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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO QUE DETERMINÓ CONTRIBUCIONES POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LO DICTÓ U ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2015. · Registro digital (IUS): 25655
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-06-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADM
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 1026.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE ABRIL DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, ya que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

7. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur; órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa y, cuyo presidente lleva su representación, en términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

8. TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

9. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de dos de abril de dos mil catorce, por unanimidad de votos, el recurso de revisión fiscal 656/2013, determinó lo siguiente:

"TERCERO.-Resulta innecesario estudiar los agravios formulados por la autoridad recurrente, ello en virtud de que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veinticinco de agosto de dos mil diez la contradicción de tesis 256/2010, determinó que la instauración del recurso de revisión fiscal fue creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, por lo que éste será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya detectado la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, ya que en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho, ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.-Por tanto, el Máximo Tribunal del País estimó que el estudio de tales aspectos debía confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.-De esa manera, la Segunda Sala del Alto Órgano Jurisdiccional de la Nación sostuvo que se reservaba a los Tribunales Federales el conocimiento de aquellos asuntos en que, por su importancia y trascendencia tuvieran un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-La Superioridad manifestó que si bien el artículo de referencia -en relación con la procedencia del recurso de revisión fiscal- no distingue en cuanto a que si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto, o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación; no obstante, en este último supuesto no puede considerarse satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación.-El criterio de referencia se encuentra consignado en la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, de diciembre de dos mil diez, página seiscientos noventa y cuatro, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe).-La propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de mayo de dos mil once la contradicción de tesis 136/2011, estableció que en la jurisprudencia apuntada con antelación, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, por lo que era inconcuso que el criterio jurisprudencial de referencia era aplicable en todas las hipótesis materiales previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales; las consideraciones que sustentaron lo anterior dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, publicada en el medio de difusión apuntado con antelación, Tomo XXXIV, de agosto de dos mil once, página trescientos ochenta y tres, de rubro y textos (sic) siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’ (se transcribe).-Así, en el caso que nos ocupa, la Sala determinó decretar la nulidad de la resolución impugnada, así como la recurrida, en atención a que la autoridad que ordenó el inicio del procedimiento de fiscalización carecía de facultades para su emisión, es decir, por incompetencia material del funcionario emisor del oficio de requerimiento de información.-Lo anterior, al considerar la Sala resolutora que la facultad excepcional otorgada a favor del subtesorero de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, no fue creada por una ley del Congreso Local, ni por un reglamento expedido por el Ejecutivo del Distrito Federal, en ejercicio de una facultad reglamentaria específica prevista en la ley; cuando fue esta autoridad, la que emitió el oficio SF/GSI/S/0519/2010, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez, a través del cual solicitó a la actora información acerca de contribuciones por pagar dictaminadas por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.-Lo anterior se evidencia de las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada, del tenor siguiente: ‘A juicio de esta Sala, el concepto de impugnación que se analiza resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como de la recurrida, en atención a las siguientes consideraciones de derecho. ... Al respecto, la actora sostiene que la autoridad emisora del oficio mediante el cual se le solicita información acerca de contribuciones por pagar dictaminadas por el ejercicio comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009, no cuenta con atribuciones para llevar a cabo facultades fiscales federales en colaboración fiscal administrativa con el Gobierno Federal, en virtud de que de conformidad con la cláusula cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, que ha servido de fundamento legal para el ejercicio de las facultades de revisión de las autoridades demandadas, se señala que las facultades contenidas en dicho convenio las podrán ejercer autoridades locales que estén facultadas para administrar ingresos federales o que realicen facultades de igual naturaleza a las mencionadas en dicho convenio, pero es el caso que en dicha orden de revisión o solicitud de información en ningún momento han dado a conocer el fundamento legal por el cual la Subtesorería de Fiscalización pueda o tenga facultades para administrar ingresos federales, o bien, tenga facultades similares a las del convenio, señalando en todo caso, cuál es la facultad similar que tiene dicha subtesorería en su reglamento interior, situaciones o condiciones éstas que, contrario a lo que concluyen, en ningún momento se acreditan con lo señalado en el artículo 83 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. ... De los razonamientos anteriores, se desprende lo siguiente: A) Las facultades o atribuciones de las autoridades que afectan la esfera jurídica de los particulares, deben estar contenidas en una ley. B) Las facultades de las autoridades, pueden contenerse también en un reglamento expedido por el Ejecutivo, en ejercicio de una facultad específica prevista en un acto legislativo (ley).-Atento a los argumentos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en observancia de la jurisprudencia emitida por dicho órgano judicial, esta Cuarta Sala Regional Metropolitana de este tribunal, considera que el argumento expuesto por la parte actora resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como la recurrida, toda vez que la facultad excepcional otorgada a favor del subtesorero de Fiscalización, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, autoridad que emitió el oficio SF/GSI/S/0519/2010 de fecha 18 de noviembre de 2010, emitido por el subtesorero de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas, a través del cual se solicitó a la actora información acerca de contribuciones por pagar dictaminadas por el ejercicio comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009, no fue creado por una ley del Congreso Local, ni por un reglamento expedido por el Ejecutivo del Distrito Federal, en ejercicio de una facultad reglamentaria específica prevista en la ley. ... Consecuentemente, el subtesorero de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, carece de facultades para emitir el oficio número SF/GSI/S/0519/2010 de fecha 18 de noviembre de 2010, emitido por el subtesorero de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas, a través del cual se solicitó a la actora información acerca de contribuciones por pagar dictaminadas por el ejercicio comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009, pues si bien, cuenta con atribuciones para llevar a cabo facultades de comprobación en materia fiscal local, no ocurre de manera excepcional en materia de impuestos federales coordinados pues se insiste, el reglamento en que sustenta su actuar no deriva de una facultad reglamentaria prevista en una ley.-Por tanto, si la resolución impugnada en el presente juicio, esto es, la contenida en el oficio SF/PFDF/SRAA/SRAIC/12/9035, de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido por el subprocurador de Recursos Administrativos y Autorizaciones, de la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Distrito Federal, a través de la cual se resuelve el recurso de revocación, interpuesto por la parte actora, en el sentido que se confirma la resolución contenida en el oficio número SF/TDF/SF/R/4217/2012, de fecha 5 de junio de 2012, emitido por la subtesorera de Fiscalización, de la Tesorería del Distrito Federal, mediante el cual se le determinó un crédito fiscal, en cantidad de $**********, por concepto de impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, relativos al periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009, se sustentan en el oficio de solicitud de información antes referida, las mismas resultan ilegales, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atento a que la autoridad que ordenó el inicio del procedimiento de fiscalización carecía de facultades para su emisión, por lo que procede declarar su nulidad en términos del artículo 52, fracción II, del ordenamiento legal. ...’.-En consecuencia, como se advierte de la reproducción anterior, la causa de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que como lo precisó la Sala, no resolvió el fondo del asunto, sino que sólo se limitó al análisis de la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto administrativo para ser legal como es la competencia del funcionario emisor del acto que dio origen a la resolución recurrida.-En ese contexto, el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia que decretó la nulidad del acto impugnado por vicios formales, hipótesis en la que, como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el medio de impugnación extraordinario de que se trata siempre será improcedente, ya que la litis no versará sobre los temas excepcionales que estableció el legislador en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino, se reitera, sólo respecto de cuestiones formales.-Sin que en el caso particular deba ponderarse si se actualiza un supuesto de excepción a la regla general de considerar improcedente la revisión fiscal cuando se trate de la nulidad por vicios formales, por la circunstancia de que la autoridad pueda o no emitir un nuevo acto con motivo de la nulidad decretada; ya que al versar el asunto sobre cuestiones formales el recurso siempre será improcedente.-Lo anterior se corrobora de las consideraciones sostenidas por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 66/2012, en sesión de trece de junio de dos mil doce, en la que resolvió que no existía la contradicción planteada, por los motivos que se reproducen a continuación: ‘Sobre tales premisas, debe puntualizarse que esta Segunda Sala considera que es improcedente la denuncia de contradicción de tesis en comento, pues si bien el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia del Segundo Circuito, analizaron el mismo punto jurídico consistente en la procedencia del recurso de revisión fiscal contra sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las que se decreta la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por vicios de carácter formal, y arribaron a posturas aparentemente contrarias, ya que el primero señaló que tendría que ponderarse en cada caso concreto si no se actualiza un supuesto de excepción a la regla general de considerar improcedente la revisión fiscal cuando se trate de la nulidad por vicios formales (como podría ser cuando no se precisó que la autoridad demandada puede emitir un nuevo acto; conclusión extemporánea de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete; determinación extemporánea de obligaciones fiscales; y cuando se emita una resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de un juicio de nulidad previo, fuera del plazo legal de cuatro meses); en tanto que el segundo estimó que en la referida hipótesis siempre será improcedente el citado medio de impugnación al versar el asunto sobre cuestiones formales; lo cierto es que este último criterio no es propio del aludido órgano judicial, sino fue emitido en estricta observancia de la jurisprudencia número 2a./J. 88/2011 de este Alto Tribunal, sin que el Tribunal del Segundo Circuito agregara mayores razonamientos a los contenidos en ésta.-Se expone tal aserto, en virtud de que en la citada jurisprudencia esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó con meridiana claridad que, el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia 2a./J. 150/2010, consistente en la improcedencia del recurso de revisión fiscal contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se declare la nulidad por ese tipo de vicios de carácter formal, ya que la litis no versará sobre los temas excepcionales que estableció el legislador en dicho numeral, sino sólo respecto de aspectos formales; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito pretende establecer excepciones a dicho criterio obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.-Por consiguiente, es evidente que lo que en realidad pretende plantearse es la oposición entre la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que sustentó, al resolver los recursos de revisión fiscal números 80/2011, 83/2011, 86/2011, 96/2011 y 101/2011, así como el recurso de reclamación número 9/2011; de ahí que, debe declararse improcedente la contradicción de tesis denunciada.’.-No es óbice a la anterior determinación, la circunstancia de que en su oficio de agravios la autoridad recurrente manifieste que es procedente el recurso interpuesto de conformidad con la fracción I del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, previo a dilucidar si en el caso se actualiza tal hipótesis, se reitera, debe estarse a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la referida contradicción de tesis 136/2011, en cuanto a que el supuesto jurídico previsto en la jurisprudencia de rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’, de cuyo contenido se advierte que ‘... es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales’, es decir, se señala que es aplicable en todas las fracciones previstas en la norma invocada, en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto; la jurisprudencia que se invoca, ha sido transcrita con antelación en el presente fallo.-En ese sentido, es claro que al no surtirse los supuestos de procedencia, el presente medio de impugnación extraordinario debe desecharse."

10. CUARTO.-Criterio del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur (en apoyo al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito). Al fallar por unanimidad de votos en sesión de veintinueve de enero de dos mil quince, la revisión fiscal 157/2014 (cuaderno auxiliar 89/2015), sustentó lo siguiente:

"CUARTO.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es pertinente examinar en primer término la procedencia del presente recurso de revisión fiscal.-La revisión fiscal es procedente, conforme lo dispuesto en el inciso f), en relación con el c) de la fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la resolución impugnada ante la Segunda Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, fue dictada por el administrador local de Servicios al Contribuyente de Ensenada, Baja California, dependiente del Servicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, la sentencia impugnada afecta el interés del fisco federal y se refiere a la competencia de la autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada.-En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 35/2010, cuyo (sic) rubro, texto y datos de localización son los siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, INCISO F), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005), ACTUALMENTE NUMERAL 63, FRACCIÓN III, INCISO F), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ESTABLECE UN PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO QUE NO DEPENDE DE LA CUANTÍA DEL ASUNTO, SINO DE SU RELACIÓN CON LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LA PROPIA FRACCIÓN III.’ (se transcribe).-Del contenido de dicha jurisprudencia, así como de la ejecutoria que le dio origen, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó, entre otros aspectos, los siguientes: a) Conforme a los antecedentes del artículo 248, fracción III, inciso f), del Código Fiscal de la Federación, actual artículo 63, fracción III, inciso f), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que es procedente el recurso de revisión fiscal contra resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, o por el Servicio de Administración Tributaria, si el asunto afecta el interés fiscal de la Federación, y si la resolución impugnada se refiere a la interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa; a la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones; a la competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva, o al ejercicio de las facultades de comprobación.-b) Las sentencias que eviten la obtención de ingresos de derecho público a cuyo pago se encuentran obligados los contribuyentes, afecta el interés del fisco federal y son susceptibles, por ese motivo, de ser impugnadas a través de la revisión fiscal, en términos de la fracción III, inciso f), del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes 248 del Código Fiscal de la Federación.-En la especie, la autoridad recurrente fincó la procedencia del presente medio de impugnación en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en el caso sería alguno de los establecidos dentro de la fracción III del referido numeral, según lo refiere.-Ahora, en el fallo recurrido se declaró la nulidad de la resolución impugnada al considerarse que la autoridad demandada, la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Ensenada, Baja California, carece de competencia material para emitir la resolución impugnada en el juicio de nulidad, al no contar con la facultad de determinar un crédito fiscal conforme a lo dispuesto por el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, sino que su facultad radica en ejecutar o cobrar dicha cantidad.-A través de tal resolución impugnada, la autoridad demandada determinó un crédito fiscal por la cantidad de $********** (**********), al actor **********, por concepto de declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de dos mil diez, con actualización y recargos, al haber hecho el actor caso omiso del tercer requerimiento de obligaciones omitidas, por la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta personas físicas, por dicho ejercicio fiscal.-Básicamente, la Sala responsable consideró en su sentencia que la autoridad demandada carece de competencia material para determinar dicho crédito fiscal, señalando que si bien la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Ensenada, Baja California, fundamentó su competencia material en el artículo 14, fracciones XXXII y XL, así como su numeral 16, párrafos primero y último, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, tales preceptos únicamente le otorgan la facultad de ejecutar o cobrar dicha cantidad, mas no para determinarla; estableciendo la Sala responsable que, en todo caso, son las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, fracción XXXIV y 19, apartado A, fracción I, del citado reglamento interior, quienes cuentan con la facultad material para determinar el crédito previsto en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.-Tal consideración de la Sala responsable no se orienta a decretar que el crédito fiscal sea nulo por la falta de fundamentación de la competencia material de la autoridad demandada, sin que obste para ello, el señalamiento que hace la Sala en el sentido de que los artículos 14, fracciones XXXII y XL, así como su numeral 16, párrafos primero y último, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, son insuficientes para sostener la facultad material de dicha autoridad para determinar el crédito fiscal, y que ésta omitió invocar el precepto reglamentario que la facultad para determinar un crédito fiscal conforme a lo dispuesto por el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación.-Pues lo cierto es que el argumento toral de la Sala responsable no se refieren a la falta de fundamentación de la competencia material de la autoridad, sino que se endereza a establecer las razones por las cuales considera que en efecto, la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Ensenada, Baja California, carece de la competencia material para determinar el crédito, es decir, que no existe ordenamiento legal del que se desprenda tal facultad, pues para ello, establece en forma particularizada que dicha faculta le corresponde a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, no así a la autoridad demandada (pues sólo está facultada para cobrar o ejecutar el crédito).-Determinando de esa manera la Sala responsable, en forma concluyente, que dicha autoridad demandada no cuenta con facultad para determinar un crédito fiscal, conforme a lo dispuesto por el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, y que, por tal razón dicho crédito es nulo.-Lo anterior permite inferir que la sentencia que se recurre, ciertamente es referente a la competencia de la autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada, como lo indica el inciso c) de la fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y que la declaración de nulidad del crédito fiscal impugnado conlleva una afectación al interés fiscal, como lo establece el inciso f) de la fracción III del mismo numeral 63, pues la materia tributaria involucra todo lo relativo a contribuciones o sanciones aplicadas con motivo de la infracción a las leyes que determinen contribuciones.-Consecuentemente, el presente recurso de revisión resulta procedente, pues la sentencia impugnada contiene un pronunciamiento de fondo, como es el declarar la incompetencia de la autoridad administrativa que emitió el acto impugnado y declarar la nulidad de la resolución (crédito fiscal) impugnada, dado que ello implica el determinar la inexigibilidad de la obligación fiscal por cuanto hace a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Ensenada, Baja California, afectando además el interés fiscal de la Federación, por lo que en este caso se actualiza lo dispuesto por el artículo 63, fracción III, inciso f), en relación con el inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-QUINTO.-La resolución impugnada, en lo que al caso interesa, dice: ‘SEGUNDO.-La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos con la exhibición que de ella hace la parte actora y por el reconocimiento expreso que de su emisión formulan las autoridades demandadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia fiscal.-TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este órgano de impartición de justicia fiscal y administrativa está obligado a examinar de oficio, en todos los casos, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación de dicha resolución.-En estos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 99/2006, derivada de la contradicción de tesis número 44/2006-SS, public

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25655-8f587706/revision-fiscal-es-improcedente-contra-las-sentencias-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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