Electoral zacatecano, a través de su consejo general, será el conducto a través del cual los partidos políticos y coaliciones contraten la propaganda electoral, es decir, ningún instituto político podrá contratar por sí mismo propaganda en radio, televisión o prensa, sino que dicha contratación le corresponde hacerla únicamente a la autoridad comicial administrativa.

Lo anterior trae como consecuencia, que el instituto encargado de organizar las elecciones locales en dicha entidad federativa, tenga en todo momento previo a la contratación de la propaganda en radio, televisión o prensa, la posibilidad de analizar el contenido de la misma, e incluso censurarla a priori, quitando así la opción de que la propaganda sea transmitida o difundida en los medios masivos de comunicación. Es decir, este precepto limita la libertad de expresión de los partidos políticos o coaliciones, ya que de oficio y ex ante, el Instituto Electoral local revisará los mensajes publicitarios, supuestamente con la finalidad de generar condiciones de equidad en la contienda electoral y evitar mensajes que denigren, ofendan, calumnien o injurien a alguna de las partes en la contienda, a instituciones o a terceros.

Agrega que esto es totalmente inconstitucional porque:

a) Para poder calificar como denigrante y ofensivo algún mensaje de propaganda, es absolutamente necesario que exista una queja administrativa o denuncia por parte de quien se sienta agraviado por dichos mensajes, llevándose a cabo un procedimiento de investigación en el orden administrativo y posteriormente al proceso jurisdiccional.

b) No se otorga posibilidad de defensa alguna, ya que el Instituto Estatal Electoral analizará los mensajes publicitarios sin oír ni vencer en un procedimiento administrativo a los partidos políticos o coaliciones.

En razón de lo anterior, señala que los dispositivos constitucionales que considera violados son los siguientes:

A) Artículo 6o. Precisa que este artículo establece la garantía constitucional de todos los ciudadanos para expresarse libremente, en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, sin ningún tipo de restricción salvo las expresamente ordenadas por la propia Constitución Federal.

Aduce que este precepto no tiene casos de excepción tratándose de los sujetos activos detentadores del derecho, es decir, el derecho de libertad de expresión no sólo es aplicable a todo individuo o persona física, sino que también corresponde a toda la sociedad civil, a todas las personas morales o instituciones de carácter público o privado, formadas legalmente al amparo de la normatividad mexicana.

Precisa que de una interpretación sistemática de los artículos 6o. y 9o. de la Constitución Federal, se desprenden los siguientes elementos: 1) todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho a expresar libremente sus ideas, siempre y cuando no ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público; 2) todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho a asociarse de manera libre, para tomar parte en los asuntos políticos del país, ya sea a través de asociaciones civiles, agrupaciones políticas, partidos políticos o cualquier otra modalidad lícita; y, 3) todos los ciudadanos mexicanos agrupados (en forma de partidos políticos, por ejemplo), tienen derecho a expresarse libremente sin ningún límite adicional a los que impone la propia Constitución Federal.

Suponer lo contrario, traería como consecuencia realizar distinciones subjetivas entre ciudadanos, instituciones públicas, privadas, entidades de interés público, entidades federativas, etcétera, circunstancia que no se encuentra expresamente prevista por nuestra Constitución Federal.

Señala que todo partido político, por el simple hecho de ser integrado por ciudadanos mexicanos en los términos del artículo 9o. de la Constitución Federal, tiene derecho a la libre manifestación de ideas, de conformidad con lo que ordenan tanto el artículo 6o., como el artículo 41 de la Constitución Federal. En ese sentido, es claro que las limitaciones a la libertad de expresión en modo alguno se pueden o deben entender en razón del sujeto activo, titular de ese inalienable derecho.

Señala que las restricciones al derecho de libertad de expresión que expresamente dispone el artículo 6o. de la Constitución Federal, son: a) cuando se configure un ataque a la moral; b) cuando se configure un ataque a derechos de terceros; c) cuando se provoque algún delito; o d) cuando se perturbe el orden público. Por tanto, toda restricción a la libertad de expresión tanto de ciudadanos como de instituciones, debe circunscribirse a lo dispuesto por el artículo 6o. de nuestro Máximo Ordenamiento, sin que pueda pretender ir más allá de lo que dicho dispositivo ordena.

En el caso que nos ocupa, la Legislatura del Estado de Zacatecas pretende darle al Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad, facultades que van más allá de lo que dispone nuestro Máximo Ordenamiento legal, pues pretende que dicha autoridad califique el contenido de los mensajes publicitarios de los partidos políticos, lo cual rompe con el esquema de libertades garantizado por nuestro régimen constitucional.

Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN."

Agrega que la calificación del contenido de los mensajes publicitarios se agrava si se toma en cuenta que los partidos políticos utilizan dichos elementos fundamentalmente en campañas electorales. En ese sentido, es del conocimiento público que las campañas electorales son por naturaleza cortas y se encuentran dotadas de un dinamismo vertiginoso. Bajo esta tesitura, si se toma en cuenta que un Instituto Electoral Estatal tiene todas las facultades para calificar el contenido de la propaganda electoral que se difunda por radio, televisión y prensa escrita, el agravio es mucho mayor al que ocurriría en cualquier otro caso. Lo anterior es así, en tanto que no es lo mismo suspender una campaña publicitaria de una empresa mercantil o una asociación civil, que la de un instituto político que se encuentra en plena campaña comicial contendiendo en cada instante por obtener el voto ciudadano. En cualquier caso es dañina, pero en el caso de una campaña electoral el daño es incalculable.

Finalmente, aduce que el artículo impugnado de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, al prever la posibilidad de que sea la autoridad administrativa, la que de oficio verifique si un mensaje publicitario de cualquier partido político se ajusta o no a lo dispuesto por la normatividad comicial vigente en la entidad, lo que necesariamente implica una investigación, no es otra cosa que una inquisición a la libre manifestación de las ideas de los institutos políticos contendientes.

B) Artículo 7o. Aduce que el artículo 55 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, en su párrafo segundo, al otorgar al consejo general del instituto organizador de las elecciones, la posibilidad de que analice el contenido de los mensajes políticos de los institutos contendientes en una elección local, e inclusive la posibilidad de que una vez realizada la "inquisición", proceda a realizar una censura de la misma, es una situación que vulnera el artículo 7o. de nuestra Constitución Federal.

Señala que dicha censura se pretende revestir de legitimidad a través del término "suspensión"; sin embargo, ello constituye una previa censura a los partidos políticos, coaliciones o candidatos, por lo siguiente:

Se entiende por previa censura el hecho de que exista una ley, o bien, una autoridad, sea esta jurisdiccional o administrativa, que realice un análisis de alguna información u opinión para determinar si ha lugar o no para permitir su divulgación.

Aduce que la previa censura puede ser ejercida por una autoridad de carácter administrativo o por una jurisdiccional, y ambas tienen implicaciones distintas. En efecto, en el caso de una censura previa llevada a cabo por una autoridad jurisdiccional, ello implica todo un proceso jurisdiccional en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento, con denuncia presentada por parte agraviada, con una autoridad que da vista a la parte denunciada y que resuelve con base en fundamentos estrictamente jurisdiccionales, y con la existencia de una parte demandada que tiene derecho de ser oída y, en su caso, vencida en juicio. Por el contrario, la previa censura realizada por autoridad administrativa no tiene esas características, pues, en sendas ocasiones, puede ser arbitraria y resolverse con base en elementos subjetivos y de manera discrecional.

En el caso, no cabe duda que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es una autoridad de carácter administrativo a la que de conformidad con el artículo impugnado, se le ha otorgado la facultad de supervisar que el contenido de los mensajes políticos de las fuerzas contendientes en un proceso comicial reúna los requisitos que señala la ley. Dicha "supervisión" es el análisis, estudio o indagación del contenido de dichos spots publicitarios a efecto de determinar si se ajustan o no a un marco normativo determinado, el cual se realizará de oficio por parte de la autoridad administrativa, quien calificará el contenido de dicha propaganda electoral. Esto configura un elemento de la previa censura, pues existe una autoridad administrativa, en este caso, de corte comicial quien realizará estas actividades ex ante y ex oficio.

Señala que si se atiende a un análisis literal del artículo impugnado se desprende que, legalmente, primero se deberá proceder a la transmisión del spot propagandístico y posteriormente a su indagación y, en su caso, a la suspensión del mismo. Sin embargo, aun con esta interpretación estaremos ante una evidente censura previa, ya que no obstante que se permite la transmisión de la propaganda electoral, posteriormente de oficio, la autoridad administrativa electoral la "supervisa" y, en su caso, determina la suspensión de la misma. Esto es una modalidad de previa censura "indirecta".

La censura previa "directa" es muy evidente, ya que prohíbe que previo a la transmisión de un mensaje, anuncio o publicidad, se realicen pesquisas tendientes a verificar si el mismo se ajusta o no a cierta normatividad. Concretamente, se puede entender como el examen que realiza una autoridad censora antes de que los mismos se entreguen a los medios masivos de comunicación social tales como prensa escrita, radio y televisión. Ahora bien, para el caso de la previa censura "indirecta" se advierte que la misma es una modalidad más en que se puede presentar la previa censura, consistente en que la autoridad administrativa o ejecutiva permite la difusión de un determinado mensaje y, posteriormente, al advertir que el mismo contraviene "según su discrecionalidad" una legislación determinada, procede a retirar dicha propaganda, obra literaria, anuncio, filme cinematográfico o cualquier otro elemento protegido por el artículo 7o. constitucional.

La previa censura "indirecta" también contiene los mismos elementos que la censura "directa", y en el caso serían los siguientes: a) existe una autoridad que de oficio analiza el contenido de los mensajes publicitarios, sin la necesidad de que exista una denuncia por parte de una persona o institución que se sienta agraviada. Esto es, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas podrá determinar quitar del aire o de la prensa escrita determinada propaganda cuando considere que se atacó a un candidato, partido político o coalición determinada, existiendo la posibilidad de que no exista formalmente agraviado alguno. Es por ello que se considera que aun cuando se haya permitido la transmisión del mensaje, si posteriormente, sin mediar denuncia de parte agraviada, se ordena su retiro, se está ante la presencia de una previa censura.

b) El segundo elemento sería la inexistencia de un procedimiento administrativo en forma de juicio. Es decir, en la reforma electoral que se ataca por esta vía, la autoridad comicial administrativa únicamente está obligada a fundar y motivar sus razones para ordenar la suspensión de propaganda de un instituto que contienda en una competencia comicial estatal.

En este orden de ideas, en nuestro sistema constitucional y legal mexicano no existe la posibilidad de que una legislación ponga modalidad alguna a las garantías individuales que se encuentran protegidas y garantizadas por nuestra Constitución Federal.

C) Artículo 14. Señala que la reforma del artículo impugnado vulnera el artículo 14 de la Constitución Federal, pues no contempla un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el que los partidos políticos o coaliciones puedan ser oídos y, en su caso, vencidos en juicio.

Aduce que el precepto impugnado rompe con cualquier principio de derecho procesal, pues no prevé la posibilidad de que exista un partido político, coalición o candidato actor, que se sienta agraviado, injuriado, atacado, denostado o calumniado que demande la intervención de la autoridad para solucionar la controversia. También precisa que no existe una autoridad que conozca del asunto y emplace al demandado para que conozca del juicio instaurado en su contra, escuchando al presunto infractor y analizando las pruebas de ambas partes. Y, finalmente, no existe la posibilidad de acudir a un proceso en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento.

Precisa que ello quiere decir que los spots publicitarios que se encuentren al aire en radio o televisión o plasmados en prensa escrita por parte de los contendientes en una competencia electoral, podrán ser suspendidos por parte de la autoridad comicial administrativa, sin haber denuncia alguna, sin haber escuchado las razones y analizado, en su caso, el material probatorio ofrecido como descargo del presunto infractor, así como sin observarse las formalidades esenciales del procedimiento.

Aduce que de la jurisprudencia de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", se desprende que las formalidades esenciales de cualquier procedimiento son:

a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Sin embargo, en el caso, la autoridad comicial administrativa de ninguna manera notifica el inicio de algún procedimiento en contra del partido político, coalición o candidato, sino que de manera oficiosa inicia una investigación, sin que se le notifique al afectado, razón por la cual en ningún momento se tiene conocimiento de si se está iniciando o no una indagación de oficio por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. En tanto que no se notifica el inicio de un procedimiento que verse sobre el ajuste o no de los mensajes publicitarios a la normatividad electoral vigente en esa entidad, menos aún se cuenta con la posibilidad de aportar pruebas de descargo con las cuales los partidos políticos puedan demostrar que las mismas son legales y ajustadas a los cánones correspondientes.

c) La oportunidad de alegar. En tanto que no se prevé la existencia de un juicio previo, no existe posibilidad ni legal ni fáctica de que los partidos políticos o coaliciones tengan la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga.

d) Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En el caso, esta resolución no existirá, pues no hay cuestiones sometidas a debate, en todo caso habrá un acuerdo unilateral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el cual, sin haber queja de por medio y sin haber defensa alguna, emitirá una serie de razonamientos "fundados y motivados".

De esta forma es que el legislador secundario zacatecano, con la reforma al artículo impugnado, conculca lo ordenado por el Constituyente Permanente en tratándose de la garantía de audiencia elevada a rango constitucional en los términos del artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto que no establece un procedimiento seguido en forma de juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento previo a la privación del derecho de libre expresión.

D) Artículos 14 y 116. Que el artículo impugnado vulnera los artículos 14 y 116 de la Constitución Federal, porque contraviene el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, el cual prevé que los partidos políticos nacionales tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social en la forma y términos que establezcan las leyes de la materia.

Aduce que lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Local, no significa de modo alguno que el legislador local pueda imponer modalidades que van más allá de lo que le ordena el propio Poder Constituyente de esa entidad federativa, pues eso contraviene al Máximo Ordenamiento local y, como consecuencia, a la Constitución Federal.

Señala que con la reforma impugnada, el legislador local pretende darle al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas mayores atribuciones de las que constitucionalmente tiene y, en consecuencia, restringir el derecho de acceso a los medios de comunicación social que por mandato constitucional tienen los institutos políticos. Ello es así, en tanto que con el artículo cuya invalidez se reclama, no se está reglamentando el artículo 43 de la Constitución Local, sino que se está vulnerando el mismo en tanto que va más allá de lo que dispone.

Lo anterior conculca lo ordenado por el artículo 116 de la Constitución Federal, pues el mismo preceptúa en su segundo párrafo la obligación de los Poderes de los Estados de organizarse de conformidad con su Constitución Local.

E) Artículo 133. La reforma electoral impugnada, al vulnerar el derecho que tienen los gobernados agrupados en partidos políticos para manifestarse libremente y al oponerse al mandato de proscribir el establecimiento de la censura previa, ataca lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones:

La disposición constitucional señala que los tratados internacionales celebrados de conformidad con lo ordenado por la Carta Magna, son también ley fundamental en nuestra nación mexicana, razón por la cual, en caso de que exista una legislación estatal que contravenga lo dispuesto por un tratado signado por el país vulnera una Ley Suprema y, como consecuencia, lo preceptuado por el artículo 133 constitucional.

Al respecto, precisa lo dispuesto en dos documentos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de San José".

Aduce que el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección.

Por lo que se refiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que en su artículo 1o., se establece que todos los Estados signatarios se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en el mismo, garantizando su libre y pleno ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, entre otras, y agrega que el artículo 13, se refiere propiamente a lo relativo a la libre manifestación de las ideas y a la censura previa, desprendiéndose de dicho dispositivo que: el derecho a la libre manifestación de las ideas encuentra dos vertientes: a) La del sujeto difusor de la ideas; y, b) La del sujeto receptor de las mismas.

Es decir, bajo el esquema del Pacto de San José, la libertad de expresión implica que cualquier persona pueda y tenga la posibilidad de manifestar por escrito o por cualquier medio masivo de difusión, sus ideas y sus pensamientos, sin más límites que el respeto a los derechos y reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Pero además, según el tratado internacional, todos los ciudadanos tienen derecho a conocer las ideas de otras personas, estableciendo literalmente las palabras "buscar y recibir", lo que quiere decir que los gobernados tienen también el derecho de saber las diferentes ideologías de diversos actores políticos, académicos, columnistas, entre otros.

Señala que en el caso la reforma ataca directamente esta disposición legal de corte internacional, en la cual se garantiza a los partidos políticos el manifestar con toda libertad sus ideas políticas, lo cual implica confrontar con severidad civilizada la postura de otros institutos políticos, así como la conducta histórica de candidatos o servidores públicos a lo largo de su actividad en la administración pública, como parlamentarios o como Jueces o Magistrados. Es decir, no se le pueden imponer a los partidos políticos integrados por ciudadanos, mayores límites a la libertad de manifestar lo que consideren adecuado, que los que establecen tanto nuestra Carta Magna como el tratado internacional sujeto a exégesis. Aún más, si se actualiza la disposición supranacional al caso concreto, se advierte que la misma concede a los ciudadanos mexicanos y en este caso a los oriundos de Zacatecas, el inviolable derecho de buscar y recibir toda la información, ideario, plataforma de gobierno y críticas a contendientes elaboradas por los partidos políticos que participan en las elecciones estatales.

Señala que para el caso, amparados tanto por el derecho doméstico, como por el supranacional, los partidos políticos tienen garantizado el acceso a los medios de comunicación para manifestar con total libertad todo pensamiento político, así como todas las críticas que se estimen conducentes respecto de los contendientes. En ese sentido, tal como lo disponen tanto el artículo 7o. de la Constitución Federal, como el 13, párrafo 2, del Pacto de San José, no puede existir autoridad alguna que censure el contenido de los mensajes publicitarios antes de que éstos sean transmitidos y difundidos, ni mucho menos suspendidos ex oficio y ex ante, sino que tiene que haber -posterior a la transmisión de dichos spots-, una cadena impugnativa que garantice un debido proceso y en virtud de la cual se sujeten a responsabilidades ulteriores. Es decir, queda expresamente prohibida la censura previa, pero queda vigente la responsabilidad posterior a la difusión de las ideas a efecto de asegurar los derechos de terceras personas que eventualmente se puedan sentir agraviadas por un uso excesivo de la libertad de expresión.

No obstante lo anterior, el legislador zacatecano pretende censurar el contenido de los mensajes que divulgan los partidos políticos, o bien, en el menos perjudicial de los casos -a través de una modalidad a la previa censura-, "suspender" la publicidad política habiéndose transmitido éstos, pero sin que haya un quejoso y un procedimiento del cual eventualmente se pueda derivar una responsabilidad ex post.

En el mismo sentido considera que no puede pasar por alto el párrafo 3 del artículo 13 del Pacto de San José, en el cual se consagra que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, los cuales pudieran ser abuso de controles oficiales o particulares tendientes a hacer más difícil o complicado de lo habitual el acceso a medios masivos de comunicación.

Bajo este orden de ideas, señala que la reforma legal comicial de la entidad establece una restricción al derecho de la libre manifestación de las ideas a que tienen derecho los partidos políticos, en tanto que prevé la posibilidad de que los mensajes publicitarios de contenido electoral no puedan ser transmitidos, o bien, puedan ser suspendidos en cualquier momento.

Señala que sus argumentos se confirman con lo previsto en el artículo 14 del citado acuerdo internacional, pues el mismo no garantiza la libertad de expresión anárquica, sino por el contrario, se entiende que en aras de la libertad de expresión se puede llegar a la realización de comentarios que pudieran llegar a incomodar a determinadas personas o grupo de personas organizadas o no, razón por la cual se consideró oportuno ofrecer a los gobernados el derecho de rectificación o respuesta.

Cita en apoyo a sus argumentaciones, a propósito de la libertad de expresión y de la previa censura, un extracto de la opinión consultiva OC-5/85 del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Segundo concepto de invalidez. Plantea que la reforma local es inconstitucional, particularmente en lo dispuesto por el artículo segundo del decreto, en lo referente a la reforma de la fracción XLII del artículo 23 de la Ley Orgánica del Inst

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19994-6abece02/libertad-de-expresion-dimensiones-de-su-contenido-libertad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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