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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y SU NOTIFICACIÓN, Y LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA EXHIBE CONSTANCIA DE LA RESOLUCIÓN, PERO RECONOCE NO HABERLA NOTIFICADO, ELLO NO CONDUCE A DECRETAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2016. · Registro digital (IUS): 26452
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Pág. 1095.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 15 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis en materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.-El oficio de denuncia proviene de parte legítima, ya que lo signaron los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano colegiado que emitió una de las ejecutorias que participan en la presente contradicción de tesis, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece que podrán denunciar la contradicción de tesis, sustentada entre los Plenos de distintos circuitos, entre los Plenos en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

TERCERO.-Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es preciso conocer los antecedentes de los criterios emitidos por los órganos colegiados en cuestión, a saber:

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

(Amparo directo 489/2015-8965)

• ********** demandó la nulidad de cuatro créditos fiscales impuestos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, negando que le hubiesen sido notificados.

• La Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió la demanda en la vía sumaria y corrió traslado al subdelegado Puebla Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social para que le diera contestación.

• El 18 de diciembre de 2014 se contestó la demanda manifestándose que los créditos no podían producir afectación al interés jurídico de la actora porque a la fecha en que se promovió la demanda no habían sido notificados, exhibiendo las cédulas de liquidación controvertidas y copia certificada de las consultas de cuentas individuales.

• El 2 de enero de 2015, la Sala del conocimiento, tuvo por contestada la demanda y corrió traslado a la actora con copia de dicho oficio y sus anexos, para que ampliara la demanda.

• Por escrito presentado el 4 de febrero de 2015, la parte actora amplió la demanda de nulidad.

• Una vez integrado el expediente, el 7 de mayo del año en cita la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia reconociendo la validez de la resolución impugnada, desestimando la causa de improcedencia invocada por la demandada sobre la base de que si bien en el escrito inicial de demanda, el actor manifestó desconocer los créditos controvertidos, lo cierto es que la autoridad al contestar la demanda, los exhibió acreditando su existencia y como consecuencia, se le tenía al actor como conocedor de los actos impugnados en la fecha en que se le corrió traslado con el oficio de contestación y sus anexos; por otro lado, desestimó los conceptos de impugnación en los que la parte actora negó la relación laboral, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 202/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. SU CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE VALOR PROBATORIO PLENO, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL ENTRE AQUÉLLOS Y EL PATRÓN." y se advertía que los estados de cuenta exhibidos, correspondían a los trabajadores enlistados en las cédulas de liquidación controvertidas.

• Contra ese fallo la sociedad de que se trata promovió juicio de amparo directo, en el cual se negó la protección constitucional solicitada, pues el Tribunal Colegiado de Circuito consideró:

"... puesto que este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial PC.XXX. J/7 A (10a.), antes transcrita, en la que se sostiene que cuando el actor niega conocer el acto impugnado y la autoridad, al contestar la demanda, afirma su existencia y exhibe el documento original o copia certificada, pero señala no haber efectuado la notificación respectiva, debe decretarse su nulidad lisa y llana.-En efecto, a juicio de este Tribunal Colegiado, la autoridad demandada al haber exhibido los créditos fiscales, impugnados junto con su contestación a la demanda, dio oportunidad a la parte actora de imponerse de su contenido, tan es así que formuló ampliación de demanda.-Al respecto, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho a la tutela jurisdiccional, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.-Sobre este derecho, puede decirse que: La prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público no puede supeditar el acceso de los gobernados a los tribunales a condición alguna, entendiéndose, sin embargo, que el legislador ordinario tiene la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.-El mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que, formando o no parte del Poder Judicial, tienen encomendada la tarea de resolver controversias, diciendo el derecho entre las partes.-El derecho fundamental contenido en la disposición constitucional en análisis, adicionada por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, fue instituido por el Constituyente, a fin de que cualquier sujeto pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados, necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado, facultado para ello, ante la prohibición constitucional que de los particulares se hagan justicia por sí mismos.-Al estar superada por el Estado de derecho la vieja práctica de la venganza privada, o sea de la justicia que se realiza por propia mano, se deduce que la jurisdicción es un principio ineludible del orden jurídico constitucional, impuesto a los individuos para la definición de sus derechos subjetivos, por virtud del cual se les otorga la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva.-En ese tenor, la garantía consignada en el artículo 17 constitucional, contiene dentro de sí cuatro subgarantías, que son las siguientes: • Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; • Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; • Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y, • Justicia gratuita, lo que quiere decir que los órganos del Estado, encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho servicio público.-Lo anterior quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia 2a. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: ‘ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’.-En el caso a examen, cuando la autoridad reconoce que el acto existe pero informa que aún no se ha notificado, debe entenderse que está obligada a exhibir el acto en el juicio a fin de que la actora pueda tener conocimiento de él e impugnarlo, por aplicación de la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de no hacerse de este modo, se dejaría a la actora en un estado de incertidumbre, a la espera de que la autoridad le notifique, a la vez que se le obligaría a promover un nuevo juicio cuando el acto se le notificara. El precepto mencionado establece: ‘Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes: ... II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. ...’.-En efecto, si bien la fracción II del artículo 16 de la citada (sic) se refiere específicamente al caso en que se acepta expresamente la existencia y notificación de la resolución impugnada, y no al supuesto en que sólo se reconoce la existencia de la resolución y no de su notificación (como acontece en el caso de trato), se estima que, por igualdad de razón, debe aplicarse la regla consistente en que la demandada tiene que exhibir la resolución controvertida en el juicio, para que la accionante la conozca íntegramente y la pueda combatir en ampliación de demanda, sin que la manifestación en el sentido de que las resoluciones impugnadas no han sido notificadas pueda dar lugar a declarar la nulidad lisa y llana de las mismas, puesto que se ha garantizado el derecho de defensa del actor, quien se encuentra en posibilidad de controvertir los actos impugnados a través de la contestación a la demanda.-Esta consideración encuentra sustento en el hecho de que, para efectos del juicio de nulidad, la exigencia en torno de la exhibición de la constancia de notificación de la resolución impugnada, permite demostrar que el actor conoce el contenido del acto impugnado y que debió exponer argumentos en su contra desde el escrito inicial de demanda, así como determinar la oportunidad de la presentación de la demanda; por consecuencia, si la autoridad demandada todavía no realizaba la notificación respectiva, por una parte, el problema de la extemporaneidad del juicio no se presenta y, por otra, la parte actora se encuentra en posibilidad de exponer los argumentos que estime pertinentes en la ampliación de demanda, a fin de controvertir el acto impugnado.-Finalmente se debe precisar que la parte quejosa no controvierte las consideraciones sustentadas en la sentencia reclamada, relativas a que con la certificación de los estados de cuenta individuales, exhibida por la autoridad demandada, se encuentra acreditada la relación laboral y, que por ende, al haber resultado infundados los conceptos de impugnación debía reconocerse la validez de las resoluciones impugnadas."

Pleno del Trigésimo Circuito

(Contradicción de tesis 6/2013)

• Mediante oficio número 022-13-CT, recibido por el presidente del Pleno del Trigésimo Circuito, el 17 de octubre de 2013, los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por dicho órgano colegiado al resolver el juicio de amparo directo administrativo 755/2013 en sesión del 3 de octubre de 2013 y el establecido por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al fallar el juicio de amparo directo administrativo 874/2010, en sesión del 2 de diciembre de 2010.

• En el juicio de amparo directo administrativo 755/2013 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se sostuvo en esencia, que el hecho de que la autoridad demandada al contestar la demanda, únicamente haya exhibido la resolución determinante del crédito fiscal, mas no la constancia de notificación de ese acto administrativo, que la demandante de nulidad dijo desconocer; no tiene como consecuencia estimar inexistente dicha resolución determinante, ya que ésta, en el contexto indicado, existe con independencia de que se notifique o no, puesto que, en todo caso, no se tendrá por notificada o conocida hasta el momento de su exhibición en el juicio, lo relativo a la oportunidad de la demanda, con independencia de que sean ambos los que se afirma desconocer; pues el desconocimiento del acto administrativo, concluye al momento en que es exhibido con la contestación de demanda de nulidad, lo que permite al actor impugnarla en ampliación de demanda.

• Por su parte, en el juicio de amparo directo administrativo 874/2010, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito destacó que considerando que la parte actora en su escrito inicial dijo no conocer las resoluciones que contienen las multas de tránsito impugnadas, sus antecedentes y constancias de notificación y que en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, la autoridad demandada al contestar la demanda, tiene la obligación de darle a conocer esos actos, exhibiendo al efecto tanto las resoluciones determinantes de las multas de tránsito como sus respectivas constancias de notificación, ya que el citado numeral claramente dispone que si el actor afirma desconocer el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución y en ese supuesto, la demandada acompañará las constancias de dicho acto y de su notificación, los cuales podrá combatir el actor en ampliación de demanda; entonces, si dicha autoridad sólo exhibió las resoluciones de multa y no así las constancias de notificación, no puede considerarse que haya cumplido con su obligación de desvirtuar la negativa lisa y llana vertida por la actora, aplicando la jurisprudencia 2a./J. 209/2007.(1)

• El 4 de febrero de 2014, el Pleno del Trigésimo Circuito (por mayoría de cuatro votos, con voto en contra de tres Magistrados) declaró la existencia de la contradicción de tesis, cuyo tema se centró en dilucidar si la sola exhibición del acto administrativo impugnado por parte de la autoridad demandada al contestar la demanda, (cuando la parte actora manifiesta desconocer éste y su notificación) es suficiente para desvirtuar la negativa lisa y llana en cuanto a la existencia de aquél o si se requiere de la presentación de las constancias tanto del acto administrativo, como de su notificación, y los efectos que esta diligencia procesal produce; resolviendo, en esencia, lo siguiente:

"... 62. En efecto, nada se dijo sobre cuál es la consecuencia procesal que genera que la autoridad demandada, al contestar la demanda, sólo exhiba el acto administrativo y no sus constancias de notificación, por tanto, a ello se ceñirá el estudio de la presente contradicción.-63. Al respecto es necesario analizar lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes y 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que establecen: ‘Artículo 6o. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.’.-‘Artículo 7o. El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada.-Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, caso en el cual su cumplimiento será exigible por éste al órgano administrativo que lo emitió desde la fecha en que se dictó o aquella que tenga señalada para iniciar su vigencia, así como los casos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de ésta y otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la administración pública estatal o municipal los efectúe.’.-‘Artículo 31. Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.-También podrá ampliar la demanda, cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente, por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó de manera ilegal y cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 37, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.-Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente: I. Si el actor afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de nulidad se expresarán en la demanda, de manera conjunta con los que se formulen contra la notificación; II. Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y III. La Sala estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación del acto administrativo.’.-64. De los preceptos transcritos, cabe distinguir entre la validez del acto administrativo y la validez de la ejecución del acto. La primera referida precisamente a la presunción de legalidad que tienen a su favor los actos administrativos, y la segunda, relativa a que para efectos de su eficacia y exigibilidad deben insoslayablemente ser notificados.-65. Ahora bien, esa presunción de legalidad únicamente puede ser destruida si la autoridad emisora al dar contestación a la demanda, exhibe la resolución que contiene el acto administrativo impugnado y su respectiva constancia de notificación, cuando la parte actora haya negado conocer su existencia, pues así lo ha establecido precisamente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como quedó asentado en los párrafos 32 y 42-a.-66. Por consiguiente, conforme a la fracción II de la disposición últimamente transcrita, la autoridad está obligada al contestar la demanda a acompañar la resolución cuya nulidad demanda y la constancia de la que se infiera que le notificó ese acto, para que así la actora, al formular ampliación de demanda esté en aptitud de controvertir la legalidad de dicha determinación y de su respectiva notificación.-67. Por tanto, la oportuna presentación de la ampliación de la demanda, puede validar la actuación de la autoridad demandada, toda vez que el precepto en cita es directo al estipular que si el actor afirma desconocer el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución y, en ese supuesto, la demandada acompañará la constancia de dicho acto y de su notificación, los cuales podrá combatir la actora en ampliación de demanda.-68. En esas condiciones, si la demandada no aporta conjuntamente con su escrito de contestación de demanda, dentro de los procedimientos contenciosos administrativos en los cuales el actor sostenga que desconoce el acto administrativo y su notificación, la constancia mediante la cual se acreditara que notificó a la actora la existencia del acto administrativo, sino sólo constancia de éste, no puede estimarse que dicha autoridad haya cumplido con la carga procesal que le impone el artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, de darle a conocer su existencia, a fin de desvirtuar la negativa lisa y llana que el accionante formuló en su escrito inicial, violándose así los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por virtud de que el contribuyente se queda sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumentó no tener conocimiento.-69. Esto es así porque si la autoridad no prueba que se notificó antes de que se instaure la demanda de nulidad, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad, con motivo de la omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el acto, en términos de lo señalado en la fracción II del artículo 61 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes,(2) porque se pretende la ejecución de un acto contra el que el gobernado no tuvo posibilidad de defenderse, ya que si no se notificó, se presume que no existió, pues si hubiera existido se le habría notificado, para que éste fuera exigible en términos de lo que dispone el artículo 7o. de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado.(3).-70. Máxime que de sostener lo contrario, esto es, que la sola exhibición del acto administrativo por parte de la autoridad administrativa al contestar la demanda, es suficiente para desvirtuar la negativa lisa y llana que formuló el accionante respecto al desconocimiento del acto administrativo y su notificación, sería solapar el incumplimiento del deber que tienen las autoridades administrativas de emitir el acto y notificarlo, sin que la ausencia de notificación pueda generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo).-71. De otro modo, se propiciaría la ilegal práctica de no notificar el acto, tratar de ejecutarlo y luego pretender notificarlo a través del juicio contencioso administrativo, pidiéndole al juzgador que lo haga de su conocimiento del gobernado, y obligando con ello al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en su contra por una autoridad que no ha cumplido con el deber de notificarlo antes de pretender ejecutarlo; ello iría contra los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.-VI. Decisión.-72. En consecuencia, este Pleno del Trigésimo Circuito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 216, párrafo segundo, 225, y 226, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, considera que la tesis que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, es la siguiente: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.-Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 196/2010, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la demuestra con la exhibición del documento original o en copia certificada, pero señala no haber efectuado la notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se notificó antes de que se instaure la demanda, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo), sin que sea válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y porque no puede obligarse al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.’."

CUARTO.-De los antecedentes narrados y las decisiones de los Órganos Colegiados de que se trata, se advierte que existe la contradicción de tesis, pues se pronunciaron respecto de la misma problemática, es decir, analizaron situaciones jurídicas en esencia iguales.

En efecto, conocieron de asuntos en los cuales el actor del juicio de nulidad afirmó desconocer los créditos impuestos y su notificación y en la contestación, la demandada exhibió las respectivas resoluciones impugnadas pero no su notificación.

Además, en los juicios de origen la parte actora, con la vista de la contestación de demanda y sus anexos, amplió su escrito inicial, y en su oportunidad las correspondientes Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declararon la validez de los actos impugnados al considerar, en lo que interesa, que se tenía a la parte actora como conocedora de los actos controvertidos en la fecha en que se le había corrido traslado con el oficio de contestación de demanda y sus anexos.

Pese a esas coincidencias, mientras el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que pese a que la demandada en un juicio de nulidad tiene que exhibir la resolución controvertida para que la accionante la conozca íntegramente y la pueda combatir en ampliación de demanda, si dicha resolución no fue notificada eso no conduce a declarar la nulidad lisa y llana de los actos controvertidos, puesto que se ha garantizado el derecho de defensa del actor; el Pleno del Trigésimo Circuito sostuvo (por mayoría de cuatro votos, con voto en contra de tres Magistrados), que cuando el actor niega conocer el acto impugnado y la autoridad al contestar la demanda afirma su existencia y exhibir el documento pero señala no haber efectuado la notificación respectiva, debe decretarse su nulidad lisa y llana.

Esa discrepancia de criterios evidencia la existencia de la contradicción de tesis denunciada, sin que represente obstáculo el hecho de que el Pleno del Trigésimo Circuito haya emitido su criterio con fundamento en los artículos 6o., 7o. de la L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26452-a62da995/juicio-contencioso-administrativo-si-el-actor-niega-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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